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Este texto consolidado es de carácter informativo y no tiene valor jurídico.[Disposición derogada]
La Constitución encomienda a los poderes públicos, en su artículo 51, fomentar las Organizaciones de Consumidores y Usuarios, así como darles audiencia en las cuestiones que puedan afectarles. Otros artículos de obligada referencia son el 9.º, 2, que ordena a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad e igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social; el artículo 22 que reconoce el derecho de asociación y, finalmente, el artículo 105, que establece que la Ley regulará la audiencia de los ciudadanos, directamente o a través de las organizaciones reconocidas por la Ley, en el procedimiento de elaboración de las disposiciones administrativas que les afecten.
Con el fin de dar cumplimiento al mandato constitucional contenido en el citado artículo 51, la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, en su artículo 2.º, e), establece, como uno de los derechos básicos de aquellos «La audiencia en consulta, la participación en el procedimiento de elaboración de las disposiciones generales que les afecten directamente y la representación de sus intereses, todo ello a través de las asociaciones, agrupaciones o confederaciones de consumidores y usuarios legalmente constituidas».
La Ley 26/1984, aunque dedica el capítulo VI a regular el derecho de representación, consulta y participación, también contiene múltiples referencias a las Asociaciones de Consumidores y Usuarios a lo largo de todo su articulado, reforzando el papel que éstas deben tener en la protección y, especialmente, defensa de los derechos del ciudadano en tanto que consumidor.
No obstante, el movimiento asociativo en este campo adolece todavía de importantes carencias –excesiva dispersión y atomización, dificultad de financiación, etc.–, haciéndose necesario, para dar cumplimiento al mandato constitucional, fomentar las organizaciones del consumidores y usuarios fuertes y representativas de los intereses generales de los consumidores, de acuerdo con las facultades de representación y consulta que la Ley 26/1984, y otras que integran nuestro ordenamiento jurídico, otorgan a las Asociaciones de Consumidores, completando con ello el marco jurídico para que este movimiento se asiente en un modelo más racional.
Con este fin último, la presente norma regula las condiciones y requisitos que se exigen a las Asociaciones de Consumidores y Usuarios que pretendan disfrutar de los beneficios que la Ley 26/1984, y disposiciones reglamentarias y concordantes otorgan, tal como establece el artículo 20.3 de la citada Ley, y referido a los campos en los que corresponde al Estado esta competencia.
Se regula, en consecuencia, el Libro Registro al que hace referencia el artículo 20.3 de la Ley 26/1984, el Consejo de Consumidores y Usuarios, al que se refiere el artículo 22.5 de la citada Ley, así como las condiciones y requisitos para estar representadas en dicho Consejo, atendiendo a los criterios que la propia Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios establece en su citado artículo 20.3, párrafo segundo: «En la determinación reglamentaria de las condiciones y requisitos se tendrán en cuenta, entre otros, criterios de implantación territorial, número de asociados y programas de actividades a desarrollar».
De por otra parte, pero en relación con lo anterior, se toma en consideración la Ley de Bases de Régimen Local, y sus normas de desarrollo, habida cuenta de la importancia que para la política de consumo representa la proximidad al ciudadano de la Administración Local. Para ello, se adopta como uno de los criterios para valorar la implantación territorial y el desarrollo de actividades de representación, defensa y participación de los consumidores y usuarios la presencia de las Asociaciones de Consumidores en los órganos de participación establecidos por las Corporaciones Locales.
En su virtud, y en cumplimiento de lo prevenido en la disposición final cuarta de la Ley 26/1984, que establece que el Gobierno aprobará el Reglamento o Reglamentos necesarios para su aplicación o desarrollo, oídas las Asociaciones de Consumidores y Usuarios, de acuerdo con el Consejo de Estado, a propuesta del Ministro de Sanidad y Consumo, y previa deliberación del Consejo de Ministros del día 22 de junio de 1990,
DISPONGO:
1. Las Asociaciones de Consumidores y Usuarios de ámbito nacional y aquellas que excedan del ámbito territorial de una Comunidad Autónoma, constituidas con arreglo al artículo 20, apartados 1 y 2 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (en adelante, la Ley), podrán acceder a los beneficios establecidos en dicha Ley y disposiciones concordantes según las condiciones y requisitos del presente Real Decreto.
