Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Este texto consolidado es de carácter informativo y no tiene valor jurídico.Por Decreto del Ministerio de Comercio de diez de mayo de mil novecientos cincuenta y siete se aprobó el Reglamento Orgánico por el que han venido rigiéndose los Gestores administrativos, quienes quedaron bajo la tutela de la Presidencia del Gobierno al disponerse por Decreto de cuatro de julio de mil novecientos cincuenta y ocho que sus Colegios Oficiales y Junta Central pasaban a depender de ella.
La aplicación del Reglamento citado motivó que, tanto por el Ministerio de Comercio como por la Presidencia del Gobierno, se dictasen múltiples normas de desarrollo que conviene reunir en una sola disposición, y ello ha motivado la redacción del estatuto que por este Decreto se aprueba.
En su virtud, a propuesta del Ministro Subsecretario de la Presidencia del Gobierno y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día ocho de febrero de mil novecientos sesenta y tres,
Se aprueba el Estatuto Orgánico de la profesión de Gestor Administrativo que a continuación se inserta.
Los derechos que, por su actuación, corresponderá percibir al Gestor administrativo, serán los establecidos en los aranceles aprobados por Orden de la Presidencia del Gobierno de dieciséis de mayo de mil novecientos sesenta, con la modificación introducida por la de treinta de mayo de mil novecientos sesenta y dos.
Quedan derogados los Decretos de diez de mayo de mil novecientos cincuenta y siete y cuatro de julio de mil novecientos cincuenta y ocho y las Ordenes de diecisiete de mayo de mil novecientos cincuenta y dos, quince de febrero de mil novecientos cincuenta y ocho y veinticinco de septiembre del mismo año.
Se autoriza a la Presidencia del Gobierno para que dicte las disposiciones que considere oportunas para el complemento y desarrollo del Estatuto que se aprueba.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a uno de marzo de mil novecientos sesenta y tres.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro Subsecretario de la Presidencia del Gobierno,
LUIS CARRERO BLANCO
Los Gestores administrativos son profesionales que, sin perjuicio de la facultad de actuar por medio de representante que a los interesados confiere el Artículo 24 de la Ley de Procedimiento Administrativo, se dedican de modo habitual y con tal carácter de profesionalidad y percepción de honorarios a promover, solicitar y realizar toda clase de trámites que no requieran la aplicación de la técnica jurídica reservada a la Abogacía, relativos a aquellos asuntos que en interés de personas naturales o jurídicas, y a solicitud de ellas, se sigan ante cualquier órgano de la Administración Pública, informando a sus clientes del estado y vicisitudes del procedimiento por el que se desarrollan.
El titulo profesional les será concedido por la Administración, quien además fijará la cuantía de los derechos que puedan percibir por sus actuaciones.
Los Gestores administrativos, en su carácter de representantes de los particulares y entidades, lo serán, con carácter general, en la forma que determina el artículo 24 de la Ley de Procedimiento Administrativo, sin perjuicio de poder exigir a sus clientes autorización para la realización de las gestiones que se les encomienden, que deberá formalizarse por escrito, de acuerdo con lo que se establezca por la Presidencia del Gobierno.
Los Gestores administrativos tendrán como Patrono a San Cayetano de Thiene.
Estos profesionales estarán encuadrados en Colegios de ámbito territorial determinado, y representados por el Consejo General de Colegios Oficiales de Gestores Administrativos, dependiendo administrativamente de la Presidencia del Gobierno, a través de su Oficialía Mayor.
Cada uno de los Colegios Oficiales de Gestores Administrativos y el Consejo General redactarán un Reglamento de Régimen Interior en el que recogidas las peculiaridades de los mismos, se adapte a las normas generales de este Estatuto, Dichos Reglamentos, con informe del expresado Consejo General, deberán ser elevados a la Presidencia del Gobierno a electos de su aprobación.
Para adquirir la condición de Gestor administrativo se requiere:
a) Ser español o extranjero residente en España de país que conceda reciprocidad de títulos y derechos.
b) Mayor de edad.
c) No haber sido condenado a penas que inhabiliten para el ejercicio de funciones públicas.
d) Observar buena conducta, que se acreditará por medio de una certificación de la autoridad municipal del domicilio del interesado y por otra certificación suscrita por dos Gestores administrativos colegiados, Notarios, Agentes de Cambio y Bolsa, Corredores de Comercio o Abogados en ejercicio. Será necesaria también certificación del Consejo General de Colegios, de que en sus archivos no constan antecedentes desfavorables.
e) Estar en posesión de alguno de los siguientes títulos académicos:
Licenciado en Derecho.
Licenciado en Ciencias Políticas, Económicas y Comerciales.
Profesor Mercantil.
Bachiller Superior Universitario.
Bachiller Superior Laboral en cualquiera de sus modalidades; y
Graduados Sociales.
f) Superar las pruebas de aptitud que se exijan. Cuando el título que se ostente no sea alguno de los tres primeros del apartado anterior, será preciso aprobar además de dicha prueba de aptitud un examen previo a la misma.
g) Estar dado de alta en los impuestos por rendimiento del trabajo personal que correspondan a la profesión de Gestor Administrativo.
h) Constituir la fianza que corresponda, de acuerdo con lo establecido en el artículo 8.º.
i) Estar incorporado a un Colegio Oficial de Gestores Administrativos y haber satisfecho los gastos de incorporación a dicho Colegio y los de expedición del titulo profesional.
j) Haber solicitado el ingreso en la Mutualidad General de Gestores Administrativos y satisfacer la cuota de incorporación a la misma.
Las convocatorias para exámenes se harán por la Oficialía Mayor de la Presidencia del Gobierno.
Dichos exámenes se someterán en lo posible, en cuanto a su tramitación, a las normas establecidas en el Reglamento de Concursos y Oposiciones de 10 de mayo de 1957.
Superado el examen de aptitud, el aspirante podrá incorporarse, previo cumplimiento de los demás requisitos que se establecen en el artículo 6.º, en cualquiera de los Colegios Oficiales de Gestores Administrativos de España.
La fianza que deberán constituir los Gestores a disposición de la Oficialía Mayor de la Presidencia del Gobierno, garantizara preferentemente, hasta el total de su importe, la responsabilidad en que puedan incurrir aquéllos en el ejercicio de su profesión y entre ellas, los descubiertos fiscales que graven su trabajo personal sin limitación, las cuotas y cargas colegiales, las del Consejo General de Colegios y las de la Mutualidad General, así como también las multas que se les impusiere por aplicación del presente Estatuto.
La cuantía de dichas fianzas será la siguiente:
1.ª En Madrid y Barcelona: 50.000 pesetas.
2.ª En Valencia, Sevilla, Bilbao, Zaragoza, Valladolid, Santander, Málaga, San Sebastián, Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria: 40.000 pesetas.
3.ª En las demás capitales de provincia y poblaciones superiores a los 50.000 habitantes: 25.000 pesetas.
4.ª En las poblaciones inferiores a 50.000 habitantes: 15.000 pesetas.
Cualquiera de estas fianzas se constituirán en valores del Estado o asimilados a estos efectos, cuyo valor nominal deberá cubrir las distintas cantidades que se determinan en la escala anterior.
Estas fianzas podrán constituirse sin necesidad de petición ni concesión especial en tres plazos iguales y anuales, los cuales deberán totalizar el importe de la fianza.
Los Gestores administrativos actualmente en ejercicio habrán de completar la fianza que tienen constituida, hasta el importe que corresponda a la localidad de su ejercicio, según el presente Estatuto, para lo que gozarán de un plazo de cinco años, siendo las fracciones mínimas a constituir cada año de una quinta parte.
