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Este texto consolidado es de carácter informativo y no tiene valor jurídico.La Organización Mundial de la Salud elevó el pasado 11 de marzo de 2020 la situación de emergencia de salud pública ocasionada por el COVID-19 a pandemia internacional, ya que su propagación internacional supone un riesgo para la salud pública de los países y exige una respuesta internacional coordinada. En dicho contexto, mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
El citado Real Decreto 463/2020 establece en su artículo 4 que la autoridad competente a efectos del estado de alarma será el Gobierno y, en sus respectivas áreas de responsabilidad, las personas titulares de los Ministerios de Sanidad, Defensa, Interior, Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. No obstante, de conformidad con el artículo 6 del citado Real Decreto cada Administración conserva las competencias que le otorga la legislación vigente en la gestión ordinaria de sus servicios para adoptar las medidas que estime necesarias, en el marco de las órdenes directas de la autoridad correspondiente.
Así la situación extraordinaria generada por la evolución del coronavirus COVID-19 ha determinado la adopción de diversas medidas de carácter extraordinario y urgente por motivos de salud pública.
En Navarra en el ámbito sanitario se han aprobado, por la Consejera de Salud, la Orden Foral 3/2020, de 13 de marzo, y la Orden Foral 4/2020, de 14 de marzo. En el ámbito educativo se han aprobado, por el Consejero de Educación, la Orden Foral 26/2020, de 13 de marzo, y la Orden Foral 27/2020, de 15 de marzo. En el ámbito del de prevención en lugares de trabajo de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos se ha aprobado, por el Consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior, la Orden Foral 48/2020, de 15 de marzo. Finalmente en el ámbito del transporte se ha aprobado, por la Directora General de Transportes, la Resolución 19/2020, de 15 de marzo.
Las circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad que llevan a implementar las medidas que se contienen en este Decreto-ley Foral en el ámbito de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos, como medida que puede contribuir a paliar la extensión de la propagación del COVID-19, se enmarcan en el actual escenario de contención y prevención del citado virus, por lo que no se requiere mayor esfuerzo de motivación para justificar cumplidamente la concurrencia de los requisitos de utilización del Decreto-ley Foral previstos en el artículo 21 bis de la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra, ya que concurren las notas de excepcionalidad, gravedad y relevancia que hacen necesaria una acción normativa inmediata en un plazo más breve que el previsto para la tramitación parlamentaria de una ley, bien sea por el procedimiento ordinario o por el de urgencia.
Ante la extraordinaria situación generada y para garantizar la prestación de los servicios públicos esenciales, es preciso contemplar determinadas medidas en materia de personal que permitan por un lado la inmediatez a la hora de realizar contrataciones del personal y por otro la posibilidad de incorporar al sistema el mayor número de profesionales que puedan prestar servicios ante la eventual escasez de personal en los puestos de trabajo en los que sea imprescindible, siempre que se trate de puestos incardinados en tales servicios públicos esenciales y con carácter absolutamente extraordinario y excepcional.
Para evitar los perjuicios que se pudieran derivar para el personal funcionario docente en prácticas de la suspensión de la actividad educativa presencial en todos los centros docentes, se prevé que, en relación con la evaluación de la fase de prácticas del proceso selectivo, el periodo que pueda durar la suspensión se compute como de prácticas.
En el ámbito de los derechos sociales se toman varias medidas en materia de recursos humanos para asegurar en todo momento el adecuado funcionamiento de los centros y servicios sociosanitarios. Ante la posible dificultad de contratación de personal para dichos centros y servicios se facilita la contratación de auxiliares de ayuda a domicilio y personal cuidador mediante la dispensa de varios requisitos exigidos en su normativa de aplicación. En el caso de la contratación de auxiliares de ayuda a domicilio se facilita la contratación de familiares que cuenten con la titulación, acreditación o habilitación correspondiente y, además, en el caso de personal cuidador, gerocultor, auxiliar de ayuda a domicilio o asistente personal se extiende el régimen especial de contratación para centros y servicios sociosanitarios a toda la Comunidad Foral de Navarra. Además, se habilita a la Directora Gerente de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas para modificar las condiciones de las subvenciones nominativas para poder reasignar en cualquier momento los trabajos en función de las necesidades de personal que puedan ir surgiendo en cada momento, con la finalidad de garantizar la cobertura a dichos servicios esenciales.
