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La entrada en vigor el 8 de junio de 1995 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos para las Administraciones Públicas, ha supuesto la existencia de un régimen transitorio de aplicación de la antigua Ley en coexistencia con la nueva, que se encuentra recogido en su disposición transitoria primera:

«Los expedientes de contratación en curso en los que no se haya producido la adjudicación se regirán por lo dispuesto en la presente Ley, sin que, no obstante, en ningún caso sea obligatorio el reajuste a la presente Ley de actuaciones ya realizadas.»

Por consiguiente, hasta que concluyan los contratos ya adjudicados a la entrada en vigor de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, van a aplicarse simultáneamente dos regímenes jurídicos distintos respecto de los contratos administrativos:

La anterior legislación de Contratos del Estado para los contratos adjudicados durante su vigencia.

La Ley 13/1995, de 18 de mayo, para los que se adjudiquen a partir de su entrada en vigor.

En lo que se refiere a la comprobación material de inversiones, la nueva Ley establece la obligatoriedad de realización de un único acto formal de recepción del objeto del contrato, suprimiendo la dualidad anterior de recepciones provisionales y definitivas, lo que unido a que el ámbito de la comprobación material se extiende asimismo, en virtud del Real Decreto 1124/1978, de 12 de mayo, a la aplicación de subvenciones, hace necesario modificar los modelos normalizados para la solicitud de representante de este centro en los actos de comprobación material de inversiones y subvenciones, establecidos por la Resolución de este centro directivo de 21 de febrero de 1985.

En virtud de lo anterior, el nuevo modelo normalizado que se establece en el anexo de esta Resolución será de utilización preceptiva para aquellos contratos que se adjudiquen a partir del 8 de junio de 1995, así como a todas las subvenciones, con independencia del momento de su concesión.

Para los contratos adjudicados con anterioridad al 8 de junio de 1995, seguirán en vigor los modelos establecidos en la Resolución de 21 de febrero de 1985.

Madrid, 11 de septiembre de 1995.-El Interventor general, Gregorio Máñez Vindel.

(ANEXO OMITIDO)