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Este texto consolidado es de carácter informativo y no tiene valor jurídico.La Constitución en su artículo 36 reconoce la existencia de colegios profesionales, remitiendo a la Ley la regulación de las peculiaridades de su régimen jurídico y estableciendo la premisa del carácter democrático de su estructura interna y régimen de funcionamiento.
El reconocimiento constitucional diferenciando los colegios profesionales tiene reflejo en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, jurisprudencia que viene a señalar la libertad del legislador, dentro de los límites constitucionales y la naturaleza y fines de los colegios, para optar por una configuración determinada, no habiendo contenido esencial que preservar, salvo las propias exigencias de actuación y funcionamiento democráticos (STC 89/1989, de 11 de mayo, y STC 83/1984).
El propio Tribunal Constitucional, en su Sentencia 76/1983, de 5 de agosto de 1983, declaró que «corresponde a la legislación estatal fijar los principios y reglas básicas a que ajustarán su organización y competencias las corporaciones de derecho público representativas de intereses profesionales».
La Ley 12/1983, de 14 de octubre, del proceso autonómico, señala en su artículo 15.2: «Las corporaciones de derecho público representativas de intereses profesionales que existan o se constituyan en el territorio de cada Comunidad Autónoma ajustarán su organización y competencias a los principios y reglas básicas establecidas en la legislación del Estado, para dichas entidades, sin perjuicio de cualquier otra competencia que pueda atribuirles o delegarles la Administración autonómica.
En este marco competencial ha de encuadrarse lo dispuesto en el artículo 27 del Estatuto de autonomía de Galicia, aprobado por la Ley orgánica 1/1981, de 6 de abril, que dispone: «En el marco del presente Estatuto corresponde a la Comunidad Autónoma gallega la competencia exclusiva en las siguientes materias: cofradías de pescadores, cámaras de la propiedad, agrarias, de comercio, industria y navegación y otras de naturaleza equivalente, sin perjuicio de lo que dispone el artículo 149 de la Constitución».
Por la Ley Orgánica 16/1995, de 27 de diciembre, de transferencia de competencias a la Comunidad Autónoma gallega, se transfirieron, en su artículo 5, competencias de desarrollo legislativo y ejecución, en el marco de la legislación básica del Estado, en materia de corporaciones de derecho público representativas de intereses económicos y profesionales.
Por el Real Decreto 1643/1996, de 5 de julio, de traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado en materia de colegios oficiales o profesionales, se traspasan a la Comunidad Autónoma de Galicia las funciones que realiza la Administración del Estado en relación con los colegios oficiales y profesionales con ámbito territorial exclusivamente compartido dentro del territorio propio de la Comunidad, reservándose el Estado el establecimiento de las bases de régimen jurídico de los colegios oficiales o profesionales.
La legislación estatal está compuesta por la Ley 2/1974, de 13 de febrero, de colegios profesionales, modificada por la Ley 74/1978, de 26 de diciembre, y principalmente por la Ley 7/1997, de 14 de abril, Ley esta última que en su disposición adicional regula, al amparo de las cláusulas 1.a y 18.a del artículo 149.1 de la Constitución, los preceptos de la Ley 2/1974 que tienen carácter básico. La última modificación se produjo recientemente con el Real Decreto-ley 6/2000, de 23 de junio, de medidas urgentes de intensificación de la competencia en mercados de bienes y servicios.
La presente Ley, que se dicta en desarrollo de las bases contenidas en la legislación del Estado, busca eliminar las dificultades que presenta el carácter preconstitucional de la legislación del 74, a pesar de sus modificaciones, así como reforzar las funciones públicas de los colegios profesionales, prever los instrumentos de colaboración entre la Xunta de Galicia y los colegios y consejos gallegos y adaptar las previsiones de la legislación estatal a la actualidad de nuestra Comunidad Autónoma.
La presente Ley consta de 33 artículos, divididos en cinco capítulos, en los cuales sin perjuicio de la determinación del régimen legal de los colegios profesionales se atiende especialmente al respeto a su autonomía de funcionamiento.
El capítulo I, relativo al ámbito de aplicación y al ejercicio de las profesiones, recoge las competencias de la Comunidad Autónoma.
El capítulo II regula en detalle aspectos parcamente regulados en la legislación estatal, como el ejercicio de las competencias administrativas, sus funciones o relaciones con la administración, recogiendo asimismo los criterios manifestados por la jurisprudencia en cuestiones como la apreciación del interés público para la creación de los colegios, la posible extensión de los mismos a las actividades profesionales o el alcance de la intervención de la administración en la aprobación de los Estatutos de los colegios.
El capítulo III regula los consejos gallegos de colegios profesionales, avanzando en la regulación que de los mismos se había hecho ya por el Decreto 161/1997, de 5 de junio.
El capítulo IV recoge una serie de disposiciones comunes a los colegios profesionales y consejos gallegos, completando la somera regulación estatal en materia de régimen jurídico, recursos y medios instrumentales.
El capítulo V dedica su único artículo, el 33, al registro de colegios y consejos gallegos de colegios profesionales, ya creado por el citado Decreto 161/1997, de 5 de junio.
