Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Este texto consolidado es de carácter informativo y no tiene valor jurídico.I
La Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, en su disposición final primera, añadió el artículo 367 septies a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en el que ya se contempló la creación de una Oficina de Recuperación de Activos. Transcurridos cinco años, esa previsión no ha sido aún desarrollada reglamentariamente. El Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado, dependiente de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, con el apoyo operativo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, ha venido desempeñando funciones de localización de activos procedentes de delitos. No obstante, al no existir órganos especializados en su gestión, una vez decomisados, esos activos quedan a disposición de los órganos jurisdiccionales, que, por lo general, ordenan su realización al final del procedimiento, mediante los mecanismos tradicionales de venta por persona especializada o subasta pública. Este mecanismo se ha revelado ineficaz en los procedimientos de mayor complejidad, en la medida en que las necesidades de la gestión de bienes exceden por lo general de las posibilidades materiales de los órganos judiciales. Estas circunstancias conducen a reafirmar la necesidad de poner en funcionamiento la mencionada Oficina.
A tal fin, la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, mantiene aquella previsión del artículo 367 septies de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, aunque dándole la nueva denominación de Oficina de Recuperación y Gestión de Activos, en la medida en que a su inicial función de localización y recuperación de bienes, añade la de administración y gestión de los mismos. Este precepto prevé que el juez o tribunal, de oficio o a instancia del Ministerio Fiscal o de la propia Oficina de Recuperación y Gestión de Activos, pueda encomendarle la localización, conservación y administración de los efectos, bienes, instrumentos y ganancias procedentes de actividades delictivas cometidas en el marco de una organización criminal. Asimismo, la disposición final quinta de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, habilita al Gobierno para aprobar las disposiciones reglamentarias precisas para regular la estructura, organización, funcionamiento y actividad de dicha Oficina de Recuperación y Gestión de Activos. La misma ley orgánica ha introducido también importantes modificaciones en la regulación del decomiso sin sentencia en circunstancias excepcionales, el decomiso ampliado y el decomiso de terceros, que si bien ya estaban previstos en los textos normativos anteriores, habían carecido de aplicación práctica.
La Ley 41/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de las garantías procesales, completa esta regulación mediante la previsión de la intervención en el proceso penal de terceros afectados por el decomiso y con la incorporación de un nuevo procedimiento de decomiso autónomo. Este último podrá iniciarse a instancia del Ministerio Fiscal cuando exista un hecho punible y su autor haya fallecido o no pueda ser enjuiciado por hallarse en rebeldía o en situación de incapacidad para comparecer en juicio. También podrá emplearse cuando el fiscal se reserve la acción de decomiso, para el caso de haber recaído sentencia condenatoria firme por el delito del que proviene el patrimonio objeto del procedimiento.
La reforma llevada a cabo en materia de decomiso en las mencionadas leyes incorpora al Derecho español la Directiva 2014/42/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de abril de 2014, sobre el embargo y el decomiso de los instrumentos y del producto del delito en la Unión Europea. El artículo 10 de esta norma insta a los Estados miembros a adoptar las medidas necesarias, por ejemplo mediante la creación de oficinas nacionales centrales, «con objeto de garantizar la administración adecuada de los bienes embargados preventivamente con miras a su posible decomiso». Con todo ello se pretende optimizar la prevención y la lucha contra la delincuencia organizada transfronteriza, incluida la de carácter organizado, neutralizando el producto del delito, pues se entiende que la principal motivación de esta forma de delincuencia es la obtención de beneficios financieros.
II
Las disposiciones citadas tienen como objeto facilitar instrumentos legales que sean más eficaces en la recuperación de activos procedentes del delito y en la gestión económica de los mismos. El objetivo, pues, es darle a la investigación patrimonial y al decomiso el protagonismo que merecen en la lucha contra la vertiente económica de la delincuencia grave desarrollada por organizaciones y entramados criminales, logrando así su estrangulamiento financiero. Para ello es necesario que las autoridades judiciales competentes dispongan de un sistema eficaz para localizar y administrar los activos de origen delictivo, con el respaldo de la estructura institucional y los recursos financieros y humanos necesarios, que les facilite la labor de embargar y decomisar bienes en el marco del procedimiento penal. Se prevé así la constitución de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos como auxiliar de la Administración de Justicia, la cual tiene, por tanto, una relevante función de asesoramiento de los órganos encargados de la investigación para asegurar que los embargos y decomisos acordados sean efectivos y eficaces.
El creciente número de hechos delictivos relacionados con la delincuencia económica, frecuentemente organizada y transfronteriza, con especial preocupación por los delitos de corrupción, tanto en el sector público como en el privado, impone la necesidad de que el Estado dirija sus esfuerzos no sólo al castigo de sus responsables, una vez declarada su culpabilidad, sino también a lograr la recuperación de los activos procedentes del delito, porque tan importante como el cumplimiento certero de la pena es la recuperación de esos activos. Su posterior afectación al abono de las indemnizaciones de las víctimas, a la realización de proyectos sociales y al impulso de la lucha contra la criminalidad organizada constituye una relevante medida de regeneración democrática y justicia social.
La Oficina de Recuperación y Gestión de Activos funcionará, pues, como una herramienta al servicio de los juzgados y tribunales en el marco de los procesos penales a que nos venimos refiriendo, y lo hará también como auxiliar de las fiscalías en el ejercicio de sus funciones relacionadas con las investigaciones patrimoniales que, cuando menos, abarcan las diligencias de investigación, la ejecución de comisiones rogatorias internacionales y la investigación patrimonial en el procedimiento de decomiso autónomo en los términos previstos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal y en la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.
La nueva regulación del decomiso y la puesta en marcha de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos facilitarán una mayor eficacia en la lucha contra la delincuencia económica, normalmente una criminalidad de delincuentes poderosos, que aparece especialmente organizada y que tanto daño ocasiona al Estado democrático de derecho. Se hará así realidad el principio de que el delito que genera ilícitas ganancias nunca pueda compensar a su autor.
III
En la regulación prevista en este real decreto se han tenido en cuenta las guías de buenas prácticas internacionales y el análisis de los diferentes modelos vigentes en países de nuestro entorno cultural y geográfico, como es el caso de Reino Unido, Holanda, Bélgica y Francia. Este último país ofrece una experiencia altamente positiva en gestión de activos, a través de la Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC), que ha supuesto un giro radical en la forma de entender el decomiso en los tribunales franceses, orientándola a la gestión más eficiente de los bienes. De esta manera, con los patrimonios de las personas condenadas por delitos graves se logra la satisfacción de las responsabilidades civiles, se autofinancia la propia oficina y se apoya con más recursos la lucha contra la criminalidad organizada. Los modelos de agencia en el entorno europeo constituyen una oficina especializada con personal multidisciplinar, procedente del ámbito de la Administración, de la Justicia, de aduanas, del ámbito tributario y de la Policía Judicial, y una función preferente de asesoramiento y auxilio a la Justicia en los procesos penales a los que los embargos y decomisos van asociados.
La creación de una Oficina homóloga a la de los países de nuestro entorno contribuirá sin duda al fomento de la cooperación internacional en materia de embargo y decomiso, lo que a su vez redundará en un mayor beneficio para el Estado, toda vez que la Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea, establece una regla de reparto al 50 por ciento del producto obtenido entre el país requirente y el requerido, regla que se ha extendido fuera de las fronteras europeas, sobre la base del principio de reciprocidad, en la reciente reforma del Código Penal.
Por último, la experiencia acumulada por la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas en aplicación de la Ley 17/2003, de 29 de mayo, por la que se regula el Fondo de Bienes Decomisados por tráfico ilícito de drogas y otros delitos relacionados, si bien referida a la realización de bienes decomisados mediante sentencia judicial firme, constituye un antecedente que ha sido tomado en consideración, tanto para la mejora de la eficacia en la gestión, como para evitar duplicidades y favorecer la coordinación necesaria entre ambas instituciones. El presente real decreto no resulta de aplicación a los bienes, frutos e intereses de los mismos que por aplicación de la mencionada Ley 17/2003, de 29 de mayo, son titularidad del Fondo de bienes decomisados por delito de narcotráfico y otros delitos relacionados. Ello no obstante la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos podrá firmar un convenio de colaboración con la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, a fin de canalizar posibles fórmulas de cooperación en las funciones de asesoramiento, gestión y realización de aquellos.