Los Colegios Oficiales responderán, por el importe de la fianza que falte por constituir a sus colegiados, de las responsabilidades que contra ellos pudiera derivarse en los casos en que, habiendo transcurrido treinta días desde el vencimiento de alguno o algunos de los plazos, el Gestor no hubiera constituido la fracción de fianza que corresponda, ni el Colegio propuesto la suspensión del colegiado por fianza insuficiente.
Las fianzas podrán cancelarse en los supuestos de fallecimiento del Gestor y cese voluntario o forzoso en el ejercicio profesional.
Corresponde acordar la cancelación a la Oficialía Mayor de la Presidencia del Gobierno, previa publicación de anuncios en el «Boletín Oficial del Estado» y en un periódico de la localidad o, en su defecto, de la capital de la provincia donde ejerciera la profesión. Se solicitará por conducto del Colegiado correspondiente y se acordará la cancelación si transcurridos tres meses desde la publicación de los mencionados anuncios no se produce reclamación alguna por responsabilidades que, con arreglo a lo establecido en el artículo anterior, estén garantizadas por la fianza profesional.
En el caso de producirse alguna reclamación, la Oficialía Mayor de la Presidencia del Gobierno se abstendrá de acordar la cancelación hasta que por el Organismo competente se resuelva dicha reclamación o se declare la responsabilidad que debe hacerse efectiva con cargo a la fianza o hasta que los reclamantes desistan de su pretensión o renuncien a sus derechos.
El ejercicio de la profesión de Gestor Administrativo es incompatible con todo empleo activo retribuido del Estado, Provincia, Municipio o cualquier otro Organismo de carácter oficial o público, como Corporaciones Públicas, Organización Sindical, Mutualidades Laborales y Organismos análogos.
La incompatibilidad expresada en el párrafo anterior se extenderá al cónyuge de la persona que tuviera alguno de tales empleos, siempre que las actividades específicas de la profesión del Gestor se relacionen con el cargo que ostente su cónyuge.
También será incompatible el ejercicio de la profesión de Gestor Administrativo con la de Abogado y Procurador de los Tribunales, en los propios términos en que los Estatutos de estas profesiones establecen dicha incompatibilidad.
Contra los acuerdos de la Junta de Gobierno de los Colegios Oficiales de Gestores Administrativos denegando la incorporación de aspirantes, podrá interponerse recurso de alzada ante la Oficialía Mayor de la Presidencia del Gobierno, bien directamente o a través del Colegio respectivo, el cual informará a dicha Oficialía Mayor en plazo máximo de diez días. Los peticionarios podrán acompañar al recurso los documentos en que funden sus pretensiones, incluso los que hubieran debido presentar ante el Colegio que denegó la incorporación.
El titulo de Gestor Administrativo se expedirá por la Presidencia del Gobierno, a propuesta de la Junta de Gobierno del Colegio de la demarcación de su residencia, cursada por el Consejo General, a la que se acompañará certificación del Colegio respectivo, acreditativa de que el aspirante reúne todos los requisitos establecidos en el artículo 6.°, con indicación del título facultativo que posee y expresión de la cuantía de la fianza constituida.
Por los Colegios Oficiales se expedirá a los colegiados que se incorporen un carnet de identidad, visado y sellado por la Oficialía Mayor de la Presidencia del Gobierno, a la que serán devueltos por conducto reglamentario cuando por cualquier razón causen, sus titulares, baja en el ejercicio activo de la profesión.
No podrán ser Gestores administrativos ni incorporarse a ningún Colegio Oficial de Gestores Administrativos:
a) Los que hayan sido sancionados por instrusismo o ejercicio clandestino de la profesión de Gestor Administrativo, hasta que hayan transcurrido dos años desde la imposición de la sanción administrativa, salvo que por sentencia firme, la Jurisdicción ordinaria les haya impuesto pena que exceda de este plazo. En tal caso, hasta que no se cumpla dicha pena, no podrán incorporarse a Colegio Oficial alguno.
b) Los que hayan sido expulsados de otro Colegio Oficial de Gestores Administrativos o privados del título de Gestor, por acuerdo de la Administración o por sentencia firme.
c) Los que hayan sido expulsados de la profesión por Tribunal de Honor.
d) Los que estén incursos en causa de incompatibilidad, de acuerdo con lo establecido en el artículo 10.
e) Los que estén procesados o hayan sido condenados por delitos que no sean de imprudencia punible.
f) Los empleadas de los Gestores administrativos sancionados por falta muy grave conforme a su Reglamentación Laboral.
Los Gestores administrativos podrán ser suspendidos en el ejercicio de la profesión en los casos siguientes:
a) Por resolución judicial.
b) Cuando no completen la fianza en los plazos o cuantías reglamentarias.
c) Cuando se siga contra ellos expediente por hechos que causen menosprecio a la profesión o que permita suponer fundadamente la posibilidad de daños económicos para quienes pudieran encargar al inculpado actuaciones propias de su profesión de Gestor Administrativo.
d) Mientras se tramita el expediente para acreditar la incompatibilidad que le haya sido imputada.
e) Cuando se inicie contra ellos procedimiento por Tribunal de Honor.
Corresponde a la Oficialía Mayor de la Presidencia del Gobierno acordar la suspensión en el ejercicio profesional de los Gestores Administrativos, mediante resolución motivada, salvo en el caso de que sea acordada por resolución judicial. A la propia autoridad corresponde levantar los acuerdos de suspensión.
Salvo en los casos de suspensión acordada por la autoridad judicial, dichos acuerdos se adoptarán mediante propuesta urgente de la Junta de Gobierno del Colegio a que pertenezca el Gestor o por decisión de la autoridad a que corresponde adoptar tal medida. La propuesta se hará con informe o propuesta de resolución fundada, a la que, en su caso, se acompañará testimonio de las actuaciones del expediente básico que las motiva.
Las Juntas de Gobierno de los Colegios Oficiales de Gestores Administrativos podrán suspender por término de quince días a los colegiados, a quienes se vea en la necesidad de instruir expediente disciplinario por hechos que menoscaben el prestigio de la profesión o que permitan suponer fundadamente la posibilidad de perjuicio para los particulares que confíen sus intereses al inculpado. El acuerdo se adoptará con toda urgencia y se comunicará al propio tiempo que al interesado a la Presidencia del Gobierno, cuya Oficialía Mayor podrá rectificarlo.
Los Gestores administrativos causarán baja en la profesión:
a) Voluntariamente.
b) Por fallecimiento.
c) Por resolución judicial.
d) Por resolución adoptada en expediente en el que se le sancione por incurrir en causa de desprestigio a la profesión o en el que se acuerde la privación del título de Gestor o la exclusión del Colegio.
e) Por acuerdo del Tribunal de Honor.
f) Por incurrir en causa de incompatibilidad.
g) Por falta de pago de las cuotas colegiales hasta ponerse al corriente en el pago de las mismas.
Los Gestores administrativos que cesen en la profesión por causas que no impliquen la exclusión del Colegio, podrán continuar colegiados en el mismo como Gestores no ejercientes, con los derechos que el Reglamento de Régimen Interior del Colegio correspondiente les atribuya.
La profesión de Gestor administrativo será ejercida personalmente, sin interposición de persona alguna, pudiendo únicamente auxiliarse de empleados autorizadas para la realización de gestiones de trámite de acuerdo con lo dispuesto en la Sección siguiente.
Los gestores administrativos no podrán adoptar ninguna denominación, razón social o título para distinguir su despacho y habrán de desarrollar su actividad, necesariamente, bajo el nombre y apellidos del propio gestor, al que deberá anteponer o posponer las indicaciones de Gestoría Administrativa o Gestor administrativo.