Por último, las disposiciones adicionales, transitoria y finales se dirigen a permitir la progresiva adaptación de los colegios a las disposiciones de la Ley.
Por todo lo expuesto, el Parlamento de Galicia aprobó y yo, de conformidad con el artículo 13.2 del Estatuto de Galicia y con el artículo 24 de la Ley 1/1983, de 23 de febrero, reguladora de la Xunta y de su presidente, promulgo en nombre del Rey, la Ley de regulación de colegios profesionales de la Comunidad Autónoma de Galicia.
La presente Ley es de aplicación a los colegios profesionales que desarrollen su actividad exclusivamente en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Galicia, que se rigen, en el marco de la legislación básica estatal, por la presente Ley y sus normas de desarrollo, sus leyes de creación y sus Estatutos y Reglamentos de régimen interior.
1. La Comunidad Autónoma de Galicia, en el ámbito de su competencia, garantiza el ejercicio de las profesiones colegiadas de conformidad con lo dispuesto en las leyes. Se entiende por profesión colegiada aquella en la cual se requiere la colegiación para su ejercicio.
2. El ejercicio de las profesiones colegiadas se realizará en régimen de libre competencia y estará sujeto, en cuanto a la oferta de servicios y fijación de su remuneración, a las normas de transposición de la Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, a la legislación sobre defensa de la competencia y a la legislación sobre la competencia desleal. Los demás aspectos del ejercicio profesional continuarán rigiéndose por la legislación general y específica sobre la ordenación sustantiva propia de cada profesión aplicable. En todo caso, los requisitos que obliguen a ejercer de forma exclusiva una profesión o limiten el ejercicio conjunto de dos o más profesiones, así como las restricciones a las comunicaciones comerciales en las profesiones colegiadas, serán sólo los que se establezcan expresamente por ley.
3. Es requisito para el ejercicio de las profesiones con obligación legal de colegiación estar inscrito en el colegio correspondiente. La cuota de inscripción o colegiación no podrá, en caso alguno, superar los costes asociados a la tramitación de la inscripción. Los colegios dispondrán los medios necesarios para que los solicitantes puedan tramitar su colegiación por vía telemática.
4. Cuando una profesión se organice por colegios territoriales, bastará la incorporación a uno solo de los mismos, que será el del domicilio profesional único o principal.
En caso de desplazamiento temporal de un profesional de la Unión Europea se precisará, para ejercer en cualquier parte de Galicia, de una comunicación previa al colegio profesional gallego, sin perjuicio de lo que establezcan la legislación estatal y la normativa vigente en aplicación del derecho comunitario, en particular la relativa al reconocimiento de cualificaciones.
5. Para el ejercicio efectivo de la función de control de la actividad de los colegiados, en beneficio de los consumidores, los colegios adoptarán los sistemas de cooperación administrativa entre autoridades competentes previstos en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.
En el marco de este sistema de cooperación, los colegios no podrán exigir a los profesionales que ejerzan en un territorio diferente al de colegiación comunicación ni habilitación alguna, ni el pago de contraprestaciones económicas distintas de aquellas que exijan habitualmente a sus colegiados por la prestación de los servicios de que sean beneficiarios y que no se hallen cubiertos por la cuota colegial.
6. Toda persona que esté en posesión de la titulación adecuada y reúna los requisitos establecidos por los correspondientes estatutos tendrá derecho a ser admitida en el colegio profesional correspondiente.
Téngase en cuenta que se suspende la vigencia y aplicación de este artículo, en la redacción dada por la Ley 1/2010, de 11 de febrero. Ref. BOE-A-2010-5665., desde el 23 de noviembre de 2010 para las partes en el proceso y desde el 22 de diciembre de 2010 para los terceros, por providencia del TC de 14 de diciembre de 2010, que admite a trámite el recurso de inconstitucionalidad 8260/2010. Ref. BOE-A-2010-19643.
1. Los profesionales titulados vinculados con la administración pública mediante relación de servicios de carácter administrativo o laboral no precisarán estar colegiados para el ejercicio de funciones puramente administrativas ni para la realización de actividades propias de la correspondiente profesión por cuenta de la administración a que pertenezcan.
2. No obstante, será obligatoria la colegiación para los profesionales médicos y demás profesionales de ciencias de la salud al servicio de las administraciones públicas cuyas funciones comprendan la realización de actos profesionales que tengan como destinatarios inmediatos a los usuarios del Sistema Público de Salud de Galicia, así como también para el ejercicio de la actividad privada.
Téngase en cuenta que se suspende la vigencia y aplicación del apartado 2, en la redacción dada por la Ley 1/2010, de 11 de febrero. Ref. BOE-A-2010-5665., desde el 23 de noviembre de 2010 para las partes en el proceso y desde el 22 de diciembre de 2010 para los terceros, por providencia del TC de 14 de diciembre de 2010, que admite a trámite el recurso de inconstitucionalidad 8260/2010. Ref. BOE-A-2010-19643.
Los colegios profesionales y los consejos gallegos de colegios son corporaciones de derecho público, con personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines.
