Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
JUAN CARLOS I,
REY DE ESPAÑA
Por cuanto el día 26 de mayo de 1989, el Plenipotenciario de España, nombrado en buena y debida forma al efecto, firmó en San Sebastián el Convenio relativo a la adhesión del Reino de España y de la República Portuguesa al Convenio relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, así como al Protocolo relativo a su interpretación por el Tribunal de Justicia, con las adaptaciones introducidas por el Convenio relativo a la adhesión del Reino de Dinamarca, de Irlanda y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y las adaptaciones introducidas por el Convenio relativo a la adhesión de la República Helénica, hecho en San Sebastián el 26 de mayo de 1989,
Vistos y examinados los 34 artículos de dicho Convenio,
Concedida por las Cortes Generales la autorización prevista en el artículo 94.1 de la Constitución,
Vengo en aprobar y ratificar cuanto en él se dispone, como en virtud del presente lo apruebo y ratifico, prometiendo cumplirlo, observarlo y hacer que se cumpla y observe puntualmente en todas sus partes; a cuyo fin, para su mayor validación y firmeza, mando expedir este Instrumento de ratificación, firmado por Mí, debidamente sellado y refrendado por el infrascrito Ministro de Asuntos Exteriores.
Dado en Madrid a 29 de octubre de 1990.
JUAN CARLOS R.
El Ministro de Asuntos Exteriores,
FRANCISCO FERNÁNDEZ ORDÓÑEZ
Considerando que el Reino de España y la República Portuguesa, al convertirse en miembros de la Comunidad, se comprometieron a adherirse al Convenio de Bruselas relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, así como al Protocolo relativo a su interpretación por el Tribunal de Justicia, con las adaptaciones introducidas por el Convenio relativo a la adhesión del Reino de Dinamarca, de Irlanda y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y las adaptaciones introducidas por el Convenio relativo a la adhesión de la República Helénica, y a entablar, a tal fin, negociaciones con los Estados miembros de la Comunidad para introducir en aquéllos las adaptaciones necesarias.
Conscientes de que el día 16 de septiembre de 1988 los Estados miembros de la Comunidad y los Estados miembros de la Asociación Europea de Libre Cambio celebraron en Lugano el Convenio relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, que extiende los principios del Convenio de Bruselas a los Estados que serán partes en dicho Convenio,
Han decidido celebrar el presente Convenio y han designado con tal fin como Plenipotenciarios:
Su Majestad el Rey de los Belgas.
Su Majestad la Reina de Dinamarca.
El Presidente de la República Federal de Alemania.
El Presidente de la República Helénica.
Su Majestad el Rey de España.
El Presidente de la República Francesa.
El Presidente de Irlanda.
El Presidente de la República Italiana.
Su Alteza Real el Gran Duque de Luxemburgo.
Su Majestad la Reina de los países Bajos.
El Presidente de la República Portuguesa.
Su Majestad la Reina del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.
Quienes, reunidos en el seno del Consejo, después de haber intercambiado sus plenos poderes, reconocidos en buena y debida forma,
Han convenido las diposiciones siguientes:
El Reino de España y la República Portuguesa se adhieren al Convenio relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, firmado en Bruselas el 27 de septiembre de 1968, en lo sucesivo denominado «Convenio de 1968», así como al Protocolo relativo a su interpretación por el Tribunal de Justicia, firmado en Luxemburgo el 3 de junio de 1971, en lo sucesivo denominado «Protocolo de 1971», con las adaptaciones introducidas:
– Por el Convenio relativo a la adhesión del Reino de Dinamarca, de Irlanda y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte al Convenio relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, así como al Protocolo relativo a su interpretación por el Tribunal de Justicia, firmado en Luxemburgo el 9 de octubre de 1978, en lo sucesivo denominado «Convenio de 1978».
– Por el Convenio relativo a la adhesión de la República Helénica al Convenio relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, así como al Protocolo relativo a su interpretación por el Tribunal de Justicia, con las adaptaciones introducidas por el Convenio relativo a la adhesión del Reino de Dinamarca, de Irlanda y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, firmado en Luxemburgo el 25 de octubre de 1982, en lo sucesivo denominado «Convenio de 1982».
Las adaptaciones sustanciales introducidas por el presente Convenio en el Convenio de 1968 y en el Protocolo de 1971, tal como fueron adaptados por el Convenio de 1978 y el Convenio de 1982, figuran en los títulos II a V. Las adaptaciones formales del Convenio de 1968, tal como fue modificado por el Convenio de 1978 y el Convenio de 1982, figuran por separado para cada versión auténtica afectada en el anexo I, que forma parte integrante del presente Convenio.
En el párrafo segundo del artículo 3 del Convenio de 1968, modificado por el artículo 4 del Convenio de 1978 y el artículo 3 del Convenio de 1982, se insertará el guión siguiente entre el noveno y décimo guión:
«En Portugal: El artículo 65, apartado 1, letra C), el artículo 65, apartado 2, y el artículo 65, A, letra c), de la Ley de Enjuiciamiento Civil (Código de Processo Civil) y el artículo 11 de la Ley de Procedimiento Laboral (Código de Processo de Trabalho).»
El punto 1 del artículo 5 del Convenio de 1968, modificado por el artículo 5 del Convenio de 1978, se sustituirá por el texto siguiente:
«1. En materia contractual, ante el Tribunal del lugar en el que hubiere sido o debiere ser cumplida la obligación que sirviere de base a la demanda: En materia de contrato individual de trabajo, dicho lugar será aquel en el que el trabajador desempeñare habitualmente su trabajo y, si el trabajador no desempeñare habitualmente su trabajo en un único Estado, podrá también demandarse al empresario ante el Tribunal del lugar en que estuviere o hubiere estado situado el establecimiento que hubiere contratado al trabajador.»
El artículo 6 del Convenio de 1968 se completará con el punto siguiente:
«4. En materia contractual, si la acción pudiere acumularse con otra en materia de derechos reales inmobiliarios dirigida contra el mismo demandado, ante el Tribunal del Estado contratante en el que estuviere sito el inmueble.»
El punto 1 del artículo 16 del Convenio de 1968 se sustituirá por el texto siguiente:
«1. a) En materia de derechos reales inmobiliarios y de contratos de arrendamiento de bienes inmuebles, los tribunales del Estado contratante donde el inmueble se hallare sito.
b) No obstante, en materia de contratos de arrendamiento de bienes inmuebles celebrados para uso particular durante un plazo máximo de seis meses consecutivos son igualmente competentes los tribunales del Estado contratante donde estuviere domiciliado el demandado siempre que el arrendador y el arrendatario fueren personas físicas y estuvieren domiciliados en el mismo Estado contratante.»
En el artículo 17 del Convenio de 1968, modificado por el artículo 11 del Convenio de 1978 el párrafo primero se sustituirá por el texto siguiente:
«Si las partes, cuando al menos una de ellas tuviere su domicilio en un Estado contratante, hubieren acordado que un tribunal o los tribunales de un Estado contratante fueren competentes para conocer de cualquier litigio que hubiere surgido o que pudiere surgir con ocasión de una determinada relación jurídica, tal tribunal o tales tribunales serán los únicos competentes. Tal convenio atributivo de competencia deberá celebrarse:
a) Por escrito o verbalmente con confirmación escrita, o
b) En una forma que se ajustare a los hábitos que las partes tuvieren establecido entre ellas, o
c) En el comercio internacional, en una forma conforme a los usos que las partes conocieren o debieren conocer y que en dicho comercio fueren ampliamente conocidos y regularmente observados por las partes en los contratos del mismo tipo en el sector comercial considerado.
Cuando ninguna de las partes que hubieren celebrado un acuerdo de este tipo estuviere domiciliada en un Estado contratante, los tribunales de los demás Estados contratantes sólo podrán conocer del litigio cuando el tribunal o los tribunales designados hubieren declinado su competencia.»
Se añadirá el texto siguiente como último párrafo:
«En materia de contratos individuales de trabajo, los convenios atributivos de competencia sólo surtirán efecto si son posteriores al nacimiento del litigio o si el trabajador los invoca ante otros tribunales distintos del tribunal del domicilio del demandado o del que se indica en el punto 1 del artículo 5.»
El artículo 21 del Convenio de 1968 se sustituirá por el texto siguiente:
«Art. 21.
Cuando se formularen demandas con el mismo objeto y la misma causa entre las mismas partes ante tribunales de Estados contratantes distintos, el tribunal ante el que se formulare la segunda demanda suspenderá de oficio el procedimiento en tanto no se declare competente el tribunal ante el que se interpuso la primera.
Cuando el tribunal ante el que se interpuso la primera demanda se declarare competente, el tribunal ante el que se interpuso la segunda se inhibirá en favor de aquél.»
El párrafo primero del artículo 31 del Convenio de 1968 se sustituirá por el texto siguiente:
«Las resoluciones dictadas en un Estado contratante que allí fueren ejecutorias se ejecutarán en otro Estado contratante cuando, a instancia de cualquier parte interesada, se hubiere otorgado su ejecución en este último.»
En el párrafo primero del artículo 32 del Convenio de 1968, modificado por el artículo 16 del Convenio de 1978 y el artículo 4 del Convenio de 1982, se insertará el guión siguiente entre el cuarto y el quinto guión:
«En España, ante el Juzgado de Primera Instancia.»
Y se insertará el guión siguiente entre el noveno y el décimo guión:
«En Portugal, ante el Tribunal Judicial de Círculo.»
1. En el párrafo primero del artículo 37 del Convenio de 1968, modificado por el artículo 17 del Convenio de 1978 y el artículo 5 del Convenio de 1982, se insertará el guión siguiente entre el cuarto y el quinto guión:
«En España, ante la Audiencia Provincial.»
Y se insertará el guión siguiente entre el noveno y el décimo guión:
«En Portugal, ante el Tribunal de Relaçao.»
2. En el párrafo segundo del artículo 37 del Convenio de 1968, modificado por el artículo 17 del Convenio de 1978 y el artículo 5 del Convenio de 1982, el primer guión se sustituirá por el texto siguiente:
«En Bélgica, Grecia, España, Francia, Italia, Luxemburgo y los Países Bajos, de un recurso de casación.»
Y se insertará el guión siguiente entre el cuarto y el quinto guión:
«En Portugal, de un recurso sobre una cuestión de derecho.»
En el párrafo primero del artículo 40 del Convenio de 1968, modificado por el artículo 19 del Convenio de 1978 y el artículo 6 del Convenio de 1982, se insertará el guión siguiente entre el cuarto y el quinto guión:
«En España, ante la Audiencia Provincial.»
Y se insertará el guión siguiente entre el noveno y el décimo guión:
«En Portugal, ante el Tribunal de Relaçao.»
En el artículo 41 del Convenio de 1968, modificado por el artículo 20 del Convenio de 1978 y el artículo 7 del Convenio de 1982, el primer guión se sustituirá por el texto siguiente:
«En Bélgica, Grecia, España, Francia, Italia, Luxemburgo y los Países Bajos, de un recurso de casación.»
Y se insertará el guión siguiente entre el cuarto y el quinto guión:
«En Portugal, de un recurso sobre una cuestión de derecho.»
El párrafo primero del artículo 50 del Convenio de 1968 se sustituirá por el texto siguiente:
«Los documentos públicos con fuerza ejecutiva, formalizados en un Estado contratante, serán declarados ejecutorios, a instancia de parte, en otro Estado contratante, con arreglo al procedimiento previsto en los artículos 31 y siguientes. La solicitud sólo podrá desestimarse cuando la ejecución del documento fuere contraria al orden público del Estado requerido.»
Queda suprimido el párrafo tercero del artículo 52 del Convenio de 1968.
El artículo 54 del Convenio de 1968 se sustituirá por el texto siguiente:
«Art. 54.
Las disposiciones del presente Convenio solamente serán aplicables a las acciones judiciales ejercitadas y a los documentos públicos con fuerza ejecutiva formalizados con posterioridad a la entrada en vigor del presente Convenio en el Estado de origen y a las solicitudes de reconocimiento o ejecución de una resolución o de un documento público con fuerza ejecutiva en el Estado requerido.
Sin embargo, las resoluciones dictadas después de la fecha de entrada en vigor del presente Convenio entre el Estado de origen y el Estado requerido como consecuencia de acciones ejercitadas con anterioridad a esta fecha serán reconocidas y ejecutadas en el Estado requerido con arreglo a las disposiciones del título III si las reglas de competencia aplicadas se ajustaren a las previstas en el título II o en un Convenio en vigor entre el Estado de origen y el Estado requerido al ejercitarse la acción.
Si, mediante escrito anterior al 1 de junio de 1988 para Irlanda o al 1 de enero de 1987 para el Reino Unido, las partes en litigio a propósito de un contrato hubieren acordado aplicar a este contrato el derecho irlandés o el derecho de una parte del Reino Unido, los tribunales de Irlanda o de esta parte del Reino Unido conservarán la competencia para conocer de este litigio.»
El título VI del Convenio de 1968 se completará con el artículo siguiente:
«Art. 54 bis.
Durante los tres años siguientes al 1 de noviembre de 1986 para Dinamarca o al 1 de junio de 1988 para Irlanda, la competencia en materia marítima en cada uno de estos Estados se determinará no sólo con arreglo a las disposiciones del título II, sino también con arreglo a los apartados 1 a 6 del presente artículo. Sin embargo, estas disposiciones dejarán de ser aplicables en cada uno de dichos Estados cuando el Convenio internacional para la unificación de ciertas reglas en materia de embargo preventivo de buques, firmado en Bruselas el 10 de mayo de 1952, entrare en vigor con respecto a cada uno de ellos.
1. Una persona domiciliada en un Estado contratante podrá ser demandada por un crédito marítimo ante los tribunales de uno de los Estados antes mencionados cuando el buque al que se refiriere el crédito o cualquier otro buque de su propiedad hubiere sido objeto de embargo judicial en el territorio de este último Estado en garantía del crédito, o hubiere podido ser objeto de embargo, pero se hubiere prestado fianza u otra garantía, en los casos siguientes:
a) Si el demandante estuviere domiciliado en ese Estado;
b) si el crédito marítimo hubiere nacido en ese Estado;
c) si el crédito marítimo hubiere nacido en el curso de un viaje durante el cual se hubiere practicado o hubiere podido practicarse el embargo;
d) si el crédito proviniere de un abordaje o un daño causado por un buque, por ejecución u omisión de una maniobra o por inobservancia de los reglamentos, bien a otro buque, o bien a las cosas o personas que se encontraren a bordo de cualquiera de ellos;
e) si el crédito se derivare de auxilio o salvamento;
f) si el crédito estuviere garantizado por una hipoteca naval u otra forma de garantía semejante sobre el buque embargado.
2. El acreedor podrá embargar el buque al que se refiriere el crédito marítimo o cualquier otro buque perteneciente a quien fuere propietario del buque al que se refiere el crédito cuando se originó el crédito marítimo. No obstante, cuando se tratare de los créditos previstos en las letras o), p) o q) del apartado 5, sólo podrá ser embargado el buque al que se refiriere el crédito.
3. Se reputará que los buques tienen el mismo propietario cuando todas las partes de la propiedad pertenecieren a una misma persona o a las mismas personas.
4. En el caso de fletamento de un buque con cesión de la gestión náutica, cuando el fletador fuere el único responsable de un crédito marítimo relativo a dicho buque, podrá el demandante embargar dicho buque o cualquier otro que perteneciere al fletador, pero no podrá ser embargado en virtud de tal crédito marítimo ningún otro buque perteneciente al propietario. La misma regla será de aplicación en los casos en que de un crédito marítimo respondiere una persona distinta del propietario.