2. Las Asociaciones de Consumidores y Usuarios de ámbito territorial inferior al contemplado en el apartado anterior podrán acceder asimismo a tales beneficios si, cumpliendo su legislación aplicable, se atienen a las condiciones y requisitos que en la presente norma se establecen.
1. Para poder gozar de cualquier beneficio que otorgue la Ley, disposiciones que la desarrollan y complementarias, las Asociaciones de Consumidores y Usuarios deberán figurar inscritas en el Libro de Registro que se llevará en el Ministerio de Sanidad y Consumo, a través del Instituto Nacional del Consumo.
2. A los efectos citados deberán figurar inscritas en el Libro de Registro las Federaciones y Confederaciones legalmente constituidas así como las Asociaciones integradas en las mismas.
1. Las solicitudes de inscripción en el Libro de Registro deberán acompañarse de los siguientes documentos:
a) Certificación del correspondiente Registro de Asociaciones, en la que se haga constar la inscripción en el mismo de la Asociación, Federación o Confederación, y a la que deberá acompañarse copia de sus Estatutos y acta de constitución debidamente autenticadas.
b) Certificación expedida por el órgano competente de la Asociación, Federación o Confederación en que se acrediten los siguientes extremos:
Composición de los órganos directivos de la misma, con especificación de los nombres de sus miembros y de los cargos que ostentan, así como el procedimiento de elección, que deberá responder a principios democráticos.
Implantación territorial, con expresión precisa de las delegaciones locales, o, en su caso, de las Asociaciones Federadas de ámbito inferior al nacional.
Número efectivo de sus asociados, con especificación de su distribución territorial y la cuantía de las cuotas que están obligados a satisfacer. En el caso de Federaciones y Confederaciones, se acompañarán las certificaciones de los acuerdos correspondientes a las Asambleas Plenarias de cada una de las Asociaciones agrupadas en las que se decidió su constitución o la incorporación a las mismas, según corresponda.
c) Declaración jurada de que en la Asociación, Federación o Confederación no incurre ninguna de las circunstancias del artículo 21 de la Ley.
d) Certificación de la Comunidad Autónoma correspondiente en la que se haga constar la inscripción en su Registro de Asociaciones de Consumidores y Usuarios, en su caso.
2. Los documentos señalados irán acompañados de una Memoria en la que se exponga el ámbito territorial y funcional de actuación, así como los objetivos y actividades básicas a desarrollar y una relación de las delegaciones territoriales existentes.
3. Las Cooperativas de Consumidores y Usuarios que soliciten su inscripción en el Libro Registro deberán remitir:
a) Certificación del órgano competente donde se haga constar su inscripción en el correspondiente Registro de Cooperativas, así como copia de los Estatutos, debidamente autenticada.
b) Memoria de las actividades de educación y formación de sus socios en materia de consumo desarrolladas en el año anterior al de la formalización de la solicitud, así como el detalle de financiación de las mismas, mediante certificación del órgano competente.
1. Presentada la documentación mencionada en el artículo anterior, el Instituto Nacional del Consumo procederá a practicar la inscripción de la Asociación, Federación o Confederación en el Libro Registro, haciendo constar, en su caso, las delegaciones territoriales o las Asociaciones federadas de ámbito territorial inferior al nacional que correspondan a cada una. En el caso de que dicha documentación no cumpla los requisitos establecidos, se podrá denegar la inscripción mediante resolución motivada, contra la que se podrá interponer el recurso correspondiente.
2. Las organizaciones a las que se refiere el apartado anterior inscritas en el Libro Registro deberán, directamente o a través de los órganos correspondientes de la Comunidad Autónoma, en su caso:
a) Comunicar todas las modificaciones que se hayan producido en sus Estatutos.
b) Comunicar los cambios en la composición de los órganos de gobierno, así como los traslados de domicilio social.