IV
El presente real decreto se estructura en cinco capítulos. El capítulo I recoge las disposiciones generales, con referencia al objeto y naturaleza, fines y funciones. El capítulo II está dedicado a la estructura del órgano, y en él se detallan su rango y dependencia orgánica y se regulan el Director General, las subdirecciones generales, el personal de la oficina y la Comisión de Adjudicación de bienes producto del delito. Esta última tiene encomendada la relevante labor de realizar el reparto de los recursos económicos obtenidos por la Oficina con base en los criterios que adopte el Consejo de Ministros anualmente. El capítulo III regula las reglas básicas del procedimiento que seguirá cada expediente desde su incoación hasta su finalización. Se incluye también una previsión específica de funcionamiento en el ámbito internacional, con una habilitación expresa a la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos para el intercambio de información necesaria para llevar a buen término sus funciones, sin perjuicio de las competencias que en el mismo sentido sigan ostentado otros organismos, como el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado o el Ministerio Público, en el ámbito de sus funciones. El capítulo IV se refiere al régimen económico de la Oficina y distribución del producto obtenido. En él se regula un modelo de gestión económica asociado a la cuenta de consignaciones y depósitos judiciales. Se prevén también, en desarrollo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, los beneficiarios de los recursos de la Oficina. Finalmente, el capítulo V se dedica a los mecanismos de dación de cuentas, que garantizan la plena transparencia en la gestión de los bienes administrados. El presente real decreto contiene también dos disposiciones adicionales, dos disposiciones transitorias y siete disposiciones finales.
La entrada en vigor del real decreto tendrá lugar el día siguiente a su publicación, si bien la puesta en funcionamiento de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos se determinará mediante Orden del Ministro de Justicia, una vez entre en vigor la Ley 41/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y se realizará de manera progresiva, de acuerdo con el plan de acción que apruebe el Director General de la Oficina.
Este real decreto ha sido informado por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, así como por el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado. Se ha dado trámite de audiencia a las comunidades autónomas con competencias transferidas en materia de Administración de Justicia.
En su virtud, a iniciativa del Ministro de Justicia, a propuesta del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 23 de octubre de 2015,
DISPONGO:
Este real decreto tiene por objeto regular el régimen de funcionamiento de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos, que se configura como un órgano de la Administración General del Estado y auxiliar de la Administración de Justicia, al que corresponden las competencias de localización, recuperación, conservación, administración y realización de los efectos, bienes, instrumentos y ganancias procedentes de actividades delictivas cometidas en el marco de una organización criminal y de cualesquiera otras que se le atribuyan, en los términos previstos en la legislación penal y procesal.
La Oficina de Recuperación y Gestión de Activos actuará cuando se lo encomiende el juez o tribunal competente, de oficio o a instancia del Ministerio Fiscal o de la propia Oficina. Asimismo en fase de ejecución de sentencia su actuación podrá ser a instancia del Letrado de la Administración de Justicia.
La Oficina de Recuperación y Gestión de Activos procederá, igualmente, a la localización de activos a instancia del Ministerio Fiscal en el ejercicio de sus competencias en el ámbito de las diligencias de investigación, de la cooperación jurídica internacional, del procedimiento de decomiso autónomo o en cualesquiera otras actuaciones en los términos previstos en las leyes penales o procesales.
La Oficina de Recuperación y Gestión de Activos aplicará el producto de la gestión y realización de los efectos, bienes, instrumentos y ganancias del delito a los fines previstos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal con los siguientes objetivos prioritarios:
a) El apoyo a programas de atención a víctimas del delito, tanto de las Administraciones Públicas, como de organizaciones no gubernamentales o entidades privadas sin ánimo de lucro, con especial atención a las víctimas de terrorismo, a las de violencia de género, trata de seres humanos, delitos violentos y contra la libertad sexual, así como a las víctimas con discapacidad necesitadas de especial protección y a las víctimas menores de edad.
b) El impulso y dotación de medios de las Oficinas de Asistencia a las Víctimas.
c) El apoyo a programas sociales orientados a la prevención del delito y el tratamiento del delincuente.
d) La intensificación y mejora de las actuaciones de prevención, investigación, persecución y represión de los delitos, incluyendo:
1.º Los gastos necesarios para la obtención de pruebas en la investigación, comprendiendo el coste de las pericias del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses y de los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
2.º La adquisición de medios materiales para los órganos competentes en la represión, investigación y realización de las pruebas periciales.
3.º La formación y capacitación especializada de los órganos encargados de la prevención y represión de la criminalidad organizada.
4.º El reembolso de los gastos en que lícitamente hayan podido incurrir los particulares o los servicios de las Administraciones Públicas que hubiesen colaborado con los órganos competentes en la investigación.
e) La cooperación internacional en la lucha contra las formas graves de criminalidad.
f) La satisfacción de los propios gastos de funcionamiento y gestión de la oficina, incluyendo los que se hubieran causado en el ejercicio de las funciones contempladas en el artículo siguiente.
1. Son funciones de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos la localización y recuperación de efectos, bienes, instrumentos y ganancias procedentes de actividades delictivas, su conservación, administración y realización.
No corresponderá a la Oficina, la localización o gestión de bienes cuyo único fin sea el pago de una pena de multa.
2. También corresponde a la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos resolver, conforme a lo previsto legal y reglamentariamente, sobre la adjudicación del uso de los efectos embargados cautelarmente y sobre las medidas de conservación que deban ser adoptadas.
3. Constituye igualmente una función esencial de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos el asesoramiento técnico a los juzgados, tribunales y fiscalías, que lo soliciten en materia de ejecución de embargos y decomisos, a los efectos de evitar actuaciones antieconómicas y garantizar, dentro del respeto a la ley y con el cumplimiento de todas las garantías procesales, el máximo beneficio económico.
La Oficina de Recuperación y Gestión de Activos depende del Ministerio de Justicia y se encuentra adscrita a la Secretaría de Estado de Justicia, con rango de Dirección General.
1. El Director General de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos será nombrado entre funcionarios de carrera del Estado, de las comunidades autónomas o de las entidades locales, pertenecientes a Cuerpos o Escalas clasificados en el Subgrupo A1, o bien entre miembros de las Carreras Judicial o Fiscal o del Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia.
2. El Director General de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos será nombrado y separado por real decreto del Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de Justicia.
3. Corresponde al Director General de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos las siguientes funciones:
a) Planificar la actuación de la Oficina y aprobar un plan de acción, con el ámbito temporal que se determine en el mismo.
b) Dirigir la actividad de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos.
c) Representar a la Oficina y, en concreto, en sus relaciones institucionales tanto nacionales como internacionales, y con los juzgados, tribunales y fiscalías que hagan uso de sus servicios, así como con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad encargadas de la lucha contra la delincuencia organizada.
d) Dentro del objeto del presente real decreto, ejercer aquéllas que le sean atribuidas por delegación del órgano de contratación correspondiente, de conformidad con la normativa de contratación del sector público.
e) Concluir acuerdos con terceras instituciones a los efectos de llevar a cabo las funciones y los fines que le son propios, cuando le sean delegadas estas competencias.
f) Coordinar los trabajos preparatorios de la Comisión de Adjudicación de bienes producto del delito.
g) Favorecer la coordinación de la Oficina con el Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado, con la policía judicial y los Ministerios afectados, así como con otras instituciones públicas o privadas, en el ejercicio de sus funciones.
h) Coordinar la labor de la oficina con otros departamentos, organismos e instituciones públicas, en el ámbito de sus competencias, cuando sea necesario.
i) Elevar al Ministro de Justicia la memoria anual de su actividad.
j) Elaborar estadísticas de la actividad de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos.
k) Resolver sobre la adjudicación de bienes, como resultado de su realización, y sobre la adjudicación del uso provisional de bienes intervenidos o embargados judicialmente.
l) Las demás funciones que se refieran al objeto de la Oficina y puedan atribuirle otras normas.
4. Pondrán fin a la vía administrativa las resoluciones dictadas por el Director General de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos a las que se refiere el punto k) del apartado anterior, en materia de adjudicación de bienes, como resultado de su realización.
1. La Oficina se estructurará internamente en dos Subdirecciones Generales en relación con las funciones que tiene atribuidas:
a) La Subdirección General de localización y recuperación de bienes, que ostenta las funciones de identificación y búsqueda de los efectos, bienes, instrumentos y ganancias provenientes del delito radicados dentro o fuera del territorio nacional, así como su puesta a disposición judicial.
En el ejercicio de estas funciones, y dentro del marco de la encomienda judicial o del Ministerio Fiscal, se coordinará con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y podrá recabar la colaboración de otras entidades públicas o privadas.
Asimismo le corresponde el intercambio de información patrimonial con oficinas análogas en el ámbito internacional.
b) La Subdirección General de conservación, administración y realización de bienes, que ostenta las funciones siguientes:
1.º El mantenimiento y gestión de los efectos, bienes, instrumentos y ganancias provenientes del delito, cuando hayan sido intervenidos o embargados judicialmente, cualquiera que sea la naturaleza de los mismos, así como de los beneficios, frutos y rentas de tales bienes. Podrá comprender también la destrucción de los bienes cuando sea acordada por la autoridad competente, en los términos previstos legalmente.
La Oficina podrá gestionar los bienes de cualquiera de las formas previstas en la legislación aplicable a las Administraciones Públicas, sin perjuicio de la sujeción a otra normativa que resultara aplicable.
2.º La elaboración de informes sobre el estado y circunstancias de los bienes gestionados, que remitirá a la autoridad competente, de oficio o cuando ésta lo solicite, a los efectos de evitar las actuaciones antieconómicas y garantizar, dentro del respeto a la ley y con el cumplimiento de todas las garantías procesales, el máximo beneficio económico.
