Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Sea notorio a todos los ciudadanos que las Cortes de Castilla y León han aprobado y Yo en nombre del Rey y de acuerdo con lo que se establece en el artículo 16.4 del Estatuto de Autonomía, promulgo y ordeno la publicación de la siguiente Ley.

Es un hecho que las Cajas de Ahorro, y el sector financiero en general, han venido experimentando desde el año 1990, en que se aprobó la Ley vigente, modificada en 1994 en aspectos relativos a órganos de gobierno, importantes cambios que afectan, tanto a su entorno legal (regulación de las cuotas participativas, Ley de Recursos Propios y Supervisión en Base Consolidada de las Entidades Financieras, Ley de Mercado de Valores,

etcétera), como a su actividad, ampliando sustancialmente los productos y servicios que prestan a su clientela y evolucionando en sus propios fines, desde el benéfico inicial al mayor peso actual de la función social, dirigida a mejorar el desarrollo social y económico de su ámbito de actuación.

Se han producido también, en este periodo, relevantes pronunciamientos del Tribunal Constitucional relativos a las competencias que, en materia de Cajas de Ahorro corresponden al Estado y a las Comunidades Autónomas.

Esos hechos venían demandando una actualización del actual texto refundido de la Ley de Cajas de Ahorro de Castilla y León, aprobado por el Decreto Legislativo 1/1994, de 28 de julio.

Debe destacarse la necesidad de esta Ley en el actual momento de transformación del sistema financiero y de globalización de los mercados, con el fin de profundizar en la vinculación de las Cajas de Ahorro de esta Comunidad con su mercado de origen, donde han forjado su propia identidad, donde han generado sus actuales recursos financieros y donde han venido cumpliendo una gran labor social.

En este contexto, es responsabilidad de las instituciones públicas preservar el carácter social de estas entidades, velar por su solvencia y estabilidad y mantener su vinculación al desarrollo económico y social de su ámbito tradicional de actuación, utilizando los medios a su alcance, que se concretan en un ejercicio riguroso del protectorado público y en la intensificación de las funciones de supervisión.

Por otra parte, es importante destacar que este nuevo texto normativo pone fin a una primera fase de asunción de competencias de desarrollo normativo y ejecución en materia de Cajas de Ahorro, acometiendo con rigor la modificación legislativa del actual texto refundido en base a la experiencia acumulada, y ejerciendo la reciente competencia exclusiva que el artículo 32.1.33.a del Estatuto de Autonomía de Castilla y León atribuye a esta Comunidad Autónoma en materia de Cajas de Ahorro, en el marco de la ordenación general de la economía y de acuerdo con las disposiciones que, en uso de sus facultades, dicte el Estado.

La Ley se estructura en siete títulos, dos disposiciones adicionales, siete disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y tres disposiciones finales.

El título I regula el ámbito de aplicación de la Ley conforme a la doctrina constitucional, define el objeto regulado y su régimen jurídico y recoge, tanto los objetivos y fines de las Cajas de Ahorro, como los principios de actuación de la administración autonómica, en calidad de institución que ejerce el Protectorado Público.

El título II establece una regulación más detallada de los procesos de creación, modificación y extinción de las Cajas de Ahorro, poniendo especial énfasis en su modificación, a través de fusión, cesión global de activos y pasivos y escisión, para garantizar que los mismos respondan a criterios empresariales y por ser los más afectados por el actual proceso de globalización del mercado financiero.

El título III regula el Registro de Cajas de Ahorro de Castilla y León y el Registro de Altos Cargos de las mismas, con fines informativos y de control, destacando la creación de una nueva Sección en el primero de ellos, dedicada a las Fundaciones creadas para la gestión de la obra social.

Mención especial merece el título IV, dedicado a la regulación de los órganos de gobierno y dirección, dónde las modificaciones introducidas tratan de reforzar los principios de pluralismo, profesionalización, autonomía, independencia y transparencia.

En aras del pluralismo, la nueva composición de los órganos de gobierno mantiene la representación plural de los intereses que tradicionalmente han venido participando en el gobierno de las Cajas de esta Comunidad.

Con idéntico fin y tratando de obtener una mayor homogeneidad en la composición de los órganos, se introducen porcentajes fijos de representación y se modifican los mismos, con un triple objetivo:

Que todos los grupos sociales tengan una representación significativa, manteniendo a la vez la representación directa y autónoma del grupo de entidades de interés general que garantiza mayor pluralismo que el ofrecido por el modelo estatal.

Reforzar el equilibrio entre intereses públicos y particulares de otros colectivos.

Garantizar que ninguno de los grupos alcance un dominio excesivo.

Asimismo, se introduce de forma expresa la designación proporcional de los representantes municipales, con lo que se intensifica la participación democrática de los grupos políticos integrantes de estas Corporaciones.

Para potenciar la profesionalización de los órganos de gobierno, se refuerzan los requisitos de elegibilidad de sus miembros incluyendo las exigencias de una honorabilidad comercial y profesional, preparación técnica y experiencia adecuada para el ejercicio de sus funciones y específicamente se requiere reconocida experiencia, conocimientos y prestigio en materia de economía y finanzas a los representantes de las Cortes de Castilla y León y de las Corporaciones Municipales.

Con este mismo objetivo, se debe entender la reducción del número de municipios que entran por sorteo en los órganos de gobierno, ya que de esta forma se refuerza la participación de municipios de tamaño medio.

También se pretende que los representantes de las entidades de interés general pertenezcan en mayor medida a entidades que puedan aportar una mayor experiencia en la función financiera de las Cajas de Ahorro.

El objetivo de profesionalización se extiende al Presidente de la Caja, en concordancia con la Ley 31/1985, de 2 de agosto, de Regulación de las Normas Básicas sobre Órganos Rectores de las Cajas de Ahorro, contemplando la posibilidad de atribuirle funciones ejecutivas, e incluyendo los especiales requisitos que debe de cumplir la persona elegida y los requisitos que debe observar el correspondiente acuerdo del Consejo de Administración, dirigidos a garantizar una adecuada definición de sus funciones y garantizar una amplia representatividad del Presidente.

En orden a proteger la autonomía e independencia de las Cajas de Ahorro, se mantiene la temporalidad del ejercicio del cargo en un máximo de doce años, se introducen nuevas causas de incompatibilidad y se elimina la posibilidad de que los miembros designados por entidades con representación puedan ser cesados por éstas antes de la finalización del mandato.

Al objeto de fomentar la trasparencia en la actuación de los órganos de gobierno de las Cajas, se limita la capacidad de retribución de los representantes de las Cajas en otras empresas y se extiende a determinados miembros del equipo directivo las mismas exigencias que se establecen para el Director general, en cuanto a forma de nombramiento, incompatibilidades y limitaciones.

Para finalizar lo relativo a los órganos de gobierno, destacar que la nueva Ley modifica el sistema de cobertura de las vacantes que se produzcan en el Consejo de Administración, Comisión de Control y en los grupos de la Asamblea que tengan suplentes -impositores y empleados-, sustituyendo el sistema actual de lista única de suplencias por el de suplencias vinculadas a la candidatura correspondiente a la persona que deja la

vacante, con la finalidad de mantener en todo momento en los órganos de gobierno la proporcionalidad resultante del proceso electoral.

El título V es, junto con el anterior título, otro de los pilares básicos de la reforma, al profundizar en las facultades de supervisión que competen a la Consejería de Economía y Hacienda.

En este sentido, se intensifica el control sobre el cumplimiento de las normas de solvencia, en especial las que afectan a la distribución de excedentes, procesos de expansión y limitaciones a su actividad inversora y crediticia, extendiéndose incluso la supervisión a las empresas participadas, conforme prevé la Ley 13/1992, de 1 de junio, de Recursos Propios y Supervisión en Base Consolidada de las Entidades Financieras, y dada la incidencia que tienen estas participaciones en la solvencia de las Cajas.

Se establece un control previo sobre las nuevas vías de financiación, tales como cuotas participativas, deuda subordinada y emisiones a través de sociedades filiales, con el fin de garantizar la solvencia e independencia de las Cajas de Ahorro.

Otro de los retos que plantea la nueva Ley es reforzar la protección de la clientela de las Cajas, para lo que se prevé la creación de la figura del Defensor del Cliente en el seno de la Federación de Cajas de Ahorro de Castilla y León, que será el encargado de la defensa de los clientes de las Cajas operantes en Castilla y León, atendiendo a las quejas y reclamaciones que aquellos formulen.