Corresponde a los Gestores administrativos, de modo habitual y con carácter profesional, el ejercicio de las funciones que les son encomendadas en este Estatuto o en otras disposiciones legales que no requieran la aplicación de la técnica jurídica, sin perjuicio de la facultad que tienen los Abogados en ejercicio de actuar en defensa y gestión de los asuntos profesionales que les encomienden sus clientes.
La profesión de Gestor administrativo podrá ejercerse en toda la provincia a que pertenezca la localidad donde se encuentre establecido el titular, siempre que en su actuación no se extienda a poblaciones que requieran, conforme a lo establecido en el artículo octavo, mayor fianza que aquella que tenga constituida.
Los Gestores administrativos podrán establecer sólo temporalmente, sin adquirir derecho alguno a su conservación, oficinas auxiliares o sucursales de sus despachos en aquellas localidades dentro de la provincia de su residencia, mientras no exista en ellas, domiciliado con despacho abierto al público, ningún Gestor administrativo.
Antes de abrir al público dichas oficinas auxiliares, los Gestores administrativos deberán notificarlo a la Junta de Gobierno del Colegio a que pertenezcan y por ésta, al acusar recibo de dicha notificación, se manifestará a aquél si en la localidad en que pretende instalar la oficina auxiliar o sucursal existe o no establecido algún Gestor administrativo y, por consiguiente, sí puede o no establecerla. Tan pronto como un Gestor administrativo justifique ante la Junta de Gobierno de su Colegio haberse establecido en la localidad donde exista una sucursal u oficina auxiliar, se comunicará por la expresada Junta al titular de aquélla para que cese en sus actividades en la misma en término de un mes.
Los Gestores administrativos en ejercicio podrán agruparse para el mejor desempeño de su profesión en una misma oficina o despacho, sin que ello signifique autorización para constituir sociedades de gestión administrativa.
Son obligaciones generales de los Gestores administrativos:
1.º Ejercer la profesión con probidad, decoro y moralidad.
2.º Llevar un libro-registro según modelo establecido por el Consejo General, autorizado y sellado por el Colegio correspondiente, en el que se anotarán todos los asuntos en que intervengan, dejando constancia del nombre del cliente, de los datos esenciales del documento o documentos gestionados, de las operaciones realizadas y de las fechas en que tuvieron lugar.
3.º Conservar constancia de los asuntos tramitados, de acuerdo con la naturaleza específica de cada despacho, durante un periodo de cinco años, contados desde la terminación del asunto.
4.° Hacer constar en todos los documentos y escritos relativos a su actividad profesional su nombre y apellidos, número de colegiado y sello profesional.
5.º No realizar propaganda ni publicidad de clase alguna que no haya sido previamente autorizada por el Colegio correspondiente.
La publicidad o propaganda profesional colectiva será visada por el Consejo General de Colegios Oficiales de Gestores Administrativos,
6.° Guardar la consideración y respecto debidos a los miembros de la Junta de Gobierno de su respectivo Colegio y demás superiores jerárquicos.
7.° Asistir a las Juntas, reuniones y citaciones colegiales para las que fuere convocado.
8.º Tener residencia efectiva en lugar que les permita el exacto cumplimiento de sus obligaciones profesionales.
9.° Levantar las cargas colegiales de la Mutualidad General y del Consejo General de Colegios.
Los Gestores administrativos colegiados gozarán de los siguientes derechos:
1.º Ser electores y elegibles para los cargos colegiales reglamentarios y del Consejo General.
2.° Acudir a las Juntas de Gobierno de su demarcación en demanda de protección y defensa de sus derechos o para denunciar acciones y omisiones que causen menoscabo para la integridad profesional, así como también cualquier infracción de este Reglamento y las faltas de compañerismo y competencia ilícita que puedan producirse en el ejercicio de la profesión.
3.º Percibir los suplidos realizados en nombre del mandante y devengar los derechos que se determinan en los aranceles aprobados por la Presidencia del Gobierno.
De conformidad con lo establecido en el artículo 20, los Gestores administrativos podrán auxiliarse, tanto dentro de sus oficinas como para la realización de operaciones materiales propias de las gestiones que se les encomienden, de empleados autorizados, que actuarán en todo caso bajo su dirección, vigilancia y responsabilidad.
Los Gestores administrativos podrán designar libremente a sus empleados auxiliares, que deberán reunir los requisitos exigidos por la legislación laboral general y la especial que le sea aplicable y los de no estar comprendidos en ninguna de las incompatibilidades establecidas para los Gestores administrativos en el presente Estatuto.
Los empleados de Gestores administrativos estarán sometidos a la Reglamentación Laboral Nacional de Oficinas y Despachos o a las que especialmente se puedan establecer para regular la relación con sus principales.
A los empleados de Gestores administrativos, para acreditar su condición, se les podrá expedir un carnet por los respectivos Colegios a petición de sus principales. Las Juntas de Gobierno podrán denegar la expedición de dichos carnets, siempre que la conducta del destinatario en relación con la profesión lo justifique. Contra el acuerdo denegatorio podrá interponerse recurso ante la Oficialía Mayor de la Presidencia del Gobierno.
De las facultades que en relación con los Gestores administrativos corresponden a la Presidencia del Gobierno se atribuyen a la Oficialía Mayor de la misma:
a) La resolución de los recursos que se interpongan contra acuerdos de la Junta de Gobierno de los Colegios Oficiales de los Gestores Administrativos y del Consejo General.
b) La resolución y sanción de los expedientes instruidas para perseguir las infracciones de que se trata en el capítulo VII de este Estatuto.
c) La aprobación de los nombramientos de todos los cargos de las Juntas de Gobierno de los Colegios Oficiales de Gestores Administrativos y del Consejo General, de los componentes de las Comisionas Liquidadoras de los mismos, Delegados provinciales y de cuantos nombramientos de los referidos Colegios supongan el ejercido de alguna facultad concedida por la Administración, en relación con quienes no sean Gestores.
d) Aprobar los presupuestos de los Colegios Oficiales de Gestores Administrativos y el del Consejo General.
e) Convocar exámenes.
f) La creación y disolución de los Colegios Oficiales de Gestores Administrativos.
g) Y cualquier otra que esté conferida por el presente Estatuto a la Presidencia del Gobierno y no esté reservada expresamente al Ministro Subsecretario de la misma o se reserve para resolver esta autoridad.
Corresponde al Ministro Subsecretario de la Presidencia del Gobierno:
a) Resolver los recursos de alzada que se interpongan contra decisiones o acuerdos de la Oficialía Mayor.
b) Aprobar los Reglamentos de Régimen Interior de los Colegios Oficiales de los Gestores Administrativos y el de su Consejo General.
c) Aprobar y modificar los aranceles por que se regulan los derechos que han de percibir los Gestores administrativos en el desempeño de sus funciones.
d) Dictar órdenes aclaratorias y complementarias.
e) Cuantas se le confieren especialmente en otros lugares del presente Estatuto o le sean atribuidas por las Leyes Generales y tengan relación o puedan aplicarse a los Gestores administrativos.
Contra las decisiones de la Oficialía Mayor de la Presidencia del Gobierno, ya sean en recursos interpuestos contra acuerdos de los Colegios Oficiales, ya en materia cuya decisión le corresponde en primera instancia, cabrá recurso de alzada ante el Ministro Subsecretario de la Presidencia del Gobierno.
A la Presidencia del Gobierno y concretamente a la Oficialía Mayor le corresponde todas las facultades administrativas que no estando atribuidas por la legislación general o por este Estatuto a otros Organos tenga relación con la profesión de Gestor administrativo o con su organización colegial.
