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Este texto consolidado es de carácter informativo y no tiene valor jurídico.Las inspecciones generales de servicios de los departamentos ministeriales son los órganos de la Administración General del Estado especializados en el control interno y en la evaluación de los servicios de cada uno de los ministerios y de sus organismos públicos dependientes. A pesar de la importancia de sus cometidos para el correcto funcionamiento de la Administración y de su presencia ya de antiguo en la estructura orgánica de los departamentos ministeriales, las inspecciones generales de servicios han carecido, hasta el momento, de una normativa general que regule sus funciones, organización y procedimientos de actuación, y se han regido, en cada caso, por normas específicas de distinto rango -reales decretos, órdenes ministeriales- y con contenidos no siempre coincidentes, reflejando a veces la evolución histórica de la estructura orgánica y el marco competencial del ministerio en el que se encuadran, así como las diferentes culturas administrativas vigentes en cada uno de ellos.
Como notable excepción de la situación descrita, la Inspección General del Ministerio de Economía y Hacienda remonta la regulación de sus competencias y funciones a normas de mayor rango y antigüedad: la Ley de Bases de 3 de diciembre de 1932, la Ley de 3 de septiembre de 1941, la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, y la Ley 21/2001, de 27 de diciembre.
Desde el año 1978, mediante el Real Decreto 3063/1978, de 10 de noviembre, por el que se constituye la Comisión Coordinadora de las Inspecciones Generales de la Administración Civil del Estado, y la posterior creación, en 1982, de la Inspección General de Servicios de la Administración Pública, se produce un proceso continuado de coordinación funcional y técnica y de actualización de los cometidos funcionales de las inspecciones de servicios, cuyos referentes legales cabe situar en la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública y, más recientemente, en la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado.
Este real decreto responde, en consecuencia, tanto a la necesidad de incorporar un cierto nivel de homogeneización en la organización y los procedimientos de actuación de las inspecciones generales de servicios como a dotarlas, con carácter general, de un contenido funcional que permita su permanente adaptación a la realidad de la Administración General del Estado. Todo ello requiere de las inspecciones de servicios no ya solamente el control del cumplimiento de las normas o reglamentos internos de los órganos y unidades administrativas y del comportamiento y la disciplina laboral de sus empleados, sino considerar sus cometidos respecto de la evaluación de la eficacia y calidad de los servicios prestados, el seguimiento de los objetivos asignados a las distintas unidades administrativas y la modernización de estructuras y mejora de procedimientos.
El desarrollo de estas funciones exige, a su vez, una adecuada cualificación y desarrollo técnico de los funcionarios que desempeñan los puestos de inspectores de servicio, lo que incide necesariamente tanto en sus procesos de selección como en los programas de capacitación y actualización profesional requeridos.
Este real decreto se estructura en cinco capítulos. El capítulo I define la naturaleza de la función inspectora y los principios generales que la inspiran, así como un listado común de funciones ejercidas por las inspecciones generales de servicios, sin perjuicio de las peculiaridades a las que deban responder en atención a las competencias específicas de su departamento ministerial correspondiente.
El capítulo II, de organización, sistematiza las competencias que corresponden a los distintos ámbitos de la Administración General del Estado, y concreta el nivel y denominación común de los órganos de inspección de servicios en los departamentos ministeriales.
El capítulo III alude a las funciones de la Comisión coordinadora de inspecciones generales de servicios y adapta su régimen de funcionamiento a lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Se recogen en el capítulo IV los procedimientos comunes de actuación de las inspecciones, el carácter programado de sus actividades, sus metodologías y técnicas de actuación y las reglas seguidas en su desarrollo.
Por último, el capítulo V define el estatus de las inspecciones de servicios en el desarrollo de sus funciones y las obligaciones especiales de sus miembros, así como las peculiaridades del proceso de selección de los inspectores de servicios, cuya mayor novedad es la exigencia de superación previa de un curso selectivo para el desarrollo de la función inspectora, recogiendo así la experiencia de la Inspección de los Servicios del Ministerio de Economía y Hacienda, que cuenta desde antiguo con una regulación de las pruebas selectivas de acceso que, lógicamente, se mantiene.