En cuanto a la obra social, se prevé la posibilidad de que la gestión de la obra social pueda ser realizada por fundaciones constituidas por las Cajas, se establece para las Cajas foráneas una obligación de inversión mínima en la Comunidad, proporcional a los recursos ajenos captados en ésta y se encomienda a la Junta de Castilla y León el desarrollo reglamentario de esta materia.

Por otra parte, se modifica el sistema de control de las operaciones de riesgo con altos cargos de las Cajas, habilitando a la Consejería de Economía y Hacienda para que establezca un importe por debajo del cual se sustituirá la autorización previa por un sistema de comunicación a posteriori, excluyendo de autorización las operaciones de la Caja con sus empresas participadas aunque en el consejo de administración de éstas se encuentren miembros de los órganos de la Caja y ampliando los sujetos afectados por esta limitación a mayor número de personas con funciones directivas.

El proyecto contempla la posible adopción de medidas de sustitución de los órganos de gobierno y de intervención de la entidad, para supuestos de graves irregularidades o peligro de los recursos propios, con el fin de garantizar su estabilidad y solvencia.

Destacar del título VI la inclusión de nuevas infracciones tipificadas, para garantizar la legalidad en el proceso de composición y funcionamiento de los órganos de gobierno, la solvencia de la entidad, los derechos de la clientela y el control económico-financiero por parte de la Consejería.

Asimismo, se amplía este título con la regulación del régimen de prescripción y la tipificación de las sanciones aplicables a la comisión de infracciones.

El título VII, dedicado a la Federación de Cajas de Ahorro de Castilla y León, mantiene la posibilidad de que los Estatutos de la Federación establezcan un sistema de participación de las Cajas que actúan en el territorio de Castilla y León, sin tener en el mismo su domicilio social.

Por último, señalar que las disposiciones transitorias regulan la adaptación de Estatutos y Reglamentos, el proceso de adaptación de los órganos de gobierno, el régimen aplicable a sus miembros durante el período transitorio, la adaptación de mandatos y el calendario de las próximas renovaciones parciales.

TÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1. Ámbito de aplicación.

La presente Ley será de aplicación a las Cajas de Ahorro cuyo domicilio social radique en el territorio de la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

También será de aplicación a las Cajas de Ahorro domiciliadas en otras Comunidades Autónomas, exclusivamente en lo relativo a las actividades que realicen en el territorio de la Comunidad de Castilla y León y en los términos establecidos en las leyes.

Artículo 2. Naturaleza.

1. A los efectos de la presente Ley se entenderá por Caja de Ahorros, con o sin Monte de Piedad, la entidad de crédito sin ánimo de lucro, de naturaleza fundacional y carácter social, no dependiente de otra empresa, institución o entidad.

2. Todas las Cajas de Ahorro tendrán la misma naturaleza jurídica, idéntica consideración ante los poderes públicos y los derechos y obligaciones que les confieren las leyes.

Artículo 3. Régimen jurídico.

Sin perjuicio de la normativa básica del Estado, las Cajas de Ahorro con domicilio social en la Comunidad de Castilla y León se regirán por las siguientes disposiciones:

1. La presente Ley.

2. Las normas reglamentarias dictadas en desarrollo de esta Ley.

3. Sus propios Estatutos y Reglamento de Procedimiento Electoral.

Artículo 4. Objetivo y fines.

1. Las Cajas de Ahorro tendrán como objetivos básicos, el fomento del ahorro, la gestión eficiente de los recursos que les son confiados y la estabilidad y seguridad de los fondos en ellas depositados, mediante la realización de las operaciones económicas y financieras permitidas por las Leyes.

2. Su actuación también irá orientada a contribuir al desarrollo social y económico de su ámbito de actuación, especialmente en Castilla y León.

3. Para el cumplimiento de sus objetivos y fines las Cajas de Ahorro dedicarán sus excedentes líquidos a la constitución de reservas y a la realización de obras sociales, de acuerdo con la legislación en esta materia.

Artículo 5. Protectorado público.

La Consejería de Economía y Hacienda, en el marco de las bases de la ordenación de la actividad económica general y de la política monetaria del Estado, ejercerá el protectorado de las Cajas de Ahorro con domicilio social en Castilla y León, conforme a los siguientes principios:

a) Vigilar que las Cajas de Ahorro realicen las adecuadas políticas de administración y gestión del ahorro que les permitan el cumplimiento de su función económica y social.

b) Garantizar el cumplimiento de los principios de democratización, profesionalización, independencia y transparencia en la elección, composición y funcionamiento de sus órganos de gobierno.

c) Proteger la independencia, estabilidad y prestigio de las Cajas de Ahorro.

d) Promover y coordinar las relaciones de las Cajas de Ahorro entre sí y con las instituciones públicas, encaminadas a mejorar el nivel socioeconómico de Castilla y León.

e) Proteger los derechos e intereses de los clientes de las Cajas de Ahorro.

f) Vigilar el cumplimiento por las Cajas de Ahorro de las normas de ordenación y disciplina aplicables a las entidades de crédito.

TÍTULO II

Creación, modificación y extinción de las Cajas de Ahorro domiciliadas en Castilla y León

CAPÍTULO I

Creación

Artículo 6. Autorización.

1. La creación de Cajas de Ahorro exigirá la autorización de la Junta de Castilla y León a propuesta de la Consejería de Economía y Hacienda, que sólo podrá concederse previa comprobación del cumplimiento de la normativa básica vigente y de lo dispuesto en la presente Ley y su normativa de desarrollo.

2. La solicitud de creación se dirigirá a la Consejería de Economía y Hacienda, e irá acompañada de la siguiente documentación:

a) Proyecto de escritura fundacional.

b) Proyectos de Estatutos y Reglamento de Procedimiento Electoral.

c) Programa de actividades, haciendo constar el género de operaciones que pretendan realizarse, la organización administrativa y contable y los procedimientos de control interno de la entidad.

d) Memoria justificativa de su viabilidad económica y de los fines que se propongan alcanzar con su creación.

e) Relación y circunstancias de los miembros fundadores y de los futuros miembros del Patronato.

f) Justificación de haber constituido el fondo dotacional mínimo exigido legalmente en cada momento.

3. La solicitud de autorización deberá ser resuelta dentro de los seis meses siguientes a su recepción o momento en que se complete la documentación exigible y, en todo caso, dentro de los doce meses siguientes a la recepción de la solicitud.

Cuando la solicitud no se hubiera resuelto en el plazo anteriormente establecido podrá entenderse desestimada.

4. La autorización para la creación de Cajas de Ahorro se publicará en el Boletín Oficial de Castilla y León.

5. No podrán ser objeto de transmisión o cesión por título alguno las autorizaciones concedidas, siendo nula de pleno derecho cualquier actuación en contrario.

6. La autorización se denegará, mediante resolución motivada, cuando no se cumplan los requisitos exigidos legal o reglamentariamente.

Artículo 7. Constitución.

1. La creación de Cajas de Ahorro se formalizará en escritura pública en la que necesariamente habrán de constar las siguientes circunstancias:

a) Datos identificativos y circunstancias específicas de las personas fundadoras, físicas y jurídicas, públicas o privadas.

b) Manifestación expresa de la voluntad de constituir una Caja de Ahorros de conformidad con las disposiciones vigentes.

c) Los Estatutos por los que se regirá la entidad y el Reglamento de Procedimiento Electoral.

d) Domicilio social de la entidad.

e) Fondo dotacional inicial con descripción de los bienes y derechos que lo integren, su título de propiedad, las cargas y el carácter de la aportación.

f) Personas integrantes del Patronato de la fundación y Director general designado por el mismo.

2. En el supuesto de que la voluntad fundacional estuviera recogida en testamento, será ejecutada por las personas designadas por el fundador, las cuales otorgarán la escritura pública de fundación cumplimentando dicha voluntad en la forma prevista por las leyes.

Artículo 8. Estatutos.