3.º La realización de los bienes, que comprenderá la actividad tendente a la venta de los bienes, efectos, ganancias e instrumentos cuya gestión se le haya encomendado judicialmente a la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos, tras el decomiso de los mismos. Asimismo, por encomienda del órgano judicial, le corresponderá la realización de los bienes decomisados adjudicados al Estado, salvo que se hayan inscrito a nombre del Estado en el correspondiente Registro de la Propiedad o Registro de Bienes Muebles.
Esta función comprenderá también la venta anticipada de bienes intervenidos o embargados, cuando ésta haya sido autorizada judicialmente en el ámbito de actuación de la Oficina.
4.º La adjudicación del uso de los bienes o efectos incautados o embargados, siempre que el órgano judicial haya autorizado su utilización provisional.
5.º La función derivada del soporte necesario para el desarrollo de la actividad propia de la Comisión de Adjudicación de bienes producto del delito.
6.º La gestión de la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos.
2. La Oficina de Recuperación y Gestión de Activos podrá firmar un convenio de colaboración con el órgano competente del Ministerio del Interior a los efectos de regular la interrelación de su personal con la Oficina, que podrá incluir una cláusula de adscripción del personal que eventualmente pudiera formar parte de ésta en régimen de atribución temporal de funciones.
La Oficina contará con el personal que determine la correspondiente relación de puestos de trabajo.
A la Oficina podrán asignarse, además, jueces, fiscales o letrados de la administración de justicia de conformidad con la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y Planta Judicial.
1. Se crea la Comisión de Adjudicación de bienes producto del delito como órgano colegiado adscrito orgánicamente al Ministerio de Justicia a través de la Secretaría de Estado de Justicia, al que corresponden las funciones de distribución de los recursos económicos obtenidos por la Oficina, en los términos del artículo 15.
2. La Comisión de Adjudicación de bienes producto del delito estará presidida por el Secretario de Estado de Justicia, ostentando la Vicepresidencia el Director General de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos, y estará integrada por seis vocales, que serán designados respectivamente por el Ministro de Justicia, el Ministro del Interior, el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas y el Ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, al menos con rango de subdirector general o asimilado, y por el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado, con base en el convenio de colaboración celebrado al efecto.
Actuará como secretario, con voz pero sin voto, un funcionario de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos.
En la Comisión de Adjudicación de bienes producto del delito intervendrá, con voz pero sin voto, un representante de la Abogacía del Estado del Ministerio de Justicia.
3. El funcionamiento de esta comisión se ajustará a lo dispuesto en materia de órganos colegiados por la legislación en materia de régimen jurídico del Sector Público.
El procedimiento se iniciará con la recepción del testimonio de la resolución del órgano judicial o del decreto del fiscal que solicite la intervención a la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos.
En el supuesto de que la propia Oficina de Recuperación y Gestión de Activos inste al órgano judicial o a la fiscalía, en su caso, la remisión de un procedimiento, se incoará un procedimiento con dicha solicitud. En caso de estimación de la propuesta de la Oficina, el procedimiento continuará por los trámites previstos en este capítulo. En caso de desestimación, se archivará el procedimiento con la recepción de la resolución del órgano judicial o del decreto del fiscal en que así se haga constar.
Todos los bienes que sean objeto de un expediente de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos serán incluidos en un inventario de bienes embargados y decomisados, en el que se hará constar su naturaleza y valor, y donde se anotarán cualesquiera actuaciones relacionadas con ellos. Esta información estará a disposición de la autoridad judicial y fiscal, así como, en su caso, de la policía judicial.
1. Tan pronto reciba el testimonio de la resolución del órgano judicial o del decreto del fiscal que inste su intervención, la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos podrá llevar a cabo, en los términos allí señalados, las actuaciones de investigación patrimonial que procedan en cada caso para la localización y recuperación de bienes del investigado o encausado.
2. Cuando la habilitación judicial así lo estipule, se encargará de la conservación y administración de dichos bienes.
Para ello, la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos podrá celebrar los contratos o encomiendas necesarios.
3. La Oficina de Recuperación y Gestión de Activos, en el marco de su gestión, podrá proceder, previa autorización del juez o tribunal competente, a la realización anticipada o utilización provisional de los bienes y efectos intervenidos.
En estos casos, previa autorización del juez o tribunal competente, resolverá sobre la adjudicación del uso de los efectos embargados y sobre las medidas de conservación que deban ser adoptadas, de acuerdo con lo previsto a tal efecto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, informando de lo acordado al juez o tribunal y a la fiscalía.
1. En el caso de que los bienes objeto de localización o recuperación se hallaran fuera del territorio nacional se tendrán en cuenta el Derecho de la Unión Europea y los tratados internacionales suscritos y ratificados por España en la materia.
2. Se estará a lo dispuesto en la Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea, o a los convenios aplicables, en su caso, cuando el auto del juez competente o el decreto del fiscal hagan constar que las actuaciones que se solicitan a la oficina tienen su origen en una solicitud de una autoridad judicial extranjera.
3. La Oficina de Recuperación y Gestión de Activos podrá intercambiar información con los organismos de la Unión Europea y de terceros Estados que tengan entre sus competencias la recuperación de activos, cuando resulte conveniente, en el ejercicio de sus funciones.
1. Los recursos que se encomienden a la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos con anterioridad a que se dicte resolución judicial firme de decomiso se podrán gestionar a través de la cuenta de depósitos y consignaciones judiciales de la Oficina cuando se trate del dinero resultante del embargo o la realización anticipada de los efectos.
Para los restantes bienes, en atención a las circunstancias y con sujeción a los principios de eficiencia y transparencia, la Oficina podrá gestionarlos de cualquiera de las formas previstas en la legislación aplicable a las Administraciones Públicas, sin perjuicio de la sujeción a otra normativa que resultara aplicable.
Los intereses del dinero y los rendimientos y frutos de los bienes se destinarán a satisfacer los costes de gestión, incluyendo los que correspondan a la Oficina; la cantidad restante se conservará a resultas de lo que se disponga mediante resolución judicial firme de decomiso.
2. Cuando recaiga resolución judicial firme de decomiso, los recursos obtenidos serán objeto de realización y la cantidad obtenida se aplicará en la forma prevista en el artículo 367 quinquies de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. La cantidad restante, así como el producto obtenido por la gestión de los bienes durante el proceso, se transferirá al Tesoro como ingreso de derecho público, del que una vez deducidos los gastos de funcionamiento y gestión de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos, dotados en el Presupuesto del Ministerio de Justicia, se afecta hasta un 50 por ciento a la satisfacción de los fines señalados en el artículo 2. Estos ingresos generarán crédito en el presupuesto del Ministerio de Justicia, de acuerdo con lo establecido en la Ley General Presupuestaria.
1. La Oficina de Recuperación y Gestión de Activos únicamente asumirá los costes y gastos correspondientes a los bienes que gestione, y desde el momento en que le sean encomendados.
Podrá excepcionalmente asumir costes y gastos precedentes cuando ello resulte conveniente para la adecuada gestión del bien y así lo acuerde el Director General.
2. Los gastos ordinarios de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos por el desarrollo de su actividad serán el cinco por ciento del valor de los recursos obtenidos. Este porcentaje se podrá modificar mediante orden conjunta del Ministro de Justicia y del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.
La distribución de los recursos entre los beneficiarios tendrá lugar mediante acuerdo de la Comisión de Adjudicación de bienes producto del delito, en el marco de los criterios que serán definidos anualmente mediante Acuerdo del Consejo de Ministros.
1. Podrán ser beneficiarios de los recursos de la Oficina a los que se refiere este capítulo los organismos, instituciones, administraciones públicas y personas jurídicas siguientes:
a) La Oficina de Recuperación y Gestión de Activos, que recibirá de manera prioritaria los recursos necesarios para su adecuado mantenimiento.
b) Cualquier órgano, organismo o entidad pública dependiente de la Administración General del Estado, para el desarrollo de programas o acciones relacionados con los fines previstos en esta norma, incluidas las Oficinas de Asistencia a las Víctimas.
c) Las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, en los siguientes supuestos:
1.º Para el desarrollo y ejecución de los planes y programas de atención a las víctimas de delitos, incluido el impulso de las Oficinas de Asistencia a las Víctimas.
2.º Para dotar de medios materiales a los Institutos de Medicina Legal y afrontar los gastos derivados de las pericias realizadas en dichos Institutos.
3.º Para la dotación de medios a las respectivas policías con competencia en la prevención, investigación, persecución y represión de los delitos.
4.º Para las organizaciones no gubernamentales o entidades privadas sin ánimo de lucro para el desarrollo de programas comprendidos en los fines previstos en esta norma, cuyo ámbito no supere el de la respectiva comunidad autónoma.
d) Las organizaciones no gubernamentales o entidades privadas sin ánimo de lucro, de ámbito estatal o de dos o más comunidades autónomas, cuya labor se desarrolle total o parcialmente en materia de asistencia a víctimas del delito, de acuerdo con los programas de distribución y las subvenciones determinadas por la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos.
e) Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
f) La Agencia Estatal de Administración Tributaria.
g) La Fiscalía General del Estado.
h) El Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses y los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
i) Los organismos internacionales, entidades supranacionales y Gobiernos de Estados extranjeros, para el desarrollo de programas destinados a satisfacer los fines previstos en esta norma, de acuerdo con los instrumentos internacionales suscritos por el Gobierno, y con el informe favorable del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.