La estructura interna y el funcionamiento de los colegios profesionales y de los consejos gallegos de colegios deberán ser democráticos.
Los colegios profesionales, en las cuestiones relativas a los aspectos institucionales y corporativos contemplados en la presente Ley, se relacionarán con la Administración de la Comunidad Autónoma de Galicia a través de la consellería competente en materia de colegios profesionales, y en las cuestiones referentes al contenido de cada profesión, a través de la consellería o consellerías competentes al respecto.
1. Los colegios profesionales ejercerán, además de sus funciones propias, las funciones administrativas que les atribuya la legislación estatal y autonómica y las competencias administrativas que les delegue el correspondiente órgano de la administración. El acto de delegación habrá de estar autorizado mediante una disposición legal o reglamentaria.
2. La Comunidad Autónoma de Galicia podrá encomendar a los colegios profesionales, a través del correspondiente convenio, la realización de actividades de carácter material, técnico o de servicios de su propia competencia, según los términos del artículo 15 de la Ley 30/1992, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común.
3. Asimismo, la Comunidad Autónoma de Galicia podrá celebrar convenios de colaboración con los colegios profesionales para la realización de actividades de interés común y para la promoción de actuaciones orientadas a la defensa del interés público y, en especial, de los usuarios de los servicios profesionales de los colegiados.
1. De acuerdo con la legislación estatal reguladora de los colegios profesionales, los regulados por la presente ley tendrán como fines esenciales la ordenación del ejercicio de las profesiones dentro del marco legal respectivo, la representación de las mismas, la defensa de los intereses profesionales de los colegiados y la protección de los intereses de los consumidores y usuarios por los servicios de sus colegiados, todo ello sin perjuicio de la competencia de la administración pública en razón de la relación funcionarial.
Además, tendrán los siguientes fines:
a) Velar por la satisfacción de los intereses generales relacionados con el ejercicio de las correspondientes profesiones.
b) Lograr la constante mejora del nivel de calidad de las prestaciones profesionales de los colegiados, promoviendo la formación y el perfeccionamiento de los mismos.
c) Cooperar en la mejora de los estudios conducentes a la obtención de títulos habilitantes para el ejercicio de las correspondientes profesiones.
d) Colaborar con las administraciones públicas en el ejercicio de sus competencias, en los términos previstos en la legislación vigente.
2. Lo dispuesto en el apartado anterior se entiende sin perjuicio de la competencia de la administración pública por razón de la relación funcionarial.
Para el cumplimiento de sus fines, los colegios profesionales ejercerán las funciones encomendadas en la legislación básica del Estado, y como propias las siguientes:
a) Ejercer en su ámbito la representación y defensa de la profesión.
b) Ordenar en el marco de su competencia la actividad de sus colegiados, velando por la ética y dignidad profesional de los mismos así como conciliando sus intereses con el interés social y los derechos de los ciudadanos.
c) Ejercer la potestad disciplinaria sobre los profesionales colegiados, en los términos previstos en la presente Ley y sus propios Estatutos.
d) Ejercitar las acciones legales y adoptar las medidas necesarias para evitar el intrusismo profesional y la competencia desleal.
e) Cuantas funciones redunden en beneficio de la protección de los intereses de los consumidores y usuarios por los servicios de sus colegiados.
f) Encargarse del cobro de las percepciones, remuneraciones u honorarios profesionales, cuando el colegiado lo solicite libre y expresamente, en los casos en que el colegio profesional tenga creados los servicios adecuados y en las condiciones que se determinen en los Estatutos de cada colegio.
g) Establecer y exigir las aportaciones económicas de los colegiados.
h) Elaborar y aprobar sus presupuestos anuales de ingresos y gastos, así como sus cuentas y liquidaciones presupuestarias.
i) Visar los trabajos profesionales de los colegiados, únicamente cuando así lo soliciten estos a petición expresa de sus clientes o lo impongan las leyes. El visado no comprenderá los honorarios ni las demás condiciones contractuales, cuya determinación se deja al libre acuerdo de las partes.
j) Organizar actividades dirigidas a la formación y perfeccionamiento profesional de los colegiados.
k) Participar de forma activa con las entidades de formación de los futuros titulados en la mejora de los planes de estudio y la preparación de los mismos.
l) Organizar actividades y servicios comunes de carácter profesional, cultural, asistencial, de previsión y análogos que sean de interés para los colegiados, así como de cobertura de posibles responsabilidades civiles contraídas por los mismos en el ejercicio de su profesión.
m) Intervenir como mediador en los conflictos profesionales que surjan entre los colegiados.
n) Relacionarse y coordinarse con otros colegios profesionales, así como con los consejos gallegos de colegios.
o) Informar aquellos proyectos de normas que elabore la Comunidad Autónoma de Galicia que afecten a los profesionales que agrupen o se refieran a los fines o funciones a ellos encomendados.
p) Participar en los órganos consultivos de la Administración de Galicia cuando la misma lo requiera o así se establezca en la normativa vigente y designar representantes en cualquier juzgado o tribunal en que se exijan conocimientos relativos a materias específicas, siempre que sean requeridos para ello en los términos establecidos en la Ley de enjuiciamiento civil.