1. Corresponde a la Junta de Castilla y León, a propuesta de la Consejería de Economía y Hacienda, la aprobación de los Estatutos de las nuevas Cajas, que recogerán, como mínimo, los siguientes extremos:

a) La denominación y naturaleza de la entidad.

b) El domicilio social y el ámbito de actuación.

c) El objeto y los fines.

d) La estructura y composición de los órganos de gobierno, en especial el número de miembros, las reglas de procedimiento para su elección y designación, para la cobertura de vacantes, para la renovación parcial de los órganos y para su cese.

e) Las funciones y el funcionamiento de los órganos de gobierno y de sus comisiones delegadas, en especial los requisitos de convocatoria, el quórum de asistencia y las mayorías necesarias para la adopción de acuerdos.

f) La forma de elección, renovación y cese del Presidente, así como sus funciones.

g) La fecha del cierre del ejercicio económico.

h) La aplicación o destino de los excedentes.

i) Aquellos otros extremos que, con tal carácter, se recojan en esta Ley.

2. Corresponde también a la Junta de Castilla y León, a propuesta de la Consejería de Economía y Hacienda, la aprobación del Reglamento de Procedimiento Electoral, que contendrá el procedimiento para elegir y designar a los miembros de los órganos de gobierno.

Artículo 9. Inscripción.

1. Una vez concedida la autorización, con aprobación de los Estatutos y del Reglamento de Procedimiento Electoral, se otorgará la escritura fundacional.

2. La escritura fundacional y la acreditación de la inscripción de la constitución de la Caja de Ahorros en el Registro Mercantil se presentará en la Consejería de Economía y Hacienda, en el plazo máximo de seis meses a contar desde la notificación de la autorización, procediéndose de oficio, previa comprobación de que se ajusta a los términos de la autorización, a su inscripción provisional en el Registro de Cajas de Ahorro de Castilla y León.

3. De acuerdo con la normativa básica del Estado, las inscripciones en el Registro de Cajas de Ahorro de Castilla y León y en el Registro correspondiente del Banco de España serán indispensables para que la nueva entidad pueda desarrollar sus actividades.

Artículo 10. Órganos de gobierno.

1. El Patronato tendrá atribuidas las funciones propias del Consejo de Administración y de la Asamblea

general hasta la constitución de estos órganos, no existiendo durante dicho periodo la Comisión de Control.

2. Los órganos de gobierno de la nueva Caja de Ahorros, previstos en el título IV de la presente Ley, deberán estar constituidos en el plazo máximo de dos años, a partir de la fecha de inscripción provisional en el Registro de Cajas de Ahorro de Castilla y León.

A estos efectos, para los Consejeros generales representantes del personal y de los impositores no se exigirán los requisitos de antigüedad establecidos en el apartado 2 del artículo 31 de la presente Ley.

3. El primer Consejo de Administración estará formado por los miembros elegidos según lo dispuesto en el capítulo III del título IV de la presente Ley y por los miembros del Patronato, con voz y voto, los cuales cesarán en el plazo máximo de un año desde la constitución de la primera Asamblea general, sin perjuicio de que puedan ser elegidos en el nuevo Consejo.

4. El Director general, designado por el Patronato, habrá de ser confirmado o sustituido por el primer Consejo de Administración que se constituya, debiendo ser ratificado por la Asamblea general convocada al efecto.

Artículo 11. Período transitorio.

1. Las nuevas Cajas de Ahorro, durante los dos primeros años de funcionamiento estarán sometidas a las normas especiales de control que se establezcan por la Consejería de Economía y Hacienda, sin perjuicio de las que, con carácter general, les sean aplicables.

2. Finalizado dicho período, y aprobada la gestión por la Asamblea general, la Consejería de Economía y Hacienda, previa la correspondiente inspección, acordará que se practique la inscripción definitiva en el Registro de Cajas de Ahorro de Castilla y León.

Artículo 12. Revocación de la autorización.

1. La autorización concedida a una Caja de Ahorros podrá ser revocada en los siguientes supuestos:

a) No dar comienzo a las actividades específicas de su objeto social dentro de los doce meses siguientes a la notificación de la autorización o renunciar de modo expreso a ésta.

b) Interrumpir de hecho las actividades específicas de su objeto social durante un período superior a seis meses.

c) Haber obtenido la autorización por medio de declaraciones falsas o por otro medio irregular.

d) Incumplir las condiciones contenidas en la autorización, salvo que se disponga otra cosa con relación a alguna de dichas condiciones.

e) Carecer de fondos propios suficientes o no ofrecer garantía de poder cumplir sus obligaciones con relación a sus acreedores y, en particular, no garantizar la seguridad de los fondos que le hayan sido confiados.

f) Haber sido sancionada, como consecuencia de haber incurrido en infracciones tipificadas como muy graves en la normativa vigente.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa básica, corresponde a la Junta de Castilla y León, a propuesta de la Consejería de Economía y Hacienda, acordar la revocación. Reglamentariamente se desarrollará el procedimiento a seguir para la revocación, garantizando la audiencia previa de la entidad interesada.

3. La revocación de la autorización llevará implícita la disolución de la Caja de Ahorros y la apertura del período liquidatorio, que se realizará conforme a lo dispuesto en la normativa vigente y a lo establecido en la norma fundacional.

4. La revocación de la autorización se hará constar en los registros administrativos correspondientes y, tan pronto sea notificada a la Caja, conllevará el cese de las operaciones que vinieran amparadas por la autorización que se revoca.

CAPÍTULO II

Modificación

Artículo 13. Modificación de Estatutos y Reglamentos de Procedimiento Electoral.

La aprobación de las modificaciones de los Estatutos y Reglamentos de Procedimiento Electoral de las Cajas de Ahorro domiciliadas en la Comunidad de Castilla y León, una vez aprobadas por la Asamblea general, en los términos previstos en el artículo 55 de la presente Ley, corresponde a la Junta de Castilla y León, quien podrá ordenar la modificación de aquellos preceptos que no se ajusten a la legalidad vigente.

Artículo 14. Clases y efectos de fusión.

Las Cajas de Ahorro con domicilio social en Castilla y León podrán fusionarse:

a) Mediante la creación de una nueva Caja de Ahorros y extinción de las entidades que se fusionan, las cuales transferirán en bloque sus patrimonios a la entidad de nueva creación.

b) Mediante absorción, en cuya virtud la entidad o entidades absorbidas transferirán en bloque su patrimonio a la Caja absorbente, produciéndose la extinción de aquéllas.

Artículo 15. Proyecto de fusión.

1. El Consejo de Administración de cada una de las Cajas de Ahorro que pretendan fusionarse habrá de aprobar el proyecto de fusión, que deberá contener, al menos, los siguientes extremos:

a) La denominación, domicilio y datos de inscripción en el Registro Mercantil y en los correspondientes Registros Administrativos de todas las entidades participantes, así como la denominación y domicilio de la entidad resultante de la fusión.

b) El proyecto de escritura fundacional de la nueva entidad, que deberá recoger el proyecto de Estatutos y de Reglamento de Procedimiento Electoral, o si se tratara de absorción, el texto íntegro de las modificaciones que vayan a introducirse en los Estatutos y en el Reglamento de Procedimiento Electoral de la Caja absorbente.

c) Informe del Consejo de Administración de cada una de las entidades participantes relativo a la justificación económica de la fusión y a su participación, a la viabilidad del proyecto, a la nueva estructura técnica, financiera y administrativa, al nuevo programa estratégico de la entidad resultante, a la integración de las plantillas laborales y la continuidad de las obras sociales.

d) La composición, régimen de funcionamiento y facultades atribuidas a las personas u órganos que se designen para la coordinación del proceso de fusión.

e) La composición de los órganos de gobierno de la entidad resultante de la fusión durante el período transitorio a que se refiere el artículo 19 de la presente Ley.

f) Los Balances de fusión de cada una de las entidades y el balance conjunto resultante de la fusión, señalando y justificando las diferencias de valor que pudieran aparecer respecto del último balance aprobado y auditado.

g) La fecha a partir de la cual las operaciones de las entidades que se extingan habrán de considerarse realizadas a efectos contables por cuenta de la entidad a la que traspasan su patrimonio.

h) El texto del acuerdo de fusión que se someterá a la aprobación de las respectivas Asambleas generales.

2. Los miembros del Consejo de Administración de cada Caja deberán suscribir el proyecto de fusión. Si faltara la firma de alguno de ellos deberá indicarse su causa al final del proyecto.

3. En el plazo máximo de siete días a partir de la aprobación del proyecto por el Consejo de Administración de cada Caja, se presentará, por cada entidad, un ejemplar del proyecto de fusión en el Registro Mercantil correspondiente a su domicilio, para su depósito.