Completan el texto seis disposiciones adicionales, dos disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y una disposición final.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Administraciones Públicas y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 1 de julio de 2005,
Las inspecciones generales de servicios son los órganos de la Administración General del Estado que, bajo la superior dirección del ministro correspondiente y la coordinación y dependencia directa del subsecretario, efectúan la tarea permanente de inspección de los servicios, el seguimiento de objetivos y el análisis de riesgos y debilidades de todas las unidades, órganos y organismos vinculados o dependientes de los departamentos ministeriales, atendiendo a los principios de legalidad, eficacia, eficiencia y calidad.
En el desarrollo de su actividad, corresponde a las inspecciones generales de servicios de los diferentes ministerios el ejercicio de las siguientes funciones, sin perjuicio de las competencias especificas de otros órganos de su correspondiente ámbito departamental:
a) Inspeccionar y supervisar la actuación y el funcionamiento de las unidades, órganos y organismos vinculados o dependientes del departamento, para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente.
b) Analizar, cuando así les sea encomendado, la estructura de las unidades administrativas del departamento y formular, en su caso, propuestas de reforma y modernización, así como informar sobre las actuaciones que el departamento proyecte realizar en materia de planificación y reorganización de servicios. Asimismo, cuando así les sea encomendado, evaluar el desempeño de los empleados públicos para optimizar la utilización de los recursos humanos y proponer, en su caso, medidas de reasignación de efectivos.
c) Colaborar, en su caso, con la correspondiente Secretaría General Técnica u otros órganos competentes del departamento, en la simplificación, agilización y transparencia de los procedimientos de actuación administrativa.
d) Realizar auditorías internas en las unidades y servicios y verificar el desarrollo y cumplimiento de planes y programas de actuación, así como el ajuste de los resultados a los objetivos propuestos.
e) Colaborar en la evaluación del rendimiento de las unidades y servicios públicos, analizar riesgos y debilidades y proponer medidas de actuación.
f) Participar en el desarrollo de programas de calidad y en su evaluación.
g) Verificar y efectuar el seguimiento de las reclamaciones y denuncias de los ciudadanos, así como de las actuaciones y contestaciones de la Administración, en los términos establecidos en el Real Decreto 208/1996, de 9 de febrero, por el que se regulan los servicios de información administrativa y atención al ciudadano.
h) Examinar actuaciones presuntamente irregulares de los empleados públicos en el desempeño de sus funciones y proponer, en su caso, a los órganos competentes la adopción de las medidas oportunas.
i) Informar las solicitudes de compatibilidad de los empleados públicos de acuerdo con lo que establezcan las normas internas de su departamento.
j) Promover actuaciones que favorezcan la integridad profesional y comportamientos éticos de los empleados públicos y de las organizaciones.
k) Cualquiera otra función que, dentro de la naturaleza de las competencias propias de las inspecciones generales de servicios, les sea atribuida por el ordenamiento jurídico vigente o les pueda ser asignada por el ministro o el subsecretario del departamento correspondiente.
1. Son órganos responsables de las inspecciones de servicios los que tienen atribuida tal competencia en las disposiciones normativas en vigor.
2. En el ámbito de la Administración General del Estado, corresponden al Ministerio de Administraciones Públicas, a través de la Dirección General de Inspección, Evaluación y Calidad de los Servicios, las competencias de carácter general establecidas en el artículo 15.1.c) de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, y en el artículo 11.1.a) del Real Decreto 1320/2004, de 28 de mayo, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Administraciones Públicas.
3. En el ámbito de cada uno de los departamentos ministeriales corresponde al subsecretario, de acuerdo con lo establecido en el citado artículo 15.1.c) de la Ley 6/1997, de 14 de abril, y en el correspondiente real decreto de desarrollo de su estructura orgánica:
a) Establecer los planes y programas de inspección de los servicios de centros, servicios y dependencias del ministerio, así como de los centros y organismos públicos vinculados o dependientes.
b) Determinar aquellas actuaciones de análisis y mejora de los sistemas de planificación, dirección y organización que se consideren necesarias para el departamento.