1. El Consejo de Consumidores y Usuarios es el órgano de representación y consulta de ámbito nacional de los consumidores y usuarios.
2. El Consejo de Consumidores y Usuarios ostentará la representación institucional de las organizaciones de éstos ante la Administración del Estado u otras entidades y organismos de carácter estatal.
Integran el Consejo de Consumidores y Usuarios:
1. Un representante de asociaciones de consumidores por cada uno de los Consejos de Consumidores de Comunidades Autónomas u órgano equivalente en donde éste haya sido constituido.
2. Representantes de asociaciones, federaciones o confederaciones de asociaciones de consumidores en los términos siguientes:
De ámbito estatal y que acrediten más de 7.500 socios, un representante.
Este número se incrementará conforme a las dos alternativas siguientes:
a) Uno, dos o tres representantes más si acreditan 125.000, 175.000 ó 225.000 socios, respectivamente, o
b) Uno, dos, tres o cuatro representantes más si acreditan 40.000 socios y presencia en cuatro Consejos de Consumo de Comunidades Autónomas, 125.000 socios y presencia en seis Consejos de Consumo de Comunidades Autónomas, 175.000 socios y presencia en nueve Consejos de Consumo de Comunidades Autónomas o 225.000 socios y presencia en doce Consejos de Comunidades Autónomas, respectivamente.
3. Cinco representantes de asociaciones estatales de cooperativas de consumidores y usuarios.
La incorporación al Consejo de Consumidores y Usuarios de las asociaciones, uniones, federaciones y confederaciones a que se refiere el artículo 6 está supeditada a la previa inscripción en el Libro Registro regulado en el capítulo I y a la formulación de la pertinente solicitud, con justificación del cumplimiento de las circunstancias determinadas en dicho artículo 6.
La designación de los representantes de las asociaciones estatales de cooperativas de consumo se hará por parte de aquellas asociaciones que superen el ámbito de una Comunidad Autónoma y que estén debidamente inscritas en el Registro.
En el caso de que existiera una organización de esta naturaleza que agrupe a todas las entidades de cooperativas de consumo del Estado, se le asignarán los cinco representantes.
Si hubiera diversas asociaciones que reunieran dichos requisitos, la designación de los representantes a cada una de ellas se hará en proporción al número de socios que acrediten.
Los representantes de asociaciones de consumidores de los Consejos de Consumidores de las Comunidades Autónomas serán designados en la forma que éstas determinan.
En los casos en los que el Consejo de Consumidores de Comunidades Autónomas cuente con presencia de otros agentes sociales o económicos, este representante será elegido por los representantes de las asociaciones de consumidores que formen parte del mencionado Consejo Autonómico, en la forma que dichas Comunidades Autónomas establezcan.
1. Una vez determinado, conforme a lo dispuesto en los artículos 6, 7, 8 y 9, el número de vocales que correspondan a cada organización, éstas designarán a sus representantes en el Consejo, los cuales serán nombrados por el Ministro de Sanidad y Consumo, a propuesta del Presidente del Instituto Nacional del Consumo. Dicho nombramiento se publicará en el "Boletín Oficial del Estado".
2. Cada una de las asociaciones, federaciones o confederaciones y cooperativas que ostenten representación en el Consejo designarán tantos suplentes como vocales le hayan correspondido. Su nombramiento se efectuará conjuntamente con el de los vocales según lo previsto en el apartado anterior.
1. El Consejo de Consumidores y Usuarios constará de los siguientes órganos:
a) El Pleno.
b) La Comisión Permanente.
c) Las Comisiones especializadas.
2. El Pleno estará integrado por el Presidente, el Vicepresidente, los Vocales y el Secretario. Es el órgano supremo del Consejo y se reunirá al menos una vez al año. Elige los miembros de la Comisión Permanente, aprueba el Reglamento de régimen interno, conoce de la gestión que realice la Comisión Permanente y las Comisiones especializadas y elabora el informe-memoria que establece el artículo 14.