Artículo 16. Acuerdo de fusión.

1. El acuerdo de fusión habrá de ser adoptado independientemente por la Asamblea general de cada una de las Cajas de Ahorro que se fusionan, en los términos previstos en el artículo 55 de esta Ley.

2. En todo caso, la convocatoria de la Asamblea general deberá hacer constar el derecho de sus miembros a examinar, desde la fecha de la convocatoria, en el domicilio social de las Cajas, los siguientes documentos:

a) Proyecto de fusión.

b) Informe de los expertos independientes sobre el proyecto, a que se refiere el artículo 17.2 de esta Ley.

c) Cuentas anuales e informe de gestión de los tres últimos ejercicios de cada una de las Cajas participantes, con los correspondientes informes de los auditores de cuentas.

d) Estatutos vigentes de cada una de las Cajas participantes.

Artículo 17. Autorización.

1. La autorización de la fusión en que intervengan las Cajas de Ahorro con domicilio social en Castilla y León corresponde a la Junta de Castilla y León, a propuesta de la Consejería de Economía y Hacienda, previo informe del Banco de España.

Asimismo, corresponde a la Junta de Castilla y León, a propuesta de la Consejería de Economía y Hacienda, la autorización de los Estatutos y el Reglamento de Procedimiento Electoral de la nueva entidad constituida o las modificaciones en los de la entidad absorbente, pudiendo ordenar la adecuación de aquellos preceptos que no se ajusten a la normativa vigente.

2. A tal efecto, la entidad o entidades a que se refiere el punto anterior, presentarán solicitud dirigida a la Consejería de Economía y Hacienda, acompañando la siguiente documentación:

a) Acuerdo de la Asamblea general de cada una de las Cajas participantes en la fusión.

b) Proyecto de fusión.

c) Estatutos y Reglamento de Procedimiento Electoral vigentes de cada una de las Cajas participantes.

d) Cuentas Anuales e Informe de Gestión de los tres últimos ejercicios de cada una de las Cajas participantes, con los correspondientes informes de los auditores de cuentas.

e) Informe de dos o más expertos independientes, designados por el Registrador Mercantil correspondiente, relativo al proyecto de fusión y al patrimonio aportado por las entidades que se extinguen.

3. Para la autorización de la fusión deberán cumplirse las condiciones siguientes:

a) Que las entidades que vayan a fusionarse no se hallen en período de liquidación.

b) Que queden a salvo los derechos y garantías de los impositores, acreedores, trabajadores y demás afectados por la fusión.

c) Que se garantice la continuidad de las obras sociales de las entidades a extinguir por parte de la entidad de nueva creación o de la entidad absorbente.

4. La autorización de la fusión deberá otorgarse en el plazo de los tres meses siguientes a su recepción o momento en que se complete la documentación exigible, entendiéndose denegada por el transcurso de dicho plazo. La autorización de la fusión o, en su caso, la denegación de la misma será motivada.

5. La autorización de la fusión será notificada a las Cajas interesadas y publicada en el "Boletín Oficial de Castilla y León".

Artículo 18. Inscripción.

1. La escritura pública de fusión otorgada por las Cajas intervinientes en la misma, junto a la acreditación de su inscripción en el Registro Mercantil, deberá presentarse ante la Consejería de Economía y Hacienda, en el plazo máximo de tres meses a contar desde la notificación de la autorización.

2. La Consejería de Economía y Hacienda, previa comprobación de que la escritura otorgada se ajusta a los términos de la autorización, procederá a la inscripción de la fusión en el Registro de Cajas de Ahorro de Castilla y León y a la cancelación de las inscripciones correspondientes a las Cajas extinguidas.

Artículo 19. Período transitorio.

1. En el supuesto de fusión de Cajas de Ahorro con creación de nueva entidad, la constitución de los órganos de gobierno se realizará en el plazo de dos años, a partir de la inscripción de la nueva Caja en el Registro de Cajas de Ahorro de Castilla y León.

Durante este período transitorio los órganos de gobierno y dirección de la nueva entidad serán los que se fijen en los acuerdos de fusión, respetando en todo caso lo establecido en la presente Ley para los distintos órganos de gobierno y dirección, excepto el número de miembros del Consejo de Administración y Comisión de Control que podrá ser, como máximo, el doble del número de miembros previsto en esta Ley.

2. En el caso de fusión por absorción quedarán disueltos los órganos de gobierno de las Cajas absorbidas y la administración, gestión, representación y control de la entidad corresponderá a los de la Caja absorbente.

No obstante lo anterior, los acuerdos de fusión podrán prever la incorporación de miembros del Consejo de Administración y Comisión de Control de las entidades absorbidas en los de la entidad absorbente hasta un total máximo para el conjunto de las entidades, de la mitad del número de miembros previsto en esta Ley, respetando el resto de normas establecidas en la presente Ley para los distintos órganos de gobierno y dirección.

Estos órganos de gobierno desempeñarán de forma transitoria sus funciones hasta la fecha en que debiera producirse en la entidad absorbente la siguiente renovación parcial, conforme establece el artículo 37 de la presente Ley.

Artículo 20. Entidad fundadora.

En el supuesto de fusión con creación de una nueva Caja de Ahorros serán entidades fundadoras de la nueva, las Cajas de Ahorro que se extinguen.

La representación de dichas entidades fundadoras en los órganos de gobierno de la Caja de nueva creación corresponderá a las entidades fundadoras de las Cajas extinguidas, cuando aquéllas existan, o, en su defecto, a las entidades que designen en los acuerdos de fusión.

La representación que se asigne a cada entidad fundadora en los órganos de gobierno de la Caja resultante, dentro del porcentaje total correspondiente a este grupo, deberá ser recogida en los acuerdos de fusión y en los Estatutos de la Caja de Ahorros resultante y se determinará por acuerdo entre las Cajas intervinientes y, en su defecto, en función de la dimensión económica de éstas, tomando como base los balances de fusión aprobados por las respectivas Asambleas generales.

Artículo 21. Cesión global del Activo y Pasivo y escisión.

1. Corresponde a la Junta de Castilla y León a propuesta de la Consejería de Economía y Hacienda autorizar la cesión global del Activo y Pasivo y la escisión en que intervenga una Caja de Ahorros con domicilio social en Castilla y León, una vez adoptado el acuerdo por la Asamblea general.

2. Será aplicable a la cesión global del Activo y Pasivo y a la escisión el mismo régimen previsto en la presente Ley para los supuestos de fusión, así como el previsto sobre adjudicación del remanente para los supuestos de liquidación, en lo que resulten aplicables.

CAPÍTULO III

Extinción

Artículo 22. Causas de extinción.

Las Cajas de Ahorro se extinguirán:

a) Por acuerdo de la Asamblea general adoptado conforme establece el artículo 55 de la presente Ley.

b) Como consecuencia de la revocación de la autorización.

c) Por cualquiera de las causas que se establezcan en los Estatutos y en las Leyes.

Artículo 23. Disolución y Liquidación.

1. La autorización de los acuerdos de disolución y liquidación de las Cajas de Ahorro corresponde a la Consejería de Economía y Hacienda.

2. Aprobada la disolución, excepto en caso de fusión, cesión global del Activo y Pasivo y escisión, se abrirá el período de liquidación. El proceso de liquidación estará sujeto al control de la Consejería de Economía y Hacienda, la cual podrá designar representantes a tal fin.

3. La adjudicación del remanente resultante de la liquidación se ajustará a lo que dispongan la escritura fundacional, los Estatutos y las leyes aplicables, procurando la continuidad de las obras sociales establecidas.

4. Los acuerdos de disolución y liquidación se inscribirán en el Registro de Cajas de Ahorro de Castilla y León y se publicarán en el "Boletín Oficial de Castilla y León".

5. Las presentes disposiciones se entenderán sin perjuicio de las normas básicas sobre la materia y, en concreto, las que regulan el Fondo de Garantía de Depósitos.

En cualquier caso, las instituciones u organismos competentes podrán establecer sistemas de colaboración en el ejercicio de las respectivas competencias.

TÍTULO III

Registros

CAPÍTULO I

Registro de Cajas de Ahorro de Castilla y León

Artículo 24. Naturaleza.

1. El Registro de Cajas de Ahorro de Castilla y León dependerá de la Consejería de Economía y Hacienda.

2. El Registro será público. Cualquier persona podrá obtener gratuitamente certificado de los datos que consten en él, siempre que justifique su interés legítimo.