La Presidencia del Gobierno, por orden del Ministro Subsecretario, podrá sustituir al Consejo General o a la Junta de Gobierno de cualquier Colegio por una Comisión Gestora designada libremente, que asumirá todas las facultades que corresponden a dichos Organismos en los casos siguientes:
1.º Incumplimiento de los preceptos del presente Estatuto.
2.° Falta de acatamiento o ejecución de las órdenes de la Presidencia del Gobierno.
3.º Falta de acatamiento a los acuerdos del Consejo Superior de Colegios.
4.º Cuando se produzcan vacantes en los miembros superior al 50 por 100 de sus componentes.
La suspensión tendrá la duración que en la propia orden se determine, cumplido el cual se designará nuevo Consejo o Juntas en la forma establecida por el presente Estatuto.
Los Colegios profesionales de Gestores Administrativos tienen la consideración de Colegios Oficiales.
Sin perjuicio de la adscripción colegial, los Gestores administrativos, cuando al tener dependencia, constituyan empresa, tendrán el encuadramiento sindical que como tales les corresponda.
Los Colegios Oficiales de Gestores Administrativos tendrán personalidad jurídica, capacidad para adquirir y poseer toda clase de bienes y ejercitar toda clase de acciones y derechos.
Los Colegios Oficiales de Gestores Administrativos y su ámbito territorial es el siguiente: Aragón, Navarra y Rioja, que comprende las provincias de Huesca, Logroño, Navarra, Teruel y Zaragoza.
Asturias, que comprende la de Oviedo.
Canarias, que comprende la de Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife,
Cataluña, que comprende las de Barcelona, Gerona y Lérida.
Extremadura, que comprende las de Badajoz y Cáceres.
Galicia, que comprende las de La Coruña, Lugo, Orense y Pontevedra.
Granada, que comprende las de Almería, Granada y Jaén.
Madrid, que comprende las de Avila, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Madrid, Toledo y Segovia.
Málaga, que comprende la de Málaga y plaza de Melilla.
Sevilla, que comprende las de Cádiz, Córdoba, Huelva, Sevilla y la plaza de Ceuta.
Tarragona, que comprende la de Tarragona.
Valencia, que comprende las de Albacete, Alicante, Baleares, Castellón, Murcia y Valencia.
Valladolid, que comprende las de Alava, Burgos, Guipúzcoa, León, Palencia, Salamanca, Santander, Soria, Valladolid, Vizcaya y Zamora.
Quienes hasta ahora vengan actuando como Gestores administrativos en otras provincias no enumeradas, se incorporarán como tales, con sólo acreditar aquel ejercicio, al Colegio Oficial de Gestores de Madrid, al que se adscribirán en lo sucesivo todos los Gestores administrativos que hayan de ejercer en cualquiera de las provincias no enumeradas.
Para la creación de nuevos Colegios será indispensable que en la demarcación donde pretendan constituirse existan, por lo menos, cien Gestores administrativos y lo soliciten dos tercios, como mínimo, en Asamblea convocada al efecto. En el Colegio de que se segreguen deberá quedar un número de colegiados superior al expresado.
Los Colegios Oficiales de Gestores Administrativos podrán ser disueltos cuando sus presupuestas presenten un déficit continuado o no puedan cumplir por razones económicas o de otra índole los fines de organización colegial.
En estos supuestos, los Gestores administrativos afectados pasarán a integrarse en el Colegio o Colegios limítrofes que se determine por la Oficialía Mayor de la Presidencia del Gobierno a propuesta de aquéllos.
Asimismo podrán disolverse, integrándose en el limítrofe, aquellos Colegios de menor demarcación territorial, cuando así lo soliciten en Asamblea a este solo fin convocada, un número superior a los dos tercios de los asistentes a la misma.
Los Colegios Oficiales de Gestores Administrativos habrán de establecer las Delegaciones que precisen para que en las localidades de su ámbito territorial representen al Colegio ante las Autoridades y Organismos oficiales y actúen contra los actos de instrusismo y clandestinidad y en los demás que afecten a la profesión, con arreglo a este Estatuto y al Reglamento de Régimen Interior del Colegio.
Las funciones que les competen dentro de su demarcación colegial son las siguientes:
a) Velar por el mayor prestigio de la profesión.
b) Evitar la competencia desleal entre los colegiados.
c) Impedir que los particulares sufran perjuicio al confiar sus intereses a los Gestores administrativos.
d) Emitir los informes que por la Administración pública se soliciten acerca de las cuestiones que son de la competencia profesional de los Gestores administrativos y prestar su colaboración espontánea o requerida.
e) Defender los derechos de la profesión y de los Gestores administrativos.
f) Perseguir a quienes realicen actos de clandestinidad o de intrusismo en las funciones profesionales de Gestor administrativo, instruyendo los oportunos expedientes al efecto, proponiendo a la Superioridad las sanciones pertinentes y dando cuenta, a su vez, a los Tribunales de Justicia y a las autoridades gubernativas y fiscales de la comisión de tales actos, identificando los despachos para su clausura.
g) Proponer a la Superioridad, previo informe del Consejo General, las sanciones aplicables a los Gestores administrativos adscritos a cada Colegio, por faltas o infracciones cometidas por aquéllos, cuando dichas sanciones excedan de las facultades atribuidas a las Juntas de Gobierno de los mismos,
h) Los Colegios Oficiales de Gestores Administrativos, sin perjuicio de la relación que han de tener con el Consejo General y de su dependencia con la Presidencia del Gobierno, mantendrán relación con las autoridades administrativas y gubernativas de las localidades de su jurisdicción.
Los Colegios actuarán por medio de:
a) La Junta general de colegiados.
b) La Junta de Gobierno.
c) Las Delegaciones colegiales.
La Junta general de colegiados estará constituida por todos los integrantes del censo colegial que asistan a la convocatoria.
Las Juntas generales de colegiados, a celebrar por los Colegios Oficiales de Gestores Administrativos, tendrán el carácter de ordinarias y extraordinarias.
Los Juntas ordinarias deberán celebrarse en el mes de enero de cada año. con objeto de acordar sobre las propuestas de renovación de cargos de las Juntas de Gobierno. Conocer la Memoria anual, en la que se dará cuenta de la labor realizada durante el ejercicio precedente; aprobar, en su caso, la gestión de los miembros directivos y la liquidación de cuentas del ejercicio anterior y hacer las observaciones pertinentes al proyecto de presupuestos para el ejercicio siguiente, aprobando los que en su caso procedan. Dichos presupuestos serán visados por la Oficialía Mayor de la Presidencia del Gobierno, a la que se elevarán por conducto del Consejo General en el plazo de treinta días desde su aprobación.
Las Juntas generales extraordinarias se celebrarán siempre que lo consideren necesario las de Gobierno, o cuando lo soliciten, mediante escrito dirigido a la Junta de Gobierno, un número de colegiados equivalente, como mínimo, al veinte por ciento de los que constituyan el censo colegial, haciéndose expresa mención del motivo o motivos por los cuales se solicita la convocatoria de dicha Junta, y no pudiendo tratarse en las mismas más que sobre los puntos que figuran en el orden del día establecido.
El «quorum» para la válida constitución de las Juntas generales será el de la mayoría absoluta de sus componentes.
Si no existiera «quorum», las Juntas generales se constituirán en segunda convocatoria veinticuatro horas después de las señaladas para la primera, cualquiera que fuere el número de asistentes.
Los acuerdos se tomarán por mayoría absoluta de asistentes y dirimirá los empates el voto del Presidente,
Las Juntas de Gobierno de los Colegios estarán integradas por un Presidente, un Vicepresidente, un Contador, un Tesorero, un Secretario, un Vicesecretario y un número de Vocales que determine su Reglamento de Régimen Interior, sin que en ningún caso pueda exceder de nueve. Independientemente de este número, serán considerados como Vocales natos los Delegados colegiales.