Se contienen también en este Decreto-ley Foral medidas para una gestión eficiente de la Administración pública de la Comunidad Foral de Navarra y su sector público institucional foral, de forma que los procedimientos de contratación, contabilización, gestión presupuestaria y subvenciones se adecuen a las nuevas necesidades, especialmente dando herramientas ágiles con las que poder dotarse de recursos para prevenir el contagio y asistir a las personas.
Así, el artículo 140 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos, establece que cuando la Administración tenga que actuar de manera inmediata a causa de acontecimientos catastróficos, de situaciones que supongan grave peligro o de necesidades que afecten a la seguridad pública, el expediente de contratación se ajustará a la tramitación de emergencia. Esta tramitación excepcional en la contratación pública encaja a la perfección en la situación actual para hacer frente al COVID-19. Esta misma medida se adopta para los encargos a entes instrumentales.
Además se adoptan medidas para garantizar el derecho básico de alimentación de niños y niñas en situación de vulnerabilidad, estableciendo la coordinación entre los servicios sociales y los centros educativos. Para posibilitar la aplicación inmediata de esta previsión, se considera necesaria la puesta a disposición del Departamento de Derechos Sociales, por parte del de Educación, de los fondos que éste viene dedicando a esas atenciones.
El artículo 8 del Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19, ya prevé esta medida.
Otra de las medidas se refiere a la declaración de entes instrumentales. Dado que se encuentra en tramitación el Decreto Foral que regula los entes instrumentales, se considera procedente prorrogar la declaración de instrumentalidad de los mismos que se encuentren vigentes, con el fin de no paralizar la realización de los encargos efectuados por la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos, ya que dicha vigencia finaliza durante los meses de marzo y abril de 2020, según sociedades, y se considera imprescindible para el funcionamiento de la Administración la prórroga con carácter extraordinario de tales declaraciones, que en situaciones normales se irían tramitando durante estos meses.
En lo que al régimen de autorizaciones se refiere se incluye la posibilidad de la concesión de autorizaciones excepcionales para, en su caso, poder atender a situaciones de gestión de residuos, autorización de actividad productiva y de suministro de alimentos agrícolas y ganaderos.
Se crea un Fondo de hasta 100 millones de euros, ampliable en su caso, con el fin de articular medidas que intenten paliar los gastos extraordinarios que se vayan originando como consecuencia de la gestión del COVID-19, sobre todo en los sectores de salud, educación, políticas sociales, empleo, familias, empresas, pymes, autónomos, los derivados de la conciliación laboral y familiar, protección social y otros gastos ocasionados por el COVID-19. Dicho importe se podrá ir actualizando, en su caso, según las nuevas necesidades que vayan surgiendo.
Se modifica la Ley Foral 5/2020, de 4 de marzo, de Presupuestos Generales de Navarra para 2020, en lo referente a los importes máximos de avales o garantías análogas y préstamos que las entidades públicas empresariales, fundaciones públicas y sociedades públicas, con el objetivo de ayudar a las empresas que lo necesiten, dado el previsible aumento en la demanda de estas figuras jurídicas. Así se amplía de 30.000.000 € a 40.000.000 € el importe máximo a conceder por dichas entidades en cuanto a avales o garantías análogas y de 15.000.000 € a 30.000.000 € en cuanto a préstamos, ampliándose –en consecuencia– el riesgo vivo máximo de estas entidades de 97.000.000 € a 107.000.000 € para avales o garantías análogas y de 134.000.000 € a 149.000.000 € para préstamos.
Finalmente, se adoptan medidas en materia tributaria para limitar, suspender o aplazar obligaciones tributarias, con la finalidad de prevenir un impacto negativo sobre los contribuyentes.
Las razones expuestas justifican la aprobación del presente Decreto-ley Foral, en virtud de la urgente necesidad de la adopción inmediata de las medidas señaladas.
En virtud de todo ello, y haciendo uso de la autorización contenida en el artículo 21 bis de la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, a propuesta del Consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior, y de conformidad con la decisión adoptada por el Gobierno de Navarra en sesión celebrada el día dieciocho de marzo de dos mil veinte, decreto:
Es objeto del presente Decreto-ley Foral el adoptar en Navarra medidas extraordinarias para responder al impacto generado por la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19).