3. Su funcionamiento se regulará por la Consejería de Economía y Hacienda.

Artículo 25. Estructura y contenido.

1. El Registro de Cajas de Ahorro de Castilla y León estará organizado en tres secciones:

Sección primera.-En la Sección primera se inscribirán las Cajas de Ahorro que tengan su domicilio social en Castilla y León, con el siguiente contenido mínimo:

a) La denominación de la entidad.

b) El domicilio social.

c) La fecha de la escritura de fundación y de su inscripción en el Registro Mercantil.

d) Las personas o entidades fundadoras.

e) Los Estatutos y el Reglamento de Procedimiento Electoral y sus modificaciones.

f) Las autorizaciones relativas a la creación, fusión, cesión global de Activos y Pasivos, escisión, disolución y liquidación.

g) Las sanciones firmes.

h) La relación de agencias y sucursales.

i) Cualquier otro contenido que se determine reglamentariamente.

Sección segunda.-En la Sección segunda se inscribirán las Cajas de Ahorros que, sin estar domiciliadas en el territorio de Castilla y León, tengan oficinas abiertas en el mismo, con el siguiente contenido mínimo:

a) La denominación de la entidad.

b) El domicilio social.

c) Los Estatutos y el Reglamento de Procedimiento Electoral y sus modificaciones.

d) La relación de agencias y sucursales en la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

e) Las sanciones firmes.

f) Cualquier otra información que se determine reglamentariamente.

Sección tercera.-En la Sección tercera se inscribirán las fundaciones de las Cajas de Ahorro con domicilio social en Castilla y León que gestionen total o parcialmente la obra social, con el siguiente contenido mínimo:

a) La denominación de la fundación.

b) El domicilio social.

c) La identidad de los fundadores.

d) La fecha de inscripción de la escritura pública de constitución en el Registro de Fundaciones y sus modificaciones.

e) Los Estatutos y sus modificaciones.

f) La relación de miembros que integran el Patronato y sus fechas de nombramiento y cese.

g) La fecha de nombramiento y cese del Gerente y de los apoderados con expresión de las facultades otorgadas.

h) Cualquier otra información que se determine reglamentariamente.

Artículo 26. Reserva de denominación.

1. Ninguna persona física o jurídica podrá, sin haber obtenido la preceptiva autorización y hallarse inscrita en el Registro correspondiente, ejercer en la Comunidad de Castilla y León las actividades reservadas legalmente a las Cajas de Ahorro, ni utilizar denominaciones, marcas, rótulos, modelos, anuncios o expresiones que puedan inducir a error sobre su naturaleza, en relación con las Cajas de Ahorro.

2. El incumplimiento de lo dispuesto en el apartado anterior conllevará la correspondiente sanción en los términos establecidos en la normativa vigente.

CAPÍTULO II

Registro de Altos Cargos de las Cajas de Ahorro de Castilla y León

Artículo 27. Naturaleza.

El Registro de Altos Cargos de las Cajas de Ahorro de Castilla y León dependerá de la Consejería de Economía y Hacienda, y tendrá carácter informativo y de control. Cualquier persona podrá obtener gratuitamente certificado de los datos que consten en él, siempre que justifique su interés legítimo.

Su funcionamiento se regulará por la Consejería de Economía y Hacienda.

Artículo 28. Estructura.

El Registro de Altos Cargos de las Cajas de Ahorro con domicilio social en Castilla y León estará organizado en las siguientes secciones:

Sección A: Asamblea general.

Sección B: Consejo de Administración.

Sección C: Comisión de Control.

Sección D: Director general o asimilado y otro personal de Dirección.

Artículo 29. Contenido.

En el Registro de Altos Cargos se inscribirán los nombramientos, reelecciones, renovaciones, cobertura de vacantes y ceses de los miembros de los órganos de gobierno y del Director general o asimilado y otro personal de Dirección y aquellos otros datos y circunstancias que se determinen por la Consejería de Economía y Hacienda.

TÍTULO IV

Los órganos de gobierno y la Dirección de las Cajas de Ahorro con domicilio social en Castilla y León

CAPÍTULO I

Disposiciones comunes

Artículo 30. Órganos de gobierno.

1. La administración, gestión, representación y control de las Cajas de Ahorro con domicilio social en Castilla y León corresponde a los siguientes órganos de gobierno:

a) La Asamblea general.

b) El Consejo de Administración.

c) La Comisión de Control.

2. Los Estatutos y el Reglamento del Procedimiento Electoral de las Cajas de Ahorro regularán la elección, composición, funcionamiento y funciones de sus órganos de gobierno de acuerdo con la normativa básica en materia de Órganos Rectores de Cajas de Ahorro, así como de la presente Ley y las normas que la desarrollen.

Artículo 31. Requisitos de elegibilidad y ejercicio del cargo.

1. Los miembros de los órganos de gobierno deberán reunir los siguientes requisitos:

a) Ser persona física con residencia habitual en la Comunidad Autónoma o zona de actividad de la Caja.

b) Ser mayor de edad y no estar incapacitado.

c) Tener la condición de impositor.

d) Estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que hubieran contraído con la Caja de Ahorros por sí mismos o en representación de otras personas o entidades.

e) Tener la honorabilidad comercial y profesional necesaria, preparación técnica y experiencia adecuada para el ejercicio de sus funciones.

f) No estar incursos en las incompatibilidades reguladas en el artículo siguiente.

Los Compromisarios deberán reunir los mismos requisitos establecidos anteriormente para los miembros de los órganos de gobierno con excepción de lo dispuesto en el punto e).

2. Además de los requisitos anteriores los Compromisarios y los Consejeros generales representantes de los Impositores habrán de tener la condición de depositantes con una antigüedad superior a dos años en el momento del sorteo y un saldo medio en cuentas o un número de movimientos en las mismas, indistintamente, no inferior a lo que se determine por la Junta de Castilla y León.

Los Consejeros generales representantes del personal, además de los requisitos establecidos en el punto uno del presente artículo deberán tener como mínimo una antigüedad de dos años en la Caja y tener la condición de trabajador fijo de la entidad.

Los Consejeros generales representantes de las Cortes de Castilla y León y de las Corporaciones Municipales, además de los requisitos establecidos en el punto uno del presente artículo deberán tener reconocida experiencia, conocimientos y prestigio en materia de economía y finanzas.

3. Los miembros del Consejo de Administración y de la Comisión de Control deberán ser Consejeros generales, cumplir los requisitos del punto uno, los establecidos para su grupo de representación en el punto dos del presente artículo y ser menores de setenta años.

No obstante, podrán ser miembros del Consejo de Administración en representación de los grupos de Corporaciones Municipales e Impositores, terceras personas no Consejeros generales. Cuando estas terceras personas sean elegidas en representación del grupo de Impositores quedarán excluidas del requisito previsto en el primer párrafo del apartado dos del presente artículo.

4. A las personas que integren las candidaturas para la elección de miembros de órganos de gobierno, les serán exigibles los requisitos previstos en este artículo.

5. Los requisitos establecidos en los apartados anteriores serán exigibles para los compromisarios y miembros de los órganos de gobierno al tiempo de formular la aceptación del cargo, y para los candidatos al tiempo de presentar la candidatura.

Los miembros de los órganos de gobierno habrán de mantener los requisitos exigidos para su nombramiento durante el periodo de ejercicio de sus cargos.

Artículo 32. Causas de incompatibilidad.

No podrán ser compromisarios ni miembros de los órganos de gobierno quienes incurran en las siguientes causas de incompatibilidad:

a) Haber sido declarados en quiebra, concurso de acreedores, en tanto no hayan sido rehabilitados, o en suspensión de pagos en tanto no se produzca el íntegro cumplimiento del convenio con sus acreedores.

b) Haber sido condenado a pena que lleve aneja la inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos o haber sido sancionado por resolución administrativa o sentencia como consecuencia de la comisión de infracciones graves y muy graves, entendiéndose por tales las tipificadas con tal carácter por el ordenamiento jurídico.

c) Los Presidentes, Consejeros, Administradores, Directores, Gerentes, Asesores o asimilados de otra entidad de crédito de cualquier clase o de corporaciones o entidades que propugnen, sostengan o garanticen entidades de crédito o establecimientos financieros de crédito.