2. Para facilitar la distribución de los recursos obtenidos por la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos, las comunidades autónomas y resto de beneficiarios señalados en este artículo podrán presentar ante la Comisión de Adjudicación de bienes producto del delito propuestas de actuación que se enmarquen dentro de los fines previstos en el artículo 2 y en los términos que se establezcan en desarrollo de este real decreto.
El Director General de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos comparecerá anualmente ante el Congreso de los Diputados para dar cuenta de la gestión de la Oficina y de los resultados de su actividad.
1. La Oficina de Recuperación y Gestión de Activos elaborará una memoria anual de su actividad que será elevada por el Ministro de Justicia al Consejo de Ministros.
2. Las actuaciones realizadas se contabilizarán en un sistema estadístico accesible al público en general que dote de transparencia la gestión de la Oficina.
1. La Oficina llevará a cabo la gestión de bienes procedentes de actividades delictivas que hayan sido intervenidos, embargados o decomisados judicialmente en el ámbito de las actividades delictivas cometidas en el marco de una organización criminal, así como de las actividades delictivas propias del ámbito del decomiso ampliado, que le encomiende el órgano judicial.
2. La gestión de activos por la Oficina se realizará conforme a lo previsto en el capítulo II bis del Título V del Libro II de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, así como en el presente real decreto.
3. Cuando la Oficina actúe por encomienda del órgano judicial, producida a instancia de la propia Oficina, lo hará basándose en motivos de oportunidad en el marco de cualquier actividad delictiva y en los términos previstos en las leyes penales y procesales, e independientemente de la fecha del embargo o decomiso.
4. La función de gestión que realice la Oficina no incluirá ni el depósito de los bienes que le sean encomendados, ni la gestión de sociedades en tanto no se dicte orden del Ministerio de Justicia que disponga la realización de estas actuaciones.
5. En el supuesto de bienes decomisados adjudicados por resolución judicial firme al Estado, la Oficina procederá a su realización siempre que así se haya encomendado por el órgano judicial y no se hayan inscrito en los correspondientes registros públicos.
6. La Oficina en ningún caso podrá ser titular de bienes o derechos ni podrán ser inscritos a su nombre en registros públicos.
1. Una vez examinada la resolución del órgano judicial, la Oficina comunicará al órgano judicial la apertura del correspondiente expediente. Cuando del contenido de la resolución del órgano judicial se desprenda que queda fuera del ámbito de gestión de la Oficina en los términos descritos en el artículo 19.2 de este real decreto, se informará al órgano judicial que realizó la encomienda y se procederá al archivo del expediente.
2. En el supuesto de que la propia Oficina hubiera instado al órgano judicial la gestión de los bienes, el procedimiento se incoará con dicha solicitud. En caso de estimación de la solicitud, el procedimiento continuará por los trámites previstos en el presente real decreto. En caso de desestimación, se archivará el procedimiento con la recepción de la resolución del órgano judicial en que así se haga constar.
Asimismo procederá el archivo del procedimiento si transcurridos seis meses desde la solicitud no se recibe respuesta por parte del órgano judicial, de lo que se dará traslado al órgano judicial y al Ministerio Fiscal.
Procederá la reapertura del expediente archivado en caso de que el órgano judicial estime la solicitud efectuada por la Oficina, una vez transcurrido el plazo de seis meses.
1. La Oficina recabará cuanta información precise para la gestión de los bienes.
2. Si la Oficina encontrase dificultades insuperables para la identificación del bien encomendado, lo pondrá en conocimiento del órgano judicial.
3. Cuando un bien no se encuentre depositado en el lugar indicado por el órgano judicial, se constate que está destruido o se tenga conocimiento de cualquier otro aspecto relevante relacionado con el mismo se pondrá en conocimiento del órgano judicial a los efectos que procedan.
1. Cuando no conste tasación, y resulte precisa para la intervención de la Oficina, esta tasará los bienes intervenidos, embargados o decomisados cuya gestión se le encomiende.
En todo caso, en el proceso de valoración de los bienes se evitará la tasación de los bienes carentes de valor o cuyo valor sea ínfimo, los objetos inservibles o los objetos sin utilidad por sí mismos por formar parte de otro bien, de lo que se informará motivadamente al órgano judicial.
2. Para la tasación de los bienes, la Oficina promoverá la celebración de los convenios de colaboración, contratos y encomiendas de gestión que resulten precisos.
Cuando la encomienda judicial no contemple el destino de los bienes, la Oficina elaborará un análisis económico en el que se tendrán en cuenta los criterios necesarios a efectos de evitar las actuaciones antieconómicas y garantizar el máximo beneficio económico. El análisis económico tendrá en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:
a) Estado del bien: intervenido, embargado o decomisado.
b) Naturaleza del bien.
c) Valor de tasación.
d) Gastos derivados del depósito, conservación y mantenimiento del bien.
e) Carácter perecedero.
f) Depreciación por el desuso o el mero transcurso del tiempo.
g) Situación posesoria.
h) En su caso, cargas que lo graven.
1. Una vez realizado el análisis económico, la Oficina formulará por escrito una propuesta de actuación que dirigirá al órgano judicial, y en la que, en su caso, se incluirá la información a que hacen referencia los distintos apartados de este artículo. La propuesta podrá consistir, entre otras, en alguna o varias de las siguientes actuaciones:
a) En caso de dinero intervenido, embargado o decomisado, su ingreso en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de la Oficina.
b) En su caso, medidas a adoptar para la conservación y administración de los bienes.
c) La autorización de la utilización provisional de los bienes intervenidos o embargados.
d) La realización de los bienes, incluida la realización anticipada de los bienes intervenidos o embargados.
e) La destrucción de los bienes.
2. A efectos de proponer la realización de los bienes, si se trata de bienes inmuebles o bienes muebles con un régimen de publicidad registral similar, la Oficina obtendrá información del Registro competente relativa a titularidad y cargas. A efectos de valoración del bien, se llevarán a cabo las actuaciones oportunas para comprobar si las cargas inscritas subsisten o han sido modificadas por pagos posteriores a su inscripción u otras causas.
La existencia de cargas o prohibiciones de disponer voluntarias no impedirá la realización del bien, pero el adjudicatario se subrogará en tales cargas y limitaciones. Cuando se trate de cargas o prohibiciones de disponer de origen administrativo o judicial, se pondrán en conocimiento del órgano judicial para que valore su naturaleza e incidencia en el procedimiento de realización del bien.
3. La Oficina comunicará al órgano judicial la cuenta-expediente de la Cuenta de la Oficina correspondiente al procedimiento, en la que se efectuarán los ingresos y, en su caso, pagos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44.2.
4. La Oficina comunicará al órgano judicial la existencia de bienes que estén sometidos a un régimen jurídico que excluya el bien del tráfico o que someta a limitaciones su propiedad, posesión o comercio. De la misma forma se procederá cuando el bien esté sometido a un régimen de derechos de tanteo y retracto a los efectos de que se practiquen las notificaciones a los favorecidos por estos derechos.
5. La Oficina pondrá en conocimiento del órgano judicial, si se producen, alguna de las siguientes circunstancias:
a) Cuando el valor de las cargas o gravámenes iguale o exceda del determinado para el bien.
b) Cuando, según la tasación de los bienes, sea previsible que con su realización no se obtendrá una cantidad de dinero que supere los gastos originados por ésta.
c) Cualquier otra circunstancia sobre la que la Oficina considere que el órgano judicial deba pronunciarse.
Con carácter previo al inicio del procedimiento de realización, la Oficina pondrá en conocimiento del órgano judicial la forma de realización y las condiciones para su desarrollo, así como que dicho procedimiento se iniciará en los términos comunicados salvo que en el plazo de diez días el órgano judicial disponga otra cosa. Este plazo podrá reducirse por razones de urgencia, en caso de bienes perecederos o de bienes que por su naturaleza, ubicación u otras circunstancias concurrentes exijan celeridad en el proceso de realización.
Asimismo, le comunicará la tasación del bien, su valor a efectos del procedimiento de realización y el precio mínimo de adjudicación, salvo que la naturaleza del bien no posibilite su tasación.
La realización de los bienes o efectos podrá consistir en la entrega a entidades sin ánimo de lucro o a las Administraciones Públicas, la realización por medio de persona o entidad especializada, o la subasta pública.
1. La Oficina propondrá al órgano judicial la entrega del bien a entidades sin ánimo de lucro o a las Administraciones Públicas cuando sea de ínfimo valor o se prevea que la realización por cualquiera de las otras formas previstas será antieconómica, de conformidad con lo dispuesto en la legislación procesal.
2. La entrega del bien o bienes a una entidad sin ánimo de lucro o a una Administración Pública concreta se llevará a cabo previa autorización judicial, salvo que por el órgano judicial se acuerde su elección por la Oficina.
