Mediante Orden de 24 de junio de 1999, se ha establecido un nuevo régimen de competencias delegadas, incrementando las que, por delegación del Ministro, hasta ahora venían ejerciendo los Delegados provinciales del Ministerio de Economía y Hacienda en determinadas actuaciones de gestión patrimonial, cuyo límite cuantitativo pasa de los 2.500.000 pesetas a los 7.000.000 de pesetas.
Coherentemente con este incremento, y para su adecuado ejercicio, resulta necesario modificar las competencias que actualmente ostentan los citados Delegados por delegación del Director general del Patrimonio del Estado.
Estas competencias son las que se citan en la letra b) del apartado primero de la Resolución de 19 de diciembre de 1995, de delegación de competencias en determinados órganos y unidades administrativas ("Boletín Oficial del Estado" número 3, de 3 de enero de 1996), que delega en los Delegados provinciales del Departamento las competencias que los artículos 124 y 136, último párrafo, del Reglamento de la Ley de Patrimonio del Estado atribuyen al Director general de Patrimonio, si bien con el límite de 1.000.000 de pesetas, que es el que ahora se eleva hasta igual cuantía que la establecida en la citada Orden de 24 de junio de 1999.
En su virtud, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y artículo 20 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, he resuelto:
Primero.-Se eleva a 7.000.000 de pesetas la cuantía establecida en el apartado primero, letra b) de la Resolución de 19 de diciembre de 1995 ("Boletín Oficial del Estado" número 3, de 3 de enero de 1996).
Segundo.-Siempre que se haga uso de la presente delegación, se hará constar así en la resolución administrativa correspondiente.
Tercero.-La presente Resolución entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el "Boletín Oficial del Estado".
Madrid, 24 de junio de 1999.-El Director general, Pablo Olivera Massó.
Ilmos. Sres. Subdirectores generales de la Dirección General del Patrimonio del Estado y Delegados Provinciales del Ministerio de Economía y Hacienda.
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