1. Para el ejercicio de las funciones establecidas en este real decreto, así como de las actuaciones que se determinen en su normativa particular, los departamentos ministeriales deberán disponer de órganos especializados que, con rango mínimo de subdirección general y denominación de inspección general de servicios, dependerán directamente del subsecretario.
2. Asimismo, podrán existir órganos de inspección de los servicios, a los que corresponderá ejercer las citadas funciones, en aquellos órganos directivos, entes de derecho público y organismos públicos cuya especificidad funcional, extensión territorial y dimensión organizativa lo requieran. Dichas unidades actuarán bajo la coordinación de la inspección general de servicios de su ministerio de adscripción, en los términos que dispongan la ley de creación de la entidad y los correspondientes reales decretos que regulen la estructura orgánica de sus departamentos ministeriales.
3. Los organismos públicos a los que se refiere la disposición adicional décima de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, estarán, a este respecto, a lo que disponga su legislación específica.
La Comisión coordinadora de las inspecciones generales de servicios de los departamentos ministeriales realiza las funciones encomendadas por el Real Decreto 3063/1978, de 10 de noviembre, y tiene la composición establecida por el citado real decreto, así como por el ar-tículo 11.4 del Real Decreto 1320/2004, de 28 de mayo, y por el artículo 61.5 del Reglamento del Servicio Jurídico del Estado, aprobado por el Real Decreto 997/2003, de 25 de julio.
1. El régimen jurídico y funcionamiento de la Comisión coordinadora de las inspecciones generales de servicios de los departamentos ministeriales se ajustará a lo establecido en el capítulo II del título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
2. La Comisión actuará en pleno, que se reunirá al menos dos veces al año; sus decisiones se tomarán colegiadamente por mayoría de votos de sus miembros presentes en cada reunión, y el secretario tendrá derecho a voz pero no a voto.
3. La Comisión podrá establecer todas aquellas subcomisiones y grupos de trabajo que estime oportuno, cuya composición y funcionamiento serán regulados por acuerdo del Pleno.
1. Las actuaciones de las inspecciones de servicios estarán sujetas al principio de planificación y se someterán anualmente a un plan de actuación que reflejará las actividades ordinarias previstas para el respectivo ejercicio.
2. El subsecretario de cada departamento ministerial aprobará el citado plan anual a propuesta de los órganos responsables de las funciones inspectoras. A dicho plan podrán incorporarse, en su caso, aquellas actuaciones que pudieran derivarse del ejercicio de las funciones asignadas a la Comisión coordinadora de las inspecciones generales de servicios de los departamentos ministeriales.
Las actividades de las inspecciones de servicios serán de dos clases: ordinarias y extraordinarias.
Las primeras se realizarán en cumplimiento de los proyectos asignados a la inspección en su plan anual de actuaciones.
Las extraordinarias se llevarán a cabo en aquellos supuestos que no se hayan previsto en el citado plan de actuaciones y se efectuarán de acuerdo con las instrucciones que, en cada caso, se dicten.
1. La función inspectora será llevada a cabo, fundamentalmente, mediante visitas a las unidades, realización de auditorías funcionales, actuaciones de control y de consultoría, emisión de informes y propuesta de adopción de medidas de mejora o reforma.
2. En el ejercicio de sus funciones, las inspecciones de servicios utilizarán las técnicas que resulten más adecuadas, en cada caso, para el mejor desarrollo de los planes de trabajo o de las órdenes cursadas para la realización de actuaciones concretas.
3. Las inspecciones de servicios podrán realizar actuaciones formales de inspección sin desplazarse a las correspondientes oficinas mediante la solicitud del envío de datos o copias de expedientes determinados.
1. Las actuaciones de las inspecciones de servicios se realizarán bajo la dirección y coordinación de los inspectores generales de servicios o de los titulares de las unidades de inspección.
2. Previo acuerdo de los subsecretarios de los departamentos ministeriales afectados, cuando la naturaleza de la materia que se vaya a inspeccionar lo requiera, podrán establecerse fórmulas de colaboración entre las inspecciones de servicios correspondientes para la realización de actuaciones concretas.