3. Cuando se trate de bienes o efectos en los que proceda su afectación o adscripción a un órgano u organismo público, la Oficina cursará la correspondiente propuesta a la Dirección General del Patrimonio del Estado o, en su caso, al órgano competente para su tramitación.
1. La Oficina podrá concertar, contratar o encomendar la realización de los bienes a una persona o entidad especializada, cuando resulte conveniente en atención a la naturaleza o especiales circunstancias de los bienes.
Para ello, la Oficina podrá promover la celebración de los contratos, convenios de colaboración o encomiendas de gestión que resulten necesarios. En caso de que por resolución del órgano judicial se determine la entidad especializada que debe llevar a cabo la realización, la Oficina deberá actuar de acuerdo con lo dispuesto en dicha resolución.
2. No obstante, cuando la Oficina haga uso de una persona o entidad especializada para la realización de bienes perecederos o cuyos gastos de depósito sean tan desproporcionados que requieran una actuación urgente, podrá seleccionarla directamente debiendo solicitarse, siempre que sea posible, al menos tres propuestas. La selección será motivada y se comunicará al órgano judicial en los términos previstos en el artículo 25.
No será necesario solicitar tres propuestas cuando la actuación de la persona o entidad especializada sea a título gratuito.
3. El procedimiento de realización se acomodará a las formas o métodos de gestión específicos de cada persona o entidad especializada con la que se hubiese concertado la ejecución de la realización, salvo que por resolución del órgano judicial se disponga otra cosa.
En todo caso, la Oficina fijará el precio mínimo de adjudicación para cada bien o lote de bienes en los términos previstos en el artículo siguiente.
4. Una vez finalizado el procedimiento, se atenderá a lo dispuesto en los artículos 33 y 34 en relación con la adjudicación de los bienes o efectos.
1. La subasta pública tendrá por objeto la venta de uno o varios bienes o lotes de bienes, según lo que resulte más conveniente, y podrá ser electrónica o presencial.
2. El valor de cada bien o lote de bienes a efectos de la subasta se corresponderá con el valor que resulte de deducir de su tasación, el importe de todas las cargas y derechos anteriores y cuya preferencia resulte de la certificación registral de dominio y cargas.
No obstante, el valor de los bienes a efectos de la subasta se podrá reducir motivadamente hasta un quince por ciento en cada nueva subasta que se convoque después de la primera convocatoria.
3. Los bienes muebles no podrán ser enajenados por precio inferior al cincuenta por ciento de su valor a efectos de la subasta. Cuando los bienes a realizar sean inmuebles, este porcentaje será del setenta por ciento.
En todo caso, cuando las circunstancias y naturaleza del bien lo requieran, dichos porcentajes podrán reducirse motivadamente previa autorización del órgano judicial.
1. La Subdirección General de conservación, administración y realización de bienes acordará la convocatoria de la subasta que se regirá, además de por lo dispuesto en el presente real decreto, por el pliego de condiciones generales y el pliego de condiciones particulares.
2. La convocatoria se anunciará en el «Boletín Oficial del Estado» y en la web del Ministerio de Justicia, sin perjuicio de las actuaciones adicionales de publicidad que se estimen adecuadas en cada caso.
3. El anuncio de la subasta contendrá la fecha de la convocatoria y el número de identificación del procedimiento. Si se tratara de una subasta electrónica, incluirá la dirección electrónica que corresponda a la subasta en el Portal de Subastas, en la que estará toda la documentación a disposición de los licitadores. En las subastas presenciales se incluirá la información básica relativa a la fecha y lugar de celebración, así como la dirección de internet en la que estará accesible toda la documentación relativa al procedimiento.
4. El pliego de condiciones generales se aprobará por la persona titular de la Oficina previo informe de la Abogacía del Estado.
5. Podrá aprobarse un pliego tipo de condiciones generales para cada una de las modalidades de procedimiento de subasta.
6. El pliego de condiciones particulares aprobado por la persona titular de la Subdirección General de conservación, administración y realización de bienes, contendrá, al menos, los siguientes extremos:
a) Número del expediente de la Oficina al que correspondan los bienes o lotes de bienes a subastar.
b) En su caso, distribución de los bienes a subastar en lotes.
c) Descripción e información disponibles de los bienes o lotes que se van a subastar, con indicación de sus datos catastrales y registrales, del valor de tasación y de las cargas y gravámenes que, en su caso, hayan de quedar subsistentes y afecten a los bienes.
d) Locales o recintos donde están depositados los bienes y, en su caso, posibilidad de ser examinados por quienes estén interesados en su adquisición.
e) Valor de cada bien o lote de bienes a efectos de la subasta, tipo de salida y tramos de puja.
f) En su caso, se pondrá de manifiesto si la normativa prevé algún derecho de adquisición preferente respecto de los bienes o derechos subastados.
g) Coste del depósito una vez transcurrido el plazo para la recogida de los bienes.
h) Cualquier otra circunstancia que se considere de interés para los posibles licitadores.
1. Para participar en la subasta los licitadores deberán cumplir los siguientes requisitos:
a) Identificarse de forma suficiente.
b) Haber consignado el cinco por ciento del valor de los bienes inmuebles y el veinte por ciento del valor de los bienes muebles a efectos de la subasta. Excepcionalmente este porcentaje podrá modificarse motivadamente.
2. No podrá participar en la subasta el personal que preste servicios en la Oficina, los tasadores y cualquier otra persona que haya participado en el proceso de aprehensión, embargo o decomiso de los bienes o en la subasta.
3. Por el mero hecho de participar en la subasta se entenderá que los postores aceptan las condiciones generales y particulares de la misma. Asimismo, se entenderá que aceptan como suficiente la titulación que conste en el procedimiento o que no exista titulación y que aceptan, si los hubiere, subrogarse en las cargas o gravámenes anteriores y cuya preferencia resulte de la certificación registral de dominio y cargas, en caso de que el remate se adjudique a su favor.
4. El adjudicatario no podrá ceder el remate a terceros. No obstante, los postores podrán pujar en su nombre o en representación de un tercero, circunstancia de la que deberá quedar constancia con carácter previo a la realización de la puja, sin perjuicio de la acreditación que se efectuará en caso de resultar mejor postor.
1. Se podrá retirar cualquier bien de los incluidos en la subasta, dando cuenta de esta circunstancia a través de la web del Ministerio de Justicia y, en el supuesto de subasta electrónica, del Portal de Subastas. La retirada de los bienes conllevará la devolución del depósito efectuado sin que ello implique ningún derecho de compensación para los postores.
2. La Subdirección General de conservación, administración y realización de bienes aprobará mediante resolución el remate en favor del mejor postor, y la notificará de conformidad con lo dispuesto en los artículos 40 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Cuando el mejor postor haya actuado en representación de un tercero, con carácter previo a la aprobación del remate deberá acreditar la representación. Cuando no esté inscrita en el Registro Electrónico de Apoderamientos de la Administración General del Estado, se acreditará mediante copia del poder o documento que la acredite.
3. El mejor postor dispondrá de un plazo de diez días hábiles en el supuesto de bienes muebles o de cuarenta días hábiles para los bienes inmuebles, a contar desde el día siguiente al de la notificación de la resolución de aprobación del remate, para consignar en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de la Oficina la diferencia entre lo depositado y el precio total del remate, y comunicarlo a la Oficina.
4. En el supuesto de que se hayan subastado bienes o derechos respecto de los cuales, según la legislación aplicable, existan interesados que tengan derechos de adquisición preferente, acordado el remate, éste se comunicará a dichos interesados. No procederá dictar la resolución de adjudicación hasta que finalice el plazo en el que, según la legislación aplicable, los interesados puedan ejercer su derecho o hasta que por otras causas se extinga ese derecho.
5. A partir del día siguiente al de celebración de la subasta, se liberarán o devolverán las cantidades consignadas por los postores excepto lo que corresponda al mejor postor, que se reservará en depósito como garantía del cumplimiento de su obligación y como parte del precio de la venta. Asimismo, se mantendrán los depósitos realizados por los postores que hubieran pujado con reserva de postura para que, si el mejor postor no entregare en plazo el importe correspondiente, pueda aprobarse la adjudicación en favor de los que con reserva de postura le sigan, por el orden de sus respectivas posturas y, si fueran iguales, por el orden cronológico en el que hubieran sido realizadas.
Si ninguno de los rematantes a que se refiere el párrafo anterior consignare el precio en el plazo señalado o si desistieran de su oferta, decaerán automáticamente en su derecho y perderán el depósito que hubieran efectuado, sin menoscabo del resarcimiento de los daños y perjuicios que hubiera podido ocasionar en lo que exceda de la caución efectuada y siempre que lo acredite la Administración Pública.
6. Los depósitos no devueltos se ingresarán en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de la Oficina y tendrán la consideración de producto obtenido por la gestión de la Oficina en los términos previstos en el artículo 45.
1. Aprobado el remate y una vez consignada en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de la Oficina la diferencia entre lo ya depositado y el precio total del remate, se dictará resolución de adjudicación por la persona titular de la Oficina en la que se expresará, en su caso, que se ha consignado el precio y, cuando proceda, el plazo para la entrega o retirada del bien. Esta resolución pondrá fin a la vía administrativa.