5. Se entenderá por «crédito marítimo» la alegación de un derecho o de un crédito que tuviere una o varias de las causas siguientes:
a) Daños causados por un buque, sea por abordaje, sea de cualquier otro modo;
b) pérdidas de vidas humanas o daños corporales causados por un buque o provenientes de la explotación de un buque;
c) asistencia y salvamento;
d) contratos relativos a la utilización o al arriendo de un buque mediante póliza de fletamento o de otro modo;
e) contratos relativos al transporte de mercancías por un buque en virtud de una póliza de fletamento, de un conocimiento o de cualquier otra forma;
f) pérdidas o daños a las mercancías y equipajes transportados por un buque;
g) avería común;
h) préstamo a la gruesa;
i) remolque;
j) pilotaje;
k) suministro de productos o de material, cualquiera que sea el lugar en que se realizaren, hechos a un buque para su explotación o su conservación;
l) construcción, reparaciones, equipo de un buque o gastos de dique;
m) salarios del capitán, oficialidad y tripulación;
n) desembolsos del capitán y los efectuados por los cargadores, los fletadores o los agentes por cuenta del buque o de su propietario;
o) la propiedad impugnada de un buque;
p) la copropiedad de un buque o su posesión, o su explotación o los derechos a los productos de explotación de un buque en condominio;
q) cualquier hipoteca naval y cualquiera otra forma de garantía semejante.
6. En Dinamarca, la expresión “embargo judicial” incluirá, en lo relativo a los créditos marítimos previstos en las letras o) y p) del apartado 5, el “forbud”, siempre que este procedimiento fuere el único admitido respecto de tal crédito en los artículos 646 a 653 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (Lov om rettens pleje).»
El artículo 55 del Convenio de 1968, modificado por el artículo 24 del Convenio de 1978 y el artículo 8 del Convenio de 1982, se completará con las siguientes adiciones, que se insertarán en el lugar que les corresponda en la lista de convenios, según orden cronológico:
«El Convenio entre España y Francia sobre reconocimiento de decisiones judiciales y arbitrales y actas auténticas en materia civil y mercantil, firmado en París el 28 de mayo de 1969.
El Convenio entre España e Italia sobre asistencia judicial y reconocimiento y ejecución de sentencias en materia civil y mercantil, firmado en Madrid el 22 de mayo de 1973.
El Convenio entre España y la República Federal de Alemania sobre reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales, transacciones judiciales y documentos públicos con fuerza ejecutiva en materia civil y mercantil, firmado en Bonn el 14 de noviembre de 1983.»
El artículo 57 del Convenio de 1968, modificado por el artículo 25 del Convenio de 1978, se sustituirá por el texto siguiente:
«Art. 57.
1. El presente Convenio no afectará a los Convenios en que los Estados contratantes fueren o llegaren a ser parte y que, en materias particulares, regularen la competencia judicial, el reconocimiento o la ejecución de las resoluciones.
2. Con el fin de asegurar su interpretación uniforme, el apartado 1 se aplicará de la siguiente manera:
a) El presente Convenio no impedirá que un tribunal de un Estado contratante que fuere parte en un Convenio relativo a una materia particular pudiera fundamentar su competencia en dicho Convenio, aunque el demandado estuviere domiciliado en un Estado contratante no parte en tal Convenio. El tribunal que conociere del asunto aplicará, en todo caso, el artículo 20 del presente Convenio.
b) Las relaciones dictadas en un Estado contratante por un tribunal que hubiere fundado su competencia en un Convenio relativo a una materia particular serán reconocidas y ejecutadas en los demás Estados contratantes con arreglo al presente Convenio.
Cuando un Convenio relativo a una materia particular en el que fueren parte el Estado de origen y el Estado requerido estableciere las condiciones para el reconocimiento o la ejecución de resoluciones, se aplicarán dichas condiciones. En todo caso, podrán aplicarse las disposiciones del presente Convenio relativas al procedimiento de reconocimiento y ejecución de resoluciones.
3. El presente Convenio no prejuzgará la aplicación de las disposiciones que, en materias particulares, regularen la competencia judicial, el reconocimiento o la ejecución de las resoluciones y que estén o estuvieren contenidas en los actos de las instituciones de las Comunidades Europeas o en las legislaciones nacionales armonizadas en ejecución de dichos actos.»
El artículo 58 del Convenio de 1968 se sustituirá por el texto siguiente:
«Art. 58.
Hasta el momento en que el Convenio de Lugano de 16 de septiembre de 1988 relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil surta efecto con respecto a Francia y la Confederación Suiza, las disposiciones del presente Convenio no afectarán a los derechos reconocidos a los nacionales suizos por el Convenio entre Francia y la Confederación Suiza sobre competencia judicial y ejecución de sentencias en materia civil, firmado en París el 15 de junio de 1869.»
Queda suprimido el artículo 60 del Convenio de 1968, modificado por el articulo 27 del Convenio de 1978.
Queda suprimida la letra c) del artículo 64 del Convenio de 1968.
El artículo V ter, añadido al Protocolo anejo al Convenio de 1968 por el artículo 29 del Convenio de 1978 y modificado por el artículo 9 del Convenio de 1982, se sustituirá por el texto siguiente:
«Art. V ter.
En los litigios entre el capitán y un miembro de la tripulación de un buque matriculado en Dinamarca, Grecia, Irlanda o Portugal, relativos a las remuneraciones y demás condiciones del servicio, los tribunales de un Estado contratante deberán comprobar si el agente diplomático o funcionario consular competente respecto al buque ha sido informado del litigio. Deberá suspender el procedimiento en tanto no se hubiere informado a dicho agente. Deberán, incluso de oficio, inhibirse si este agente, debidamente informado, hubiere ejercitado las competencias que en la materia le reconociere un Convenio consular o, a falta de tal Convenio, hubiere formulado objeciones sobre la competencia en el plazo fijado.»
El artículo 1 del Protocolo de 1971, modificado por el artículo 30 del Convenio de 1978 y el artículo 10 del Convenio de 1982, se completará con el párrafo siguiente:
«El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas será igualmente competente para decidir sobre la interpretación del Convenio relativo a la adhesión del Reino de España y de la República Portuguesa al Convenio de 27 de septiembre de 1968 y al presente Protocolo, tal y como fueron adaptados por los Convenios de 1978 y 1982.»
En el punto 1 del artículo 2 del Protocolo de 1971, modificado por el artículo 31 del Convenio de 1978 y el artículo 11 del Convenio de 1982, se insertará el guión siguiente entre el cuarto y el quinto guión:
«– en España; el Tribunal Supremo,»
y se insertará el guión siguiente entre el noveno y el décimo guión:
«– en Portugal: o Supremo Tribunal de Justicia y o Supremo Tribunal Administrativo,».
Queda suprimido el artículo 6 del Protocolo de 1971, modificado por el artículo 32 del Convenio de 1978.
Queda suprimida la letra d) del artículo 10 del Protocolo de 1971, modificado por el artículo 33 del Convenio de 1978.
1. Quedan suprimidos el apartado 2 del artículo 25 y los artículos 35 y 36 del Convenio de 1978.
2. Queda suprimido el apartado 2 del artículo 1 del Convenio de 1982.
1. El Convenio de 1968 y el Protocolo de 1971, modificados por el Convenio de 1978, el Convenio de 1982 y por el presente Convenio, sólo serán aplicables a las acciones judiciales ejercitadas y a los documentos públicos con fuerza ejecutiva formalizados con posterioridad a la entrada en vigor del presente Convenio en el Estado de origen y a las solicitudes de reconocimiento o ejecución de una resolución o de un documento público con fuerza ejecutiva en el Estado requerido.
2. Sin embargo, las resoluciones judiciales dictadas después de la entrada en vigor del presente Convenio entre el Estado de origen y el Estado requerido como consecuencia de acciones ejercitadas con anterioridad a esta fecha serán reconocidas y ejecutadas en el Estado requerido con arreglo a las disposiciones del Título III del Convenio de 1968, modificado por el Convenio de 1978, el Convenio de 1982 y por el presente Convenio, si las reglas de competencia aplicadas se ajustaren a las previstas en el título II modificado del Convenio de 1968 o en un Convenio en vigor entre el Estado de origen y el Estado requerido al ejercitarse la acción.
1. El Secretario General del Consejo de las Comunidades Europeas remitirá a los Gobiernos del Reino de España y de la República Portuguesa una copia autenticada conforme del Convenio de 1968, del Protocolo de 1971, del Convenio de 1978 y del Convenio de 1982, en las lenguas alemana, danesa, francesa, griega, inglesa, irlandesa, italiana y neerlandesa.
2. Los textos del Convenio de 1968, del Protocolo de 1971, del Convenio de 1978 y del Convenio de 1982, redactados en las lenguas española y portuguesa, figuran en los anexos II, III, IV y V del presente Convenio. Los textos redactados en las lenguas española y portuguesa son auténticos en las mismas condiciones que los otros textos del Convenio de 1968, del Protocolo de 1971, del Convenio de 1978 y del Convenio de 1982.
El presente Convenio será ratificado por los Estados signatarios. Los Instrumentos de ratificación se depositarán ante el Secretario General del Consejo de las Comunidades Europeas.
1. El presente Convenio entrará en vigor el primer día del tercer mes siguiente a la fecha en que dos Estados signatarios, de los cuales uno será el Reino de España o la República Portuguesa, hubieren depositado sus Instrumentos de ratificación.
2. Con respecto a cualquier otro Estado signatario, el presente Convenio surtirá efecto el primer día del tercer mes siguiente al depósito de su Instrumento de ratificación.
El Secretario General del Consejo de las Comunidades Europeas notificará a los Estados signatarios:
a) El depósito de cada uno de los Instrumentos de ratificación;
b) Las fechas de entrada en vigor del presente Convenio para los Estados contratantes.
El presente Convenio, redactado en un solo ejemplar en las lenguas alemana, danesa, española, francesa, griega, inglesa, irlandesa, italiana, neerlandesa y portuguesa, cuyos diez textos son igualmente auténticos, será depositado en los archivos de la Secretaría del Consejo de las Comunidades Europeas. El Secretario general remitirá una copia autenticada conforme a cada uno de los Gobiernos de los Estados signatarios.
En fe de lo cual, los infrascritos, debidamente autorizados a tal efecto, han firmado el presente Convenio.
Hecho en San Sebastián, el 26 de mayo de 1989.
El anexo I no figura en el texto auténtico español del Convenio de San Sebastián de 26 de mayo de 1989, dado que, como indica el artículo 2 del mismo, son adaptaciones formales en cada uno del resto de los idiomas originales en que está redactado el Convenio.
PREÁMBULO
Las altas Partes contratantes del Tratado Constitutivo de la Comunidad Económica Europea,
Deseando aplicar las disposiciones del artículo 220 de dicho Tratado, en virtud del cual se comprometían a garantizar la simplificación de las formalidades a las que están sometidos el reconocimiento y la ejecución reciprocos de las resoluciones judiciales;
Preocupadas por fortalecer en la Comunidad la protección jurídica de las personas establecidas en la misma;
Considerando que es importante, a este fin, determinar la competencia de sus jurisdicciones en el orden internacional, facilitar el reconocimiento y establecer un procedimiento rápido al objeto de garantizar la ejecución de las resoluciones judiciales, de los documentos públicos con fuerza ejecutiva y de las transacciones judiciales,
Han decidido celebrar el presente Convenio y han designado con tal fin como plenipotenciarios:
Su Majestad el Rey de los belgas, al señor Pierre Harmel, Ministro de Asuntos Exteriores.
El Presidente de la República Federal de Alemania, al señor Willy Brandt, Vicecanciller, Ministro de Asuntos Exteriores.
El Presidente de la República Francesa, al señor Michel Debre, Ministro de Asuntos Exteriores.
El Presidente de la República Italiana, al señor Giuseppe Medici, Ministro de Asuntos Exteriores.
Su Alteza Real el Gran Duque des Luxemburgo, al señor Pierre Gregoire, Ministro de Asuntos Exteriores.
Su Majestad la Reina de los Países Bajos, al señor J. M. A. H. Luns, Ministro de Asuntos Exteriores.
Quienes, reunidos en el seno del Consejo, después de haber intercambiado sus plenos poderes, reconocidos en buena y debida forma. Han convenido las disposiciones siguientes:
El presente Convenio se aplicará en materia civil y mercantil con independencia de la naturaleza del órgano jurisdiccional.
Se excluirá del ámbito de aplicación del presente Convenio:
1. El estado y la capacidad de las personas físicas, los regimenes matrimoniales, los testamentos y las sucesiones.
2. La quiebra, los Convenios entre quebrado y acreedores y demás procedimientos análogos.
3. La Seguridad Social.
4. El arbitraje.
Salvo lo dispuesto en el presente Convenio, las personas domiciliadas en un Estado contratante estarán sometidas, sea cual fuere su nacionalidad, a los órganos jurisdiccionales de dicho Estado.
A las personas que no tuvieren la nacionalidad del Estado en que estén domiciliadas les serán de aplicación las reglas de competencia judicial que se aplicarán a los nacionales.
Las personas domiciliadas en un Estado contratante sólo podrán ser demandadas ante los Tribunales de otro Estado contratante en virtud de las reglas establecidas en las Secciones 2 a 6 del presente título.
En particular, no podrá invocarse frente a ellas:
En Bélgica: El artículo 15 del Código Civil y las disposiciones de los artículos 52, 52 bis y 53 de la Ley de 25 de marzo de 1876 sobre la competencia.
En la República Federal de Alemania: El artículo 23 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
En Francia: Los artículos 14 y 15 del Código Civil.
En Italia: El artículo 2 y los apartados 1 y 2 del artículo 4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
En Luxemburgo: Los artículos 14 y 15 del Código Civil.
En los Países Bajos: El párrafo tercero del artículo 126 y el artículo 127 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Si el demandado no estuviere domiciliado en un Estado contratante, la competencia judicial se regirá en cada Estado contratante por la ley de este Estado, sin perjuicio de la aplicación de lo dispuesto en el artículo 16.
Toda persona, sea cual fuere su nacionalidad, domiciliada en el territorio de un Estado contratante, podrá invocar contra dicho demandado, del mismo modo que los nacionales de este Estado, las reglas de competencia judicial vigentes en el mismo y, en particular, las previstas en el párrafo segundo del artículo 3.
Las personas domiciliadas en un Estado contratante podrán ser demandadas en otro Estado contratante:
1. En materia contractual, ante el Tribunal del lugar en el que hubiere sido o debiere ser cumplida la obligación.
2. En materia de alimentos, ante el Tribunal del lugar del domiclio o de la residencia habitual del acreedor de alimentos.
3. En materia de delictual o cuasidelictual, ante el Tribunal del lugar donde se hubiere producido el hecho dañoso.
4. Si se tratare de acciones por daños y perjuicios o de acciones de restitución fundamentadas en un acto que diere lugar a un procedimiento penal, ante Tribunal que conociere de dicho proceso, en la medida en que, de conformidad con su ley, dicho Tribunal pudiere conocer de la acción civil.
5. Si se tratare de litigios relativos a la explotación de sucursales, agencias o cualquier otro establecimiento, ante el Tribunal en que se hallaren sitos.
Las personas a las que se refiere el artículo anterior podrán también ser demandadas:
1. Si hubiere varios demandados, ante el Tribunal del domicilio de cualquiera de ellos.
2. Si se tratare de una demanda sobre obligaciones de garantía o para la intervención de terceros en el proceso, ante el Tribunal que estuviere conociendo de la demanda principal, salvo que ésta se hubiere formulado con el único objeto de provocar la intervención de un Tribunal distinto del correspondiente al demandado.
3. Si se tratare de una reconvención derivada del contrato o hecho en que se fundamentare la demanda inicial, ante el Tribunal que estuviere conociendo de ésta última.