1. Con carácter general, previo al inicio de las actuaciones inspectoras, estas se comunicarán al responsable del centro o unidad objeto de visita.
2. En el transcurso de las visitas, cuya duración vendrá determinada por el objeto del análisis o inspección efectuada, se procederá a la recogida de la información necesaria para el cumplimiento del objetivo previsto.
3. La finalización material de las visitas no será obstáculo para la solicitud de la información o comprobaciones complementaria a las unidades inspeccionadas en la fase de elaboración de los informes.
4. Analizada la información recogida, las inspecciones de servicios documentarán los resultados de las actuaciones en un informe que se elevará al subsecretario del departamento o autoridad de quien dependa la unidad de inspección, quien posteriormente dará traslado de la oportuna información a los órganos superiores del servicio inspeccionado, así como al titular del centro o unidad inspeccionada, a los efectos procedentes en cada caso.
En el ámbito de cada departamento ministerial, los inspectores de servicio, bajo la dependencia del subsecretario o de la autoridad que determine su estructura orgánica básica, gozarán de total independencia respecto a los órganos y personas objeto de inspección, análisis y evaluación, sin perjuicio de mantener la más estrecha colaboración con ellos para el mejor desempeño de sus tareas y el cumplimiento de sus objetivos.
1. En el ejercicio de sus funciones, las inspecciones de servicios recibirán de las autoridades y demás personal de las unidades y servicios de cada departamento y de sus organismos autónomos y centros a ellos vinculados cuanta información, datos, estadísticas, documentos y expedientes consideren necesarios para el desarrollo de su actividad, todo ello sin perjuicio de las limitaciones establecidas en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
2. Para velar por la unidad de criterios y facilitar el cumplimiento de sus funciones a las inspecciones de servicios, todas las unidades, organismos y centros dependientes de los departamentos ministeriales darán traslado a sus unidades de inspección de todas las circulares y normas de carácter interno e instrucciones que regulen sus respectivas actividades y competencias.
3. Cuando la naturaleza de una determinada actuación aconseje el concurso o asistencia de personal especializado en una materia concreta, este será designado por los responsables de los correspondientes órganos o unidades. Dicho personal actuará bajo la dirección de la inspección de servicios en la medida y durante el tiempo que exija el desarrollo de la actuación inspectora que haya motivado su colaboración.
1. El personal de las inspecciones de servicios, así como el de colaboración o asesoramiento, estará obligado al sigilo profesional en relación con las actuaciones que realicen, que se extenderá a todos los datos, antecedentes, informes y a la información de cualquier tipo a que tenga acceso en el cumplimiento de sus funciones.
2. Los inspectores de servicio y su personal colaborador estarán obligados a identificarse como tales ante el personal objeto de las actuaciones propias de las unidades de inspección.
1. Los inspectores de servicio de las inspecciones generales serán seleccionados mediante concurso específico convocado al efecto por cada departamento ministerial, en el que se concreten los méritos especiales, cualificaciones profesionales y experiencia requeridos en función de la especificidad del departamento ministerial convocante.
2. Podrán participar en el referido concurso quienes reúnan, además de las establecidas de acuerdo con el apartado anterior, las siguientes condiciones:
a) Pertenecer a cuerpos o escalas del grupo A de la Administración del Estado, en los términos de la Ley 30/1984, del 2 de agosto.
b) Hallarse en situación de activo, servicios especiales, servicio en comunidades autónomas o excedencia forzosa en alguno de los cuerpos o escalas antes mencionados.
c) Haber prestado servicios en las Administraciones públicas por un tiempo mínimo de cinco años en alguno o algunos de los cuerpos o escalas citados.
d) Estar en posesión de la certificación acreditativa de haber superado el curso selectivo sobre el desarrollo de la función inspectora impartido por el Instituto Nacional de Administración Pública o, en el ámbito del Ministerio de Economía y Hacienda, de haber superado las pruebas selectivas que prevé la normativa reguladora de la Inspección de los Servicios del Ministerio de Economía y Hacienda.
