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El Consejo de Ministros en su reunión del día 6 de octubre de 2017, a propuesta de la Ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, ha aprobado el Acuerdo por el que se aprueba la terminación del procedimiento de repercusión de responsabilidades por incumplimiento del Derecho de la Unión Europea iniciado a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia el 11 de abril de 2017.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 14.2 del Real Decreto 515/2013, de 5 de julio, por el que se regulan los criterios y el procedimiento para determinar y repercutir las responsabilidades por incumplimiento del Derecho de la Unión Europea, se resuelve la publicación del citado Acuerdo, que figura como anexo a la presente resolución.
Madrid, 20 de octubre de 2017.–El Presidente del Fondo Español de Garantía Agraria, Miguel Ángel Riesgo Pablo.
De conformidad con lo establecido en los artículos 2 y 8, y en la disposición adicional segunda, de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y 7, 14 y 15 del Real Decreto 515/2013, de 5 de julio, por el que se regulan los criterios y el procedimiento para determinar y repercutir las responsabilidades por incumplimiento del Derecho de la Unión Europea, se aprueba la terminación del procedimiento de repercusión de responsabilidades al Organismo pagador de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, como competente en la gestión y control de las ayudas, acorde con la letra a) del apartado 1 de la disposición adicional quinta del citado Real Decreto 515/2013, de 5 de julio. El mismo ha dado lugar a la liquidación realizada sobre la deuda contraída de veintitrés mil treinta y cinco euros con cuarenta y siete céntimos (23.035,47 euros) con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA).
La citada deuda atribuida al Organismo pagador de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia ha sido extinguida al haber abonado el importe correspondiente en la cuenta habilitada del Banco de España antes de la propuesta de resolución que pone fin al procedimiento. De acuerdo con el artículo 15 del Real Decreto 515/2013, de 5 de julio, se admite el pago voluntario anticipado de la deuda y no se repercuten los intereses compensatorios de los costes financieros.
El presente acuerdo de Consejo de Ministros será publicado en el «Boletín Oficial del Estado», dado que pone fin al procedimiento para determinar y repercutir las responsabilidades por incumplimiento del Derecho de la Unión Europea reconocidas en el anexo de la Decisión de Ejecución (UE) 2017/264, de 14 de febrero de 2017, en el que se ha excluido de la financiación comunitaria determinados gastos efectuados por los Estados miembros con cargo al FEAGA y al FEADER, por no ajustarse a las normas comunitarias.
Asimismo, en su parte expositiva se indica:
La Comisión Europea, mediante su Decisión de Ejecución (UE) 2017/264, de 14 de febrero de 2017, ha excluido de la financiación comunitaria determinados gastos efectuados por los Estados miembros con cargo al FEAGA y al FEADER, por no ajustarse a las normas comunitarias. Según lo previsto en el artículo 297 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, la comunicación de la citada decisión a la Representación Permanente de España ante la Unión Europea, órgano competente para la notificación, se efectuó el 16 de febrero de 2017.
En relación con España, la citada Decisión contempla una corrección de los gastos declarados como consecuencia de las deficiencias detectadas por la Comisión Europea en el ámbito de la gestión de los programas operativos y el reconocimiento de las organizaciones de productores de frutas y hortalizas, de las ayudas POSEI (Programa de Opciones Específicas por la Lejanía e Insularidad), del control de operaciones y en relación con investigaciones abiertas en el marco de las liquidaciones de cuentas.
En la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, las debilidades encontradas han sido en el ámbito del reconocimiento de los productores en los programas operativos de frutas y hortalizas, en concreto, se detectó que dos organizaciones de productores perdieron su reconocimiento por dejar de cumplir las normas que garantizan a los productores asociados el control democrático de su organización y de las decisiones de esta. A pesar de que la retirada del reconocimiento debía surtir efectos desde el momento en que se dejaron de cumplir dichas condiciones, una de las organizaciones de productores recibió pagos indebidos con posterioridad a dicha fecha. Por esto la Comisión establece una corrección financiera por el importe de los citados pagos indebidos y asciende a 23.035,47 euros.
El Fondo Español de Garantía Agraria O.A., (en adelante FEGA), como organismo de coordinación de todos los pagos procedentes del FEAGA y del Feader, es el órgano competente para iniciar e instruir el procedimiento para la determinación y repercusión de responsabilidades. En consecuencia, en base al artículo 8.1 del Real Decreto 515/2013, de 5 de julio, por el que se regulan los criterios y el procedimiento para determinar y repercutir las responsabilidades por incumplimiento del Derecho de la Unión Europea, y dadas las competencias que le atribuye el Real Decreto 521/2006, de 28 de abril, como organismo de coordinación de todos los pagos procedentes del FEAGA y del Feader, el FEGA inició de oficio, mediante acuerdo de 11 de abril de 2017, el procedimiento de determinación de responsabilidades, que fue notificado el mismo día 11 de abril del mismo mes y recibido por el Organismo Pagador de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia el día 20. De este acuerdo de inicio se remitió copia a los órganos competentes en materia de hacienda pública de la Administración responsable.
De acuerdo con el apartado 2 del artículo 2 del Real Decreto 327/2003, de 14 de marzo, por el que se regula el régimen de los organismos pagadores y de coordinación con el FEOGA-Garantía, en relación con el artículo 1 del Real Decreto 521/2006, de 28 de abril, por el que se establece el régimen de los organismos pagadores y de coordinación de los fondos europeos agrícolas, son los organismos pagadores de las comunidades autónomas los que tienen competencia en la gestión, control, resolución y pago de los fondos agrícolas y, por tanto, en consonancia con la disposición adicional quinta del Real Decreto 515/2013, de 5 de julio, deben asumir el pago de las correcciones financieras derivadas de las ayudas en las que tienen competencias.
El Organismo pagador de la comunidad autónoma de la Región de Murcia no presentó alegaciones al acuerdo de inicio en defensa de su derecho, con arreglo a lo establecido en el artículo 11 del citado Real Decreto 515/2013, de 5 de julio.
Con fecha 23 de junio, se facilita el expediente completo mediante la apertura del trámite de audiencia con la propuesta de resolución al que tampoco se presentan alegaciones.
En virtud de la disposición adicional quinta del Real Decreto 515/2013, por el que se regulan los criterios y el procedimiento para determinar y repercutir las responsabilidades por incumplimiento del Derecho de la Unión Europea, debe atribuirse al Organismo pagador de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia la correspondiente corrección financiera por causas derivadas de la gestión, resolución pago, control y régimen sancionador de las ayudas.
El 20 de septiembre de 2017, se recibe la justificación del Banco de España de la transferencia realizada, el 19 de septiembre, a la cuenta corriente del FEGA, por el importe de 23.035,47 euros correspondiente a la responsabilidad financiera imputable a la misma de acuerdo con la Decisión de Ejecución (UE) 2017/264, de 14 de febrero de 2017
Consta en las actuaciones el informe preceptivo de la Abogacía del Estado previsto en el artículo 12.1 del Real Decreto 515/2013, de 5 de julio.
Con carácter potestativo se podrá formular al Consejo de Ministros el requerimiento previo previsto en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Dicho requerimiento deberá producirse en el plazo de dos meses, contados desde que la Administración requirente haya recibido la notificación del acuerdo.
Contra este acuerdo podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de la notificación del mismo. Cuando hubiera precedido el requerimiento previo el plazo se contará desde el día siguiente a aquel en el que se reciba la comunicación del acuerdo expreso, o se entienda presuntamente rechazado (artículos 12.1.a), 46.6 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio).
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