Corresponde a las Juntas de Gobierno:
a) La representación del Colegio, que será desempeñada por el Presidente o por la persona que la propia Junta designe.
b) Ejercer la autoridad colegial en todos los asuntos de la competencia del Colegio.
c) Redactar los proyectos de presupuestos colegiales, que se someterán a la aprobación de la Junta general y visado de la Oficialía Mayor de la Presidencia del Gobierno.
d) Redactar el estado y liquidación de cuentas de cada ejercicio económico.
e) Dictar los acuerdos que procedan en las materias sometidas a su competencia por este Estatuto y demás disposiciones.
f) Conocer en cuantas materias les sometan sus colegiados, sin perjuicio de los recursos que contra sus acuerdos procedan.
Los miembros de la Junta de Gobierno serán elegidos por la Junta general de entre los colegiados que tengan una antigüedad de cinco años en el ejercicio de la profesión en el propio Colegio. Los electos no podrán tomar posesión de sus cargos hasta que los nombramientos hayan sido aprobados por la Oficialía Mayor de la Presidencia del Gobierno.
La duración del mandato será de cuatro años, renovándose por mitad cada dos. Queda autorizada la reelección, aun la indefinida.
Las Juntas de Gobierno podrán constituirse en Pleno y en Comisión Permanente. Integran el Pleno la totalidad de sus miembros, enumerados en el artículo 45, que deberán reunirse, al menos, una vez al trimestre. La Comisión Permanente estará integrada por el Presidente y Vicepresidente, Secretario, Tesorero, Contador o Vocales que, respectivamente, les sustituyan, y deberá reunirse una vez al mes.
Los Delegados colegiales serán designados por las Juntas de Gobierno de los Colegios respectivos. Para tomar posesión de su cargo precisarán la confirmación de su nombramiento por la Oficialía Mayor de la Presidencia del Gobierno.
Corresponde a los Delegados de la Junta de Gobierno, en las localidades donde existan, la representación del Colegio ante las autoridades y Organismos administrativos de su ámbito y ante los Gestores administrativos que ejercen en las mismas. Igualmente ostentan la representación de los colegiados ante el respectivo Colegio.
Por su conducto se tramitarán todas las comunicaciones entre colegiados y Colegios, y por delegación de las Juntas de Gobierno ejercerán todas las facultades que a aquéllas correspondan en la localidad o provincia de su delegación.
El Consejo General, órgano representativo de todos los Colegios Oficiales de Gestores Administrativos de España, tendrá personalidad jurídica y tratamiento de ilustre. Su Presidente, en nombre del mismo, podrá comparecer ante toda clase de autoridades. Organismos de la Administración y Tribunales y Juzgados para ejercer todos sus derechos, interésese y facultades, previo acuerdo del Pleno del mismo. Podrá delegar sus facultades en los Presidentes de los respectivos Colegios.
Serán funciones del Consejo General de los Colegios Oficiales de Gestores Administrativos de España las siguientes:
a) Representar a los Colegios Oficiales de Gestores Administrativos en los asuntos de interés general de la profesión.
b) Dirigir y encauzar el funcionamiento uniforme de los Colegios.
c) Resolver, dentro de sus facultades, las consultas que les sean formuladas por los Colegios.
d) Instruir expedientes a los miembros de las Juntas de Gobierno de los Colegios cuando hubiere lugar, proponiendo a la superioridad las sanciones que estime pertinentes.
e) Fallar en primera instancia en todas las cuestiones que surjan entre los Colegios o entre los colegiados inscritos en distintos Colegios, siendo recurribles sus resoluciones ante la Oficialía Mayor de la Presidencia del Gobierno.
f) La coordinación de los Colegios Oficiales con la Administración pública, por la relación que mantendrá con las dependencias de la misma, siendo preceptivo oírle en los casos que afecte a la regulación de la profesión de Gestor administrativo.
g) El velar por el más exacto cumplimiento de las disposiciones que, referentes a la profesión de Gestor administrativo, le sean dictadas por la superioridad, dando traslado de las órdenes que reciba, cumpliéndolas y haciéndolas cumplir.
h) Emitir informe en cuantos asuntos se le interesen por la Administración.
i) Elevar propuesta a la Presidencia del Gobierno en cuantos asuntos sean de interés para la profesión, especialmente los relativos a las reformas de los Estatutos y Aranceles de los Gestores Administrativos.
j) Mantener relación directa con la Administración pública para todas las cuestiones de interés general para la profesión.
k) Defender los derechos y prerrogativas de la profesión ante los poderes públicos.
l) Recibir los presupuestos de los Colegios, que someterán a la aprobación de la Oficialía Mayor de la Presidencia del Gobierno.
m) Aprobar sus propios presupuestos, que elevarán a la Oficialía Mayor de la Presidencia del Gobierno para su visado en el plazo de quince días.
El Consejo General de los Colegios Oficiales estará integrado por todos los Presidentes de los Colegios Oficiales de Gestores Administrativos de España, los cuales designarán libremente entre los colegiados residentes en Madrid a aquellos que hayan de ostentar los cargos de Presidente, Tesorero y Secretario-Contador y de actas y a sus respectivos suplentes, quienes no podrán tomar posesión de sus cargos sin la previa aprobación de la Oficialía Mayor de la Presidencia del Gobierno. Los cargos de Presidente, Tesorero y Secretario-Contador y de actas se renovarán cada tres años, admitiéndose la reelección. Los demás miembros del Consejo General cesarán cuando finalicen sus mandatos como Presidentes de los Colegios respectivos que representen.
Para ostentar los cargos de Presidente, Tesorero y Secretario-Contador y de actas deberán tener los nombrados una antigüedad mínima de diez años en el ejercicio de la profesión.
El Pleno del Consejo General de Colegios se reunirá cuatro veces al año en el lugar que por el mismo se designe. Sus acuerdos se adoptarán por mayoría absoluta de votos de los Vocales-Presidentes de los Colegios. El número de votos será proporcional al de los Colegiados que respectivamente estén inscritos en los mismos. A tal efecto se computará un voto por cada cincuenta Colegiados o fracción. Los votos del Presidente, del Tesorero, del Secretario-Contador y de Actas serán individuales. El Presidente tendrá voto de calidad y podrá resolver los empates que se produzcan, una vez repetida la votación.
En el Reglamento de Régimen Interior se detallará su organización y procedimiento.
Dentro del seno del Consejo General se constituirá una Comisión Ejecutiva y Permanente, que estará integrada por el Presidente, el Tesorero, el Secretario-Contador y de Actas y un miembro del Consejo General; este último puesto será cubierto por turno entre los Presidentes de los Colegios que forman el Pleno, renovándose cada año.
La Comisión Ejecutiva así constituida estará facultada para la resolución de todos los asuntos de trámite y aquellos que no requieran la aprobación del Pleno, así como para el cumplimiento de los acuerdos de éste. Esta Comisión podrá actuar con tres de sus componentes y habrá de reunirse cuantas veces lo estime conveniente su Presidente y, por lo menos, una vez al mes.
El Presidente asumirá la representación del Consejo General y será el ejecutor de sus acuerdos.
En los casos de urgencia asumirá por delegación todas las funciones del Consejo General, haciéndolo bajo su responsabilidad y con la obligación de dar cuenta al Pleno de las resoluciones tomadas para su censura o convalidación.
En el Reglamento de Régimen Interior del Consejo General se fijarán las restantes atribuciones del Presidente, así como también las que correspondan a los demás cargos del Consejo General.
Los Colegios Oficiales de Gestores Administrativos percibirán para su sostenimiento una cuota mensual, que satisfarán sus colegiados en la cuantía fijada por los propios Colegios con la aprobación de la Oficialía Mayor de la Presidencia del Gobierno.