2. Serán por cuenta del adjudicatario los gastos, incluidos los fiscales y registrales, que origine la transmisión de la propiedad de los bienes adjudicados así como cualquier obligación que recaiga en quien ostente la propiedad de conformidad con la normativa específica que le resulte de aplicación.
Asimismo, serán por cuenta del adjudicatario los gastos que genere el depósito de los bienes desde que finalice el plazo para su recogida. A los efectos oportunos, la Oficina lo pondrá en conocimiento del órgano judicial y del depositario la fecha en que finaliza dicho plazo.
Cuando resulte procedente y se trate de bienes inmuebles o bienes muebles con un régimen de publicidad registral similar, la persona titular de la Oficina emitirá certificación de la adjudicación en la que se hará constar la resolución del órgano judicial por la que se le haya encomendado la realización del bien, la firmeza en vía administrativa de la adjudicación, la identificación del adjudicatario, la descripción de los bienes enajenados, las cargas y gravámenes a que estuvieran afectos y las demás circunstancias necesarias para la inscripción con arreglo a la legislación vigente.
Esta certificación será título suficiente para la inscripción o inmatriculación de la adquisición a favor del adjudicatario de conformidad con lo dispuesto en la legislación hipotecaria.
En su caso, se librará el oportuno mandamiento para la cancelación de la anotación registral del embargo o decomiso que haya dado lugar a la realización, así como para la cancelación de las cargas posteriores a dicha anotación, que será suficiente para practicarlas sin necesidad de mandamiento judicial salvo que una norma de rango legal exija otros trámites.
1. La subasta electrónica se celebrará en el Portal dependiente de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado y se desarrollará conforme a las reglas previstas en los artículos 648 y 649 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, para la celebración electrónica de subastas judiciales.
2. En las subastas electrónicas las notificaciones al mejor postor o, en su caso, adjudicatario, se realizarán por correo electrónico en la dirección que conste en la Certificación de mejor postura de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado o, en su caso, en la que expresamente se facilite al efecto.
La subasta presencial se realizará con sujeción a las siguientes reglas:
1.ª La convocatoria de subasta se anunciará en el «Boletín Oficial del Estado», con al menos un mes de antelación a la fecha de su realización.
2.ª En caso de que así se contemple en la convocatoria, podrán admitirse pujas en sobre cerrado o enviadas por vía telemática, dentro de los plazos que se establezcan en la convocatoria, que se incluirán en dos sobres:
– En un primer sobre se incluirán los documentos acreditativos de que el licitador cumple con los requisitos establecidos para poder concurrir.
– En un segundo sobre aparte, se incluirá la oferta económica.
3.ª En la fecha señalada, se constituirá la mesa de adjudicación integrada por la persona titular de la Subdirección General de conservación, administración y realización de bienes, que la presidirá, y con la participación, como vocales, de un Abogado del Estado en el Ministerio de Justicia, un representante de la Intervención Delegada en el Ministerio de Justicia, y un funcionario de la citada Subdirección General, designado por la persona titular de la Oficina, que actuará además como Secretario. La mesa se regirá por lo dispuesto en esta disposición y las normas administrativas de funcionamiento de los órganos colegiados.
4.ª Antes de abrir la sesión, en el caso de admitirse pujas en sobre cerrado o presentadas por medios telemáticos, se procederá a la apertura del primer sobre, con el fin de determinar qué licitadores pueden concurrir a la subasta.
5.ª Los licitadores podrán participar personalmente o por medio de representante. Los licitadores que hubieran presentado su puja en sobre cerrado o por medios electrónicos podrán presentar pujas superiores a las inicialmente ofertadas.
Una vez acreditada la identidad de los licitadores, se abrirá el plazo para la formulación de las pujas, y se irán admitiendo las que vayan mejorando el tipo de salida, rematándose la subasta a favor del licitador que efectúe la más alta de ellas para cada uno de los bienes o lotes ofertados.
6.ª En su caso, el presidente de la mesa advertirá a los licitadores de la existencia de pujas en sobre cerrado o presentadas por medios telemáticos, y una vez finalicen las pujas formuladas de viva voz, se procederá a la apertura de los sobres o a la lectura de las que se hubieran presentado telemáticamente:
– El secretario expondrá ante la mesa y en voz alta las pujas que se hubiesen efectuado siempre que igualen o superen la máxima alcanzada de viva voz por cualquier licitador.
– Si alguna de las ofertas formuladas por esta vía igualara o superara a la más alta ofrecida a mano alzada, se abrirá nueva puja entre los presentes. Se declarará mejor rematante al licitador que haya hecho la puja más elevada. Y en caso de empate, al que la hubiera realizado por escrito.
7.ª Del resultado de la subasta celebrada el Secretario de la mesa levantará acta en la que se hará constar el desarrollo, incidencias y resultados de la subasta, que será suscrita además por el mejor postor o su representante, si estuviera presente.
8.ª Si no hubiera pujas para un bien o bienes en la primera convocatoria, se podrá celebrar una segunda licitación en el marco de la misma subasta. La segunda licitación se desarrollará con las mismas formalidades que la primera y con los mismos importes mínimos de adjudicación, salvo que en las condiciones de la subasta se hubieran fijado otros distintos.
1. No obstante lo dispuesto en los artículos anteriores, la Oficina podrá recurrir a la subasta simplificada, en cualquiera de los supuestos siguientes:
a) Con carácter general, cuando la subasta quede desierta.
b) Cuando por las características inherentes a un bien concreto, y demás circunstancias sobre su situación, se pueda presumir motivadamente que la subasta quedaría desierta.
c) Cuando se trate de productos perecederos o existan otras razones de urgencia y no proceda la realización mediante entidad especializada.
La subasta simplificada podrá realizarse siguiendo alguna de las modalidades siguientes: presentación de oferta en sobre cerrado o en vía telemática.
2. El procedimiento se desarrollará de conformidad con las siguientes reglas:
1.ª La convocatoria se anunciará en la página web del Ministerio de Justicia. Adicionalmente, la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos podrá adoptar las medidas de difusión que estime oportunas.
2.ª El plazo para la presentación de ofertas será de 10 días hábiles, sin perjuicio de que pueda reducirse motivadamente en casos de urgencia.
3.ª En la convocatoria se establecerá la fecha límite para la admisión de ofertas y, en su caso, plazo de entrada efectiva en el Registro del Ministerio de Justicia, así como de la documentación identificativa del licitador, sin perjuicio de que la restante documentación necesaria para la adjudicación del bien se solicite posteriormente sólo al licitador con mejor oferta. Además, se podrá exigir a los interesados un depósito en la cuantía que se estime oportuna.
Asimismo se fijará el lugar, día y hora para la apertura de los sobres que contengan las ofertas, constituyéndose al efecto una mesa de adjudicación integrada por la persona titular de la Subdirección General de conservación, administración y realización de bienes, que la presidirá, y con la participación, como vocales, de dos funcionarios de la citada Subdirección General, designado por la persona titular de la Oficina, uno de los cuales actuará además como Secretario. La mesa se regirá por lo dispuesto en esta disposición y las normas administrativas de funcionamiento de los órganos colegiados.
4.ª La adjudicación de los bienes se realizará en favor de la propuesta que contenga la oferta económica más elevada, sin perjuicio de la posibilidad de que en cada caso concreto se pueda establecer un precio mínimo.
5.ª En caso de empate entre dos o más propuestas, la enajenación se efectuará en favor de la que se hubiese presentado en fecha anterior, y en caso de igualdad la que tuviera entrada con anterioridad en el Registro.
6.ª Una vez consignado el precio en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de la Oficina, se adjudicará por resolución de la persona titular de la Dirección General de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos. Esta resolución pondrá fin a la vía administrativa.
1. Cuando no se logre adjudicar un bien embargado cuya realización se hubiera encomendado a la Oficina por ninguno de los procedimientos previstos en los artículos precedentes y no proceda ni su utilización por la Administración ni su destrucción, se pondrá en conocimiento del órgano judicial competente a efectos de que acuerde lo que estime procedente.
2. Cuando se trate de un bien decomisado cuyo destino sea la adjudicación al Estado y que por cualquier causa no puedan ser objeto de realización, la Oficina lo pondrá en conocimiento del órgano judicial competente, para que por aquél se adopte la decisión pertinente sobre su destino. A dicha comunicación deberá acompañarse el informe de la Dirección General del Patrimonio del Estado que se recabará previamente por la Oficina.
Se procederá del mismo modo cuando se trate de establecimientos mercantiles radicados en inmuebles de propiedad de terceros, que no hayan podido ser objeto de enajenación.
1. La persona titular de la Oficina resolverá sobre la adjudicación del uso de los efectos embargados o intervenidos cautelarmente, siempre que el órgano judicial haya autorizado su utilización provisional.
