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En fecha 4 de diciembre de 2023 ha tenido entrada en la Inspección Fiscal de la Fiscalía General del Estado decreto de la Fiscal Jefe de la Fiscalía Provincial de Teruel por el que propone a la fiscal doña Ester Ventura Cantón como Fiscal Delegada contra los delitos de odio y discriminación de dicha fiscalía.

Hechos

Primero.

La Fiscal Jefe de la Fiscalía Provincial de Teruel, dejando constancia que el Ilmo. Sr. Fiscal don Jorge Moradell Ávila venía asumiendo la llevanza de esta materia sin nombramiento formal alguno y ante la necesidad de proceder al nombramiento de un delegado específico para la especialidad contra los delitos de odio y discriminación, ofertó entre todos los fiscales de la plantilla la plaza de Fiscal Delegado Provincial.

A falta de peticionario, la Fiscal propone el nombramiento de doña Ester Ventura Cantón considerando que ha comenzado a asumir la especialidad y ha participado en las jornadas de especialista en la materia.

Segundo.

En su escrito de fecha 10 de enero de 2024, el Fiscal de Sala de la Unidad de la Fiscalía General del Estado Contra los Delitos de Odio y Discriminación emitió informe favorable a la propuesta realizada. En el mismo sentido informa el Consejo Fiscal (artículo 3.4 del Real Decreto 437/1983).

Fundamentos de Derecho

Primero.

El artículo 62.2 del Reglamento del Ministerio Fiscal aprobado por Real Decreto 305/2022, de 3 de mayo, establece que «Los Fiscales delegados especialistas, tanto autonómicos como provinciales, serán nombrados y, en su caso, relevados, mediante decreto dictado por la persona titular de la Fiscalía General del Estado, a propuesta del Fiscal Jefe respectivo y previo informe del Fiscal de Sala Especialista o Delegado, precediendo a la resolución la audiencia del Consejo Fiscal».

En el mismo sentido la Instrucción 5/2008 de la Fiscalía General del Estado establece que los nombramientos y ceses de los fiscales delegados de especialidad irán precedidos de un trámite de audiencia del correspondiente Fiscal de Sala, quien podrá efectuar las consideraciones que estime pertinentes y, seguidamente se trasladará la propuesta al Fiscal General del Estado a través de la Inspección Fiscal.

Segundo.

Se han cumplido, por tanto, todos los trámites previstos para proceder al nombramiento interesado. Asimismo, la propuesta de la Fiscal Jefe de la Fiscalía Provincial de Teruel avala la idoneidad de la candidata.

En consecuencia, vista la propuesta formulada, de conformidad con las previsiones del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y haciendo propia la fundamentación de la propuesta, se acuerda:

Nombrar a doña Ester Ventura Cantón como Fiscal Delegada Contra los Delitos de Odio y Discriminación en la Fiscalía Provincial de Teruel.

Notifíquese lo acordado al Fiscal de Sala de la Unidad Contra los Delitos de Odio y Discriminación, a la Fiscal Superior de la Fiscalía Autónoma de Aragón y a la Fiscal Jefe de la Fiscalía Provincial de Teruel, que trasladará copia del presente decreto a la fiscal interesada, poniéndolo en conocimiento de todos los fiscales de la plantilla.

Publíquese el presente nombramiento en el «Boletín Oficial del Estado».

Contra el presente decreto, que pone fin a la vía administrativa de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cabe interponer en el plazo de un mes recurso potestativo de reposición, a contar desde el día siguiente a su publicación, ante la Fiscalía General del Estado (calle Fortuny núm. 4, Madrid 28010) en los términos establecidos por el artículo 123 y concordantes de aquella ley o, alternativamente, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, según lo establecido en el artículo 12.1.b) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a su publicación, conforme a lo dispuesto en el artículo 46 de esa misma ley.

Madrid, 22 de enero de 2024.–El Fiscal General del Estado, P. S. (Ley 50/1981, de 30 de diciembre), la Teniente Fiscal del Tribunal Supremo, María de los Ángeles Sánchez Conde.