La Comisión Permanente estará constituida por el Presidente, el Vicepresidente, un número de Vocales que no podrá ser superior a diez y el Secretario. Es el órgano encargado de aprobar los dictámenes del Consejo, salvo los que se reserve para su conocimiento el Pleno, ejecutar los acuerdos de éste, designar a los Presidentes y miembros de las Comisiones especializadas y dirigir su funcionamiento, pudiendo delegar en ellas la aprobación de dictámenes concretos. Se reunirá, al menos, nueve veces al año por convocatoria de su Presidente.
3. En la reunión de constitución del Consejo se elegirá al Presidente y al Vicepresidente y a los miembros de la Comisión Permanente.
4. Según establezca su Reglamento de régimen interno, se podrán crear Comisiones, por materias, para un tratamiento más especializado de los diferentes asuntos. Cada Comisión deberá ser presidida por un miembro de la Comisión Permanente y sus componentes, que podrán ser vocales del Consejo o expertos propuestos por las asociaciones que tengan representación en el mismo, no superarán el número de 10.
Por la Comisión Permanente o los Presidentes de las restantes Comisiones, se designarán los ponentes responsables de elaborar y prestar a los órganos del Consejo las diferentes propuestas de dictamen. Estos ponentes podrán ser vocales del Consejo o expertos propuestos por sus miembros.
5. Cualquier Vocal del Consejo podrá presentar propuestas al Pleno o a la Comisión Permanente para su estudio y consideración. Periódicamente y en la forma que determine el Reglamento de régimen interno, la Comisión Permanente informará al resto de miembros del Consejo de la actividad y acuerdos que adopte. Los dictámenes que aprueben los órganos del Consejo deberán ser notificados a todos los miembros del mismo.
Los miembros del Consejo serán elegidos por un período de cuatro años y podrán percibir las indemnizaciones por razón de servicio que les sean reconocidas.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, el mandato de los miembros de los Consejos de Consumidores de Comunidades Autónomas no excederá del que les corresponda como tales.
Los miembros del Consejo que no tengan la condición de personal al servicio de la Administración del Estado, así como los ponentes y expertos que colaboren con las comisiones de trabajo, tendrán derecho a que les sean abonados los gastos ocasionados como consecuencia de su asistencia a las reuniones a que sean convocados, hasta una cuantía máxima correspondiente a la que tienen asignada como dietas los funcionarios encuadrados en el grupo I de los que se establecen en el anexo I del Real Decreto 236/1988.
El Presidente y el Vicepresidente serán elegidos entre los miembros del Consejo por mayoría de las dos terceras partes del Pleno.
Los vocales que integran la Comisión Permanente serán elegidos entre los miembros del Consejo por mayoría absoluta del Pleno.
El Secretario será nombrado entre funcionarios que presten servicio en el Instituto Nacional del Consumo, a propuesta del Presidente del mismo, por el Ministro de Sanidad y Consumo y asistirá con voz, pero sin voto, a las sesiones del Pleno y de la Comisión Permanente.
1. De acuerdo con lo previsto en el artículo 22 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, el Consejo de Consumidores y Usuarios deberá ser consultado en el procedimiento de elaboración de las disposiciones de carácter general en los casos que a continuación se citan, salvo que las Asociaciones de Consumidores y Usuarios, que estén inscritas en el Libro Registro, se encuentren representadas en los órganos colegiados que participen en la elaboración de las disposiciones:
a) Reglamentos de aplicación de la Ley 26/1984, de 19 de julio.
b) Reglamentaciones sobre productos o servicios de uso y consumo.
c) Ordenación del mercado interior y disciplina de mercado.
d) Precios y tarifas de servicios en cuanto afecten directamente a los consumidores o usuarios y que se encuentren legalmente sujetos a control de la Administración del Estado.
e) Condiciones generales de los contratos de Empresas que prestan servicios públicos en régimen de monopolio.
f) En los demás casos en que una Ley estatal establezca, con carácter preceptivo, la audiencia de las Asociaciones, Federaciones o Confederaciones de los Consumidores y Usuarios.