La demora por más de tres meses en el pago de esta cuota dará lugar a la baja del colegiado en el Colegio a que esté incorporado, por acuerdo de su Junta de Gobierno y sin necesidad de expediente, hasta que por el colegiado moroso se satisfagan las cuotas que dieron lugar a su baja.
Serán también ingresos de los Colegios Oficiales de los Gestores Administrativos los procedentes de los devengos de expedientes de incorporación, derechos de examen, expedición de títulos profesionales, carnets y certificaciones, cuyas cuantías serán fijadas por la Oficialía Mayor de la Presidencia del Gobierno, a propuesta de los Colegios correspondientes por conducto del Consejo General. Salvo excepciones, se procurará que la cuantía de estos derechos sea uniforme para todo el territorio nacional.
Para el sostenimiento del Consejo General, los Colegios de Gestores Administrativos deberán prever en sus presupuestos una cuota por número de colegiados, que habrá de repercutir en éstos al propio tiempo de cobrarles la cuota colegial. La cuantía de la cuota para el Consejo General será aprobada por la Oficialía Mayor de la Presidencia del Gobierno, a propuesta del Consejo General.
El Consejo General podrá también participar en los demás devengos de los Colegios Oficiales en la cuantía que se determine, en la misma forma establecida en el párrafo anterior.
Las dignidades honoríficas de Presidente y Vocal de honor del Consejo General de los Colegios Oficiales de Gestores Administrativos de España tienen por objeto estimular y recompensar a quienes contraigan méritos o ejecuten servicios de destacado interés general para la profesión. Pueden ser nombrados Presidentes y Vocales de honor del Consejo General de los Colegios Oficial de Gestores Administrativos de España los Gestores administrativos ejercientes o no ejercientes o cualquier otra persona ajena a la profesión.
El número de Presidentes y Vocales de honor del Consejo General será ilimitado.
Los títulos de Presidente y Vocales honorarios del Consejo General serán de carácter personal y vitalicio, y solamente podrán ser deshonerados de los mismos y anularse el nombramiento por acuerdo de Tribunal de Honor.
Los nombramientos de Presidente y Vocal honorario del Consejo General de los Colegios Oficiales de Gestores Administrativos de España habrán de ser acordados por el Pleno del mismo, previo expediente, que podrá promoverse a propuesta de su Presidencia o de cinco Vocales.
Por el Consejo General se llevará un libro de honores y recompensas, en el que figurará el acuerdo y distinciones que justifiquen el nombramiento, indicando en cada caso historial de la persona y fotografía en tamaño carnet.
Los Reglamentos de Régimen Interior de los Colegios Oficiales de Gestores Administrativos podrán establecer recompensas honoríficas en favor de aquellos Gestores que se hayan distinguido por su trabajo o actividad general en beneficio de la profesión.
Incurrirán en sanción administrativa, sin perjuicio de la responsabilidad penal que pudiera corresponderás, los que, sin ostentar la condición de Gestor administrativo, se dediquen habitualmente a la realización de actos calificados en los artículos 1.º y 20 del presente Estatuto como propios de las funciones de Gestor administrativo.
Dicha sanción administrativa consistirá en multa, que no podrá exceder del limite que establece el artículo 603 del Código Penal.
Los que, sancionados administrativamente como incursos en la infracción a que se refiere el párrafo anterior, realizarán después que se dicte resolución, y en la misma forma habitual, los actos a que se refiere dicho precepto serán sancionados con multa del duplo de la que se les hubiera impuesto anteriormente, sin que el limite máximo del expresado duplo pueda ser superior al establecido en el párrafo anterior.
Si los hechos a que se refieren los dos párrafos anteriores fueren realizados por una persona jurídica, podrán imponerse multas hasta del doble de las que corresponderían a las personas naturales, teniendo siempre en cuenta el límite máximo establecido en los dos párrafos anteriores.
Cuando en los casos de reincidencia simple o múltiple, el que ejerciere las funciones de Gestor administrativo sin ostentar tal condición, tuviera organizado despacho u oficina fija, separada de su domicilio o dentro de! mismo, que pudiera aislarse del resto de la vivienda, en el que recibiere encargos de sus clientes: podrá acordarse el cierre de tales despachos u oficinas cuando su actividad en las mismas tenga la importancia suficiente para considerar el ejercicio habitual como su profesión.
Las infracciones a las normas de este Estatuto que cometan los Gestores administrativos se califican de graves y leves.
Son infracciones graves:
a) La protección al intrusismo.
b) La falta de probidad.
c) El ejercicio no personal de la profesión.
d) La negligencia grave.
e) La competencia desleal.
f) El uso de denominaciones prohibidas.
g) La vulneración de Aranceles.
h) La mala conducta que desprestigie la profesión.
i) La reincidencia en faltas leves.
Estas infracciones serán sancionadas administrativamente con multa cuya cuantía no podrá exceder del límite que establece el artículo 603 del Código Penal y privación del ejercicio de la profesión de Gestor por el tiempo que para cada infracción se determina.
Los Gestores administrativos que de cualquier forma protejan a los que, sin ostentar tal condición, se dediquen a realizar actos que corresponden a la profesión de Gestor administrativo, serán sancionados con multa y privación del ejercicio de la profesión de Gestor durante un periodo que no podrá ser superior a un año.
Se entiende que existe aquella protección siempre que se mantenga con el intruso cualquier genero de relaciones de carácter profesional por ambas partes.
Los Gestores administrativos que en el desempeño de sus funciones defrauden la confianza en ellos depositada, causen o no perjuicio a sus clientes, serán sancionados por falta contra la probidad con multa y además con privación del ejercicio de la profesión durante un periodo no superior a seis meses.
Los Gestores administrativos que, sin incurrir en la infracción de proteger el intrusismo, no ejercieren la profesión personalmente o lo hicieren por medio de persona interpuesta, serán castigadas con multa y, además, privación del ejercicio de la profesión por un periodo no superior a seis meses.
Se entiende que existe ejercicio por persona interpuesta cuando de una forma notoria el Gestor no atienda el servicio de su Gestoría.
Los Gestores administrativos que en el ejercicio de sus funciones, por culpa o negligencia en la comisión de los encargos que se le confieran, causaren algún perjuicio a sus clientes, serán sancionados por negligencia grave, con multa y además privación del ejercicio de la profesión por un periodo no superior a cuatro meses.
Los Gestores administrativos que incurran en cualquier acto de competencia desleal, serán sancionados con multa y además privación del ejercicio de la profesión por un periodo no superior a dos meses.
Los Gestores administrativos que en su propaganda o ejercido profesional usaren una denominación prohibida, de acuerdo con lo establecido en el artículo 20 de este Estatuto, serán sancionados con multa y privación del ejercicio profesional durante un periodo no superior a dos meses.
Los Gestores administrativos que perciban o intenten percibir honorarios que no estén debidamente justificados, deberán devolver, en su caso, las cantidades indebidamente cobradas y serán además sancionados con multa y privación del ejercicio de la profesión durante un periodo no superior a cuatro meses.
Los Gestores administrativos que dentro del término de dos años incurren por segunda vez en falta leve de la misma clase o por tercera en cualquier falta leve, aunque no sea de la misma clase, serán sancionados con multa y privación del ejercicio de la profesión durante un periodo no superior a dos meses.
Los Gestores administrativos que después de haber sido sancionados por una infracción grave incurran en la comisión de hechos que, sin ser de la misma clase, constituyan también infracción grave, serán sancionados con multa y privación del ejercicio de la profesión durante un periodo no superior a seis meses.