1. Las disposiciones de este Decreto-ley Foral en materia de personal serán de aplicación al personal al servicio de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos, en todos aquellos supuestos en que su aplicación resulte imprescindible para la prestación de los servicios públicos esenciales.
La definición de los servicios públicos esenciales se aprobará mediante Orden Foral del Consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior.
2. Este Decreto-ley Foral tendrá carácter supletorio para todo el personal al servicio de las Administraciones Públicas de Navarra no incluidas en su ámbito de aplicación.
3. Las medidas recogidas se establecen sin perjuicio de la sujeción de todo el personal a las necesidades del servicio y de la obligación de estar a disposición, cuando les sea requerida, para la prestación de los servicios públicos encomendados a la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos.
1. Las medidas en materia de personal recogidas en este Decreto-ley Foral se podrán adoptar en la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos y podrán afectar al personal a su servicio, cualquiera que sea su régimen jurídico, en el grado, intensidad, periodicidad y clase de medida que se determine por los órganos competentes en materia de personal de los Departamentos u organismos autónomos correspondientes.
2. Los órganos que resuelvan sobre la adopción de las medidas recogidas en este Decreto-Ley Foral comunicarán a la Dirección General de Función Pública las Resoluciones adoptadas. La Dirección General de Función Pública coordinará el seguimiento sobre la incidencia que estas medidas tengan en el funcionamiento de los servicios durante su período de vigencia.
1. Los órganos competentes en materia de personal podrán imponer a las personas empleadas públicas, cualquiera que sea su puesto de trabajo y régimen jurídico, servicios extraordinarios por su duración o por su naturaleza, al objeto de garantizar la protección de personas, bienes y lugares y la prestación de la asistencia sanitaria.
2. Las medidas que se adopten podrán ir dirigidas a la encomienda de funciones distintas de las correspondientes al puesto de trabajo, categoría o especialidad que la persona empleada se encuentre desempeñando, siempre que cuente con experiencia o capacitación técnica suficiente para la realización de las funciones encomendadas. En el supuesto de que las retribuciones del nuevo puesto de trabajo encomendado sean superiores a las que viniera percibiendo la persona empleada, se abonarán aquéllas.
3. Podrán adoptarse igualmente medidas de movilidad geográfica, interdepartamental o entre centros de trabajo ubicados en distintas localidades.
4. El personal adscrito a una Unidad o centro de trabajo en el que se haya determinado por parte de la autoridad sanitaria su cierre o suspensión de actividad podrá ser requerido para prestar servicios de refuerzo en otra unidad orgánica distinta.
5. Asimismo, se podrán adoptar medidas en materia de jornada de trabajo y descanso, pudiendo revocarse o suspenderse permisos, licencias, vacaciones y reducciones de jornada ya concedidos, así como denegar cualquiera de los anteriores y denegar o suspender cualquier tipo de situación administrativa, además de denegar o suspender permisos de reparto del empleo, concedidos en aplicación del Decreto Foral 39/2014, de 14 de mayo, procediendo en su caso a la oportuna regularización retributiva y sin que la reincorporación del personal a su puesto de trabajo conlleve en ningún caso la extinción de los contratos temporales de sustitución suscritos al amparo de los mismos.
6. En todo caso, deberá garantizarse que la suma de los descansos que deban tener lugar en el conjunto de una semana no sea inferior a setenta horas, con un promedio de descanso entre jornadas de trabajo de diez horas.
7. Todas las medidas deberán adoptarse con el fin de contribuir a la correcta prestación asistencial o de los dispositivos de prevención, control o seguimiento y su aplicación se realizará con carácter gradual, utilizando de manera racional los recursos humanos disponibles y no será de aplicación a las mujeres que se encuentren en estado de gestación.
El órgano competente en cada caso podrá autorizar la compatibilidad de profesionales ajenos al sistema público para que puedan pasar a prestar servicios en régimen de contratación administrativa en la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos.
1. Las personas integrantes de las listas de aspirantes a la contratación temporal podrán ser requeridas para su contratación en régimen administrativo en cualquier ámbito de contratación de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos. Se intentará, de manera preferente, respetar el orden de prelación de aspirantes en las listas de contratación vigentes.