2. También corresponden al Consejo las siguientes funciones:
a) Proponer a las Asociaciones, Federaciones, Confederaciones o Cooperativas, integradas en el Consejo, para participar en los órganos colegiados, Organismos y Entidades públicas o privadas, de ámbito nacional o internacional, en los que deben estar representados los consumidores y usuarios.
b) Formular cuantas propuestas sean consideradas de interés en materia de defensa de los derechos de los consumidores y asesorar a los órganos de las Administraciones Públicas con competencias en materia de consumo.
c) Solicitar información a las Administraciones Públicas competentes sobre materias de interés general o sectorial que afecten a los consumidores y usuarios.
d) Cuantas funciones le sean asignadas por otras disposiciones.
1. El Consejo elaborará todos los años un Informe-Memoria sobre el desarrollo de sus actividades, así como relativo a la política global en materia de consumo, en el que, además, se recogerán las sugerencias de dicho órgano en el ámbito de su competencia.
2. Los órganos de las Administraciones Públicas cuya actuación afecte a los intereses de los consumidores y usuarios podrán solicitar al Consejo de Consumidores y Usuarios asistir a sus reuniones, al objeto de informar sobre asuntos de interés general o sectorial en materia de consumo, así como solicitar informe sobre asuntos de su interés. Dicha solicitud será dirigida a la Secretaría del Consejo.
El Ministerio de Sanidad y Consumo, a propuesta del Instituto Nacional del Consumo, facilitará al Consejo de Consumidores y Usuarios los recursos humanos y materiales necesarios para su funcionamiento.
La Subdirección General de Información, Fomento y Arbitraje del Instituto Nacional del Consumo será la sede de dicho Consejo, tal y como establece el Real Decreto 1943/1986, de 19 de septiembre, por el que se determina la estructura orgánica básica del Ministerio de Sanidad y Consumo.
1. Las Asociaciones y Cooperativas de Consumidores y Usuarios, inscritas en Libro Registro del Ministerio de Sanidad y Consumo, podrán representar a sus asociados y ejercer las correspondientes acciones en defensa de los mismos, o de la asociación o cooperativa, en lo referente a los derechos e intereses reconocidos en el artículo 2 de la Ley. Cuando tales acciones se realicen ante los Tribunales de Justicia, en defensa de los derechos a que se refiere el artículo 2.2 de la Ley, dichas Asociaciones y Cooperativas gozarán del beneficio de justicia gratuita.
2. Estas Asociaciones y Cooperativas podrán integrarse en los órganos de arbitraje a que se refiere el artículo 31, apartado 3, de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, con arreglo a las normas que los regulen, cuando se sometan a los mismos cuestiones litigiosas en que sean parte sus asociados.
3. Percibir ayudas y subvenciones según se establezca en las normas que aprueben su convocatoria y concesión en cada ejercicio económico.
Las Asociaciones referidas en el artículo anterior podrán también ser declaradas de utilidad pública, de acuerdo con lo previsto en la legislación en materia de Asociaciones, a cuyos efectos el informe exigido será emitido por el Ministerio de Sanidad y Consumo, acompañado, en su caso, por el informe de la Comunidad Autónoma correspondiente.
Las Asociaciones, Federaciones, Confederaciones y Cooperativas representadas en el Consejo de Consumidores y Usuarios, además de disfrutar de los beneficios a los que se refieren los artículos 16 y 17 precedentes, podrán:
1. Ejercer las correspondientes acciones en defensa de los intereses generales de los consumidores y usuarios, dentro del ámbito territorial funcional propio de la Asociación. En el caso de que tales acciones se ejerzan ante los Tribunales de Justicia en defensa de los derechos a que se refiere el artículo 2.2 de la Ley, dichas Asociaciones gozarán del beneficio de justicia gratuita.
2. Iniciar aquellos procedimientos administrativos o procesos judiciales que afecten a los intereses generales de los consumidores, o intervenir en ellos, dentro de su ámbito territorial, en los términos previstos por la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, la Ley General de Publicidad, y demás normas que reconozcan la legitimación de las Asociaciones de Consumidores y Usuarios. También en este caso, y con las mismas condiciones que establece la Ley, las Asociaciones podrán disfrutar de justicia gratuita.