Si los hechos fueren de la misma clase que los anteriormente sancionados, la sanción será del doble de la impuesta por primera vez, sin que tampoco la multa pueda exceder del límite del artículo 603 del Código Penal.
Los Gestores administrativos que habiendo sido castigados más de dos veces por infracciones graves, causaren con su conducta un desprestigio para la profesión, podrán ser privados del título de Gestor y causarán baja en la profesión.
A los que en el mismo caso tuvieren su despacho u oficina instalada con la independencia que se determina en el artículo 64, y por su conducta pudiera preverse perjuicio para las personas que le encargaran alguna comisión, se podrá acordar el cierre o clausura de dicho despacho y oficina.
Las miembros de las Juntas de Gobierno y del Consejo General podrán ser sancionados con la destitución, por incumplimiento de los deberes que reglamentariamente les correspondan.
Son infracciones leves:
El incumplimiento de las obligaciones enumeradas en el artículo 24 de este Estatuto, excepto lo establecido en el apartado a), que constituye falta grave.
Los Gestores administrativos que incumplan las obligaciones que establece el artículo 24, apartados segundo al octavo, ambos inclusive de este Estatuto, que constituyen infracciones leves, serán sancionados:
a) Apercibimiento por oficio.
b) Reprensión privada.
c) Reprensión pública.
d) Multa de 100 a 1.000 pesetas, según la entidad de los hechos.
La reincidencia en dos faltas leves que no sean de la misma clase será sancionada con multa de 500 a 1.000 pesetas. Si fueren de la misma clase o más de dos cometidas en un tiempo inferior a dos años, serán castigadas como faltas graves, de acuerdo con la sanción señalada en el artículo 73. Transcurrido este plazo después de la sanción de una falta, las nuevas que se cometan iniciarán nuevo cómputo para apreciar la reincidencia.
Los Colegios Oficiales de Gestores Administrativos tendrán constituidas una o más Comisiones Instructoras de Expedientes, compuesta por un Instructor y un Secretario, designados por la Junta de Gobierno y actuará o procederá mediante orden del Presidente del respectivo Colegio.
Asimismo, se podrán nombrar cuantas Comisiones Instructoras consideren necesarias en las provincias de su jurisdicción para el mejor desempeño de su cometido en la demarcación colegial.
Todos estos nombramientos requerirán la aprobación de la Oficialía Mayor de la Presidencia del Gobierno.
Las Comisiones Instructoras de los Colegios Oficiales de Gestores Administrativos tendrán competencia para realizar todas las actuaciones precisas, respetando las garantías generales establecidas en el Fuero de los Españoles, para investigar los actos que puedan constituir infracciones sancionadas en el presente Estatuto, imputables a Gestores administrativos o a quienes no lo sean, ni por tanto pertenezcan ni estén encuadrados en dichos Colegios Oficiales.
Instruirán, al efecto, los oportunos expedientes, en los que acreditarán la práctica de aquellas actuaciones, sometiéndoles a la aprobación de la Administración, de acuerdo con lo establecido en los artículos 28 y 83.
Los órganos de Administración Pública deberán evacuar aquellos informes que se les solicite por las Comisiones Instructoras de los Colegios Oficiales de Gestores Administrativos, referentes a expedientes de clandestinidad o intrusismo.
Las Comisiones Instructoras llevarán a cabo las notificaciones de los acuerdos de la Administración, advirtiendo a los interesados de los recursos legales que puedan interponerse contra las resoluciones recurridas y practicarán las diligencias de ejecución precisas para la iniciación de la vía de apremio o preliminares para la clausura de oficinas, despachos o dependencias en la forma que para cada caso se acordare.
Las Juntas de Gobierno de los Colegios Oficiales de Gestores Administrativos podrán nombrar también investigadores auxiliares en la misma localidad donde resida la Comisión Instructora o cualquier otra del ámbito colegial, con el fin de que puedan llevar a cabo los actos de investigación precisos para conocer las posibles infracciones cometidas contra lo preceptuado en el presente Estatuto.
La sanción de las faltas graves previstas en el presente Estatuto, tanto de las que puedan ser sometidas por cualquier persona como de las que son privativas de los Gestores administrativos, corresponden a la Oficialía Mayor de la Presidencia del Gobierno, a propuesta de las Juntas de Gobierno de los Colegios correspondientes, en expediente sancionador debidamente instruido.
Contra las sanciones impuestas por la Oficialía Mayor de la Presidencia del Gobierno podrá recurrirse en alzada ante el excelentísimo señor Ministro Subsecretario de la Presidencia, en el término de quince días a contar de la notificación correspondiente. Para la interposición de dicho recurso, será indispensable la previa consignación en la Caja General de Depósitos del importe de la sanción impuesta, sin cuyo requisito no será admitido. Los recursos habrán de ser presentados en los respectivos Colegios, quienes, con su informe, los elevarán a la Presidencia del Gobierno, por conducto del Consejo General de Colegios.
Contra las resoluciones de las Juntas de Gobierno podrá recurrirse en alzada ante la Oficialía Mayor de la Presidencia del Gobierno en el mismo término, previa la consignación de la multa en la Tesorería del Colegio respectivo.
La sanción de las faltas leves previstas en el presente Estatuto corresponde a las Juntas de Gobierno de los Colegios respectivos, que podrán imponerlas sin necesidad de expediente, pero con tramitación de aquellas actuaciones indispensables para que quede constancia escrita de la falta imputada, pruebas que de la misma resulten y acuerdo de sanción.
La ejecución de las sanciones económicas, cuando el inculpado no la satisfaciere voluntariamente dentro del plazo establecido, se llevará a cabo por la vía de apremio, a cuyo efecto la certificación de descubierto expedida por la Oficialía Mayor de la Presidencia del Gobierno, con los requisitos establecidos por el vigente Estatuto de Recaudación, tendrá el valor suficiente para que por el Recaudador correspondiente se inicie la expresada vía de exacción.
Corresponde a las autoridades gubernativas en las provincias de su mandato ejecutar los acuerdos de la Oficialía Mayor de la Presidencia del Gobierno, por los que se disponga la clausura de aquellos despachos o dependencias en donde se realicen actos propios de la profesión de Gestor administrativo de manera ilegal.
En la tramitación de los expedientes mencionados se cumplirá, además de lo dispuesto en el presente Estatuto y disposiciones complementarias, lo establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo.
Las Comisiones Instructoras de los Colegios Oficiales de Gestores Administrativos deberán comunicar a la Oficialía Mayor de la Presidencia del Gobierno, por conducto reglamentario, la iniciación de los expedientes que instruyan, remitiendo copia de la documentación que sirva de cabeza a los mismos, a la vez que pedirán la asignación del número que corresponda a las actuaciones en el Registro de dicha Oficialía. Todo expediente en que no se cumplan los expresados requisitos será nulo de pleno derecho, sin perjuicio de la responsabilidad que quepa exigir a la mencionada Comisión y a la Junta de Gobierno del respectivo Colegio, en su caso.
Trimestralmente se deberá remitir por las Juntas de Gobierno de los Colegios de Gestores Administrativos un estado de los expedientes que se encuentren en tramitación, por sus Comisiones Instructoras, en los que se explicarán las razones por las que no se haya concluido la tramitación de aquellos expedientes que hayan sido iniciados durante los trimestres anteriores.
Los Instructores de las Comisiones Instructoras de los Colegios Oficiales de los Gestores Administrativos cuidarán especialmente de cumplir con todos los requisitos de la Ley de Procedimiento Administrativo, en cuantas notificaciones hayan de realizar en el curso de los expedientes que se sigan por las mismas y de conformidad con lo establecido en el artículo 81, llevarán a cabo la notificación a los inculpados de las resoluciones que por la Administración se dictan en los propios expedientes.