2. De manera excepcional, los órganos competentes de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos podrán ofertar la contratación en régimen administrativo a las personas más indicadas en función de su adaptación y conocimiento del puesto de trabajo a cubrir.
1. El personal con dispensa absoluta de asistencia al puesto de trabajo por ejercicio de funciones sindicales podrá solicitar voluntariamente reincorporarse para desempeñar funciones asistenciales relacionadas con la atención al COVID-19.
2. La reincorporación de estos trabajadores no supondrá el cese del personal sustituto que pudiera existir.
Se levanta la suspensión contenida en la disposición adicional tercera de la Ley Foral 29/2019, de 23 de diciembre, a fin de posibilitar al personal incluido en el ámbito de aplicación del presente Decreto-ley Foral la prolongación de su permanencia en el servicio activo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley Foral 10/2003, de 5 de marzo, sobre régimen transitorio de los derechos pasivos del personal funcionario de los montepíos de las Administraciones Públicas de Navarra.
En todo caso las prolongaciones de la permanencia en el servicio activo que se produzcan al amparo de este artículo lo serán mientras se mantenga la aplicación de las medidas previstas en el presente Decreto-ley Foral.
Los profesionales sanitarios jubilados menores de setenta años podrán ser reincorporados al servicio activo, al amparo de lo previsto en el apartado cuarto de la Orden SND/232/2020, de 15 de marzo, por la que se adoptan medidas en materia de recursos humanos y medios para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en las condiciones establecidas en la misma.
El personal incluido en el ámbito de aplicación del presente Decreto-ley Foral jubilado menor de setenta años y acogido al Montepío de funcionarios de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra podrá ser reincorporado al servicio activo por la Directora General de Función Pública, en las mismas condiciones señaladas en el artículo anterior.
1. Los órganos competentes en materia de personal del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, a los efectos de garantizar la correcta prestación continuada de asistencia sanitaria a la población, podrán dejar sin efecto, con carácter general o en los casos individuales que estimen necesarios, los apartados segundo y tercero del Acuerdo de 6 de mayo de 2004, por el que se aprueba el pacto suscrito por la Administración sanitaria con las centrales sindicales, sobre régimen de exención de guardias.
2. Asimismo, con carácter excepcional y de manera transitoria podrán revocar, con carácter general o individualmente en los casos en que estimen necesario, las exenciones de guardias vigentes.
El periodo de suspensión de la actividad educativa presencial determinado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, se computará a efectos del periodo de prácticas del curso 2019/2020 establecido en la Resolución 3057/2019, de 4 de septiembre, del Director del Servicio de Recursos Humanos del Departamento de Educación, por la que se regula la fase de prácticas del procedimiento selectivo del Cuerpo de Maestros.
Se dispensan los requisitos relativos al vínculo de parentesco y de cualificación profesional exigidos para la contratación de cuidadores profesionales en domicilio regulados en el artículo 5, apartado 2.1 de la Orden Foral 476/2018, de 19 de diciembre, del Consejero de Derechos Sociales, por la que se regula la ayuda económica para la permanencia en el domicilio de las personas dependientes para la contratación de un servicio, exigiéndose únicamente al cuidador/a profesional el tener 18 o más años y cumplir las condiciones de afiliación, alta y cotización a la Seguridad Social que correspondan de conformidad con la normativa vigente.
Se extiende la aplicación del régimen especial de contratación para zonas rurales regulado en la Resolución 1880/2020, de 16 de marzo, de la Directora Gerente de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas, por la que se desarrolla en el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra dicho régimen, a toda la Comunidad Foral de Navarra.
1. La adopción de cualquier tipo de medida directa o indirecta por parte de los órganos de las Administraciones Públicas de Navarra para hacer frente al COVID-19 justificará la necesidad de actuar de manera inmediata, al amparo de lo previsto en el artículo 140 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos.
2. De acuerdo con la previsión establecida en el apartado anterior, a todos los contratos y encargos que hayan de celebrar o realizar las Administraciones Públicas de Navarra o sus organismos públicos, entes instrumentales y entidades de Derecho público para atender las necesidades derivadas de la protección de las personas y otras medidas adoptadas por el Gobierno de Navarra para hacer frente al COVID-19, les resultará de aplicación la tramitación de emergencia.