Asimismo, la Oficina podrá proponer al juez la utilización provisional de los efectos embargados o intervenidos cautelarmente, en los términos previstos en el artículo 367 sexies de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
2. Una vez autorizada por el juez, corresponderá a la Oficina resolver sobre la adjudicación del uso de los efectos embargados o intervenidos cautelarmente y sobre las medidas de conservación que deban ser adoptadas.
La Oficina informará al juez o tribunal, y a la Fiscalía, de lo que hubiera acordado.
3. En caso de bienes decomisados, cuya gestión hubiera sido encomendada a la Oficina y sobre los que se hubiera autorizado el uso provisional, las Administraciones Públicas, que viniesen utilizando provisionalmente el bien, solicitarán a la Oficina su adscripción definitiva en el plazo de treinta días contados a partir del siguiente a la fecha en que la Oficina les comunique la sentencia firme dictada. La falta de la citada solicitud en el plazo reseñado facultará a la Oficina para proceder a su realización.
Formulada solicitud expresa la Oficina la remitirá a la Dirección General del Patrimonio del Estado a los efectos de que tramite, en caso de que lo considere pertinente, la asignación de los bienes con carácter definitivo a la Administración en los términos que se establezcan en el acuerdo de cesión. Esta comunicación pondrá fin a la gestión de la Oficina respecto a este bien.
1. La gestión de los bienes por la Oficina podrá contemplar la destrucción de bienes de lícito comercio cuando sea acordada judicialmente.
Cuando se trate de bienes de escaso valor por su obsolescencia, deterioro o su carácter perecedero la Oficina podrá acordar su destrucción, inutilización o abandono, previa autorización judicial.
Igualmente, cuando se trate de efectos que por razones medioambientales deban eliminarse o ser sometidos a tratamiento, la correspondiente actuación podrá ser acordado por la Oficina previa autorización del órgano judicial competente.
2. La destrucción se realizará de conformidad con la normativa aplicable dependiendo del tipo de bien de que se trate.
3. La destrucción onerosa de bienes se llevará a cabo por medio de persona o entidad especializada de conformidad con lo previsto en el artículo 28.1.
No obstante, cuando la destrucción de los bienes no implique un coste para la Oficina, esta seleccionará directamente a la entidad especializada que llevará a cabo la gestión, debiendo solicitarse, siempre que sea posible, al menos tres propuestas. De todo ello quedará constancia en el expediente.
1. La Oficina recabará la asistencia y asesoramiento de otras Administraciones y organismos públicos en materia de ejecución de embargos y decomisos acordados por la autoridad judicial.
2. Salvo que el órgano judicial encomiende a la oficina la gestión de los bienes, la intervención de la Oficina finalizará con el envío de la propuesta de actuación al órgano judicial competente.
1. La Oficina dispone de una Cuenta de depósitos y consignaciones que tiene un carácter instrumental respecto de las cuentas de depósitos y consignaciones judiciales cuya finalidad es asegurar la trazabilidad y correspondencia de los distintos expedientes incoados en la Oficina con los expedientes judiciales.
2. La Cuenta de la Oficina es única y en ella se recogerán los movimientos y saldos de las distintas cuentas de expediente de la Oficina integradas dentro de aquélla.
1. Se considerarán gastos de gestión todos los que se hayan ocasionado con motivo de la gestión de un bien concreto por la Oficina.
2. En todo caso, se excluyen de los gastos de gestión los costes derivados del depósito acordado judicialmente que, una vez finalizado el procedimiento, o bien, formarán parte de la tasación de costas del proceso, o bien, serán abonados por la Administración competente en cada caso.
1. Con carácter ordinario, los pagos derivados de los contratos, encomiendas de gestión o, en su caso, convenios de colaboración que resulten precisos para la conservación, administración y realización de bienes por la Oficina se efectuarán de conformidad con lo dispuesto en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
2. No obstante, podrán realizarse con cargo a la correspondiente cuenta-expediente de la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de la Oficina, o en su defecto, con cargo a los intereses de la Cuenta de la Oficina, los pagos autorizados judicialmente relativos a la gestión de los bienes en el marco de un expediente concreto.
3. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en la Disposición adicional sexta de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, los costes de gestión podrán satisfacerse con los intereses de la Cuenta de la Oficina.
1. Cuando el órgano judicial acuerde la transferencia de las cantidades obtenidas a la cuenta del órgano judicial con carácter previo a la finalización del proceso, se detraerá el importe correspondiente a los gastos que se hubieran causado en la conservación y en el procedimiento de realización de los mismos.
2. Cuando recaiga resolución judicial firme que ponga fin al procedimiento y no se acuerde el decomiso de los bienes, la Oficina ingresará el importe de la cuenta-expediente en la Cuenta de depósitos y consignaciones del órgano judicial, sin descontar, en su caso, los gastos que se hubieran causado en la conservación y en el procedimiento de realización de los mismos.
3. Cuando recaiga resolución judicial firme que ponga fin al procedimiento y se acuerde el decomiso de los bienes, la Oficina procederá a su realización si no la hubiera llevado a cabo previamente y solicitará al órgano judicial que informe, en su caso, de la cuantía que proceda transferirle.
Una vez deducidos los gastos ocasionados por la realización de los bienes, la Oficina transferirá a la cuenta del órgano judicial la cuantía requerida.
Cuando un expediente de la Oficina finalice, y se constate que la correspondiente cuenta-expediente ha quedado sin saldo, se procederá a su cancelación.
La persona responsable de la Cuenta será la única autorizada para cancelar una cuenta expediente de la Cuenta de la Oficina.
Quedan excluidos del ámbito objetivo de aplicación de esta norma, los bienes y los frutos o intereses que éstos produzcan, que hayan sido previamente decomisados por sentencia judicial firme y que deban integrarse en el fondo regulado por la Ley 17/2003, de 29 de mayo, por la que se regula el Fondo de Bienes Decomisados por tráfico ilícito de drogas y otros delitos relacionados, los cuales quedarán sometidos al régimen específico establecido en dicha ley y en su normativa de desarrollo.
No obstante, la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos podrá firmar un convenio de colaboración con la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas a fin de articular las relaciones entre ambos, que podrá incluir fórmulas de cooperación en las funciones de asesoramiento, gestión y realización de efectos procedentes de actividades delictivas a los que se refiere el apartado anterior; asimismo, podrá hacer referencia al intercambio de información y a la coordinación de acciones, cuando resulte apropiado.
Quedan excluidos del ámbito de aplicación del presente real decreto los bienes decomisados por delito de contrabando, que se regularán por lo dispuesto en la Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de represión del contrabando.
1. El Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y Crimen Organizado del Ministerio del Interior, a través de los canales policiales internacionales establecidos, realizará el intercambio de información policial internacional relacionada con la localización de bienes.
2. La Oficina de Recuperación y Gestión de Activos realizará el intercambio de información pasivo proveniente de otras oficinas, instituciones u organismos judiciales o multidisciplinares cuyo único fin sea el embargo o decomiso en el marco de un procedimiento penal. Asimismo en cumplimiento de las encomiendas judiciales y del Ministerio Fiscal recibidas podrá dirigirse para el intercambio de información activo a cualquier oficina o institución que tenga competencias en la materia independientemente de su naturaleza.
3. La Oficina de Recuperación y Gestión de Activos y el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y Crimen Organizado del Ministerio del Interior, intercambiarán las informaciones que fueran necesarias a fin de evitar duplicidades o pérdidas de eficiencia, prestándose mutua colaboración en la materia, en el marco de la normativa de protección de datos de carácter personal.
La entrada en funcionamiento operativo de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos se determinará mediante Orden del Ministro de Justicia y se realizará tras la entrada en vigor de la Ley 41/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de las garantías procesales, y de manera progresiva, de acuerdo con el plan de acción que previamente apruebe el Director General de la Oficina.
El presente real decreto será aplicable únicamente a bienes cuya localización, embargo o decomiso se acuerde a partir de su entrada en vigor y que se pongan a disposición de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos tras la entrada en funcionamiento de la misma, de conformidad con lo previsto en la citada Orden Ministerial.
No obstante la Oficina podrá, a iniciativa propia y previa autorización del juez o tribunal competente, asumir la gestión y realización de bienes embargados y decomisados con anterioridad a la entrada en vigor del presente real decreto cuando así resulte conveniente en atención a la naturaleza o especiales circunstancias de los bienes.
El Real Decreto 467/2006, de 21 de abril, por el que se regulan los depósitos y consignaciones judiciales en metálico, de efectos o valores, queda modificado como sigue:
Uno. Se modifica el apartado 4 del artículo 2, que queda redactado con el siguiente tenor:
«Los intereses que se liquiden por la entidad de crédito correspondiente a las Cuentas de Depósitos y Consignaciones se abonarán al Tesoro Público en la cuantía y forma que se especifique en el pliego de bases del expediente del procedimiento de contratación que se hubiese seguido para la selección de la entidad de crédito establecida en el párrafo primero del presente artículo, que respetará en todo caso los medios de pago determinados en el artículo 110 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, y de conformidad con el artículo 70 de la Ley 53/2002, de 30 de noviembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, o las normas que le sustituyan en su caso.
Quedan exceptuados los intereses que generen las cantidades provenientes de la cuenta especial de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos, que se ingresarán en dicha cuenta, a los efectos de lo previsto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.»