Los Instructores de expedientes, una vez conclusas las actuaciones, formularán la oportuna propuesta de sanción, que se someterá para confirmación o reparos de la misma a la Junta de Gobierno del respectivo Colegio, y una vez cumplido el trámite de traslado al interesado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 137 de la Ley de Procedimiento Administrativo, se elevará para la resolución que corresponda a la Oficialía Mayor de la Presidencia del Gobierno.
Se presume el ejercicio habitual de las funciones de Gestor administrativo siempre que puedan acreditarse más de tres gestiones retribuidas ante la Administración, en nombre de otra persona, dentro del mismo año natural, o cuando, aunque no llegue a acreditarse la práctica de ninguna gestión, se hubieren cursado pública o privadamente anuncios o invitaciones para que se les confieran encargos o se hiciera propaganda o publicidad de cualquier clase en el mismo sentido, incluso la propia atribución del título de Gestor.
Los Tribunales de Honor tienen por objeto conocer y sancionar los actos deshonrosos cometidos por los Gestores administrativos colegiados, que les hagan desmerecer en el concepto público e indignos de desempeñar las funciones que les están atribuidas y que causen desprestigio a la profesión.
La actuación de los Tribunales de Honor es compatible con cualquier otro procedimiento a que pueda o haya podido estar sometido el inculpado por el mismo hecho.
El Tribunal de Honor se constituirá por acuerdo de la Junta de Gobierno del Colegio a que pertenezca el inculpado, bien por propia iniciativa o por denuncia o solicitud concreta y fundada de diez colegiados, por lo menos, en los Colegios cuyo censo sea inferior a 250 profesionales y por veinte, como mínimo, cuando el número de inscritos exceda de dicha cifra. En el acuerdo de formación de Tribunal de Honor se fijarán los plazos de elección de los componentes del Tribunal, lugar en que ha de funcionar éste y término durante el cual haya de tener lugar su actuación y dictar la resolución procedente.
Al mismo tiempo que se acuerda la iniciación del Tribunal de Honor, se propondrá a la Oficialía Mayor de la Presidencia del Gobierno la suspensión en el ejercicio profesional del presunto inculpado.
El Tribunal de Honor estará integrado por siete Gestores administrativos colegiados pertenecientes al censo del Colegio Oficial al que pertenezca el inculpado. Su designación se hará por sorteo entre aquellos que tengan más antigüedad en la colegiación que el enjuiciado. En caso de que no hubiera siete Gestores administrativos más antiguos que el inculpado, se completará el Tribunal entre los restantes. Se procurará en lo posible que los designados no ejerzan la profesión en la misma provincia que el inculpado. Ostentará la presidencia el que tenga más antigüedad en la colegiación y actuará de Secretario el Vocal más joven.
El sorteo para la designación de los miembros se llevará a cabo por la Junta de Gobierno del Colegio al que pertenezca el inculpado. En el acto del sorteo se insacularán los siete nombres de los Gestores administrativos que hayan de formar como miembros del Tribunal de Honor. No podrán ser miembros de este Tribunal los colegiados que tengan notas desfavorables en su expediente personal.
Una vez elegidos los miembros que hayan de constituir el Tribunal de Honor, se comunicará dicho nombramiento oficialmente al inculpado, el cual podrá ejercitar por escrito el derecho de recusación, dentro del plazo de las cuarenta y ocho horas a partir del momento en que le haya sido notificada la designación.
El cargo de miembro del Tribunal de Honor es irrenunciable. pero podrá estimarse la abstención fundada en las mismas causas que se previenen en el artículo siguiente para la recusación; pero si, previa información, no resultase comprobada, dará lugar a la suspensión del Gestor administrativo infractor por seis meses.
Podrán ser recusados los miembros por alguna de las causas siguientes:
a) Tener interés personal.
b) Parentesco de consanguínidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo con los interesados.
c) Amistad íntima o enemistad manifiesta con alguno de los interesados.
d) Tener relación de servicios con personas naturales o jurídicas interesadas directamente en el procedimiento de que se trata en este capítulo.
El Tribunal de Honor habrá de reunirse en la población donde el inculpado tenga su residencia o en aquella que se suponga cometidos los hechos objeto del procedimiento.
El Tribunal de Honor, una vez constituido, procederá a examinar los fundamentos de las recusaciones y abstenciones. En caso de ser admitida una recusación o reconocida alguna abstención, lo comunicará inmediatamente al Consejo General, quien procederá a designar los miembros vacantes por el mismo procedimiento y con las mismas formalidades establecidas en el artículo 96.
El Tribunal, una vez definitivamente constituido, citará al interesado, al cual oirá personalmente o a través de un representante. Una vez oído al inculpado o su representante, se formulará el oportuno pliego de cargos, que se pasará a aquél para que lo conteste en el término de quince días. El Tribunal, en los quince días siguientes al de la contestación al pliego de cargos, declarará o no pertinente las pruebas propuestas por el inculpado y practicará las declaradas pertinentes juntamente con las acordadas por el mismo Tribunal. El fallo, que será adoptado en conciencia y honor por mayoría de votos, habrá de dictarse a los diez días siguientes a aquél en que haya terminado el periodo de prueba, sin que sea permitido a ningún Vocal abstenerse de votar.
Las decisiones del Tribunal respecto del inculpado, sólo podrán ser de absolución o de exclusión del Colegio, lo que supondrá la imposibilidad de aquél de ingresar en ningún otro Colegio Oficial de Gestores Administrativos de España.
Las resoluciones de los Tribunales de Honor son inapelables. Si son absolutorias, serán cumplidas con la mayor urgencia, dejándose sin efecto la suspensión impuesta al inculpado en el ejercicio de la profesión, si se hubiere acordado.
La ejecución de lo acordado por los Tribunales de Honor compete a los Colegios Oficiales de Gestores Administrativos.
Los Gestores administrativos que con anterioridad al 20 de junio de 1957 tuviesen inscritos en el Registro de la Propiedad Industrial nombres y denominaciones distintas del titular, podrán seguir utilizándolas, anteponiendo su nombre y apellidos, pero no transmitirán este derecho a persona o entidad alguna.
Los que en la fecha de publicación de este Decreto estuvieren en posesión del titulo de Gestor administrativo o hubieren aprobado los exámenes de aptitud para ingreso en la profesión, conservarán los derechos adquiridos para ejercerla en cualquier lugar.
Las personas físicas que, al amparo de las disposiciones anteriores, vengan actuando como Gestores libres, deberán colegiarse si no lo hubieren hecho anteriormente, previa justificación de su derecho, en el plazo de seis meses.
Las Sociedades de Gestión, actualmente inscritas en los Colegios Oficiales de Gestores Administrativos, podrán continuar ejerciendo, mientras figure al frente de las mismas el Gestor titular que las represente a la fecha de publicación de este Decreto.
Para la renovación de. los cargos de las Juntas de Gobierno de los Colegios Oficiales de Gestores Administrativos y Consejo General de los mismos, se entenderá que el tiempo de duración del mandato por que se confieren tales cargos, comenzó en el momento de la última renovación ordinaria de la Junta de que se trate, a partir del cual se computarán los plazos establecidos en el presente Estatuto para la reelección.
Los Gestores administrativos que hubieran incurrido antes de la publicación del presente Estatuto en alguna incompatibilidad, según lo determinado en el artículo 10 del mismo, podrán continuar en el ejercicio de la profesión, salvo que, a propuesta de las Juntas de Gobierno de los Colegios respectivos y previo informe del Consejo General, la Oficialía Mayor de la Presidencia del Gobierno, estime, dadas las circunstancias del caso, que la naturaleza e importancia de la causa deba impedir el ejercicio profesional.
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