3. Integrarse en los órganos de arbitraje a que se refiere el artículo 31, apartado 3, de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, con arreglo a las normas que los regulen, aún cuando en las cuestiones litigiosas que se sometan a los mismos no sean parte sus asociados.
Por el Ministerio de Sanidad y Consumo se podrá excluir del Libro Registro, mediante Resolución y previa audiencia de las mismas, a las Asociaciones, Federaciones, Confederaciones y Cooperativas de Consumidores y Usuarios, sin perjuicio de otras responsabilidades administrativas, civiles o penales en que pudieran incurrir, en los supuestos siguientes:
a) Si concurre alguna de las circunstancias previstas en el artículo 21 de la Ley 26/1984, de 19 de julio.
b) Por no ajustarse a los datos que figuran en la documentación aportada para la inscripción en el Libro Registro.
c) El incumplimiento de las obligaciones previstas en el apartado 2 del artículo 4 del presente Real Decreto.
d) Destinar las subvenciones concedidas a fines distintos de aquellos para los que fueron otorgadas.
e) Incumplimiento total o parcial de las condiciones que en cada caso se determinen para la utilización de las subvenciones.
f) Utilizar su condición de Asociación inscrita en el Libro Registro del Ministerio de Sanidad y Consumo para acciones o fines distintos a los previstos en este Real Decreto.
g) Y en general, el incumplimiento de cualquiera de los preceptos contenidos en la presente disposición y normas que lo desarrollen.
El Consejo de Consumidores y Usuarios regulado en el presente Real Decreto promoverá el establecimiento de relaciones de colaboración con los Consejos que, de acuerdo con sus competencias, puedan crear las Comunidades Autónomas como órganos de representación y consulta de los consumidores y usuarios en sus respectivos ámbitos territoriales.
Las Asociaciones, Federaciones, Confederaciones y Cooperativas de Consumidores y Usuarios que reúnan los requisitos exigidos en el presente Real Decreto presentarán su candidatura a partir de los diez meses de la entrada en vigor de este Real Decreto, y la elección de los miembros del Primer Consejo de Consumidores y Usuarios se efectuará en el plazo máximo de un año desde la entrada en vigor del presente Real Decreto.
Publicado el nombramiento de los Vocales en el «Boletín Oficial del Estado», el Consejo deberá constituirse y elegir su Presidente, Vicepresidente y la Comisión Permanente, en el plazo máximo de quince días.
En el mismo plazo se designará al Secretario según el procedimiento establecido en el artículo 12.4 del presente Real Decreto.
El Consejo deberá elaborar en el plazo máximo de seis meses su Reglamento de funcionamiento, en el que se especificará el régimen de adopción de acuerdos, la distribución de funciones entre el Pleno y la Comisión Permanente y demás aspectos que afecten a su régimen interior, todo ello con arreglo a las normas vigentes de funcionamiento de los órganos colegiados previstas en el capítulo II del título I de la Ley de Procedimiento Administrativo. Este Reglamento deberá ser aprobado en el Pleno por mayoría absoluta y comunicado al Ministro de Sanidad y Consumo.
Todas las Asociaciones incluidas en el Censo del Instituto Nacional del Consumo podrán solicitar su inscripción en el Libro Registro en el plazo máximo de seis meses a partir de la entrada en vigor de este Real Decreto, pudiendo ser denegada por la Administración si pasado un mes desde la notificación a la Asociación solicitante de los posibles defectos éstos no se subsanan.
En el caso en que alguna Asociación no haya solicitado su inscripción en el Libro Registro o ésta le haya sido denegada será eliminada del Censo del Instituto Nacional del Consumo.
Se faculta al Ministro de Sanidad y Consumo para adoptar cuantas medidas complementarias sean necesarias para el desarrollo y ejecución de lo dispuesto en este Real Decreto.
Este Real Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid a 22 de junio de 1990.
JUAN CARLOS R.
El Ministro de Sanidad y Consumo,
JULIÁN GARCÍA VARGAS
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