Dos. Se modifica el apartado número 4 del artículo 3, que queda redactado con el siguiente tenor:
«Asimismo, podrán disponer de los fondos de las Cuentas de Depósitos y Consignaciones:
a) los miembros de la Carrera Fiscal, en los supuestos establecidos en las Disposiciones adicionales primera y segunda de este real decreto,
b) el Subdirector general de conservación, administración y realización de bienes de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos, en los términos previstos en la disposición adicional quinta, y
c) los secretarios relatores en la jurisdicción militar.
Todos ellos deberán cumplir con las normas establecidas en el apartado anterior.»
Tres. Se modifica el apartado 2 del artículo 13, que queda redactado con el siguiente tenor:
«Las cantidades que se encuentren ingresadas en las Cuentas de Depósitos y Consignaciones y que hayan sido objeto de decomiso en aplicación del artículo 374 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, y del artículo 5 de la Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de Represión del Contrabando, una vez haya ganado firmeza la sentencia en la que se decrete su decomiso y adjudicación definitiva al Estado, serán transferidas por el secretario judicial a la cuenta especial de ingresos al Tesoro Público, «Decomisos por Delitos de Narcotráfico u otros delitos relacionados», que será única para todo el territorio nacional, sin perjuicio de los acuerdos para la transferencia de dichas cantidades que pudieran acordarse en virtud del convenio de colaboración a que se refiere la disposición adicional primera del Real Decreto por el que se regula la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos.»
Cuatro. Se añade una disposición adicional quinta:
«Disposición adicional quinta. Cuenta de Depósitos y Consignaciones de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos.
1. Para la gestión y realización de los efectos judiciales encomendados por las autoridades judiciales competentes a la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos, existirá una Cuenta de Depósitos y Consignaciones de carácter especial a disposición de ésta. La persona autorizada para la disposición de sus fondos será el subdirector general de conservación, administración y realización de bienes o la persona en quien éste delegue.
2. Esta cuenta llevará el nombre de Oficina de Recuperación y Gestión de Activos, adicionado con la denominación «Cuenta de Depósitos y Consignaciones» y su régimen será el previsto en este real decreto para las Cuentas de Depósitos y Consignaciones de órganos judiciales, con las siguientes especialidades:
a) La cuenta tendrá un carácter instrumental respecto a las cuentas de depósitos y consignaciones judiciales con la finalidad de asegurar la trazabilidad y correspondencia de los distintos expedientes incoados en la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos con los expedientes judiciales.
b) Una vez satisfechos los gastos causados a la Oficina en la conservación de los bienes y en el procedimiento de realización de los mismos, la parte del producto sobrante de la realización de los efectos, bienes, instrumentos y ganancias que el juzgado requiera se ingresará en la cuenta de consignaciones del juzgado o tribunal, quedando afecta al pago de las responsabilidades civiles y costas que se declaren, en su caso, en el procedimiento. La cantidad restante se asignará de manera definitiva a la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos, para su aplicación a los fines reglamentariamente previstos.»
Uno. Se modifica la letra A) del apartado 1 del artículo 2:
«A) La Secretaría de Estado de Justicia. De ella dependen los siguientes órganos directivos:
a) La Secretaría General de la Administración de Justicia, de la que depende la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia.
b) La Oficina de Recuperación y Gestión de Activos.
c) La Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional y Relaciones con las Confesiones.»
Uno. El artículo 2 queda redactado como sigue:
«Artículo 2. Secretaría de Estado de Justicia.
1. La Secretaría de Estado de Justicia es el órgano superior del departamento al que corresponde, bajo la superior autoridad del Ministro, la coordinación y colaboración con la administración de las comunidades autónomas al servicio de la justicia, la ordenación, planificación, apoyo y cooperación con la Administración de Justicia y con la Fiscalía en su modernización, la cooperación jurídica internacional y las relaciones con los organismos internacionales y de la Unión Europea en el ámbito de las competencias del Ministerio de Justicia y la dirección, impulso y gestión de las atribuciones ministeriales relativas a los asuntos religiosos y libertad de conciencia, y las relacionadas con la localización y recuperación de efectos, bienes, instrumentos y ganancias procedentes de actividades delictivas, su conservación, administración y realización.
Sin perjuicio de las atribuciones del Ministro, corresponde al titular de la Secretaría de Estado la participación en las relaciones del ministerio con los órganos de gobierno del Consejo General del Poder Judicial, los del Ministerio Fiscal, los competentes en materia de justicia de las comunidades autónomas y los Consejos Generales de los Colegios de Abogados y de Procuradores de los Tribunales, así como las relaciones del ministerio con el Defensor del Pueblo.
2. De la Secretaría de Estado de Justicia dependen los siguientes órganos directivos:
a) La Secretaría General de la Administración de Justicia, de la que depende la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia
b) La Oficina de Recuperación y Gestión de Activos.
c) La Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional y Relaciones con las Confesiones.
Están adscritos al Ministerio de Justicia, a través de la Secretaría de Estado de Justicia, el Centro de Estudios Jurídicos y la Mutualidad General Judicial, con la naturaleza jurídica, estructura y funciones que se prevén en su normativa específica.
3. Como órgano de apoyo y asistencia inmediata al Secretario de Estado, existe un Gabinete, con nivel orgánico de subdirección general, con la estructura que establece el artículo 14.3 del Real Decreto 1887/2011, por el que se aprueba la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales.»
Dos. Se introduce un nuevo artículo 5 bis con la siguiente redacción:
«Artículo 5 bis. Oficina de Recuperación y Gestión de Activos.
1. Corresponden a la Oficina de Recuperación y Gestión de activos, con rango de Dirección General, las siguientes funciones:
a) La identificación y búsqueda de los efectos, bienes, instrumentos y ganancias provenientes del delito, radicados dentro o fuera del territorio nacional, así como su puesta a disposición judicial.
b) El mantenimiento y gestión de los efectos, bienes, instrumentos y ganancias provenientes del delito, cualquiera que sea la naturaleza de los mismos, así como de los beneficios, frutos y rentas de tales bienes. Podrá comprender también la destrucción de los bienes cuando sea acordada por la autoridad competente, en los términos previstos legalmente.
c) La elaboración de informes sobre el estado y circunstancias de los bienes gestionados, que remitirá a la autoridad competente, de oficio o cuando ésta lo solicite, a los efectos de evitar las actuaciones antieconómicas y garantizar, dentro del respeto a la ley y con el cumplimiento de todas las garantías procesales, el máximo beneficio económico.
d) La realización de los bienes, que comprenderá la actividad tendente a la venta de los bienes, efectos, ganancias e instrumentos entregados a la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos, si fuese acordada judicialmente, tras el decomiso de los mismos.
e) La función derivada del soporte necesario para el desarrollo de la actividad propia de la Comisión de Adjudicación de bienes producto del delito.
f) La tramitación administrativa precisa para hacer llegar a la cuenta de depósitos y consignaciones el dinero resultante del embargo o la realización anticipada de los efectos a los que se refiere la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
g) Las demás funciones que se refieran al objeto de la Oficina y puedan atribuirle otras normas.
2. De la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos dependen los siguientes órganos:
a) La Subdirección General de localización y recuperación de bienes, a la que corresponde el ejercicio de las funciones señaladas en la letra a) del apartado anterior.
b) La Subdirección General de conservación, administración y realización de bienes, a la que corresponde el ejercicio de las funciones señaladas en las letras b), c), d), e), f) y g) del apartado anterior.
3. Corresponde a la persona titular de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos planificar la actuación de la Oficina y elaborar un plan anual de acción, dirigir las relaciones institucionales de la Oficina tanto nacionales como internacionales, y su relación con los juzgados, tribunales y fiscalías, concluir acuerdos con terceras instituciones a los efectos de llevar a cabo las funciones y los fines que le son propios, convocar a la Comisión de Adjudicación de bienes producto del delito, dictar instrucciones para favorecer la coordinación de la Oficina con el Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado y los Ministerios afectados, así como con terceras instituciones públicas o privadas, coordinar la labor de la oficina con otros departamentos, organismos e instituciones públicas, en el ámbito de sus competencias, cuando sea necesario, así como elevar al Ministro de Justicia la memoria anual y las cuentas anuales para su aprobación.»
El presente real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.5.ª y 6.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de Administración de Justicia y legislación penal y procesal.
El capítulo IV y la disposición final primera también se dictan en aplicación del artículo 149.1.14.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado competencia exclusiva en materia de Hacienda pública.
Se habilita al Ministro de Justicia para que adopte las normas que sean necesarias para el desarrollo y ejecución de este real decreto.
El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas llevará a cabo las modificaciones presupuestarias precisas para el cumplimiento de lo previsto en este real decreto y aprobará la relación de puestos de trabajo de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos, a propuesta del Ministerio de Justicia.
El presente real decreto entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Dado en Oviedo, el 23 de octubre de 2015.
FELIPE R.
El Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas,
CRISTÓBAL MONTORO ROMERO
Este documento es de carácter informativo y no tiene valor jurídico.
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