Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

La Resolución de 11 de mayo de 1982, de la Dirección General de Política Alimentaria, en su apartado 1., c), delega en el Subdirector general de Defensa contra Fraudes la facultad sancionadora hasta una cuantía máxima de 100.000 pesetas, en la resolución de expedientes en que sea de aplicación el Decreto 2177/1973, de 12 de julio.

El Real Decreto 1945/1983, de 22 de junio, en su disposición final 2./16, deroga el Decreto antes citado. Asimismo, el artículo 19.1.2, en su apartado 1., atribuye competencias sancionadoras a la Dirección General correspondiente hasta una cuantía máxima de 1.000.000 de pesetas.

Dado que el artículo habilita la delegación de dichas facultades en la forma prescrita en el artículo 23 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado, y con el fin de mantener la necesaria agilidad en la resolución de los expedientes sancionadores, por infracciones en materia de la producción agroalimentaria, es aconsejable, al amparo de lo establecido en la citada Ley, llevar a cabo una nueva delegación de competencias que venga a sustituir a la anterior, que ha quedado derogada, por lo cual he tenido a bien disponer lo siguiente:

1. Queda delegada en el Subdirector general de Defensa contra Fraudes la facultad atribuida a esta Dirección General de Política Alimentaria de imponer sanciones hasta una cuantía máxima de 100.000 pesetas en las materias a que se refiere el Real Decreto 1945/1983, de 22 de junio.

Madrid, 23 de noviembre de 1983.- El Director general, Ismael Díaz Yubero.