En materia de seguros, se determinará la competencia con arreglo a las disposiciones de la presente sección, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4 y en el apartado 5 del artículo 5.
El asegurador domiciliado en un Estado contratante podrá ser demandado ante los Tribunales de dicho Estado, o, en otro Estado contratante, ante el Tribunal del lugar donde tuviere su domicilio el tomador del seguro, o, si varios aseguradores fueren demandados, ante los Tribunales del Estado contratante en el que uno de ellos tuviere su domicilio.
Si la ley del Tribunal que conozca del supuesto estableciere dicha competencia, el asegurador podrá, asimismo, ser demandado, en un Estado contratante distinto del de su domicilio, ante el Tribunal del lugar donde el intermediario que hubiere intervenido en la celebración del contrato de seguro tuviere su domicilio, siempre que dicho domicilio figurare en la póliza o en la propuesta de seguro.
Cuando el asegurador no estuviere domiciliado en un Estado contratante, pero tuviere sucursales, agencias o cualquier otro establecimiento en un Estado contratante, se le considerará, para los litigios relativos a su explotación, domiciliado en dicho Estado.
El asegurador podrá, además, ser demandado ante el Tribunal del lugar en que se hubiere producido el hecho dañoso cuando se tratare de seguros de responsabilidad o de seguros relativos a inmuebles. La misma regla será de aplicación cuando se tratare de seguros que se refirieren a inmuebles y a bienes muebles cubiertos por una misma póliza y afectados por el mismo siniestro.
En materia de seguros de responsabilidad civil, el asegurador podrá ser demandado igualmente ante el Tribunal que conociere de la acción de la persona perjudicada contra el asegurado, cuando la ley de este Tribunal lo permitiere.
Las disposiciones de los artículos 7, 8 y 9 serán aplicables en los casos de acción directa entablada por el perjudicado contra el asegurador cuando la acción directa fuere posible.
El mismo Tribunal será competente cuando la ley reguladora de esta acción directa previere la posibilidad de demandar al tomador del seguro o al asegurado.
Salvo le dispuesto en el párrafo tercero del artículo 10, la acción del asegurador sólo podrá ser ejercitada ante los Tribunales del Estado contratante en cuyo territorio estuviere domiciliado el demandado, ya sea tomador del seguro, asegurado o beneficiario.
Las disposiciones de la presente sección no afectarán al derecho de interponer una reconvención ante el Tribunal que estuviere conociendo de una demanda inicial de conformidad con la presente sección.
Únicamente prevalecerán sobre las disposiciones de la presente sección los Convenios:
1. Posteriores al nacimiento del litigio, o
2. Que permitieren al tomador del seguro, al asegurado o al beneficiario formular demandas ante Tribunales distintos de los indicados en la presente sección, o
3. Que, habiéndose celebrado entre un tomador de seguro y un asegurador domiciliados en un mismo Estado contratante, atribuyeren, aunque el hecho dañoso se hubiere producido en el extranjero, competencia a los Tribunales de dicho Estado, a no ser que la ley de éste prohibiere tales Convenios.
En materia de venta a plazos de mercaderías o de un préstamo a plazos directamente vinculado a la financiación de la venta de tales bienes, la competencia quedará determinada por la presente sección, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4 y en el punto 5 del artículo 5.
El vendedor y el prestamista domiciliados en un Estado contratante podrán ser demandados ante los Tribunales de dicho Estado o ante los Tribunales del Estado contratante en el que tuviere su domicilio el comprador o el prestatario.
La acción del vendedor contra el comprador y la del prestamista contra el prestatario sólo podrá interponerse ante los Tribunales del Estado en el que el demandado tuviere su domicilio.
Estas disposiciones no afectarán al derecho de presentar una reconvención ante el Tribunal que entendiere de una demanda principal de conformidad con la presente sección.
Únicamente prevalecerán sobre las disposiciones de la presente sección los Convenios:
1. Posteriores al nacimiento del litigio, o
2. Que permitieren al comprador o al prestatario formular demandas ante Tribunales distintos de los indicados en la presente sección, o
3. Que, habiéndose celebrado entre el comprador y el vendedor o entre el prestatario y el prestamista, domiciliados o con residencia habitual en el mismo Estado contratante, atribuyeren competencia a los Tribunales de dicho Estado, a no ser que la ley de éste prohibiere tales Convenios.
Son exclusivamente competentes, sin consideración del domicilio:
1. En materia de derechos reales inmobiliarios y de contratos de arrendamiento de bienes inmuebles, los Tribunales del Estado contratante donde el inmueble se hallare sito.
2. En materia de validez, nulidad o disolución de Sociedades y personas jurídicas que tuvieran su domicilio en un Estado contratante, o de decisiones de sus órganos, los Tribunales de dicho Estado.
3. En materia de validez de las inscripciones en los registros públicos, los Tribunales del Estado contratante en que se encontrare el registro.
4. En materia de inscripciones o validez de patentes, marcas, diseños o dibujos y modelos, y demás derechos análogos sometidos a depósito o registro, los Tribunales del Estado contratante en que se hubiere solicitado, efectuado o tenido por efectuado el depósito o registro en virtud de lo dispuesto en algún Convenio internacional.
5. En materia de ejecución de las resoluciones judiciales, los Tribunales del Estado contratante del lugar de la ejecución.
Si, mediante un Convenio escrito o mediante un Convenio verbal confirmado por escrito, las partes, cuando al menos una de ellas tuviere su domicilio en un Estado contratante, hubieren acordado que un Tribunal o los Tribunales de un Estado contratante fueren competentes para conocer de cualquier litigio que hubiere surgido o que pudiere surgir con ocasión de una determinada relación jurídica, tal Tribunal, o tales Tribunales, serán los únicos competentes.
No surtirán efectos los Convenios atributivos de competencia si fueren contrarios a las disposiciones de los artículos 12 y 15, o si excluyeren la competencia de Tribunales exclusivamente competentes en virtud del artículo 16.
Cuando se celebrare un Convenio atributivo de competencia en favor de una sola de las partes, ésta conservará su derecho ante cualquier otro Tribunal que fuere competente en virtud del presente Convenio.
Con independencia de los casos en los que su competencia resultare de otras disposiciones del presente Convenio, será competente el Tribunal de un Estado contratante ante el que compareciere el demandado. Esta regla no será de aplicación si la comparecencia tuviere por objeto impugnar la competencia o si existiere otra jurisdicción exclusivamente competente en virtud del artículo 16.
El tribunal de un Estado contratante, que conociere a título principal de un litigio para el que los tribunales de otro Estado contratante fueren exclusivamente competentes en virtud del artículo 16, se declarará de oficio incompetente.
Cuando el demandado domiciliado en un Estado contratante fuere emplazado por un tribunal de otro Estado contratante y no compareciere, dicho tribunal se declarará de oficio incompetente si su competencia no estuviere fundamentada en las disposiciones del presente Convenio.
Este tribunal estará obligado a suspender el procedimiento en tanto no se acreditare que el demandado ha podido recibir la cédula de emplazamiento con tiempo suficiente para defenderse o que se ha tomado toda diligencia a tal fin.
Las disposiciones del párrafo precedente se sustituirán por las del artículo 15 del Convenio de La Haya de 15 de noviembre de 1965 relativa a la notificación o traslado en el extranjero de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o mercantil, si la cédula de emplazamiento hubiere de ser remitida al extranjero, en cumplimiento del presente Convenio.
Cuando se formularen demandas con el mismo objeto y la misma causa entre las mismas partes ante tribunales de Estados contratantes distintos, el tribunal ante el que se formulare la segunda demanda deberá, incluso de oficio, inhibirse en favor del tribunal ante el que se interpuso la primera.
El tribunal que debería inhibirse podrá suspender el procedimiento si fuere impugnada la competencia del otro tribunal.
Cuando se presentaren demandas conexas ante tribunales de Estados contratantes diferentes y estuvieren pendientes en primera instancia, el tribunal ante el que se hubiere presentado la demanda posterior podrá suspender el procedimiento.
Este tribunal podrá de igual modo inhibirse, a instancia de una de las partes, a condición de que su ley permita la acumulación de asuntos conexos y de que el tribunal ante el que se hubiere presentado demanda fuere competente para conocer de ambas demandas.
Se considerarán conexas, a los efectos del presente artículo, las demandas vinculadas entre sí por una relación tan estrecha que sería oportuno tramitarlas y juzgarlas al mismo tiempo a fin de evitar resoluciones que podrían ser inconciliables si los asuntos fueren juzgados separadamente.
Cuando en demandas sobre un mismo asunto los tribunales de varios Estados contratantes se declararen exclusivamente competentes, el desistimiento se llevará a cabo en favor del tribunal ante el que se hubiere presentado la primera demanda.
Podrán solicitarse medidas provisionales o cautelares previstas por la Ley de un Estado contratante a las autoridades judiciales de dicho Estado, incluso si, en virtud del presente Convenio, un tribunal de otro Estado contratante fuere competente para conocer sobre el fondo.
Se entenderá por «resolución», a los efectos del presente Convenio, cualquier decisión adoptada por un tribunal de un Estado contratante con independencia de la denominación que recibiere, tal como auto, sentencia, providencia o .mandamiento de ejecución, así como el acto por el cual el secretario judicial liquidare las costas del proceso.
Las resoluciones dictadas en un Estado contratante serán reconocidas en los demás Estados contratantes, sin que fuere necesario recurrir a procedimiento alguno.
En caso de oposición, cualquier parte interesada que invocare el reconocimiento a título principal podrá solicitar, por el procedimiento previsto en las secciones 2 y 3 del presente título, que se reconozca la resolución.
Si el reconocimiento se invocare como cuestión incidental ante un tribunal de un Estado contratante, dicho tribunal será competente para entender del mismo.
Las resoluciones no se reconocerán:
1. Si el reconocimiento fuere contrario al orden público de un Estado requerido.
2. Cuando se dictaren en rebeldía del demandado, si no se hubiere entregado o notificado al mismo la cédula de emplazamiento, de forma regular y con tiempo suficiente para defenderse.
3. Si la resolución fuere inconciliable con una resolución dictada en un litigio entre las mismas partes en el Estado requerido.
4. Si el tribunal del Estado de origen, para dictar su resolución, hubiere desconocido, al decidir de una cuestión relativa al estado o capacidad de las personas físicas, a los regímenes matrimoniales, a los testamentos o a las sucesiones, una regla de Derecho internacional privado del Estado requerido, a menos que se hubiere llegado al mismo resultado mediante la aplicación de las normas de Derecho internacional privado del Estado requerido.
Asimismo, no se reconocerán las resoluciones si se hubiere desconocido las disposiciones de las secciones 3, 4 y 5 del título II, así como el caso previsto en el artículo 59.
En la apreciación de las competencias mencionadas en el párrafo anterior, el tribunal requerido quedará vinculado por las apreciaciones de hecho sobre las cuales el tribunal del Estado de origen hubiere fundamentado su competencia.
Sin perjuicio de las disposiciones del párrafo primero, no podrá procederse a la fiscalización de la competencia del tribunal del Estado de origen; el orden público contemplado en el punto 1 del artículo 27 no afectará a las reglas relativas a la competencia judicial.
La resolución extranjera en ningún caso podrá ser objeto de una revisión en cuanto al fondo.
El tribunal de un Estado contratante ante el que se hubiere solicitado el reconocimiento de una resolución dictada en otro Estado contratante podrá suspender el procedimiento si dicha resolución fuere objeto de un recurso ordinario.
Las resoluciones dictadas en un Estado contratante que allí fueren ejecutorias se ejecutarán en otro Estado contratante cuando, a instancia de cualquier parte interesada, sean revestidas de la fórmula ejecutoria en este último Estado.
La solicitud se presentará:
En Bélgica, ante el «Tribunal de première instance» o «Rechtbank van eerste aanleg».
En la República Federal de Alemania, ante el Presidente de una sala del «Landgericht».
En Francia, ante el Presidente del «Tribunal de grande instance».
En Italia, ante la «Corte d’appello».
En Luxemburgo, ante el Presidente del «Tribunal d’arrondissement».
En los Países Bajos, ante el Presidente del «Arrondissementsrechtbank».
La competencia territorial se determinará por el domicilio de la parte contra la que se solicitare la ejecución. Si dicha parte no estuviere domiciliada en el Estado requerido, la competencia se determinará por el lugar de ejecución.
Las modalidades de presentación de la solicitud se determinarán con arreglo a la ley del Estado en el que se solicitare la ejecución.
El solicitante deberá elegir domicilio para la notificación del procedimiento en un lugar que correspondiere a la competencia judicial de la autoridad que conociere de la solicitud. No obstante, si la ley del Estado en el que se solicitare la ejecución no conociere la elección de domicilio, el solicitante designará un mandatario ad litem.
Se ajustarán a la solicitud los documentos mencionados en los artículos 46 y 47.
El tribunal ante el que se presentare la solicitud se pronunciará en breve plazo sin que la parte contra la cual se solicitare la ejecución pueda, en esta fase del procedimiento, formular observaciones.
La solicitud sólo podrá desestimarse por alguno de los motivos previstos en los artículos 27 y 28.
La resolución extranjera en ningún caso podrá ser objeto de una revisión en cuanto al fondo.
El secretario judicial notificará de inmediato la resolución al solicitante de conformidad con las modalidades determinadas por la ley del Estado requerido.
Si se otorgare la ejecución, la parte contra la cual se hubiere solicitado podrá interponer recurso contra la resolución dentro del mes siguiente a la fecha de su notificación.
Si dicha parte estuviere domiciliada en un Estado contratante distinto de aquel en el que se dictare la resolución por la que se otorgare la ejecución, el plazo será de dos meses a partir del día en que tuviere lugar la notificación, ya fuere personal, ya en su domicilio. Dicho plazo no admitirá prórroga en razón de la distancia.
El recurso contra la resolución que otorgare la ejecución se presentará, según las normas que rigen el procedimiento contradictorio:
En Bélgica, ante el «Tribunal de première instance» o «Rechtbank van eerste aanleg».
En la República Federal de Alemania, ante el «Oberlandesgericht».
En Francia, ante la «Cour d’appel».
En Italia, ante la «Corte d’appello».
En Luxemburgo, ante la «Cour supérieure de Justice» reunida para entender en materia de apelación civil.
En los Países Bajos, ante el «Arrondissementsrechtbank».
La resolución dictada sobre el recurso sólo podrá ser objeto de un recurso de casación, y en la República Federal de Alemania, de una «Rechtsbeschwerde».
El tribunal que conociere del recurso podrá, a instancia de la parte que lo hubiese interpuesto, suspender el procedimiento si la resolución extranjera hubiese sido objeto de recurso ordinario en el Estado de origen o si el plazo para interponerlo no hubiere expirado; en este último caso, el tribunal podrá conceder un aplazamiento a efectos de la interposición de dicho recurso.
Dicho tribunal podrá igualmente subordinar la ejecución a la constitución de una garantía que él mismo determinará.
Durante el plazo del recurso previsto en el artículo 36 y hasta que se hubiere resuelto sobre el mismo, solamente se podrán adoptar medidas cautelares sobre los bienes de la parte contra la que se hubiere solicitado la ejecución.
La resolución que otorgare la ejecución incluirá la autorización para adoptar tales medidas cautelares.
Si la solicitud fuere desestimada, el solicitante podrá interponer recurso:
En Bélgica, ante la «Cour d’appel» o el «Hof van Beroep».
En la República Federal de Alemania, ante el «Oberlandesgericht».
En Francia, ante la «Cour d’appel».
En Italia, ante la «Corte d’Appello».
En Luxemburgo, ante la «Cour supérieure de Justice» reunida para entender en materia de apelación civil.
En los Países Bajos, ante el «Gereschtshof».