Quedan exceptuados los cargos que se desempeñen en representación de la Caja o por designación de la misma.

d) Los administradores o miembros del Consejo de Administración u órgano equivalente de más de cuatro sociedades mercantiles o cooperativas, entidades, cooperativas o sociedades agrarias de transformación.

Quedan exceptuados los cargos que se desempeñen en representación de la Caja o por designación de la misma.

e) Las personas que sean titulares de cuotas participativas por importe total superior al 5 por mil de los recursos propios de la Caja de Ahorros.

f) El personal al servicio de las Administraciones Públicas con funciones que se relacionan directamente con las actividades propias de las Cajas de Ahorro.

g) Las personas que estén ligadas laboralmente o mediante contrato de prestación de servicios a otro intermediario financiero.

h) Las personas que formen parte de un órgano de gobierno de otra Caja de Ahorros u otra entidad de crédito.

i) Los que, por sí mismos o en representación de otras personas o entidades:

1. Mantuviesen, en el momento de ser elegidos para los cargos, deudas vencidas y exigibles de cualquier clase frente a la entidad.

2. Durante el ejercicio del cargo hubieran incurrido en incumplimiento de las obligaciones contraídas con la Caja con motivo de créditos o préstamos o por impago de deudas de cualquier clase frente a la entidad.

j) Los que estén vinculados directamente o a través de Sociedad interpuesta en la que participen en más del 20 por 100, a la Caja de Ahorros o a Sociedades en las cuales participe ésta con más de un veinte por ciento del capital, por contrato de obras, servicios, suministros o trabajo retribuido, salvo la relación laboral para los empleados de la Caja. Esta incompatibilidad se mantendrá durante los dos años siguientes, contados a partir de la terminación de tal vinculación.

k) Los que desempeñen cargos de confianza en las Administraciones Públicas para los cuales hayan sido nombrados por el Gobierno de la Nación, o el Consejo de Gobierno de alguna Comunidad Autónoma.

l) Quienes hayan sido miembros de órganos de gobierno de una Caja de Ahorros distinta hasta dos años posteriores a su cese, exceptuándose los supuestos de fusión y con respecto a las instituciones afectadas.

Artículo 33. Limitaciones.

1. Las personas que hayan ostentado la condición de miembro de los órganos de gobierno de una Caja de Ahorros no podrán establecer, directamente o a través de sociedad interpuesta en la que participen en más de un 20 por 100 contratos de obras, servicios, suministros o trabajo retribuido con la Caja de Ahorros o con Sociedades en las que ésta participe en más de un 20 por 100 del capital, durante un período mínimo de dos años, contados a partir del cese en el correspondiente órgano de gobierno, salvo la relación laboral para los empleados de la Caja.

2. Los miembros del Consejo de Administración y de la Comisión de Control de las Cajas de Ahorro, el Director general o asimilado y el personal de Dirección a que se refiere el capítulo V del título IV de esta Ley, así como sus cónyuges, ascendientes o descendientes y las sociedades en que dichas personas tengan una participación que aislada o conjuntamente, directa o indirectamente, sea superior al 20 por 100 del capital social, o en las que ejerzan los cargos de Presidente, Consejero, Administrador, Gerente, Director general o asimilado no podrán obtener créditos, avales o garantías de la Caja de Ahorros sin que exista acuerdo del Consejo de Administración de ésta y autorización de la Consejería de Economía y Hacienda previamente a su formalización, con las excepciones previstas en el artículo 79 de la presente Ley.

Serán precisas también dichas autorizaciones para que las personas y sociedades a que hace referencia el apartado anterior puedan enajenar a la Caja de Ahorros bienes, derechos o valores propios, así como para adquirir bienes o derechos propiedad de la Caja de Ahorros y valores de su cartera o emitidos por las Cajas.

Las limitaciones anteriores se extenderán en todo caso no sólo a las operaciones realizadas directamente por las personas o entidades referidas, sino también a aquellas otras en que pudieran aparecer una o varias personas físicas o jurídicas interpuestas.

3. La concesión de créditos a los representantes del personal se regirá por lo que dispongan los convenios colectivos previo informe de la Comisión de Control.

Artículo 34. Cese.

1. Los miembros de los órganos de gobierno cesarán, única y exclusivamente, en el ejercicio de sus cargos, en los siguientes supuestos:

a) Por cumplimiento del período para el que hubieran sido nombrados.

b) Por cumplimiento del periodo máximo de doce años previsto en el artículo 35 de la presente Ley.

c) Por renuncia formalizada por escrito.

d) Por defunción o declaración de ausencia legal.

e) Por pérdida de cualquiera de los requisitos que condicionan su elegibilidad.

f) Por incurrir en alguna de las causas de incompatibilidad reguladas en esta Ley.

g) Por acuerdo de revocación o separación adoptados por la Asamblea general, de acuerdo con lo previsto en el artículo 36.

h) Cuando, a petición del interesado, se produzca la suspensión de la relación laboral por un período de tiempo superior a seis meses.

2. El cese de los miembros de los órganos de gobierno no afectará a la participación de los distintos grupos de representación en los órganos de gobierno.

Artículo 35. Mandato y Reelección.

1. Los miembros de los órganos de gobierno serán nombrados por un período de cuatro años.

El mandato se iniciará en la fecha de celebración de la Asamblea general en que hayan sido nombrados y se entenderá cumplido en la fecha de la Asamblea general en que se produzca la incorporación de los nuevos Consejeros generales.

2. En el caso de vacantes producidas por el cese de miembros antes del transcurso del tiempo para el que hubieren sido nombrados, los suplentes ejercerán su función hasta completar el mandato.

El mandato del suplente se iniciará en la fecha de su incorporación como miembro del órgano y finalizará en la fecha de la Asamblea general en que se produzca la incorporación de los nuevos Consejeros generales.

El mandato del sustituido finalizará en la fecha en que se produzca la causa de cese.

3. Los Estatutos podrán prever su reelección siempre que cumplan los requisitos establecidos para su nombramiento.

4. El límite temporal de ejercicio del cargo no podrá superar como máximo los doce años, computándose todas las representaciones que hayan ostentado y en cualquiera de los órganos en los que haya ejercido un cargo.

5. En el supuesto de fusión de Cajas de Ahorro, para el cómputo del plazo de ejercicio del cargo en los órganos de gobierno de la Caja resultante se acumulará el tiempo de ejercicio del cargo en cada una de las Cajas fusionadas.

Artículo 36. Separación y revocación de los miembros de los órganos de gobierno.

1. Los miembros de la Asamblea general podrán ser separados de su cargo cuando incumplieren los deberes inherentes a su condición o perjudiquen notoriamente el buen nombre o actividad de la Caja.

La separación se efectuará mediante acuerdo adoptado por la Asamblea general conforme establece el artículo 55 de la presente Ley.

2. Por las mismas causas podrá la Asamblea general acordar la revocación de los miembros del Consejo de Administración y de la Comisión de Control, conforme establece el artículo 55 de la presente Ley.

Artículo 37. Renovación parcial.

Los órganos de gobierno serán renovados parcialmente cada dos años, respetando la proporcionalidad de las representaciones, y conforme al procedimiento de elección y designación establecido para cada órgano y grupo por la presente Ley.

A tal efecto, se establecen dos agrupaciones, en la primera de ellas estarán incluidos los grupos de Impositores, entidades fundadoras, entidades de interés general y empleados, y la segunda estará integrada por los grupos de Corporaciones Municipales y Cortes de Castilla y León.

Las Corporaciones Locales que ejerzan su representación como entidades fundadoras se integrarán en la segunda agrupación.

La renovación de la agrupación segunda deberá quedar realizada en el plazo máximo de cuatro meses desde la celebración de las correspondientes elecciones municipales.

Artículo 38. Vacantes.

1. Las vacantes que se produzcan como consecuencia del cese de Consejeros generales con anterioridad a la finalización del período para el que fueron elegidos, se cubrirán:

a) Cuando la vacante afecte a un Consejero general de los Grupos de Corporaciones Municipales, entidades fundadoras, entidades de interés general y Cortes de Castilla y León, mediante nueva designación por dichas entidades, respetando la proporcionalidad originaria.

b) Cuando la vacante afecte a un Consejero general de los grupos de Impositores y de empleados, por la persona que, atendiendo a su orden de colocación, corresponda dentro de la lista de suplentes aprobada por la Asamblea general para la candidatura en la que estuviese integrado el titular.