q) Emitir informes y dictámenes, de carácter no vinculante, en procedimientos judiciales o administrativos en que se planteen cuestiones que afecten a materias de la competencia profesional.
r) Colaborar con las administraciones públicas en materia de sus competencias, de acuerdo con las disposiciones vigentes.
s) Garantizar la prestación de la función por los profesionales colegiados.
t) Actuar como árbitro en los conflictos entre los colegiados y terceros, cuando así se solicite por ambas partes.
u) Cuantas otras funciones repercutan en beneficio de los intereses profesionales de los colegiados y se encaminen al cumplimiento de los fines colegiales.
v) Atender las solicitudes de información sobre sus colegiados y sobre las sanciones firmes a ellos impuestas, así como las peticiones de inspección o investigación que les formule cualquier autoridad competente de un Estado miembro de la Unión Europea en los términos previstos en la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.
Téngase en cuenta que se suspende la vigencia y aplicación de la letra i), en la redacción dada por la Ley 1/2010, de 11 de febrero. Ref. BOE-A-2010-5665., desde el 23 de noviembre de 2010 para las partes en el proceso y desde el 22 de diciembre de 2010 para los terceros, por providencia del TC de 14 de diciembre de 2010, que admite a trámite el recurso de inconstitucionalidad 8260/2010. Ref. BOE-A-2010-19643.
1. Los profesionales integrados en los colegios profesionales respectivos deben tener como guía de su actuación el servicio a la comunidad y el cumplimiento de las obligaciones deontológicas propias de la profesión.
2. Constituirá conducta sancionable el incumplimiento de las normas deontológicas de la profesión respectiva. Los colegiados no podrán ser sancionados por acciones u omisiones que no estén tipificadas como faltas en los correspondientes Estatutos. La imposición de sanciones requerirá la previa instrucción de un procedimiento disciplinario, rigiéndose la tramitación del mismo por lo dispuesto en los Estatutos.
1. Las organizaciones colegiales dispondrán de una página web y colaborarán con las administraciones públicas en lo necesario para que, a través de la ventanilla única contemplada en la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, los profesionales puedan realizar todos los trámites necesarios para la colegiación y para darse de baja en un colegio, a través de un único punto, por vía electrónica y a distancia. Concretamente, las organizaciones colegiales harán lo necesario para que a través de esta ventanilla única los profesionales puedan:
a) Obtener toda la información y formularios necesarios para el acceso y ejercicio de su actividad profesional.
b) Presentar toda la documentación y solicitudes necesarias.
c) Conocer el estado de tramitación de los procedimientos en los que tenga la condición de interesado y recibir la correspondiente notificación de los actos de trámite preceptivos y la resolución de los mismos por el colegio profesional, incluida la notificación de los expedientes disciplinarios cuando no fuera posible por otros medios.
d) Convocar a los colegiados y colegiadas a las juntas generales ordinarias y extraordinarias y poner en su conocimiento la actividad pública y privada del colegio profesional.
2. A través de la referida ventanilla única las organizaciones colegiales ofrecerán a los consumidores y usuarios la información siguiente, la cual habrá de ser clara, inequívoca y gratuita:
a) Los medios y condiciones de acceso a los registros públicos de profesionales colegiados.
b) Las vías de reclamación y los recursos que podrán interponerse en caso de conflicto entre un colegiado y un destinatario del servicio profesional.
c) El acceso al Registro de colegiados y colegiadas, que estará permanentemente actualizado y en el que constarán, al menos, los datos siguientes: el nombre y apellidos de los profesionales colegiados, el número de colegiación, los títulos académicos oficiales, la dirección profesional y la situación de habilitación profesional.
3. Las corporaciones colegiales habrán de adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de lo previsto en el presente artículo e incorporar para ello en sus respectivos ámbitos tecnologías compatibles que garanticen el intercambio de datos.
1. Las organizaciones y corporaciones colegiales estarán sujetas al principio de transparencia en su gestión. Para ello, cada organización colegial deberá elaborar una memoria anual que contenga, al menos, la información siguiente:
a) Informe anual de gestión económica, incluyendo los gastos de personal suficientemente desglosados y especificando las retribuciones de los miembros de la junta de gobierno en razón de su cargo.
b) Importe de las cuotas aplicables a los conceptos y servicios de todo tipo, así como las normas para su cálculo y aplicación.
c) Información agregada y estadística relativa a los procedimientos sancionadores concluidos, indicando la infracción a que se refieren, su tramitación y, en su caso, la sanción impuesta, de acuerdo, en todo caso, con la legislación en materia de protección de datos de carácter personal.
d) Información agregada y estadística relativa a quejas y reclamaciones presentadas por los consumidores o usuarios, a su tramitación y, en su caso, a los motivos de estimación o desestimación de la queja o reclamación, de acuerdo, en todo caso, con la legislación en materia de protección de datos de carácter personal.
e) Contenido de sus códigos de conducta en caso de disponer de los mismos.
f) Las situaciones de conflicto de intereses en que se hallen los miembros de las juntas de gobierno.
g) Información estadística sobre la actividad de visado.