La parte contra la que se hubiere solicitado la ejecución será citada de comparecencia ante el tribunal que conociere del recurso. En caso de incomparecencia se aplicarán las disposiciones de los párrafos segundo y tercero del artículo 20, aunque dicha parte no estuviere domiciliada en uno de los Estados contratantes.
La resolución que decidiere del recurso previsto en el artículo 40 sólo podrá ser objeto de un recurso de casación y, en la República Federal de Alemania, de un «Rechtsbeschwerde».
Cuando la resolución extranjera se hubiere pronunciado sobre varias pretensiones de la demanda y la ejecución no pudiere otorgarse para la totalidad de ellas el tribunal concederá la ejecución para una o varias de las mismas.
El solicitante podrá instar una ejecución parcial.
Las resoluciones extranjeras que condenaren al pago de multas coercitivas solamente podrán ejecutarse en el Estado requerido cuando la cuantía hubiere sido fijada definitivamente por el tribunal del Estado de origen.
El solicitante que hubiere obtenido el beneficio de justicia gratuita en el Estado en el que se hubiere dictado la resolución gozará del mismo, sin nuevo examen, en el procedimiento previsto en los artículos 32 a 35.
A la parte que instare en un Estado contratante la ejecución de una resolución dictada en otro Estado contratante no podrá exigírsele caución o depósito alguno, sea cual fuere su denominación, por su condición de extranjero o por no estar domiciliado o no ser residente en el Estado requerido.
La parte que invocare el reconocimiento o instare la ejecución de una resolución deberá presentar:
1. Una copia auténtica de dicha resolución.
2. Si se tratare de una resolución dictada en rebeldía, el original o una copia auténtica del documento que acreditare la entrega o notificación de la demanda o de documento equivalente a la parte declarada en rebeldía.
La parte que instare la ejecución deberá presentar además:
1. Cualquier documento que acreditare que, según la ley del Estado de origen, la resolución es ejecutoria y ha sido notificada.
2. Un documento justificativo de que el solicitante goza, en su caso, de beneficio de justicia gratuita en el Estado de origen.
De no presentarse los documentos mencionados en el apartado 2 del artículo 46 y en el apartado 2 del artículo 47, el tribunal podrá fijar un plazo para la presentación de los mismos, aceptar documentos equivalentes o dispensar de ellos si se considerase suficientemente ilustrado.
Si el tribunal lo exigiere, se presentará una traducción de los documentos; la traducción estará certificada por una persona autorizada a tal fin en uno de los Estados contratantes.
No se exigirá legalización ni formalidad análoga alguna en lo que se refiere a los documentos mencionados en los artículos 46, 47 y en el párrafo segundo del artículo 48 y, en su caso, al poder para pleitos.
Los documentos públicos con fuerza ejecutiva formalizados en un Estado contratante serán, a instancia de parte revestidos de la fórmula ejecutoria en otro Estado contratante, con arreglo al procedimiento previsto en los artículos 31 y siguientes. La solicitud sólo podrá desestimarse cuando la ejecución del documento fuere contraria al orden público del Estado requerido.
El documento presentado deberá reunir las condiciones necesarias de autenticidad en el Estado de origen.
Serán aplicables, en la medida en que fuere necesario, las disposiciones de la Sección 3 del Título III.
Las transaciones celebradas ante el tribunal durante un proceso y ejecutorias en el Estado de origen serán ejecutorias en el Estado requerido, en las mismas condiciones que los documentos públicos con fuerza ejecutiva.
Para determinar si una parte está domiciliada en el Estado contratante cuyos tribunales conocieren del asunto, el tribunal aplicará su ley interna.
Cuando una parte no estuviere domiciliada en el Estado cuyos tribunales conocieren del asunto, el tribunal, para determinar si dicha parte lo está en otro Estado contratante, aplicará la ley de dicho Estado.
No obstante, para determinar el domicilio de una parte, se aplicará su ley nacional si, según ésta, su domicilio dependiere del de otra persona o de la sede de una autoridad.
A los efectos del presente Convenio, la sede de las sociedades y de otras personas jurídicas quedará asimilada al domicilio. Sin embargo, para determinar dicha sede, el tribunal que conociere del asunto aplicará las reglas de su Derecho internacional privado.
Las disposiciones del presente Convenio solamente serán aplicables a las acciones judiciales ejercitadas y a los documentos públicos con fuerza ejecutiva formalizados con posterioridad a su entrada en vigor.
Sin embargo, las resoluciones dictadas después de la fecha de entrada en vigor del presente Convenio como consecuencia de acciones ejercitadas con anterioridad a esta fecha serán reconocidas ejecutadas en el Estado requerido con arreglo a las disposiciones del Título III si las reglas de competencia aplicadas se ajustaren a las previstas en el Título II o en un Convenio en vigor entre el Estado de origen y el Estado requerido al ejercitarse la acción.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 54, y en el artículo 56, el presente Convenio sustituirá, entre los Estados que son partes del mismo, a los Convenios celebrados entre dos o más de estos Estados, a saber:
El Convenio entre Bélgica y Francia sobre competencia judicial y sobre valor y ejecución de las resoluciones judiciales, laudos arbitrales documentos públicos con fuerza ejecutiva, firmado en París el 8 de julio de 1899;
El Convenio entre Bélgica y los Países Bajos sobre competencia judicial territorial, quiebra, y sobre valor y ejecución de resoluciones judiciales, laudos arbitrales y documentos públicos con fuerza ejecutiva, firmado en Bruselas el 28 de marzo de 1925;
El Convenio entre Francia e Italia sobre ejecución de sentencias en materia civil y mercantil, firmado en Roma el 3 de junio de 1930;
El Convenio entre Alemania e Italia sobre reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, firmado en Roma el 9 de marzo de 1936;
El Convenio entre la República Federal de Alemania y el Reino de Bélgica relativo al conocimiento y la ejecución recíprocos en materia civil y mercantil de las resoluciones judiciales, laudos arbitrales y documentos públicos con fuerza ejecutiva, firmado en Bonn el 30 de junio de 1958;
Convenio entre el Reino de los Países Baos y la República Bajos sobre reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, firmado en Roma el 17 de abril de 1959;
El Convenio entre el Reino de Bélgica y la República Italiana relativo al reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales y otros títulos ejecutivos en materia civil y mercantil, firmado en Roma el 6 de abril de 1962;
El Convenio entre el Reino de los Países Bajos y la República Federal de Alemania sobre reconocimiento y ejecución mutuos de resoluciones judiciales y otros títulos ejecutivos en materia civil y mercantil, firmado en La Haya el 30 de agosto de 1962,
y en tanto esté en vigor:
El Tratado entre Bélgica, los Países Bajos y Luxemburgo sobre competencia judicial, quiebra y valor y ejecución de resoluciones judiciales, laudos arbitrales y documentos públicos con fuerza ejecutiva, firmado en Bruselas el 24 de noviembre de 1991.
El Tratado y los Convenios mencionados en el artículo 55 continuarán surtiendo sus efectos en las materias a las que no se aplicare el presente Convenio.
Dicho Tratado y dichos Convenios continuarán surtiendo sus efectos en lo relativo a las resoluciones dictadas y los documentos públicos con fuerza ejecutiva formalizados antes de la entrada en vigor del presente Convenio.
El presente Convenio no afectará a los Convenios en que los Estados contratantes fueren o llegaren a ser parte y que, en materias particulares, regularen la competencia judicial, el reconocimiento o la ejecución de las resoluciones.
Lo dispuesto en el presente Convenio no afectará los derechos reconocidos a los nacionales suizos por el Convenio celebrado el 15 de junio de 1869 entre Francia y la Confederación Suiza sobre competencia judicial y ejecución de sentencias en materia civil.
El presente Convenio no impedirá que un Estado contratante se comprometa con un Estado tercero, en virtud de un Convenio sobre reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales, a no reconocer una resolución dictada en otro Estado contratante contra un demandado que tuviere su domicilio o su residencia habitual en un Estado tercero cuando, en el caso previsto en el artículo 4, la resolución sólo hubiere podido fundamentarse en un criterio de competencia contemplado en el párrafo segundo del artículo 3.
El presente Convenio se aplicará en el territorio europeo de los Estados contratantes en los departamentos y territorios franceses de Ultramar.
El Reino de los Países Bajos podrá declarar en el momento de la firma o de la ratificación del presente Convenio, o en cualquier momento posterior, mediante notificación al Secretario General del Consejo de las Comunidades Europeas, que el presente Convenio será aplicable en Surinam y en las Antillas neerlandesas. En ausencia de tal declaración, en lo relativo a las Antillas neerlandesas, los procedimientos que se desarrollaren en el territorio europeo del Reino como consecuencia de un recurso de casación contra las resoluciones de los tribunales de las Antillas neerlandesas se considerarán como procedimientos desarrollados ante esos Tribunales.
El presente Convenio será ratificado por los Estados signatarios. Los instrumentos de ratificación se depositarán ante el Secretario General del Consejo de las Comunidades Europeas.
El presente Convenio entrará en vigor el primer día del tercer mes siguiente al del depósito del instrumento de ratificación del Estado signatario que realice esta formalidad en último lugar.
Los Estados contratantes reconocen que todo Estado que se convierta en miembro de la Comunidad Económica Europea tendrá la obligación de aceptar que el presente Convenio se tome como base para las negociaciones necesarias con objeto de asegurar la aplicación del último párrafo del artículo 220 del Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea en las relaciones entre los Estados contratantes y ese Estado.
Las adaptaciones necesarias podrán ser objeto de un Convenio especial entre los Estados contratantes, por una parte, y ese Estado, por otra.
El Secretario General del Consejo de las Comunidades Europeas notificará a los Estados signatarios:
a) El depósito de cada uno de los instrumentos de ratificación;
b) La fecha de entrada en vigor del presente Convenio;
c) Las declaraciones recibidas en aplicación del párrafo segundo del artículo 60;
d) Las declaraciones recibidas en aplicación del artículo IV del Protocolo;
e) Las comunicaciones hechas en aplicación del artículo VI del Protocolo.
El Protocolo que, de común acuerdo entre los Estados contratantes, se adjunta como anejo al presente Convenio, forma parte integrante del mismo.
El presente Convenio tendrá una duración ilimitada.
Cada Estado contratante podrá solicitar la revisión del presente Convenio. En tal caso, el Presidente del Consejo de las Comunidades Europeas convocará una conferencia de revisión.
El presente Convenio, redactado en un solo ejemplar en lengua alemana, en lengua francesa, en lengua italiana y en lengua neerlandesa, cuyos cuatro textos son igualmente auténticos, será depositado en los archivos de la Secretaría del Consejo de las Comunidades Europeas. El Secretario general remitirá una copia autenticada conforme a cada uno de los Gobiernos de los Estados signatarios.
En fe de lo cual, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente Convenio.
Hecho en Bruselas el 27 de septiembre de 1968.
Por Su Majestad el Rey de los belgas, Pierre Harmel.
Por el Presidente de la República Federal de Alemania, Willy Brandt.
Por el Presidente de la República Francesa, Michel Debré.
Por el Presidente de la República Italiana, Giuseppe Medici.
Por Su Alteza Real el Gran Duque de Luxemburgo, Pierre Grégoire.
Por Su Majestad la Reina de los Países Bajos, J.M.A.H. Luns.
Las Altas Partes Contratantes han convenido las siguientes disposiciones anejas al Convenio
Cualquier persona domiciliada en Luxemburgo que fuere emplazada ante un tribunal de otro Estado contratante, en aplicación del apartado 1 del artículo 5, podrá impugnar la competencia de dicho tribunal. Este tribunal se declarará de oficio incompetente si no compareciere el demandado.
Cualquier Convenio atributivo de jurisdicción en el sentido del artículo 17 sólo producirá efectos con respecto a una persona domiciliada en Luxemburgo cuando ésta lo hubiere expresa y especialmente aceptado.
Sin perjuicio de las disposiciones nacionales más favorables, las personas domiciliadas en un Estado contratante y perseguidas por infracciones involuntarias ante los órganos jurisdicionales sancionadores de otro Estado contratante del que no fueren nacionales podrán, aunque no comparecieren personalmente, defenderse por medio de las personas autorizadas a tal fin.
No obstante, el tribunal que conociere del asunto podrá ordenar la comparecencia personal; si ésta no tuviere lugar, la resolución dictada sobre la acción civil sin que la persona encausada hubiere tenido la posibilidad de defenderse podrá no ser reconocida ni ejecutada en los demás Estados contratantes.
El Estado requerido no percibirá impuesto, derecho ni tasa alguna, proporcional al valor del litigio, en el procedimiento de exequator.
Los documentos judiciales y extrajudiciales extendidos en un Estado contratante y que debieren ser notificados a personas que se encontraren en el territorio de otro Estado contratante, se transmitirán del modo previsto por los Convenios o acuerdos celebrados entre los Estados contratantes.
A no ser que el estado de destino se oponga a ello mediante declaración formulada al Secretario general del Consejo de las Comunidades Europeas, tales documentos también podrán ser enviados directamente por las personas autorizadas al efecto en el Estado en que se extendieren los documentos, a las personas autorizadas al efecto en el Estado en que se encontrare el destinatario del documento. En este caso, la persona autorizada al efecto en el Estado de origen, transmitirá una copia del documento a la persona habilitada al efecto en el Estado requerido, que sea competente para hacerla llegar al destinatario. Esta entrega se hará en la forma prevista por la ley del Estado requerido. Se dejará constancia de la misma mediante certificación enviada directamente a la persona autorizada al efecto en el Estado de origen.
La competencia judicial prevista en el punto 2 del artículo 6 y en el artículo 10 para la demanda sobre obligaciones de garantía o para la intervención de terceros en el proceso, no podrá ser invocada en la República Federal de Alemania. En este Estado, cualquier persona domiciliada en otro Estado contratante podrá ser demandada ante los tribunales en aplicación de los artículos 68 y 72, 73 y 74 de la Ley de Enjuiciamiento Civil sobre litis denunciatio.
Las resoluciones dictadas en los demás Estados contratantes en virtud del punto 2 del artículo 6 y del artículo 10 serán reconocidas y ejecutadas en la República Federal de Alemania de conformidad con el Título III. Los efectos frente a terceros producidos en aplicación de los artículos 68 y 72, 73 y 74 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por resoluciones dictadas en este Estado, serán igualmente reconocidos en los demás Estados contratantes.
Los Estados contratantes comunicarán al Secretario general del Consejo de las Comunidades Europeas los textos de sus disposiciones legales que modifiquen los artículos de sus leyes que se mencionan en el Convenio y los juzgados y tribunales designados en el Título III, Sección 2 del Convenio.
En fe de lo cual, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente Protocolo.
Hecho en Bruselas el 27 de septiembre de 1968.
Por Su Majestad el Rey de los belgas: Pierre Harmel.
Por el Presidente de la República Federal de Alemania: Willy Brandt.
Por el Presidente de la República Francesa: Michel Debré.
Por el Presidente de la República Italiana: Giuseppe Medici.
Por Su Alteza Real el Gran Duque de Luxemburgo: Pierre Grégoire.
Por Su Majestad la Reina de los Países Bajos: J. M. A. H. Luns.
DECLARACIÓN COMÚN
Los Gobiernos del Reino de Bélgica, de la República Federal de Alemania, de la República Francesa, de la República Italiana, del Gran Ducado de Luxemburgo y del Reino de los Países Bajos,
En el momento de la firma del Convenio relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil,
Deseando garantizar una aplicación tan eficaz como sea posible de sus disposiciones,
Preocupados por evitar que las divergencias de interpretación del Convenio perjudiquen su carácter unitario,
Conscientes del hecho de que podrían presentarse conflictos positivos o negativos de competencia en la aplicación del Convenio, se declaran dispuestos:
1. A estudiar estas cuestiones y, en particular, a examinar la posibilidad de atribuir ciertas competencias al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, y a negociar, en su caso, un acuerdo a tal fin;
2. A establecer contactos periódicos entre sus representantes.
En fe de lo cual, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben la presente Declaración común.