2. Las vacantes que se produzcan como consecuencia del cese de miembros del Consejo de Administración y de la Comisión de Control con anterioridad a la finalización del período de ejercicio del cargo se cubrirán, dentro del mismo Grupo afectado, por la persona que, atendiendo a su orden de colocación, corresponda dentro de la lista de suplentes aprobada por la Asamblea general para la candidatura en la que estuviese integrado el titular.

3. La cobertura de vacantes se efectuará en el plazo máximo de dos meses contados desde que se produzca el cese correspondiente, cualquiera que sea la causa, sin que puedan efectuarse nombramientos provisionales.

4. No podrá nombrarse a una misma persona como suplente para distintos órganos.

Artículo 39. Percepciones.

1. En el ejercicio de sus funciones, los miembros de los órganos de gobierno no podrán recibir percepciones distintas de las dietas por asistencia y los gastos de desplazamiento a las reuniones de los correspondientes órganos y de las comisiones delegadas determinadas o previstas en los Estatutos cuyas cuantías máximas serán autorizadas por la Consejería de Economía y Hacienda.

También serán autorizadas por la Consejería de Economía y Hacienda las cuantías máximas de dietas y gastos aplicables a los compromisarios en el ejercicio de sus funciones.

Los miembros de los órganos de gobierno que lo sean a su vez de los órganos de administración de otras entidades, en representación o por designación de la Caja de Ahorros o que realicen actividades en representación de la Caja, deberán ceder a ésta los ingresos percibidos por dichas circunstancias en lo que excedan de los límites máximos a que se refiere el párrafo primero.

2. El ejercicio del cargo de Presidente podrá ser retribuido en el supuesto previsto en el artículo 60.

En ese caso, el ejercicio del cargo será incompatible con cualquier otra actividad retribuida, tanto de carácter público como privado, salvo la administración del propio patrimonio, el de su cónyuge, ascendientes, descendientes o personas físicas de quienes sea representante legal, y aquellas actividades que ejerza en representación o por designación de la Caja, a las que será aplicable lo dispuesto sobre límites máximos de dietas en el punto 1 del presente artículo.

La percepción de remuneración no implicará en ningún caso vinculación laboral con la Caja de Ahorros, ni podrá dar derecho a indemnizaciones en caso de cese.

Artículo 40. Procesos electorales.

1. La elección y designación de los miembros de los órganos de gobierno de las Cajas de Ahorro se regula por lo dispuesto en esta Ley y en su normativa de desarro llo, en los Estatutos, y en el Reglamento de Procedimiento Electoral que aprobará cada Caja de Ahorros.

2. El proceso de elección de los órganos de gobierno deberá respetar los principios de legalidad, transparencia, publicidad, proporcionalidad y participación democrática.

3. El Consejo de Administración será responsable de la iniciación, desarrollo y coordinación de los trámites de designación de los miembros de órganos de gobierno con la antelación necesaria para que puedan cumplirse los plazos legales para su renovación.

4. En el supuesto de inobservancia de lo previsto en el apartado anterior, la Comisión de Control requerirá al Consejo de Administración para que proceda al cumplimiento de sus obligaciones, e informará a la Consejería de Economía y Hacienda.

5. Para proceder a la elección y renovación de los órganos de gobierno de las Cajas de Ahorro, la Comisión de Control se constituirá en Comisión Electoral. Esta Comisión Electoral será el órgano encargado de vigilar el proceso electoral y como tal ostenta las necesarias facultades y ejerce las correspondientes funciones.

6. La Comisión de Control habrá de comunicar a la Consejería de Economía y Hacienda cuantos nombramientos y ceses de los miembros de los órganos de gobierno se produzcan, sin perjuicio de efectuar cualesquiera otras comunicaciones que resulten exigibles de conformidad con la normativa aplicable.

7. La Consejería de Economía y Hacienda podrá acordar, a propuesta de la Comisión de Control, por sí misma o constituida en Comisión Electoral, la anulación o suspensión, total o parcial, del proceso electoral cuando observe incumplimientos de la normativa aplicable u otro tipo de irregularidades que afecten muy gravemente al proceso. Se entenderán por muy graves aquellas que puedan producir alteraciones efectivas en el resultado electoral.

La Comisión de Control, con carácter previo a la elevación de la propuesta, deberá ponerlo en conocimiento del Consejo de Administración.

8. La Consejería de Economía y Hacienda velará por el cumplimiento de las normas sobre elección y designación de miembros de los órganos de gobierno y podrá instar la iniciación del oportuno expediente sancionador, para lo cual podrá solicitar a la Comisión de Control las informaciones oportunas.

Artículo 41. Normas de funcionamiento de los órganos.

1. Los órganos de gobierno actuarán con carácter colegiado y sus miembros ejercerán sus funciones, con plena independencia, en beneficio exclusivo de los intereses de la Caja de Ahorros a la que pertenezcan.

2. Los miembros de los órganos de gobierno con derecho a voto no podrán estar representados por otros miembros ni por terceras personas, ya sean físicas o jurídicas.

Cada uno de esos miembros tendrá derecho a un solo voto. La persona que presida la sesión, cuando tenga derecho a voto, tendrá voto de calidad.

3. Los acuerdos adoptados por los órganos de gobierno vincularán a sus miembros, quedando exentos de la responsabilidad que pueda derivarse quienes hubieren votado en contra y los ausentes por causa justificada.

4. Los miembros de los órganos de gobierno deberán guardar secreto de cuanta información relativa a las Cajas de Ahorro reciban en el ejercicio de sus cargos, así como de los acuerdos adoptados en sus reuniones.

A ese deber quedarán sujetas también las demás personas que hubiesen asistido a las sesiones de los órganos de gobierno.

Las deliberaciones de los órganos de gobierno serán secretas, a menos que el propio órgano acuerde expresamente la posibilidad de su difusión.

5. Los miembros de los órganos de gobierno deben disponer de la información necesaria para el ejercicio de sus funciones, debiendo los Presidentes de los respectivos órganos velar por el cumplimiento de este derecho.

CAPÍTULO II

Asamblea general

SECCIÓN 1.a NATURALEZA Y COMPOSICIÓN

Artículo 42. Naturaleza.

La Asamblea general es el órgano supremo de gobierno y decisión de la Caja de Ahorros. Sus miembros recibirán la denominación de Consejeros generales y representarán los intereses de los depositantes, de los trabajadores, así como los sociales y generales del ámbito de actuación de la entidad.

Artículo 43. Composición.

Los Estatutos de cada Caja de Ahorros fijarán el número de miembros de la Asamblea general, que estará constituida por un mínimo de ciento veinte y un máximo de ciento sesenta Consejeros generales que representarán a los siguientes grupos:

a) Impositores.

b) Cortes de Castilla y León.

c) Corporaciones Municipales.

d) Personas o entidades fundadoras de la Caja.

e) Entidades de interés general, a que se refiere el artículo 50 de la presente Ley.

f) Empleados de la Caja de Ahorros.

Artículo 44. Participación de los grupos de representación.

1. El número de miembros que corresponde a cada uno de los grupos a que se refiere el artículo anterior se determinará en los Estatutos aplicando los porcentajes siguientes:

a) Impositores: 32 por 100.

b) Cortes de Castilla y León: 15 por 100.

c) Corporaciones Municipales: 32 por 100.

d) Personas o entidades fundadoras: 5 por 100.

e) Entidades de interés general, a que se refiere el artículo 50 de la presente Ley: 5 por 100 f) Empleados de la Caja de Ahorros: 11 por 100.

2. En el supuesto de Cajas de Ahorro cuyas personas o entidades fundadoras no estuviesen identificadas en sus Estatutos a la entrada en vigor de la Ley 31/1985, de 2 de agosto, de Regulación de Normas Básicas sobre Órganos Rectores de las Cajas de Ahorro, o bien estándolo no puedan o no deseen ejercitar la representación que les corresponde, los porcentajes de participación de los grupos de representación serán los siguientes:

a) Impositores: 37 por 100.

b) Cortes de Castilla y León: 15 por 100.

c) Corporaciones Municipales: 32 por 100.

d) Entidades de interés general, a que se refiere el artículo 50 de la presente Ley: 5 por 100.

e) Empleados de la Caja de Ahorros: 11 por 100.

3. Los Consejeros generales no podrán ostentar simultáneamente más de una representación.

Artículo 45. Consejeros generales representantes de impositores.