En los casos pertinentes, los datos se presentarán desglosados territorialmente por corporaciones.
2. La memoria anual habrá de hacerse pública en el primer trimestre de cada año.
3. Los colegios y consejos autonómicos suministrarán al consejo general la información necesaria para la elaboración de la memoria correspondiente al conjunto de la organización colegial.
1. Los colegios profesionales dispondrán de un servicio de atención a los consumidores o usuarios y colegiados que necesariamente tramitará y resolverá cuantas quejas referidas a la actividad colegial o de los colegiados sean presentadas por cualquier usuario o profesional colegiado, así como por organizaciones de consumidores y usuarios en su representación o en defensa de intereses colectivos.
2. El servicio de atención a los consumidores o usuarios y colegiados podrá resolver sobre la solicitud iniciando la vía del arbitraje de consumo, abriendo un procedimiento sancionador, archivando o adoptando cualquier otra decisión que, en su caso, corresponda.
3. La regulación de este servicio deberá contemplar la presentación de quejas y reclamaciones por vía telemática.
1. Los colegios profesionales tendrán a disposición de los consumidores y usuarios, prestado con medios propios o ajenos, un servicio de visado de los trabajos realizados por sus colegiados.
2. El visado garantiza, al menos, la corrección e integridad formal de la documentación del trabajo profesional, el cumplimiento de las normas sobre especificaciones técnicas, así como la observancia del resto de la normativa aplicable al trabajo de que se trate. En ningún caso comprenderá los honorarios ni las demás condiciones contractuales, cuya determinación queda sujeta al libre acuerdo entre las partes.
3. En caso de daños derivados de los trabajos que hubiera visado el colegio, en que resulte responsable el autor de los mismos, el colegio responderá subsidiariamente en cuanto los daños tengan su origen en defectos formales o técnicos que razonablemente deberían haber sido puestos de manifiesto por el colegio al visar el trabajo profesional.
4. Cuando el visado venga impuesto por la ley, su precio se ajustará al coste del servicio, el cual habrá de ser razonable, no abusivo ni discriminatorio. Los colegios profesionales harán públicos los precios de los visados de los trabajos, que podrán tramitarse por vía telemática.
Téngase en cuenta que se suspende la vigencia y aplicación de los apartados 1 a 3, en la redacción dada por la Ley 1/2010, de 11 de febrero. Ref. BOE-A-2010-5665., desde el 23 de noviembre de 2010 para las partes en el proceso y desde el 22 de diciembre de 2010 para los terceros, por providencia del TC de 14 de diciembre de 2010, que admite a trámite el recurso de inconstitucionalidad 8260/2010. Ref. BOE-A-2010-19643.
1. Los colegios profesionales y sus organizaciones no podrán establecer baremos orientativos de honorarios ni cualquier otra orientación, recomendación, directriz, norma o regla que impida, restrinja o condicione la libre formación del precio de los servicios prestados por los profesionales colegiados.
2. No obstante, los colegios profesionales podrán elaborar criterios orientativos a los exclusivos efectos de la tasación de costas y jura de cuentas de los abogados.
Dichos criterios serán igualmente válidos para el cálculo de honorarios y derechos a efectos de tasación de costas en la asistencia jurídica gratuita.
1. En el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Galicia, la creación de colegios profesionales se hará por Ley del Parlamento gallego.
2. Cuando el ejercicio de la iniciativa legislativa sea del Consello de la Xunta, el correspondiente anteproyecto de Ley de creación se hará a petición de los profesionales interesados y previa apreciación por parte del Gobierno autonómico del interés público concurrente en la creación del colegio.
3. Únicamente se podrá crear un nuevo colegio profesional respecto a aquellas profesiones para cuyo ejercicio se exija estar en posesión de un título académico oficial, y también respecto a aquellas actividades profesionales cuyo ejercicio esté condicionado a la posesión de un título oficial que acredite la cualificación y habilite legalmente para su ejercicio.
4. El ámbito territorial mínimo de los colegios de nueva creación será la provincia.
5. No podrá constituirse más de un colegio profesional de idéntica profesión dentro de un mismo ámbito territorial.
Los colegios profesionales tendrán personalidad jurídica desde el momento en que entre en vigor su Ley de creación y capacidad de obrar desde el momento en que se constituyan sus órganos de gobierno.
1. La denominación de los colegios profesionales habrá de responder a la titulación oficial requerida para la incorporación de sus componentes o a la profesión que desempeñen o puedan desempeñar.
2. La denominación de los colegios profesionales no podrá coincidir ni ser similar a la de otros colegios existentes o susceptible de inducir a error en cuanto a quienes sean los profesionales integrados en ese colegio profesional.
3. El cambio de denominación de un colegio profesional será a iniciativa del propio colegio, de la Administración autonómica o del consejo gallego respectivo, debiendo ser informado por los colegios y consejos gallegos que no hubieran ejercitado la iniciativa y por los que pudieran resultar afectados por el nuevo nombre. Su aprobación se realizará por medio de Decreto del Consello de la Xunta de Galicia.