Hecho en Bruselas el 27 de septiembre de 1968.–Pierre Harmel.–Willy Brandt.–Michel Debré.–Giuseppe Medici.–Pierre Grégoire.–J. M. A. H. Luns.
Las Altas Partes Contratantes del Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea,
CON REFERENCIA a la Declaración anexa al Convenio relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, firmado en Bruselas el 27 de septiembre de 1968,
HAN DECIDIDO celebrar un Protocolo que atribuya competencia al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas para la interpretación de dicho Convenio y han designado con tal fin como plenipotenciarios:
Su Majestad el Rey de los belgas: Al señor Alfons Vrancks, Ministro de Justicia;
El Presidente de la República Federal de Alemania: Al señor Gerhard Jahn, Ministro federal de Justicia;
El Presidente de la República Francesa: Al señor René Pleven, Ministro de Justicia;
El Presidente de la República Italiana: Al señor Erminio Pennacchini, Subsecretario de Estado en el Ministerio de Justicia y Gracia;
Su Alteza Real el Gran Duque de Luxemburgo: Al señor Eugéne Schaus, Ministro de Justicia, Vicepresidente del Gobierno;
Su Majestad la Reina de los Países Bajos: Al señor C. H. F. Polak, Ministro de Justicia;
QUIENES reunidos en el seno del Consejo, después de haber intercambiado sus plenos poderes, reconocidos en buena y debida forma,
HAN CONVENIDO LAS DISPOSICIONES SIGUIENTES:
El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas será competente para decidir sobre la interpretación del Convenio relativo a la competencia judicial y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil y del Protocolo anexo a este Convenio, firmados en Bruselas el 27 de septiembre de 1968, así como sobre la interpretación del presente Protocolo.
Podrán solicitar al Tribunal de Justicia que decida a título prejudicial sobre cuestiones de interpretación los siguientes órganos jurisdiccionales:
1. En Bélgica: La Cour de cassation (het Hof van Cassatie) y le Conseil d’Etat (de Raad van State).
En la República Federal de Alemania: Die Obersten Gerichtshöfe des Bundes.
En Francia: La Cour de cassation y le Conseil d’Etat.
En Italia: La Corte Suprema di Cassazione.
En Luxemburgo: La Cour supérieure de justice actuando como Cour de cassation.
En los Países Bajos: De Hoge Raad.
2. Los órganos jurisdiccionales de los Estados Contratantes cuando decidan en apelación.
3. En los casos previstos en el artículo 37 del Convenio, los órganos jurisdiccionales mencionados en dicho artículo.
1. Cuando se planteen cuestiones relativas a la interpretación del Convenio y de los demás textos mencionados en el artículo 1 en asuntos pendientes ante un órgano jurisdiccional de los indicados en el punto 1 del artículo 2, si este órgano jurisdiccional estima que es necesario una decisión sobre tal cuestión para dictar sentencia, deberá pedir al Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre tal cuestión.
2. Cuando esta cuestión se plantee ante un órgano jurisdiccional de los indicados en los puntos 2 y 3 del artículo 2, este órgano jurisdiccional, en las condiciones determinadas en el apartado 1, podrá solicitar al Tribunal de Justicia que se pronuncie.
1. La autoridad competente de un Estado contratante estará facultada para pedir al Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre una cuestión de interpretación del Convenio y de los demás textos mencionados en el artículo 1, si las resoluciones dictadas por los órganos jurisdiccionales de ese Estado estuvieren en contradicción con la interpretación dada bien por el Tribunal de Justicia, bien por una resolución de uno de los órganos jurisdiccionales de otro Estado contratante mencionados en los puntos 1 y 2 del artículo 2. Las disposiciones del presente apartado sólo se aplicarán a las resoluciones que tengan fuerza de cosa juzgada.
2. La interpretación que diere el Tribunal de Justicia como consecuencia de la solicitud no afectará a las resoluciones con ocasión de las cuales se hubiere pedido la interpretación.
3. Serán competentes para presentar al Tribunal de Justicia solicitudes de interpretación, en el sentido del apartado 1, los Fiscales Generales de los Tribunales de casación de los Estados contratantes o cualesquiera otras autoridades designadas por un Estado contratante.
4. El Secretario del Tribunal de Jusitica notificará la solicitud a los Estados contratantes, a la Comisión y al Consejo de las Comunidades Europeas quienes, en un plazo de dos meses a partir de esta notificación, podrán presentar memorias u observaciones escritas al Tribunal.
5. El procedimiento previsto en el presente artículo no dará lugar a la percepción ni a la devolución de las costas judiciales.
1. Mientras el presente Protocolo no disponga otra cosa, las disposiciones del Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea y las del Protocolo sobre el Estatuto del Tribunal de Justicia anexo a dicho Tratado, que son aplicables cuando se solicita al Tribunal que decida a título prejudicial, se aplicarán igualmente al procedimiento de interpretación del Convenio y de los demás textos mencionados en el artículo 1.
2. El Reglamento de procedimiento del Tribunal de Justicia se adaptará y completará, cuando fuere necesario, conforme al artículo 188 del Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea.
El presente Protocolo se aplicará en el territorio europeo de los Estados contratantes y en los departamentos y territorios franceses de ultramar.
El Reino de los Países Bajos podrá declarar, en el momento de la firma o de la ratificación del presente Protocolo, o en cualquier momento posterior, mediante notificación al Secretario general del Consejo de las Comunidades Europeas, que el presente Protocolo será aplicable en Surinam y en las Antillas neerlandesas.
El presente Protocolo será ratificado por los Estados signatarios. Los instrumentos de ratificación se depositarán ante el Secretario general del Consejo de las Comunidades Europeas.
El presente Protocolo entrará en vigor el primer día del tercer mes siguiente al del depósito del instrumento de ratificación del Estado signatario que proceda a esta formalidad en último lugar. No obstante, tal entrada en vigor no se producirá antes de la entrada en vigor del Convenio de 27 de septiembre de 1968 relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil.
Los Estados contratantes reconocen que todo Estado que se convierta en miembro de la Comunidad Económica Europea y al que se aplique el artículo 63 del Convenio relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil deberá aceptar las disposiciones del presente Protocolo, sin perjuicio de las adaptaciones necesarias.
El Secretario general del Consejo de las Comunidades Europeas notificará a los Estados signatarios:
a) El depósito de cada uno de los instrumentos de ratificación.
b) La fecha de entrada en vigor del presente Protocolo.
c) Las declaraciones recibidas en aplicación del apartado 3 del artículo 4.
d) Las declaraciones recibidas en aplicación del párrafo segundo del artículo 6.
Los Estados contratantes comunicarán al Secretario general del Consejo de las Comunidades Europeas los textos de sus disposiciones legales que impliquen modificación de la lista de órganos jurisdiccionales designadas en el punto 1 del artículo 2.
El presente Protocolo se celebra por un período de tiempo ilimitado.
Cada Estado contratante podrá solicitar la revisión del presente Protocolo. En este caso, el Presidente del Consejo de las Comunidades Europeas convocará una conferencia de revisión.
El presente Protocolo, redactado en un solo ejemplar en las lenguas alemana, francesa, italiana y neerlandesa, cuyos cuatro textos son igualmente auténticos, será depositado en los archivos de la Secretaría del Consejo de las Comunidades Europeas. El Secretario general remitirá una copia autenticada conforme a cada uno de los Gobiernos de los Estados signatarios.
En fe de lo cual, los plenipotenciarios abajo firmantes sucriben el presente Protocolo.
Hecho en Luxemburgo, el 3 de junio de 1971.
Por Su Majestad el Rey de los Belgas: Alfons Vranckx.
Por el Presidente de la República Federal de Alemania: Gerhard Jahn.
Por el Presidente de la República Francesa, René Pleven.
Por el Presidente de la República Italiana, Erminio Pennacchini.
Por Su Alteza Real el Gran Duque de Luxemburgo, Eugéne Schaus.
Por Su Majestad la Reina de los Países Bajos, C. H. F. Polak.
DECLARACIÓN COMÚN
Los Gobiernos del Reino de Bélgica, de la República Federal de Alemania, de la República Francesa, de la República Italiana, del Gran Ducado de Luxemburgo y del Reino de los Países Bajos,
En el momento de la firma del Protocolo relativo a la interpretación por el Tribunal de Justicia del Convenio de 27 de septiembre de 1968, relativo a la competencia judicial y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil,
Deseando asegurar una aplicación tan eficaz y uniforme como sea posible de sus disposiciones,
Se declaran dispuestos a organizar, conjuntamente con el Tribunal de Justicia, un intercambio de informaciones relativas a las resoluciones dictadas por los órganos jurisdiccionales mencionados en el punto 1 del artículo 2 de dicho Protocolo en aplicación del Convenio y del Protocolo de 27 de septiembre de 1968.
En fe de lo cual, los plenipotenciarios abajo firmantes sucriben la presente Declarción común.
Hecho en Luxemburgo, el 3 de junio de 1971.
Por Su Majestad el Rey de los Belgas: Alfons Vranckx.
Por el Presidente de la República Federal de Alemania: Gerhard Jahn.
Por el Presidente de la República Francesa, René Pleven.
Por el Presidente de la República Italiana, Erminio Pennacchini.
Por Su Alteza Real el Gran Duque de Luxemburgo, Eugéne Schaus.
Por Su Majestad la Reina de los Países Bajos, C.H.F. Polak.
PREÁMBULO
Las altas partes contratantes del Tratado Constitutivo de la Comunidad Económica Europea
CONSIDERANDO que el Reino de Dinamarca, Irlanda y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, al convertirse en miembros de la Comunidad, se comprometieron a adherirse al Convenio relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, así como al Protocolo relativo a su interpretación por el Tribunal de Justicia, y a entablar, a tal fin, negociaciones con los Estados miembros originarios de la Comunidad para introducir en aquéllos las adaptaciones necesarias,
HAN DECIDIDO celebrar el presente Convenio y han designado con tal fin como plenipotenciarios:
Su Majestad el Rey de los belgas: A Renaat Van Elslande, Ministro de Justicia.
Su Majestad la Reina de Dinamarca: A Nathalie Lind, Ministra de Justicia.
El Presidente de la República Federal de Alemania: Al Doctor Hans-Jochen Vogel, Ministro de Justicia.
El Presidente de la República Francesa: A Alain Peyrefitte, Ministro de Justicia.
El Presidente de Irlanda: A Gerard Collins, Ministro de Justicia.
El Presidente de la República Italiana: A Paolo Bonifacio, Ministro de Justicia.
Su Alteza Real el Gran Duque de Luxemburgo: A Robert Krieps, Ministro de Educación Nacional, Ministro de Justicia.
Su Majestad la Reina de los Países Bajos: Al Profesor J. de Ruiter, Ministro de Justicia.
Su Majestad la Reina del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte: A The Right Honourable the Lord Elwyn-Jones, C.H., Lord High Chancellor of Great Britain.
QUIENES, reunidos en el seno del Consejo, después de haber intercambiado sus plenos poderes, reconocidos en buena y debida forma,
Han convenido las disposiciones siguientes:
El Reino de Dinamarca, Irlanda y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte se adhieren al Convenio relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, firmado en Bruselas el 27 de septiembre de 1968, en lo sucesivo denominado «Convenio de 1968», así como el Protocolo relativo a su interpretación por el Tribunal de Justicia, firmado en Luxemburgo el 3 de junio de 1971, en los sucesivo denominado «Protocolo de 1971».
Las adaptaciones del Convenio de 1968 y del Protocolo de 1971 figuran en los títulos II a IV del presente Convenio.
El párrafo primero del artículo 1 del Convenio de 1968 se completará con las disposiciones siguientes:
«No incluirá, en particular, las materias fiscal, aduanera y administrativa.»
El párrafo segundo del artículo 3 del Convenio de 1968 se sustituirá por las disposiciones siguientes:
«En particular, no podrá invocarse frente a ellas:
En Bélgica: El artículo 15 del Código Civil (Code Civil – Burgerlijk Wetboek) y el artículo 638 de la Ley de Enjuiciamiento (Code Judiciaire – Gerechtelijk Wetboek).
En Dinamarca: Los apartados 2 y 3 del artículo 246 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (Lov om rettens pleje).
En la República Federal de Alemania: El artículo 23 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (Zivil Prozessordnung).
En Francia: Los artículos 14 y 15 del Código Civil.
En Irlanda: Las reglas que atribuyen la competencia judicial con fundamento en una cédula de emplazamiento entregada al demandado que se encontrare ocasionalmente en Irlanda.
En Italia: El artículo 2 y el artículo 4 apartados 1 y 2, de la Ley de Enjuiciamiento Civil (Códice di Procedura Civile).
En Luxemburgo: Los artículos 14 y 15 del Código Civil (Code Civil).
En los Países Bajos: El artículo 126, párrafo tercero, y el artículo 127 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering).
En el Reino Unido: Las reglas que atribuyen la competencia judicial con fundamento en:
a) Una cédula de emplazamiento entregada al demandado que se encontrare ocasionalmente en el Reino Unido.
b) La existencia en el Reino Unido de bienes pertenecientes al demandado.
c) El embargo por el demandante de bienes sitos en el Reino Unido.»
1. El punto 1 del artículo 5 del Convenio de 1968 se sustituirá, en el texto en la lengua francesa, por las disposiciones siguientes:
«1. En matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l’obligation qui sert de báse à la demande a été ou doit être executée.»
2. El punto 1 del artículo 5 del Convenio de 1968 se sustituirá, en el texto en la lengua neerlandesa, por las disposiciones siguientes:
«1. Ten aanzien van verbintenissen uit overeenkomst: Voor het gerecht van de plaats, waar de verbintenis, die aan de eis ten grondslag ligt, is uitgevoerd of moet worden uitgevoerd.»
3. El punto 2 del artículo 5 del Convenio de 1968 se sustituirá por las disposiciones siguientes:
«2. En materia de alimentos, ante el tribunal del lugar del domicilio o de la residencia habitual del acreedor de alimentos o, si se tratare de una demanda incidental a una acción relativa al estado de las personas, ante el tribunal competente según la Ley del Foro para conocer de ésta, salvo que tal competencia se fundamentare exclusivamente en la nacionalidad de una de las partes.»
4. El artículo 5 del Convenio de 1968 se completará con las disposiciones siguientes:
«6. En su condición de fundador, “trustee” o beneficiario de un “trust” constituido ya en aplicación de la Ley, ya por escrito o por un acuerdo verbal confirmado por escrito, ante los tribunales del Estado contratante en cuyo territorio estuviere domiciliado el “trust”.
7. Si se tratare de un litigio relativo al pago de la remuneración reclamada en razón del auxilio o el salvamento de los que se hubiere beneficiado un cargamento o un flete, ante el tribunal en cuya jurisdicción dicho cargamento o flete:
a) Hubiere sido embargado para garantizar dicho pago, o
b) Hubiere podido ser embargado a tal fin, pero se ha prestado una caución o cualquiera otra garantía.
Esta disposición sólo se aplicará cuando se pretendiere que el demandado tiene un derecho sobre el cargamento o el flete o que tenía tal derecho en el momento de dicho auxilio o salvamento.»
La Sección 2 del título II del Convenio de 1968 se completará con el artículo siguiente:
«Art. 6 bis.
Cuando en virtud del presente Convenio, un tribunal de un Estado contratante competente para conocer de acciones de responsabilidad derivadas de la utilización o la explotación de un buque, dicho tribunal o cualquier otro que le sustituyere en virtud de la Ley interna de dicho Estado conocerá también de la demanda relativa a la limitación de esta responsabilidad.»