En un plazo no superior a tres meses desde la fecha de publicación de este real decreto, el Ministerio de Administraciones Públicas procederá a convocar la realización del primer curso sobre el desarrollo de la función inspectora que impartirá el Instituto Nacional de Administración Pública, al que hace referencia el primer inciso del artícu-lo 15.2.d), y destinado a aquellos funcionarios que actualmente ocupen puestos de inspectores de servicio en las distintas inspecciones generales.
La Inspección de los Servicios del Ministerio de Economía y Hacienda se regirá por su normativa específica, constituida por las normas enumeradas en el artículo 3 del Real Decreto 1733/1998, de 31 de julio, sobre proce-dimiento de actuaciones de la Inspección de los Servicios del Ministerio de Economía y Hacienda, por el propio Real Decreto 1733/1998, de 31 de julio, y por la Orden de 8 de octubre de 1998, por la que se dictan normas sobre los procedimientos de actuación de la Inspección de los Servicios del Ministerio de Economía y Hacienda.
A las inspecciones generales de servicios de los Ministerios de Fomento y de Medio Ambiente les corresponden, además de las funciones establecidas en el capítulo II, las de análisis y control de la obra pública de competencia de sus respectivos departamentos, en sus aspectos técnico, funcional y administrativo. El régimen de selección de los inspectores asignados a las áreas funcionales de inspección técnica de las obras públicas será el previsto en la normativa general de la función pública para la provisión de puestos de trabajo.
Téngase en cuenta que las referencias hechas en la presente disposición a la Inspección General de Servicios del Ministerio de Fomento se entenderán realizadas a la Subdirección General de Control de Calidad e Inspección Técnica, según se establece en la disposición adicional 2.2 del Real Decreto 250/2023, de 4 de abril de 2023. Ref. BOE-A-2023-8577
El Ministerio de Vivienda, en tanto se dota de la unidad orgánica correspondiente, encomienda el ejercicio de las funciones que corresponden a la Inspección General de Servicios del departamento a la Dirección General de Inspección, Evaluación y Calidad de los Servicios del Ministerio de Administraciones Públicas.
La inspección de Personal y Servicios de Seguridad de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior continuará rigiéndose por su normativa específica, derivada de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y por lo dispuesto en el artículo 2.3.b) del Real Decreto 1599/2004, de 2 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio del Interior.
Asimismo, la Inspección Penitenciaria de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias continuará rigiéndose por su normativa específica, derivada de la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria, del Reglamento Penitenciario, aprobado por el Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, y por lo dispuesto en el artículo 9 de citado Real Decreto 1599/2004, de 2 de julio.
La Inspección de los Servicios de la Abogacía General del Estado se regirá por su normativa específica, constituida por los artículos 36 a 40 del Real Decreto 1012/2022, de 5 de diciembre, por el que se establece la estructura orgánica de la Abogacía General del Estado, se regula la inspección de los servicios en su ámbito y se dictan normas sobre su personal.
(Derogada)
Durante un plazo máximo de tres años a partir de la publicación de este real decreto, con carácter excepcional y por causas justificadas, podrá convocarse la provisión de puestos de trabajo de inspector de servicios de las inspecciones generales sin que se requiera la acreditación a que hace referencia el primer inciso del artículo 15.2.d). Los ocupantes de dichas plazas quedarán obligados a participar en el primer curso selectivo sobre el desarrollo de la función inspectora que se convoque con posterioridad a su nombramiento.
Los órganos con función de inspección de servicios de distinto rango o denominación de los que establece el artículo 4.1 se entenderán subsistentes y conservarán su estructura y denominación actual en tanto no se realicen las oportunas modificaciones en las correspondientes estructuras orgánicas de los departamentos ministeriales.
Mantienen su vigencia las normas reguladoras de las inspecciones de servicios de los distintos departamentos ministeriales en lo que no se opongan a lo dispuesto en este real decreto.
El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Dado en Valencia, el 1 de julio de 2005.
JUAN CARLOS R.
El Ministro de Administraciones Públicas,
JORDI SEVILLA SEGURA
Este documento es de carácter informativo y no tiene valor jurídico.
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