1. La constitución de un nuevo colegio profesional por fusión de dos o más colegios hasta entonces correspondientes a distintas profesiones o actividades profesionales se aprobará por Ley de la Comunidad Autónoma de Galicia, a propuesta de los colegios afectados, de acuerdo con lo establecido en sus respectivos Estatutos, previo informe de los consejos gallegos respectivos si estuviesen constituidos.
2. La constitución de un nuevo colegio profesional por la fusión de dos o más de ellos de la misma profesión o actividad profesional, siempre que no rebasen el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Galicia, será acordada por los colegios profesionales afectados, de acuerdo con lo establecido en sus respectivos Estatutos, y se aprobará por Decreto del Consello de la Xunta de Galicia, previo informe, en su caso, del consejo gallego de colegios respectivo.
1. La segregación de un colegio de otro u otros en que se exija, para su ingreso, a partir de ese momento, titulación diferente a la del colegio de origen se realizará mediante Ley, siguiéndose los mismos trámites que para su creación.
2. La modificación del ámbito territorial de los colegios profesionales por segregación requerirá el correspondiente acuerdo del colegio afectado, de conformidad con lo establecido en sus respectivos Estatutos, debiendo ser aprobada por Decreto, previo informe del correspondiente consejo de colegios, si existiera.
Los colegios profesionales gozarán de autonomía para la elaboración y aprobación de sus Estatutos, sin más límites que los establecidos por el ordenamiento jurídico. Los Estatutos habrán de asegurar que la estructura interna y el funcionamiento de los colegios sean democráticos.
Los Estatutos de los colegios profesionales contendrán, además de las determinaciones exigibles por la legislación básica del Estado, las siguientes:
a) Denominación, domicilio, sede y, en su caso, delegaciones, así como ámbito territorial del colegio profesional.
b) Requisitos para la admisión en el colegio y causas de denegación, debiendo constar en todo caso la titulación oficial exigida.
c) Causas de suspensión o pérdida de la condición de colegiado.
d) Derechos y deberes de los colegiados.
e) Denominación, composición y forma de elección de sus órganos de gobierno, así como requisitos para formar parte de los mismos.
f) Procedimiento para la remoción de los órganos de gobierno por medio de la moción de censura efectuada por la asamblea o junta general.
g) Competencias y régimen de funcionamiento de la asamblea o junta general y de los demás órganos de gobierno, teniendo en cuenta los supuestos en que puedan producirse vacantes en más de la mitad de sus miembros, y forma de adoptar acuerdos.
h) Régimen económico-financiero.
i) Régimen de distinciones y premios.
j) Régimen disciplinario, con tipificación de las infracciones y sanciones en que puedan incurrir los colegiados, así como procedimiento sancionador.
k) Régimen jurídico de los actos de los colegios y recursos contra los mismos en los términos previstos en el artículo 31.
l) Supuestos y procedimientos para instar la disolución del colegio y régimen de liquidación.
1. Los colegios profesionales comunicarán a la consellería competente en materia de colegios profesionales los Estatutos aprobados, así como sus modificaciones a los efectos de su aprobación definitiva, previa calificación de legalidad, e inscripción en el registro de colegios.
La aprobación definitiva deberá producirse en el plazo máximo de seis meses; transcurrido el citado plazo sin declaración expresa, la misma se entenderá de carácter favorable. La resolución de carácter desfavorable, que deberá ser motivada, determinará la devolución de los Estatutos.
Aprobados los Estatutos, se publicarán en el «Diario Oficial de Galicia» mediante orden de la Consellería competente en materia de colegios profesionales.
Cuando se trate de colegios profesionales únicos con el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma, la aprobación definitiva será competencia del Consello de la Xunta, publicándose en el Diario Oficial de Galicia el Decreto aprobatorio y los correspondientes Estatutos y sus modificaciones.
2. Una vez elegidos los miembros de los órganos de gobierno, se comunicará su composición a la consellería competente en materia de colegios profesionales y a la consellería o consellerías competentes por razón de la profesión.
3. Los colegios profesionales comunicarán al consejo gallego de colegios respectivo la composición de sus órganos de gobierno.
1. Son órganos esenciales de la estructura colegial:
a) El órgano plenario.
b) El órgano de gobierno.
c) El órgano presidencial.
2. Los Estatutos podrán crear otros órganos jerárquicamente dependientes de los anteriores.
1. La asamblea o junta general, integrada por todos los colegiados, es el órgano soberano de decisión de los colegios profesionales.
2. La convocatoria, constitución, funcionamiento y competencias de las asambleas o juntas generales se determinarán estatutariamente. Habrá de celebrarse, al menos, una asamblea o junta general al año.
En todo caso, son competencias exclusivas del órgano plenario las siguientes:
a) La aprobación y reforma de los Estatutos y normas deontológicas colegiales.
b) La elección del órgano de gobierno y de su presidente, y la remoción de los mismos por medio de la moción de censura.
c) La aprobación de los presupuestos y cuentas del colegio.
d) La aprobación de la gestión del órgano de gobierno y de su presidente.