El artículo 8 del Convenio de 1968 se sustituirá por las disposiciones siguientes:
«Art. 8.
El asegurador domiciliado en un Estado contratante podrá ser demandado:
1. Ante los tribunales del Estado donde tuviere su domicilio, o
2. En otro Estado contratante, ante el Tribunal del lugar donde tuviere su domicilio el tomador del seguro, o
3. Si se tratare de un coasegurador, ante los tribunales del Estado contratante que entendiere de la acción entablada contra el primer firmante del coaseguro.
Cuando el asegurador no estuviere domiciliado en un Estado contratante pero tuviere sucursales, agencias o cualquier otro establecimiento en un Estado contratante se le considerará, para los litigios relativos a su explotación, domiciliado en dicho Estado.»
El artículo 12 del Convenio de 1968 se sustituirá por las disposiciones siguientes:
«Art. 12.
Únicamente prevalecerán sobre las disposiciones de la presente Sección los convenios:
1. Posteriores al nacimiento del litigio, o
2. Que permitieren al tomador del seguro, al asegurado o al beneficiario formular demandas ante tribunales distintos de los indicados en la presente Sección, o
3. Que, habiéndose celebrado entre un tomador de seguro y un asegurador, domiciliados o con residencia habitual en el mismo Estado contratante en el momento de la celebración del contrato, atribuyeren, aunque el hecho danoso se hubiere producido en el extranjero, competencia a los tribunales de dicho Estado, a no ser que la Ley de éste prohibiere tales convenios, o
4. Celebrados con un tomador de seguro que no estuviere domiciliado en un Estado contratante, a no ser que se tratare de un seguro obligatorio o se refiriere a un inmueble sito en un Estado contratante, o
5. Que se refirieren a un contrato de seguro que cubriere uno o varios de los riesgos enumerados en el artículo 12 bis.»
La Sección 3 del título II del Convenio de 1968 se completará con el artículo siguiente:
«Art. 12 bis.
Los riesgos contemplados en el punto 5 del artículo 12 son los siguientes:
1. Todo daño a:
a) Buques de navegación marítima, instalaciones costeras y en alta mar o aeronaves, causado por hechos sobrevenidos en relación con su utilización para fines comerciales;
b) Mercancías distintas de los equipajes de los pasajeros, durante un transporte realizado por dichos buques o aeronaves, bien en su totalidad o bien en combinación con otros modos de transportes;
2. Toda responsabilidad, con excepción de la derivada de los daños corporales a los pasajeros o de los daños a sus equipajes.
a) Resultante de la utilización o la explotación de los buques, instalaciones o aeronaves, de conformidad con la letra a) del punto 1, cuando la Ley del Estado contratante en el que estuviere matriculada la aeronave no prohibiere los convenios atributivos de jurisdicción en el aseguramiento de tales riesgos.
b) Por las mercancías durante uno de los transportes contemplados en la letra b) del punto 1.
3. Toda pérdida pecuniaria ligada a la utilización o a la explotación de buques, instalaciones o aeronaves, de conformidad con la letra a), del punto 1; en particular, la del flete o el beneficio del fletamento.
4. Todo riesgo accesorio a cualquiera de los contemplados en los puntos 1 a 3.»
La Sección 4 del título II del Convenio de 1968 se sustituirá por las disposiciones siguientes:
«Sección 4. Competencia en materia de contratos celebrados por los consumidores
«Art. 13.
En materia de contratos celebrados por una persona para un uso que pudiere considerarse ajeno a su actividad profesional, en lo sucesivo denominada «el consumidor», la competencia quedará determinada por la presente Sección, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4 y en el punto 5 del artículo 5.
1. Cuando se tratare de una venta a plazos de mercaderías.
2. Cuando se tratare de un préstamo a plazos o de otra operación de crédito vinculada a la financiación de la venta de tales bienes.
3. Para cualquier otro contrato que tuviere por objeto una prestación de servicios o un suministro de mercaderías, si:
a) La celebración del contrato hubiese sido precedida, en el Estado del domicilio del consumidor, de una oferta especialmente hecha o de publicidad, y
b) El consumidor hubiere realizado en este Estado los actos necesarios para la celebración de dicho contrato.
Cuando el cocontratante del consumidor no estuviere domiciliado en un Estado contratante, pero poseyere una sucursal, agencia o cualquier otro establecimiento en un Estado contratante, se considerará para todos los litigios relativos a su explotación que está domiciliado en dicho Estado.
La presente Sección no se aplicará al contrato de transporte.
«Art. 14.
La acción entablada por un consumidor contra la otra parte contratante podrá interponerse ante los tribunales del Estado contratante en que estuviere domiciliada dicha parte o ante los tribunales del Estado contratante en que estuviere domiciliado el consumidor.
La acción entablada contra el consumidor por la otra parte contratante sólo podrá interponerse ante los tribunales del Estado contratante en que estuviere domiciliado el consumidor.
Estas disposiciones no afectarán al derecho de presentar una reconvención ante el tribunal que entendiere de una demanda principal, de conformidad con la presente Sección.
«Art. 15.
Únicamente prevalecerán sobre las disposiciones de la presente Sección los Convenios:
1. Posteriores al nacimiento del litigio, o
2. Que permitieren al consumidor formular demandas ante Tribunales distintos de los indicados en la presente Sección, o
3. Que habiéndose celebrado entre un consumidor y su cocontratante, domiciliados o con residencia habitual en el mismo Estado contratante en el momento de la celebración del contrato, atribuyeren competencia a los tribunales de dicho Estado, a no ser que la Ley de éste prohibiere tales Convenios.»
El artículo 17 del Convenio de 1968 se sustituirá por las disposiciones siguientes:
«Art. 17.
Si las partes, cuando al menos una de ellas tuviere su domicilio en un Estado contratante, hubieren acordado que un tribunal o los tribunales de un Estado contratante fueren competencia para conocer de cualquier litigio que hubiere surgido o que pudiere surgir con ocasión de una determinada relación jurídica, tal tribunal o tales tribunales serán los únicos competentes. Tal Convenio atributivo de competencia deberá celebrarse bien por escrito, bien verbalmente con confirmación escrita, bien en el comercio internacional, en una forma conforme a los usos en ese ámbito y que las partes conocieren o debieren conocer. Cuando ninguna de las partes que hubieren celebrado un acuerdo de este tipo estuviere domiciliada en un Estado contratante, los tribunales de los demás Estados contratantes sólo podrán conocer del litigio cuando el tribunal o los tribunales designados hubieren declinado su competencia.
El tribunal o los tribunales de un Estado contratante a los que el documento constitutivo de un “trust” hubiere atribuido competencia serán exclusivamente competentes para conocer de una acción contra el fundador, el “trustee” o el beneficiario de un “trust”, si se tratare de relaciones entre estas personas o de sus derechos u obligaciones en el marco del “trust”.
No surtirán efecto los Convenios atributivos de competencia ni las estipulaciones similares de documentos constitutivos de un “trust” si fueren contrarios a las disposiciones de los artículos 12 y 15 o si excluyeren la competencia de tribunales exclusivamente competentes en virtud del artículo 16.
Cuando se celebrare un Convenio atributivo de competencia en favor de una sola de las partes, ésta conservará su derecho de acudir ante cualquier otro tribunal que fuere competente, en virtud del presente Convenio.»
El párrafo segundo del artículo 20 del Convenio de 1968 se sustituirá por las disposiciones siguientes:
«Este tribunal estará obligado a suspender el procedimiento en tanto no se acreditare que el demandado ha podido recibir la cédula de emplazamiento o documento equivalente con tiempo suficiente para defenderse o que se ha tomado toda diligencia a tal fin.»
1. El apartado 2 del artículo 27 del Convenio de 1968 se sustituirá por las disposiciones siguientes:
«2. Cuando se dictaren en rebeldía del demandado, si no se hubiere entregado o notificado al mismo la cédula de emplazamiento o documento equivalente, de forma regular y con tiempo suficiente para defenderse;».
2. El artículo 27 del Convenio de 1968 se completará con las disposiciones siguientes:
«5. Si la resolución fuere inconciliable con una resolución dictada con anterioridad en un Estado no contratante entre las mismas partes en un litigio que tuviere el mismo objeto y la misma causa, cuando esta última resolución reuniere las condiciones necesarias para su reconocimiento en el Estado requerido.»
El artículo 30 del Convenio de 1968 se completará con el párrafo siguiente:
«El tribunal de un Estado contratante ante el que se hubiere solicitado el reconocimiento de una resolución dictada en Irlanda o en el Reino Unido podrá suspender el procedimiento si la ejecución estuviere suspendida en el Estado de origen como consecuencia de la interposición de un recurso.»
El artículo 31 del Convenio de 1968 se completará con el párrafo siguiente:
«No obstante, en el Reino Unido estas resoluciones se ejecutarán en Inglaterra y el País de Gales, en Escocia o en Irlanda del Norte, previo registro con fines de ejecución, a instancia de la parte interesada, en una u otra de esas parte del Reino Unido, según el caso.»
El párrafo primero del artículo 32 del Convenio de 1968 se sustituirá por las disposiciones siguientes:
«La solicitud se presentará:
En Bélgica, ante el “Tribunal de Première Instance” o “Rechtbank Van eerste aanleg”.
En Dinamarca, ante el “byret”;
En la República Federal de Alemania, ante el Presidente de una Sala de “Landgericht”;
En Francia, ante el Presidente del “Tribunal de Grande Instante”;
En Irlanda, ante la “High Court”;
En Italia, ante la “Corte d’Appello”;
En Luxemburgo, ante el Presidente del “Tribunal d’Arrondissement”;
En los Países Bajos, ante el Presidente del “Arrondissementsrechtbank”
En el Reino Unido:
a) En Inglaterra y el País de Gales, ante la “High Court of Justice” o, si se tratare de una resolución en materia de alimentos, ante la “Magistrates’ Court”, por mediación del “Secretary of State”;
b) En Escocia, ante la “Court of Session” o, si se tratare de una resolución en materia de alimentos, ante la “Sheriff Court”, por mediación del “Secretary of State”;
c) En Irlanda del Norte, ante la “High Court of Justice” o, si se tratare de una resolución en materia de alimentos, ante la “Magistrates’ Court”, por mediación del “Secretary of State”.»
El artículo 37 del Convenio de 1968 se sustituirá por las disposiciones siguientes:
«Art. 37.
El recurso se presentará, según las normas que rigen el procedimiento contradictorio:
En Bélgica, ante el “Tribunal de Première Instance” o “Rechtbank Van eerste aanleg”;
En Dinamarca, ante el “Landsret”;
En la República Federal de Alemania, ante el “Oberlandesgericht”;
En Francia, ante la “Court d’Appel”;
En Irlanda, ante la “High Court”;
En Italia, ante la “Corte d’Appello”;
En Luxemburgo, ante la “Cour Supèrieure de Justice”, reunida para entender en materia de apelación civil;
En los Países Bajos, ante el “Arrondissementsrechbank”;
En el Reino Unido:
a) En Inglaterra y País de Gales, ante la “High Court of Justice” o, si se tratare de una resolución en materia de alimentos, ante la “Magistrates’ Court”;
b) En Escocia, ante la “Court of Session” o, si se tratare de una resolución en materia de alimentos, ante la “Sheriff Court”;
En Irlanda del Norte, ante la “Hig Court of Justice” o, si se tratare de una resolución en materia de alimentos, ante la “Magistrates’ Court”.
La resolución dictada sobre el recurso sólo podrá ser objeto:
En Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y los Países Bajos, de un recurso de casación;
En Dinamarca, de un recurso ante el “Hojesteret”, previa autorización del Ministro de Justicia;
En la República Federal de Alemania, de una “Rechstsbeschwerde”;
En Irlanda, de un recurso sobre una cuestión de derecho ante la “Supreme Court”;
En el Reino Unido, de un recurso único sobre una cuestión de derecho.»
El artículo 38 del Convenio de 1968 se completará con la adición, después del párrafo primero, del nuevo párrafo siguiente:
«Cuando la resolución se hubiere dictado en Irlanda o en el Reino Unido, toda vía de recurso prevista en el Estado de origen será considerada como un recurso ordinario a los efectos de la aplicación del párrafo primero.»
El párrafo primero del artículo 40 del Convenio de 1968 se sustituirá por las disposiciones siguientes:
«Si la solicitud fuere desestimada, el solicitante podrá interponer recurso:
En Bélgica, ante la “Cour d’Appel” o el “Hof van Beroep”.
En Dinamarca, ante el “Landsret”.
En la República Federal de Alemania, ante el “Oberlandesgericht”.
En Francia, ante la “Cour d’Appel”.
En Irlanda, ante la “High Court”.
En Italia, ante la “Corte d’Appello”.
En Luxemburgo, ante la “Cour Superieure de Justice”, reunida para entender en materia de apelación civil.
En los Países Bajos, ante el “Gerechtshof”.
En el Reino Unido:
a) En Inglaterra y País de Gales, ante la “High Court of Justice” o, si se tratare de una resolución en materia de alimentos, ante la “Magistrates’ Court”.
b) En Escocia, ante la “Court of Session”, o si se tratare de una resolución en materia de alimentos, ante la “Sheriff Court”.
c) En Irlanda del Norte, ante la “High Court of Justice”, o si se tratare de una resolución en materia de alimentos, ante la “Magistrates’ Court”».
El artículo 41 del Convenio de 1968 se sustituirá por las disposiciones siguientes:
«Art. 41.
La resolución que decidiere del recurso previsto en el artículo 40 sólo podrá ser objeto:
En Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y los Países Bajos, de un recurso de casación.
En Dinamarca, de un recurso ante el “Hojesteret”, previa autorización del Ministro de Justicia.
En la República Federal de Alemania, de una “Rechtsbeschwerde”. En Irlanda, de un recurso sobre una cuestión de derecho ante la “Supreme Court”.
En el Reino Unido, de un recurso sobre una cuestión de derecho.»
El artículo 44 del Convenio de 1968 se sustituirá por las disposiciones siguientes:
«Art. 44.
El solicitante que en el Estado de origen hubiere obtenido total o parcialmente el beneficio de justicia gratuita o una exención de costas y gastos gozará, en el procedimiento previsto en los artículos 32 a 35, del beneficio de justicia gratuita más favorable o de la exención más amplia prevista por el derecho del Estado requerido.
El solicitante que instare la ejecución de una resolución dictada en Dinamarca por una autoridad administrativa en materia de alimentos podrá invocar en el Estado requerido el beneficio de las disposiciones del párrafo primero si presentare un documento expedido por el Ministerio de Justicia danés que acreditare que cumple los requisitos económicos para poder beneficiarse total o parcialmente de la justicia gratuita o de una exención de costas y gastos.»
El punto 2 del artículo 46 del Convenio de 1968 se sustituirá por las disposiciones siguientes:
«2. Si se tratare de una resolución dictada en rebeldía, el original o una copia auténtica del documento que acreditare la entrega o notificación de la demanda o de documento equivalente a la parte declarada en rebeldía.»
El artículo 53 del Convenio de 1968 se completará con el párrafo siguiente:
«Para determinar si un “trust» está domiciliado en el Estado contratante cuyos Tribunales conocen del asunto, el Tribunal aplicará las reglas de su Derecho internacional privado.»
El artículo 55 del Convenio de 1968 se completará añadiendo los convenios siguientes, que se insertarán en el lugar que les corresponda en la lista según orden cronológico:
El Convenio entre el Reino Unido y Francia sobre la ejecución recíproca de sentencias en materia civil y mercantil, acompañado de un Protocolo, firmado en París el 18 de enero de 1934.
El Convenio entre el Reino Unido y, Bélgica sobre la ejecución recíproca de sentencias en materia civil y mercantil, acompañado de un Protocolo, firmado en Bruselas el 2 de mayo de 1934.