3. El libramiento de los Fondos necesarios para hacer frente a los gastos que genere la adopción de medidas para la protección de la salud de las personas frente al COVID-19 se realizarán a justificar.
4. Se habilita a los órganos de contratación para modificar los contratos por ellos suscritos para atender las necesidades derivadas de la protección de las personas y otras medidas adoptadas por el Gobierno de Navarra para hacer frente al COVID-19. Estos casos serán tramitados mediante tramitación de emergencia.
5. Los expedientes de contratación relativos a suministros de aprovisionamiento y compra de equipamiento derivados del COVID-19 que deban tramitarse por el procedimiento de emergencia establecido en el artículo 140 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos, estarán exentos de intervención previa en todas sus fases, incluyéndose entre ellas, las órdenes de pago a justificar, sin perjuicio de lo dispuesto en la letra b) del párrafo segundo del citado artículo.
Lo dispuesto en este apartado será de aplicación a cualquier otro expediente de contratación derivado del COVID-19, no incluido en el párrafo anterior, que deba tramitarse por el procedimiento de emergencia.
1. Los traspasos de dotaciones presupuestarias necesarios para atender a los gastos derivados del COVID-19, tendrán la consideración de movimiento de Fondos de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley Foral 13/2007, de 4 de abril, de la Hacienda Pública de Navarra, pudiéndose utilizar cualquier partida del presupuesto de gastos de cada Departamento.
2. Las personas titulares de los organismos autónomos serán las competentes para autorizar la realización de dichos movimientos en lo que respecta a sus programas.
3. El Departamento de Educación pondrá a disposición del Departamento de Derechos Sociales, la cuantía que resulte de aplicar el módulo previsto para la subvención de comedor del alumnado de familias económicamente desfavorecidas al alumnado realmente atendido por este Departamento durante el periodo de suspensión de la actividad de los comedores escolares.
Se habilita a la Directora Gerente de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas para modificar las condiciones de las subvenciones nominativas para garantizar la cobertura de servicios esenciales para atender las necesidades derivadas de la protección de las personas y otras medidas adoptadas por el Gobierno de Navarra para hacer frente al COVID-19.
En coordinación con la autoridad competente definida en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, la actividad administrativa sometida a régimen autorizatorio en los ámbitos de la protección y la gestión del medio ambiente, sanidad animal y sanidad vegetal, podrá ser objeto de autorizaciones excepcionales a fin de atender adecuadamente la situación de emergencia sanitaria provocada por el coronavirus COVID-19.
Se crea un Fondo de hasta 100 millones de euros, que, en su caso, podrá ser ampliable, que se aplicará en función de las necesidades, para paliar los gastos de salud, educación, políticas sociales, empleo, familias, empresas, Pymes, autónomos, conciliación laboral y familiar, protección social y otros gastos ocasionados por el COVID-19, mediante la tramitación de las correspondientes modificaciones presupuestarias conforme a lo previsto en la Ley Foral 13/2007, de 4 de abril, de la Hacienda Pública de Navarra.
1. En el ámbito de las competencias de la Comunidad Foral de Navarra, de acuerdo con lo previsto en el Convenio Económico, el período comprendido desde la entrada en vigor del presente Decreto-ley Foral hasta el 30 de abril de 2020 no computará a efectos de la duración máxima de los procedimientos tributarios, si bien durante dicho período podrá la Administración impulsar, ordenar y realizar los trámites imprescindibles.
2. No obstante lo anterior, el órgano competente podrá acordar, mediante resolución motivada, las medidas de ordenación e instrucción estrictamente necesarias para evitar perjuicios graves en los derechos e intereses del interesado en el procedimiento y siempre que éste manifieste su conformidad, o cuando el interesado manifieste su conformidad con que no se suspenda el plazo.
3. Los plazos de pago de la deuda tributaria previstos en la normativa tributaria que no hayan concluido a la entrada en vigor de este Decreto-ley Foral se ampliarán hasta el 30 de abril de 2020.