1. La dirección y administración del colegio corresponderá al órgano de gobierno y su denominación se determinará en los Estatutos.
2. El órgano de gobierno será siempre colegiado y estará compuesto, al menos, por los siguientes miembros:
a) El Presidente, que ostentará la representación legal del colegio profesional, además de las funciones que le encomienden los Estatutos, podrá también recibir la denominación de decano o cualquier otra que le otorguen los Estatutos.
b) El Secretario, que tendrá el carácter de fedatario de los actos y acuerdos del colegio.
c) Los vocales, en número necesario para el desarrollo de las actividades que tenga atribuidas el colegio correspondiente y en función del número de colegiados adscritos al mismo.
3. La elección de los miembros del órgano de gobierno de los colegios profesionales se hará por sufragio universal, libre, directo y secreto. El voto podrá ejercitarse personalmente o por correo.
4. Las normas sobre elección de los miembros del órgano de gobierno, la convocatoria de reuniones, la composición y funcionamiento, el régimen de acuerdos y sus competencias se determinarán en los respectivos Estatutos, sin perjuicio de la legislación básica del Estado y de la presente Ley.
1. El órgano presidencial tendrá la denominación que tenga recogida en los Estatutos, ostenta la representación del colegio, ejecuta los acuerdos del órgano de gobierno y ejerce cuantas facultades y funciones le confieren los Estatutos y la normativa vigente.
2. Corresponde la presidencia del órgano de gobierno a quien le corresponda la titularidad del órgano presidencial, salvo que los Estatutos dispongan otra cosa.
Los colegios profesionales de una misma profesión con ámbito territorial circunscrito al de la Comunidad Autónoma de Galicia podrán constituir el correspondiente consejo gallego de colegios.
La creación exigirá el acuerdo favorable de la mayoría de los colegios afectados, siempre que los mismos representen a la mayoría de los colegiados de la profesión en Galicia, realizándose mediante Decreto, que deberá asimismo aprobar los correspondientes Estatutos, de conformidad con lo señalado en el artículo 28.
El plazo para la tramitación del procedimiento administrativo para la creación de un consejo gallego de colegios profesionales no podrá ser superior a seis meses.
Transcurrido dicho plazo sin declaración expresa, se entenderá de carácter favorable.
Los consejos gallegos de colegios son corporaciones de derecho público que adquirirán personalidad jurídica propia desde que entre en vigor su Decreto de creación.
La capacidad de obrar plena se adquirirá desde la constitución de sus órganos de gobierno.
Son fines de los consejos gallegos de colegios profesionales los siguientes:
a) La coordinación de los colegios profesionales que los integren y la representación de la profesión en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Galicia.
b) Las relaciones con las instituciones y la Administración autonómica, en especial con el Gobierno gallego, para facilitar la mutua colaboración para la mejor satisfacción de los intereses sociales y profesionales cuya defensa tienen encomendada.
c) Todos aquellos que, de acuerdo con la Ley, sus Estatutos generales y Reglamentos establezcan.
Los consejos gallegos de colegios tendrán, además de las funciones que determinen sus Estatutos, las siguientes:
a) Elaborar sus propios Estatutos e informar los de los colegios de la profesión o actividad de ámbito territorial inferior.
b) Coordinar la actuación de los colegios que lo integren.
c) Representar a la profesión en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Galicia y ante los correspondientes consejos generales, cuando así se permita en sus normas reguladoras.
d) Resolver los conflictos que puedan plantearse entre los distintos colegios, sin perjuicio del ulterior recurso contencioso-administrativo.
e) Ejercer las funciones disciplinarias respecto a los miembros de los órganos de gobierno de los colegios que lo integren y los del propio consejo.
f) Elaborar las normas deontológicas comunes a la profesión.
g) Elaborar el presupuesto y fijar la participación de los colegios en los gastos del consejo.
h) Informar los proyectos de normas a que se refiere el artículo 9.o) de la presente Ley.
i) Ejercer aquellas funciones que les puedan ser delegadas o encomendadas por la Comunidad Autónoma de Galicia y las que puedan ser objeto de los correspondientes convenios de colaboración.
j) Realizar aquellas actividades que se estimen de interés para los profesionales y las demás funciones que les atribuyan la legislación vigente y sus Estatutos.
Los colegios profesionales únicos cuyo ámbito de actuación coincida con la Comunidad Autónoma de Galicia desarrollarán las funciones descritas en el artículo anterior, en tanto mantengan dicha naturaleza.
1. Los Estatutos de cada consejo deberán ser elaborados por los colegios profesionales que vayan a integrarlo y aprobados por acuerdo de las juntas de gobierno, que habrá de ser ratificado por las juntas generales de cada colegio. Será necesario el acuerdo favorable de la mayoría de los colegios afectados, siempre que los mismos representen a la mayoría de los colegiados de la profesión en Galicia.
2. Los Estatutos determinarán los órganos de gobierno, la forma de elección de sus integrantes, el régimen de competencias y funcionamiento de cada consejo, que en todo caso será democrático, así como las restantes funciones contempladas en el artículo 9 de la presente Ley que fueran de aplicación a las mismas.