El Convenio entre el Reino Unido y la República Federal de Alemania sobre el reconocimiento y la ejecución recíproca de sentencias en materia civil y mercantil, firmado en Bonn el 14 de julio de 1960.
El Convenio entre el Reino Unido y la República Italiana sobre el reconocimiento y la ejecución recíprocos de sentencias en materia civil y mercantil, firmado en Roma el 7 de febrero de 1964, acompañado de un Protocolo firmado en Roma el 14 de julio de 1970.
El Convenio entre el Reino Unido y el Reino de los Países Bajos sobre el reconocimiento y la ejecución recíproca de sentencias en materia civil, firmado en La Haya el 17 de noviembre de 1967.
1. El artículo 57 del Convenio de 1968 se sustituirá por las disposiciones siguientes:
«Art. 57.
El presente Convenio no afectará a los convenios en que los Estados contratantes fueren o llegaren a ser parte y que, en materias particulares, regularen la competencia judicial, el reconocimiento o la ejecución de las resoluciones.
El presente Convenio no prejuzgará la aplicación de las disposiciones que, en materias particulares, regularen la competencia judicial, el reconocimiento o la ejecución de las resoluciones y que estén o estuvieren contenidas en los actos de las instituciones de las Comunidades Europeas o en las legislaciones nacionales armonizadas en ejecución de dichos actos.»
2. Con el fin de asegurar su interpretación uniforme, el párrafo primero del artículo 57, se aplicará de la siguiente manera:
a) El Convenio de 1968 modificado no impedirá que un Tribunal de un Estado contratante que fuere parte en un convenio relativo, a una materia particular pudiera fundamentar su competencia en dicho Convenio; aunque el demandado estuviere domiciliado en un Estado contratante no parte en tal Convenio. El Tribunal que conociere del asunto aplicará, en todo caso, el artículo 20 del Convenio de 1968 modificado.
b) Las resoluciones dictadas en un Estado contratante por un Tribunal que hubiere fundado su competencia en un convenio relativo a una materia particular serán reconocidas y ejecutadas en los demás Estados contratantes con arreglo al Convenio de 1968 modificado.
Cuando un convenio relativo a una materia particular en el que fueren parte el Estado de origen y el Estado requerido estableciere las condiciones para el reconocimiento o la ejecución de resoluciones se aplicarán dichas condiciones. En todo caso, podrán aplicarse las disposiciones del Convenio de 1968 modificado relativas al procedimiento de reconocimiento y ejecución de resoluciones.
El artículo 59 del Convenio de 1968 se completará con el párrafo siguiente:
«Sin embargo, ningún Estado contratante podrá comprometerse con un Estado tercero a no reconocer una resolución dictada en otro Estado contratante por un Tribunal cuya competencia se hubiere fundamentado en la existencia en dicho Estado de bienes pertenecientes al demandado o en el embargo por parte del demandante de bienes existentes en dicho Estado:
1. Si la demanda se refiriere a la propiedad o a la posesión de dichos bienes, persiguiere obtener la autorización de disponer de los mismos o se relacionare con otro litigio relativo a dichos bienes, o
2. Si los bienes constituyeren la garantía de un crédito que hubiere sido objeto de la demanda.»
El artículo 60 del Convenio de 1968 se sustituirá por las disposiciones siguientes:
«Art. 60.
El presente Convenio se aplicará en el territorio europeo de los Estados contratantes, incluida Groenlandia, en los departamentos y territorios franceses de Ultramar y en Mayotte.
El Reino de los Países Bajos podrá declarar en el momento de la firma o de la ratificacción del presente Convenio, o en cualquier momento posterior, mediante notificación al Secretario general del Consejo de las Comunidades Europeas, que el presente Convenio será aplicable en las Antillas neerlandesas. En ausencia de tal declaración, en lo relativo a las Antillas neerlandesas, los procedimientos que se desarrollaren en el territorio europeo del Reino como consecuencia de un recurso de casación contra las resoluciones de los Tribunales de las Antillas neerlandesas se considerarán como procedimientos que se estuvieren desarrollando ante esos Tribunales.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo primero, el presente Convenio no se aplicará:
1. En las islas Feroe, salvo declaración contraria del Reino de Dinamarca.
2. En los territorios europeos situados fuera del Reino Unido y cuyas relaciones internacionales asuma éste, salvo declaración contraria del Reino Unido respecto a cualquiera de tales territorios.
Estas declaraciones podrán hacerse en cualquier momento, por vía de notificación al Secretario general del Consejo de las Comunidades Europeas.
Los recursos interpuestos en el Reino Unido contra resoluciones dictadas por Tribunales situados en alguno de los territorios a los que se refiere el punto 2 del párrafo tercero se considerarán como procedimientos que se estuvieren desarrollando ante dichos Tribunales.
Los litigios a los que, en el Reino de Dinamarca, se aplique la Ley de Procedimiento Civil para las islas Feroe (Lov for Faeroerne om rettens pleje) se considerarán como litigios que se estuvieren desarrollando ante los Tribunales de las islas Feroe.»
La letra c) del artículo 64 del Convenio de 1968 se sustituirá por las disposiciones siguientes:
«c) Las declaraciones recibidas en aplicación del artículo 60.»
El Protocolo anejo al Convenio de 1968 se completará con los artículos siguientes:
«Art. V bis.
En materia de alimentos, los términos “Juez”, “Tribunal” y “jurisdicción” comprenderán las autoridades administrativas danesas.
Art. V ter.
En los litigios entre el capitán y un miembro de la tripulación de un buque matriculado en Dinamarca o Irlanda, relativos a las remuneraciones y demás condiciones del servicio, los Tribunales de un Estado contratante deberán comprobar si el agente diplomático o funcionario consular competente respecto al buque ha sido informado del litigio. Deberán suspender el procedimiento en tanto no se hubiere informado a dicho agente. Deberán inhibirse, incluso de oficio, si este agente, debidamente informado, hubiere ejercitado las competencias que en la materia le reconociere un convenio consular o a falta de tal convenio, hubiere formulado objeciones sobre la competencia en el plazo fijado.
Artículo V Quater
Cuando, en el marco del apartado 5 del artículo 69, del Convenio relativo a la patente europea para el mercado común, firmado en Luxemburgo el 15 de diciembre de 1975, se apliquen los artículos 52 y 53 del presente Convenio a las disposiciones relativas a la “residence”, según el texto inglés del primer Convenio, el término “residence” empleado en dicho texto se considerará que tiene el mismo alcance que el término «domicilio» que figura en los artículos 52 y 53 antes citados.
Artículo V Quinto
Sin perjuicio de la competencia de la Oficina Europea de Patentes según el Convenio sobre la patente europea, firmado en Munich el 5 de octubre de 1973, los Tribunales de cada Estado contratante serán los únicos competentes, sin consideración del domicilio, en materia de registro o validez de una patente europea expedida para este Estado y que no fuere una patente comunitaria por aplicación de las disposiciones del artículo 86 del Convenio relativo a la patente europea para el mercado común, firmado en Luxemburgo el 15 de diciembre de 1975.»
El artículo 1 del Protocolo de 1971 se completará con el párrafo siguiente:
«El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas será igualmente competente para decidir sobre la interpretación del Convenio relativo a la adhesión del Reino de Dinamarca, de Irlanda y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte al Convenio de 27 de septiembre de 1968 y al presente Protocolo.»
El punto 1 del artículo 2 del Protocolo en 1971 se sustituirá por las disposiciones siguientes:
«1. En Bélgica: “la Cour de cassation” (het Hof van Cassatie) y “le Conseil d’Etat” (de Raad van State).
En Dinamarca: “hojesteret”.
En la República Federal de Alemania: “die obersten Gerichtshofe des Bundes”.
En Francia: “la Cour de cassation” y “le Conseil d’Etat”.
En Irlanda: “the Supreme Court”.
En Italia: “la Corte Suprema di Cassazione”.
En Luxemburgo: “la Cour supérieure de Justice” actuando como Cour de cassation.
En los Países Bajos: “de Hoge Raad”.
En el Reino Unido: “the House of Lords” y los órganos jurisdiccionales a los que se recurra en virtud del párrafo segundo del artículo 37 ó del artículo 41 del Convenio.»
El artículo 6 del Protocolo de 1971 se sustituirá por las disposiciones siguientes:
Art. 6.
El presente Protocolo se aplicará en el territorio europeo de los Estados contratantes, incluida Groenlandia, en los departamentos y territorios franceses de Ultramar y en Mayotte.
El Reino de los Países Bajos podrá declarar, en el momento de la firma o de la ratificación del presente Protocolo, o en cualquier momento posterior, mediante notificación al Secretario General del Consejo de las Comunidades Europeas, que el presente Protocolo será aplicable en las Antillas neerlandesas.
No obstante lo dispuesto en el párrafo primero, el presente Protocolo no se aplicará:
1. A las islas Feroe, salvo declaración contraria del Reino de Dinamarca.
2. A los territorios europeos situados fuera del Reino Unido y cuyas relaciones internacionales asuma éste, salvo declaración contraria del Reino Unido respecto a cualquiera de tales territorios.
Estas declaraciones podrán hacerse en cualquier momento, por vía de notificación al Secretario General del Consejo de las Comunidades Europeas.»
La letra d) del artículo 10 del Protocolo de 1971 se sustituirá por las disposiciones siguientes:
«d) Las declaraciones recibidas en aplicación del artículo 6».
1. El Convenio de 1968 y el Protocolo de 1971, modificados por el presente Convenio, sólo serán aplicables a las acciones judiciales ejercitadas y a los documentos públicos con fuerza ejecutiva formalizados con posterioridad a la entrada en vigor del presente Convenio en el Estado de origen y a las solicitudes de reconocimiento o ejecución de una resolución o de un documento público con fuerza ejecutiva en el Estado requerido.
2. Sin embargo, las resoluciones dictadas después de la fecha de entrada en vigor del presente Convenio entre los seis Estados que son parte del Convenio de 1968 como consecuencia de acciones ejercitadas con anterioridad a esta fecha serán reconocidas y ejecutadas con arreglo a las disposiciones del título III del Convenio de 1968 modificado.
3. Por otra parte, en las relaciones entre los seis Estados que son parte del Convenio de 1968 y los tres Estados que se mencionan en el artículo 1 del presente Convenio, así como en las relaciones entre estos tres últimos, las resoluciones dictadas después de la fecha de entrada en vigor del presente Convenio en las relaciones entre el Estado de origen y el Estado requerido como consecuencia de acciones ejercitadas con anterioridad a esa fecha serán reconocidas y ejecutadas con arreglo a las disposiciones del título III del Convenio de 1968 modificado, si las reglas de competencia aplicadas se ajustaren a las previstas en el título II modificado o en un Convenio en vigor entre el Estado de origen y el Estado requerido al ejercitarse la acción.
Si mediante escrito anterior a la entrada en vigor del presente Convenio, las partes en litigio a propósito de un contrato hubieren acordado aplicar a este contrato el derecho irlandés o el derecho de una parte del Reino Unido, los Tribunales de Irlanda o de esta parte del Reino Unido conservarán la competencia para conocer de este litigio.
Durante los tres años siguientes a la entrada en vigor del Convenio de 1968 en Dinamarca e Irlanda, respectivamente, la competencia en materia marítima en cada uno de esos Estados se determinará no sólo con arreglo a las disposiciones de dicho Convenio, sino también con arreglo a los puntos 1 a 6 del presente artículo. Sin embargo, estas disposiciones dejarán de ser aplicables en cada uno de esos Estados cuando el Convenio internacional para la unificación de ciertas reglas en materia de embargo preventivo de buques, firmado en Bruselas el 10 de mayo de 1952, entrare en vigor con respecto a cada uno de ellos.
1. Una persona domiciliada en un Estado contratante podrá ser demandada por un crédito marítimo ante los Tribunales de uno de los Estados antes mencionados más arriba cuando el buque al que se refiriere el crédito o cualquier otro buque de su propiedad hubiere sido objeto de embargo judicial en el territorio de este último Estado en garantía del crédito, o hubiere podido ser objeto de embargo pero se hubiere prestado fianza u otra garantía, en los casos siguientes:
a) Si el demandante estuviere domiciliado en ese Estado;
b) Si el crédito marítimo hubiere nacido en ese Estado;
c) Si el crédito marítimo hubiere nacido en el curso de un viaje durante el cual se hubiere practicado o hubiere podido practicarse el embargo;
d) Si el crédito proviniere de un abordaje o un daño causado por un buque, por ejecución u omisión de una maniobra o por inobservancia de los reglamentos, bien a otro buque, o bien a las cosas o personas que se encontraren a bordo de cualquiera de ellos;
e) Si el crédito derivare de auxilio o salvamento;
f) Si el crédito estuviere garantizado por una hipoteca naval u otra forma de garantía semejante sobre el buque embargado.
2. El acreedor podrá embargar el buque al que se refiere el crédito marítimo o cualquier otro buque perteneciente a quien hubiere sido propietario del buque al que se refiriere el crédito cuando se hubiere originado el crédito marítimo. No obstante, cuando se tratare de los créditos previstos en las letras o), p) o q) del apartado 5, sólo podrá ser embargado el buque al que se refiriere el crédito.
3. Se reputará que los buques tienen el mismo propietario cuando todas las partes de la propiedad pertenecieren a una misma persona o a las mismas personas.
4. En el caso de fletamento de un buque con cesión de la gestión náutica, cuando el fletador fuere el único responsable de un crédito marítimo relativo a dicho buque, podrá el demandante embargar dicho buque o cualquier otro que perteneciere al fletador, pero no podrá ser embargado en virtud de tal crédito marítimo ningún otro buque perteneciente al propietario. La misma regla será de aplicación en los casos en que de un crédito marítimo respondiere una persona distinta del propietario.
5. Se entenderá por «crédito marítimo» la alegación de un derecho o de un crédito que tuviere una o varias de las causas siguientes:
a) Daños causados por un buque, sea por abordaje, sea de cualquier otro modo;
b) Pérdidas de vidas humanas o daños corporales causados por un buque o provenientes de la explotación de un buque;
c) Asistencia y salvamento;
d) Contratos relativos a la utilización o al arriendo de un buque mediante póliza de fletamento o de otro modo;
e) Contratos relativos al transporte de mercancías por un buque en virtud de una póliza de fletamento, de un conocimiento o de cualquier otra forma;
f) Pérdidas o daños a las mercancías y equipajes transportados por un buque;
g) Avería común;
h) Préstamo a la guerra;
i) Remolque;
j) Pilotaje;
k) Suministro de productos o de material, cualquiera que sea el lugar en que se realizaren, hechos a un buque para su explotación o su conservación;
l) Construcción, reparaciones, equipo de un buque o gastos de dique;
m) Salarios del capitán, oficialidad o tripulación;
n) Desembolsos del capitán y los efectuados por los cargadores, fletadores o los agentes por cuenta del buque o de su propietario;
o) La propiedad impugnada de un buque;
p) La copropiedad de un buque o su posesión, o su explotación o los derechos a los productos de explotación de un buque de condominio;
q) Cualquier hipoteca naval y cualquier otra forma de garantía semejante.
6. En Dinamarca, la expresión «embargo judicial» incluirá, en lo relativo a los créditos marítimos mencionados más arriba en las letras o) y p), el «forbud», siempre que este procedimiento fuere el único admitido respecto de tal crédito en los artículos 646 a 653 de la Ley de Enjuiciamiento Civil («Lov om rettens pleje»).
El Secretario general del Consejo de las Comunidades Europeas remitirá a los Gobiernos del Reino de Dinamarca, de Irlanda y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte una copia autenticada conforme del Convenio de 1968 y del Protocolo de 1971, en lengua alemana, lengua francesa, lengua italiana y lengua neerlandesa.