Los plazos de pago de la deuda tributaria correspondientes a notificaciones realizadas a partir de la entrada en vigor este Decreto-ley Foral se ampliarán hasta el 30 de mayo de 2020, salvo que el otorgado por la norma general sea mayor, en cuyo caso éste resultará de aplicación.
Asimismo, se retrasa un mes el pago del vencimiento correspondiente al mes de marzo de los aplazamientos vigentes, retrasándose, en consecuencia, un mes cada uno de los vencimientos restantes.
4. El período a que se refiere el apartado 1 no computará a efectos de los plazos establecidos en el artículo 55 de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, ni a efectos de los plazos de caducidad.
5. El plazo para presentación e ingreso de las declaraciones-liquidaciones o autoliquidaciones y declaraciones informativas correspondientes a los meses de febrero y marzo, así como al primer trimestre de 2020, finalizará el 30 de abril de 2020.
6. Lo dispuesto en esta disposición será de aplicación a los procedimientos cuya tramitación se hubiera iniciado con anterioridad a la entrada en vigor de este Decreto-ley Foral.
Se modifican los números 2, 3, 4 y 5 del artículo 14 de la Ley Foral 5/2020, de 4 de marzo, de Presupuestos Generales de Navarra para 2020, que quedan redactados como sigue:
«2. Las entidades públicas empresariales, fundaciones públicas y las sociedades públicas podrán otorgar avales u otras garantías análogas, previa autorización del Gobierno de Navarra y a propuesta de la persona titular del Departamento de Economía y Hacienda, por un importe máximo de 40.000.000 de euros.
3. A los efectos de lo establecido en el artículo 75.1 de la Ley Foral 13/2007, de 4 de abril, de la Hacienda Pública de Navarra, se establece el riesgo vivo máximo de los avales u otras garantías análogas concedidos por la Administración de la Comunidad Foral de Navarra en 46.000.000 de euros. Para las entidades públicas empresariales, las fundaciones públicas y las sociedades públicas, el riesgo vivo máximo se fija en 107.000.000 de euros.
4. Las entidades públicas empresariales, las fundaciones públicas y las sociedades públicas podrán conceder préstamos, previa autorización del Gobierno de Navarra, a propuesta de la persona titular del Departamento de Economía y Hacienda, por un importe máximo de 30.000.000 de euros.
5. A los efectos de lo establecido en el artículo 82 ter de la Ley Foral 13/2007, de 4 de abril, de la Hacienda Pública de Navarra, se establece el riesgo vivo máximo de los préstamos concedidos por la Administración de la Comunidad Foral de Navarra en 64.000.000 de euros. Para las entidades públicas empresariales, las fundaciones públicas y las sociedades públicas el riesgo vivo máximo se fija en 149.000.000 de euros.»
Se prorroga la vigencia de las declaraciones de ente instrumental de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra cuyo vencimiento ordinario se produzca en los próximos meses, en tanto que se apruebe el decreto foral que regule los entes instrumentales de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra que se encuentra actualmente en tramitación.
Este Decreto-ley Foral será remitido al Parlamento de Navarra a efectos de su convalidación, conforme a lo establecido en el artículo 21 bis.2 de la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra.
1. Se habilita al Gobierno de Navarra y a las personas titulares de los Departamentos de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, en el ámbito de sus competencias, a dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y ejecución de lo dispuesto en este Decreto-ley Foral.
2. Se habilita a la persona titular del Departamento competente en materia tributaria para modificar, mediante Orden Foral, los plazos de presentación e ingreso de declaraciones-liquidaciones o autoliquidaciones y declaraciones informativas.
Este Decreto-ley Foral entrará en vigor el día de su publicación en el «Boletín Oficial de Navarra» y mantendrá su vigencia mientras el Gobierno de Navarra determine que persisten las circunstancias extraordinarias que motivan su aprobación, excepto lo dispuesto en las disposiciones adicionales segunda y tercera, que tras su convalidación por el Parlamento de Navarra permanecerán vigentes.
Pamplona, 18 de marzo de 2020.–La Presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite Navascués.–El Consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior, Javier Remírez Apesteguía.
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El Decreto-ley Foral 1/2020, de 18 de marzo, ha sido convalidado por Acuerdo del Parlamento de Navarra de 27 de marzo de 2020. Ref. BON-n-2020-90085
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