3. Su aprobación se efectuará mediante Decreto del Consello de la Xunta de Galicia, previa verificación de su legalidad por la consellería competente en materia de colegios profesionales e informe de la consellería o consellerías cuyo ámbito competencial tenga relación con el contenido de la profesión.
4. El Decreto aprobatorio y los correspondientes Estatutos se publicarán en el Diario Oficial de Galicia.
5. La modificación de los Estatutos exigirá el mismo procedimiento que su aprobación, correspondiendo la iniciativa, asimismo, a los órganos de gobierno de cada consejo.
La extinción de los consejos gallegos de colegios tendrá lugar a iniciativa de los propios consejos o de la mayoría de los colegios afectados que representen a su vez a la mayoría de los colegiados de la profesión, y de acuerdo con el procedimiento que se establezca en los Estatutos del respectivo consejo, siendo aprobada mediante Decreto, salvo que medien razones de interés público que impidan tal aprobación.
Los colegios profesionales y los consejos gallegos de colegios profesionales, en cuanto corporaciones de derecho público, están sujetos al derecho administrativo en lo relativo a la constitución de sus órganos y en cuanto ejerciten funciones administrativas.
1. Contra los actos sujetos al derecho administrativo emanados del órgano de gobierno de los colegios profesionales cabrá recurso de alzada ante el correspondiente consejo gallego de los colegios. En defecto de consejo gallego, en los casos de colegios únicos de ámbito autonómico y contra los actos administrativos de los órganos de gobierno de los consejos gallegos, cabrá recurso ante el consejo general nacional solamente si así está contemplado en los Estatutos colegiales.
2. En el supuesto de actos y resoluciones dictados en ejercicio de competencias administrativas delegadas, se estará a los términos de la propia delegación en cuanto al órgano competente para conocer en su caso del recurso correspondiente.
1. Cada colegio profesional y consejo gallego de colegios dispondrá de los medios personales y materiales que precise para el desarrollo de su actividad. Los medios personales de los consejos gallegos de colegios serán facilitados por los colegios, salvo que los Estatutos dispusieran otra cosa.
2. Cada colegio profesional y consejo gallego de colegios dispondrá de su propio presupuesto, que tendrá un carácter meramente estimativo y comprenderá todos los ingresos y gastos previstos para cada año natural.
3. Los colegios profesionales y los consejos gallegos de colegios deberán ser auditados, en la forma en que determinen sus Estatutos, cuando se produzca la renovación ordinaria, total o parcial, de sus órganos directivos, sin perjuicio de la función fiscalizadora que corresponde a los organismos públicos legalmente habilitados para ello.
1. En el registro de colegios profesionales y de consejos gallegos de colegios profesionales se inscribirán, a los meros efectos de publicidad, los colegios profesionales y los consejos gallegos de colegios incluidos en el marco de aplicación de la presente Ley, así como sus Estatutos.
2. Sólo podrá denegarse la inscripción en el registro por razones de legalidad, y siempre mediante resolución motivada del titular de la consellería a que está adscrito el registro.
Se consideran colegios profesionales de Galicia aquéllos cuyo ámbito territorial, a la entrada en vigor de la presente Ley, no rebase la Comunidad Autónoma.
1. Las delegaciones gallegas de los colegios profesionales de ámbito supraautonómico que dispongan de órganos de gobierno elegidos democráticamente podrán solicitar su inscripción en el registro de colegios profesionales y de consejos de colegios de Galicia a los efectos de constancia y publicidad.
2. Una vez inscritas, las delegaciones gallegas de los colegios profesionales de ámbito supraautonómico podrán mantener con la Administración de la Comunidad Autónoma de Galicia las relaciones que procedan en lo que afecte a los intereses profesionales.
No se exigirá la previa incorporación al colegio en el supuesto de libre prestación ocasional de servicios a aquellos nacionales de los estados miembros de la Unión Europea que estén previamente establecidos con carácter permanente en cualquiera de los mencionados estados, de acuerdo, en cada caso, con lo que dispongan las normas comunitarias de aplicación a las profesiones afectadas, todo ello sin perjuicio de la obligación de notificar su actuación al colegio correspondiente mediante la aportación de la documentación exigible según aquellas normas y en los términos que reglamentariamente se establezcan.
Los colegios profesionales gallegos y los consejos gallegos de colegios profesionales que estuvieran constituidos a la entrada en vigor de la presente Ley adaptarán sus Estatutos a la misma en el plazo de un año. El incumplimiento de la presente obligación supondrá singularmente la denegación de las solicitudes de inscripción en el registro de colegios profesionales y de los consejos gallegos de colegios profesionales. Además, la administración podrá suspender tanto las delegaciones de competencias como la eficacia de los convenios celebrados al amparo del artículo 7 de la presente Ley.
Se autoriza al Consello de la Xunta de Galicia para que desarrolle reglamentariamente la presente Ley.
La presente Ley entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el «Diario Oficial de Galicia».
Santiago de Compostela, 18 de septiembre de 2001.
MANUEL FRAGA IRIBARNE,
Presidente
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