Los textos del Convenio de 1968 y del Protocolo de 1971, redactados en lengua inglesa, en lengua danesa y en lengua irlandesa, figuran en los anexos del presente Convenio. Los textos redactados en lengua inglesa, lengua danesa y en lengua irlandesa son auténticos en las mismas condiciones que los textos originales del Convenio de 1968 y del Protocolo de 1971.
El presente Convenio será ratificado por los Estados signatarios. Los instrumentos de ratificación serán depositados ante el Secretario general del Consejo de las Comunidades Europeas.
El presente Convenio entrará en vigor, en las relaciones entre los Estados que lo hubieren ratificado, el primer día del tercer mes siguiente al depósito del último instrumento de ratificación por los Estados miembros originarios de la Comunidad y un nuevo Estado miembro.
El presente Convenio entrará en vigor, para cada Estado miembro que lo ratifique con posterioridad, el primer día del tercer mes siguiente al depósito de su instrumento de ratificación.
El Secretario general del Consejo de las Comunidades Europeas notificará a los Estados signatarios:
a) El depósito de cada uno de los instrumentos de ratificación;
b) Las fechas de entrada en vigor del presente Convenio para los Estados contratantes.
El presente Convenio, redactado en un solo ejemplar en las lenguas alemana, danesa, francesa, inglesa, irlandesa, italiana y neerlandesa, cuyos siete textos son igualmente auténticos, será depositado en los archivos de la Secretaría General del Consejo de las Comunidades Europeas. El Secretario general remitirá una copia autenticada conforme a cada uno de los Gobiernos de los Estados signatarios.
EN FE DE LO CUAL, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente Convenio.
Hecho en Luxemburgo el 9 de octubre de 1978.
Por Su Majestad el Rey de los Belgas: Renaat Van Elslande.
Por Su Majestad la Reina de Dinamarca: Nathalie Lind.
Por el Presidente de la República Federal de Alemania: Hans-Jochen Vogel.
Por el Presidente de la República Francesa: Alain Peyrefitre.
Por el Presidente de Irlanda: Gerard Collins.
Por el Presidente de la República Italiana: Paolo Bonifacio.
Por Su Alteza Real el Gran Duque de Luxemburgo: Robert Krieps.
Por Su Majestad la Reina de los Países Bajos: J. de Ruiter.
Por Su Majestad la Reina del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte: Lord Elwyn-Jones, C. H.
DECLARACIÓN COMÚN
Los representantes de los Gobiernos de los Estados miembros de la Comunidad Económica Europea, reunidos en el seno del Consejo
DESEANDO asegurar que, en el espíritu del Convenio de 27 de septiembre de 1968, la uniformidad de las competencias judiciales se realice también, en toda la medida de lo posible, en materia marítima;
CONSIDERANDO que el Convenio internacional para la unificación de determinadas reglas sobre el embargo preventivo de los buques de mar, firmado en Bruselas el 10 de mayo de 1952, contiene disposiciones sobre la competencia judicial;
CONSIDERANDO que no todos los Estados miembros forman parte de dicho Convenio,
Hacen votos para que los Estados miembros que son Estados costeros y que aún no sean parte en el Convenio de 10 de mayo de 1952 lo ratifiquen o se adhieran a él a la mayor brevedad.
Hecho en Luxemburgo el nueve de octubre de mil novecientos setenta y ocho.
PREÁMBULO
Las Altas Partes Contratantes del Tratado Constitutivo de la Comunidad Económica Europea
CONSIDERANDO que la República Helénica, al convertirse en miembro de la Comunidad, se comprometió a adherirse al Convenio relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, así como al Protocolo relativo a su interpretación por el Tribunal de Justicia, con las adaptaciones introducidas por el Convenio relativo a la adhesión del Reino de Dinamarca, de Irlanda y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, y a entablar, a tal fin, negociaciones con los Estados miembros de la Comunidad para introducir en aquéllos las adaptaciones necesarias,
HAN DECIDIDO celebrar el presente Convenio y han designado con tal fin como plenipotenciarios:
Su Majestad el Rey de los Belgas: A Jean Gol, Viceprimer Ministro, Ministro de Justicia y de Reformas Institucionales;
Su Majestad la Reina de Dinamarca: A Erik Ninn-Hansen, Ministro de Justicia;
El Presidente de la República Federal de Alemania: A Hans Arnold Engelhard, Ministro Federal de Justicia; al Dr. Günther Knackstedt, Embajador de la República Federal de Alemania en Luxemburgo;
El Presidente de la República Helénica: A Georges-Alexandre Mangakis, Ministro de Justicia;
El Presidente de la República Francesa: A Robert Badinter, Ministro de Justicia;
El Presidente de Irlanda: A Sean Doherty, Ministro de Justicia;
El Presidente de la República Italiana: A Clelio Darida, Ministro de Justicia;
Su Alteza Real el Gran Duque de Luxemburgo: A Colette Flesch, Vicepresidente del Gobierno, Ministra de Justicia;
Su Majestad la Reina de los Países Bajos: A J. de Ruiter, Ministro de Justicia;
Su Majestad la Reina del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte: A Peter Lovat Fraser, Esquire, Solicitor-General para Escocia, Departamento del Lord Advocate;
QUIENES, reunidos en el seno del Consejo, después de haber intercambiado sus plenos poderes, reconocidos en buena y debida forma,
HAN CONVENIDO LAS DISPOSICIONES SIGUIENTES:
1. La República Helénica se adhiere al Convenio relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, firmado en Bruselas el 27 de septiembre de 1968, en lo sucesivo denominado «Convenio de 1968», así como al Protocolo relativo a su interpretación por el Tribunal de Justicia, firmado en Luxemburgo el 3 de junio de 1971, en lo sucesivo denominado «Protocolo de 1971», con las adaptaciones introducidas por el Convenio relativo a la adhesión del Reino de Dinamarca, de Irlanda y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte al Convenio relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, así como al Protocolo relativo a su interpretación por el Tribunal de Justicia, firmado en Luxemburgo el 9 de octubre de 1978, en lo sucesivo denominado «Convenio de 1978».
2. La adhesión de la República Helénica se extenderá, en particular, al apartado 2 del artículo 25 y a los artículos 35 y 36 del Convenio, de 1978.
Las adaptaciones introducidas por el presente Convenio en el Convenio de 1968 y en el Protocolo de 1971, tal como fueron adaptados por el Convenio de 1978, figuran en los títulos II a IV.
En el párrafo segundo del artículo 3 del Convenio de 1968, modificado por el artículo 4 del Convenio de 1978, se insertará el guión siguiente entre el tercer y cuarto guión:
«En Grecia: el artículo 40 de la Ley de Enjuicimiento Civil (Kωδικαζ Πολιτικηζ Δικονομιαζ),».
En el párrafo primero del artículo 32 del Convenio de 1968, modificado por el artículo 16 del Convenio de 1978, se insertará el guión siguiente entre el tercer y cuarto guión:
«En Grecia, al µovoμελεζ πρωτοδικειο,».
1. En el párrafo primero del artículo 37 del Convenio de 1968, modificado por el artículo 17 del Convenio de 1978, se insertará el guión siguiente entre el tercer y cuarto guión:
«En Grecia, ante el εψετειο,».
2. En el párrafo segundo del artículo 37 del Convenio de 1968, modificado por el artículo 17 del Convenio de 1978, el primer guión se sustituirá por el texto siguiente:
«En Bélgica, Grecia, Francia, Italia, Luxemburgo y los Países Bajos, de un recurso de casación,».
En el párrafo primero del artículo 40 del Convenio de 1968, modificado por el artículo 19 del Convenio de 1978, se insertará el guión siguiente entre el tercer y cuarto guión:
«En Grecia, ante el εψετειο,».
En el artículo 41 del Convenio de 1968, modificado por el artículo 20 del Convenio de 1978, el primer guión se sustituirá por el texto siguiente:
«En Bélgica, Grecia, Francia, Italia, Luxemburgo y los Países Bajos, de un recurso de casación,».
El artículo 55 del Convenio de 1968, modificado por el artículo 24 del Convenio de 1978, se completará con la siguiente adición, que se insertará en el lugar que le corresponda en la lista de convenios según orden cronológico:
«El Convenio entre el Reino de Grecia y la República Federal de Alemania relativo al reconocimiento y la ejecución recíprocos de resoluciones judiciales, transacciones judiciales y documentos públicos con fuerza ejecutiva en materia civil y mercantil, firmado en Atenas el 4 de noviembre de 1961,».
La primera frase del artículo V ter añadido al Protocolo anejo al Convenio de 1968, modificado por el artículo 29 del Convenio de 1978, se completará con la inclusión de una coma y las palabras «en Grecia» después del término «Dinamarca».
El artículo 1 del Protocolo de 1971, modificado por el artículo 30 del Convenio de 1978, se completará con el párrafo siguiente:
«El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas será igualmente competente para decidir sobre la interpretación del Convenio relativo a la adhesión de la República Helénica al Convenio de 27 de Septiembre de 1968 y al presente Protocolo, tal y como fueron adaptados por el Convenio de 1978.».
En el punto 1 del artículo 2 del Protocolo de 1971, modificado por el artículo 31 del Convenio de 1978, se insertará el guión siguiente entre el tercer y cuarto guión:
«En Grecia, τα ανωτατα δικαστηρια,».
1. El Convenio de 1968 y el Protocolo de 1971, modificados por el Convenio de 1978 y por el presente Convenio, sólo serán aplicables a las acciones judiciales ejercitadas y a los documentos públicos con fuerza ejecutiva formalizados con posterioridad a la entrada en vigor del presente Convenio en el Estado de origen y a las solicitudes de reconocimiento o ejecución de una resolución o de un documento público con fuerza ejecutiva en el Estado requerido.
2. Sin embargo, las resoluciones dictadas después de la fecha de entrada en vigor del presente Convenio entre el Estado de origen y el Estado requerido como consecuencia de acciones ejercitadas con anterioridad a esta fecha serán reconocidas y ejecutadas en el Estado requerido con arreglo a las disposiciones del título III del Convenio de 1968, modificado por el Convenio de 1978 y por el presente Convenio, si las reglas de competencias aplicadas se ajustaren a las previstas en el título II modificado del Convenio de 1968 o en un Convenio en vigor entre el Estado de origen y el Estado requerido al ejercitarse la acción.
El Secretario general del Consejo de las Comunidades Europeas remitirá al Gobierno de la República Helénica una copia autenticada conforme del Convenio de 1968, del Protocolo de 1971 y del Convenio de 1978, en las lenguas alemana, danesa, francesa, inglesa, irlandesa, italiana y neerlandesa.
Los textos del Convenio de 1968, del Protocolo de 1971 y del Convenio de 1978, redactados en lengua griega, figuran en los anexos del presente Convenio. Los textos redactados en lengua griega son auténticos en las mismas condiciones que los otros textos del Convenio de 1968, del Protocolo de 1971 y del Convenio de 1978.
El presente Convenio será ratificado por los Estados signatarios. Los instrumentos de ratificación se depositarán ante el Secretario general del Consejo de las Comunidades Europeas.
El presente Convenio entrará en vigor, en las relaciones entre los Estados que lo hubieran ratificado, el primer día del tercer mes siguiente al depósito del último instrumento de ratificación por parte de la República Helénica y los Estados que hubieren puesto en vigor el Convenio de 1978 de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de dicho Convenio.
Con respecto a cada Estado miembro que lo ratifique con posterioridad, el presente Convenio entrará en vigor el primer día del tercer mes siguiente al depósito de su instrumento de ratificación.
El Secretario general del Consejo de las Comunidades Europeas notificará a los Estados signatarios:
a) El depósito de cada uno de los instrumentos de ratificación;
b) Las fechas de entrada en vigor del presente Convenio para los Estados contratantes.
El presente Convenio, redactado en un solo ejemplar en las lenguas alemana, danesa, francesa, griega, inglesa, irlandesa, italiana y neerlandesa, cuyos ocho textos son igualmente auténticos, será depositado en los archivos de la Secretaría del Consejo de las Comunidades Europeas. El Secretario general remitirá una copia autenticada conforme a cada uno de los Gobiernos de los Estados signatarios.
EN FE DE LO CUAL, los abajo firmantes, debidamente autorizados con tal fin, suscriben el presente Convenio.
Hecho en Luxemburgo el 25 de octubre de 1982.
Por Su Majestad el Rey de los Belgas: Jean Gol.
Por Su Majestad la Reina de Dinamarca: Erik Ninn-Hansen.
Por el Presidente de la República Federal de Alemania: Hans Arnold Engelhard.
Por el Presidente de la República Helénica: Georges-Alexandre Mangakis.
Por el Presidente de la República Francesa: Robert Badinter.
Por el Presidente de Irlanda: Sean Doherty.
Por el Presidente de la República Italiana: Clelio Darida.
Por Su Alteza Real el Gran Duque de Luxemburgo: Colette Flesch.
Por Su Majestad la Reina de los Países Bajos: J. de Ruiter.
Por Su Majestad la Reina del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte: Peter Lovat Fraser.
En el momento de la firma del Convenio de adhesión del Reino de España y de la República Portuguesa al Convenio de Bruselas de 1968,
Los representantes de los Gobiernos de los Estados miembros de las Comunidades Europeas reunidos en el Seno del Consejo,
DESEOSOS de que, en particular en la perspectiva de la plena realización del mercado interior, la aplicación del Convenio de Bruselas y del Protocolo de 1971 se amplíe rápidamente a toda la Comunidad,
FELICITÁNDOSE por la celebración, el 16 de septiembre de 1988, del Convenio de Lugano que extiende los principios del Convenio de Bruselas a los Estados que serán partes en el Convenio de Lugano, destinado principalmente a regular las relaciones entre los Estados miembros de la Comunidad Económica Europea (CEE) y los de la Asociación Europea de Libre Cambio (AELC) en lo que respecta a la protección jurídica de las personas establecidas en todos los Estados citados y a la simplificación de formalidades para el reconocimiento y la ejecución recíprocos de las resoluciones judiciales,
CONSIDERANDO que el Convenio de Bruselas tiene como base jurídica el artículo 220 del Tratado de Roma y que su interpretación es competencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas,
CONSCIENTES de que el Convenio de Lugano no afecta a la aplicación del Convenio de Bruselas en lo que respecta a las relaciones entre los Estados miembros de la Comunidad Económica Europea, dado que dichas relaciones deben venir regidas por el Convenio de Bruselas,
TENIENDO EN CUENTA que el Convenio de Lugano entrará en vigor a partir del momento en que dos Estados, uno de ellos miembro de las Comunidades Europeas y el otro miembro de la Asociación Europea de Libre Cambio, hayan depositado sus instrumentos de ratificación,
SE DECLARAN dispuestos a adoptar todas las medias útiles para que los procedimientos nacionales de ratificación del Convenio de adhesión del Reino de España y de la República Portuguesa al Convenio de Bruselas, firmado en el día de hoy, culminen en el plazo más breve y, si fuera posible, a más tardar el 31 de diciembre de 1992.
EN FE DE LO CUAL, los abajo firmantes suscriben la presente Declaración común.
Hecho en San Sebastián el 26 de mayo de 1989.
ESTADOS PARTE
|
|
Fecha de depósito del Instrumento de Ratificación |
|---|---|
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España |
22 de noviembre de 1990. |
|
Francia |
17 de octubre de 1990. |
|
Países Bajos |
11 de enero de 1991. |
El presente Convenio entrará en vigor el 1 de febrero de 1991, de conformidad con su artículo 32 (1).
Lo que se hace público para conocimiento general.
Madrid, 17 de enero de 1991.–El Secretario general técnico, Javier Jiménez-Ugarte Hernández.
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