1. Los Consejeros generales en representación de los Impositores de la Caja de Ahorros serán elegidos por los compromisarios, mediante votación personal y secreta de entre los Impositores que cumplan los requisitos previstos en el artículo 31 de esta Ley, de forma proporcional a los votos obtenidos por cada una de las candidaturas.

2. Para la designación de compromisarios, los Impositores se relacionarán en lista única por provincias o por cada demarcación territorial de las determinadas previamente en los Estatutos o en el Reglamento de Procedimiento Electoral de la entidad, de acuerdo con los criterios fijados por la Junta de Castilla y León.

Cada impositor solamente podrá aparecer relacionado una vez y en una única lista, con independencia del número de cuentas de que pudiera ser titular.

3. Se designarán 25 compromisarios por cada Consejero general que corresponda a los Impositores. En el supuesto de que existan varias listas de Impositores deberá respetarse la proporcionalidad estricta entre el número de Impositores y el de representantes de este grupo.

4. La designación de los compromisarios se efectuará ante notario mediante sorteo público y aleatorio, debiendo remitir a la Consejería de Economía y Hacienda una copia del acta notarial con el resultado del mismo y debiendo publicar en el "Boletín Oficial de Castilla y León" un anuncio relativo a la exposición de las listas de los compromisarios designados en el domicilio social y en las oficinas de la Caja.

Artículo 46. Consejeros generales representantes de Cortes de Castilla y León.

Los Consejeros generales designados por las Cortes de Castilla y León, en representación de los intereses generales de la Comunidad Autónoma, serán elegidos por el Pleno de las Cortes proporcionalmente al número de procuradores de los distintos Grupos parlamentarios integrantes de la Cámara y de acuerdo con los procedimientos que ésta determine.

Artículo 47. Consejeros generales representantes de Corporaciones Municipales.

1. Los Consejeros generales representantes de las Corporaciones Municipales en cuyo término tenga abierta oficina la entidad, serán designados mediante acuerdo del Pleno de la propia Corporación, en proporción a la importancia numérica de los grupos políticos integrantes de la Corporación.

En el supuesto de que a una Corporación Municipal le correspondiese un solo Consejero General, resultará elegido el que obtenga la mayoría de los votos de los miembros del Pleno.

2. La distribución de los Consejeros generales de este grupo entre las Corporaciones Municipales será la siguiente:

El 95 por 100 del número de Consejeros generales que corresponda a este grupo se distribuirá entre las Corporaciones Municipales en función del número de Impositores que tenga la Caja en los distintos municipios en los que el número de Impositores supere el 5 por 100 la población de derecho del municipio.

El 5 por 100 restante se distribuirá entre el resto de municipios en que la Caja de Ahorros tenga abierta oficina operativa, determinándose mediante sorteo aleatorio celebrado ante notario.

La Junta de Castilla y León determinará los criterios para la distribución de los Consejeros generales de este Grupo entre las Corporaciones Municipales.

3. En ningún caso corresponderá a una misma Corporación Municipal un número de Consejeros generales superior al 20 por 100 del número total de Consejeros generales correspondientes a este Grupo.

4. Las Corporaciones Municipales que sean fundadoras de Cajas de Ahorro que operen total o parcialmente en el mismo ámbito de actuación que otra Caja no podrán nombrar representantes en esta última.

Artículo 48. Consejeros generales representantes del Personal.

1. Los Consejeros generales representantes del Personal serán elegidos a través de candidaturas, aplicando el procedimiento de proporcionalidad que se desarrolle por la Junta de Castilla y León. Serán electores todos los miembros de la plantilla.

2. Los empleados de las Cajas de Ahorro únicamente podrán acceder a los órganos de gobierno de la respectiva Caja por el Grupo de Empleados.

3. Los Consejeros generales representantes del Personal tendrán las mismas garantías que las establecidas en el artículo 68 c) del Estatuto de los Trabajadores para los representantes legales de las mismas.

Artículo 49. Consejeros generales representantes de entidades fundadoras.

1. Los Consejeros generales representantes de las personas o entidades fundadoras, sean instituciones públicas o privadas, serán nombrados directamente por las mismas de acuerdo con sus normas de funcionamiento, pudiendo asignar una parte de su porcentaje de representación a instituciones de interés social o a Corporaciones Locales que, a su vez, no sean fundadoras de otras Cajas de Ahorro de su ámbito de actuación.

Las asignaciones recaerán sobre entidades concretas.

El nombramiento de representantes que efectúen las Corporaciones Locales deberá hacerse de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 47.1 de esta Ley.

2. Las Corporaciones Municipales fundadoras de una Caja de Ahorros, sólo podrán nombrar representantes por este grupo, salvo que decidan estar representados en el grupo de Corporaciones Municipales y, por lo tanto, no ejercitar la representación que les corresponde como entidad fundadora.

3. En el supuesto de Cajas de Ahorro fundadas por varias personas o entidades, para determinar la representación que corresponde a cada una de ellas, se estará a lo dispuesto en los pactos fundacionales. Si este extremo no se hubiera consignado en los mismos, se tendrá en cuenta la aportación económica de cada una de ellas y en defecto de ambos supuestos, las partes podrán convenir la forma y proporción de los representantes a designar. Los Estatutos de las Cajas regularán, conforme a lo anterior, la representación de cada entidad fundadora.

4. En el supuesto de pluralidad de entidades fundadoras, si alguna de ellas no pudiera o no deseara ejercitar su derecho a designar los Consejeros generales que le correspondan, se distribuirá su participación entre las demás entidades fundadoras proporcionalmente al número de Consejeros generales que correspondan a las mismas hasta completar el total de los Consejeros generales correspondientes a este grupo.

Artículo 50. Consejeros generales representantes de entidades de interés general.

1. Los Estatutos o el Reglamento de Procedimiento Electoral de cada Caja de Ahorros determinarán las enti dades de interés general de reconocido arraigo en el territorio de Castilla y León que van a estar representadas en sus órganos de gobierno, sin que en ningún caso se pueda atribuir más de tres Consejeros generales a cada una de ellas. El nombramiento se realizará por la entidad designada, aplicando estrictamente el principio de proporcionalidad sobre las candidaturas que se presenten en su seno.

A estos efectos, se entenderán como entidades de interés general las fundaciones, asociaciones, colegios profesionales, corporaciones u otras entidades de carácter cultural, científico, benéfico, cívico, económico, social o profesional, de reconocido arraigo en el ámbito de actuación de la Caja de Ahorros.

2. La distribución de los Consejeros generales de este grupo entre las entidades de interés general será la siguiente:

El 90 por 100 del número de Consejeros generales que corresponde a este grupo se distribuirá entre las entidades de interés general determinadas por las Cajas de Ahorro de entre las incluidas en la relación aprobada por la Consejería de Economía y Hacienda, correspondiendo al menos un representante a cada entidad de interés general que desarrolle su actividad en el ámbito de actuación de la Caja.

El 10 por 100 restante se distribuirá entre las entidades que deseen incorporar las Cajas de Ahorro, previa autorización de la Consejería de Economía y Hacienda.

SECCIÓN 2.a FUNCIONES Y FUNCIONAMIENTO

Artículo 51. Funciones.

Corresponderá especialmente a la Asamblea general, dentro de sus facultades generales de gobierno, las siguientes funciones:

a) Aprobar y modificar los Estatutos y el Reglamento de Procedimiento Electoral.

b) Nombrar a los miembros del Consejo de Administración y de la Comisión de Control de su competencia, así como revocar a los mismos antes del cumplimiento de su mandato.

c) Acordar la separación de los Consejeros generales antes del cumplimiento de su mandato.

d) Ratificar, en su caso, los acuerdos por los que se designe al Presidente ejecutivo y se fijen sus facultades.

e) Ratificar, en su caso, el nombramiento del Director general o asimilado.

f) Aprobar la fusión, disolución y liquidación de la entidad, así como la escisión y cesión global del activo y pasivo.

g) Definir anualmente las líneas generales del plan de actuación de la entidad, para que pueda servir de base a la labor del Consejo de Administración y de la Comisión de Control.

h) Nombrar a los auditores de cuentas.

i) Aprobar, en su caso, la gestión del Consejo de Administración.

j) Aprobar, en su caso, las cuentas anuales, así como la aplicación de los resultados a los fines propios de la Caja de Ahorros.

k) Crear y disolver las obras sociales, así como aprobar sus presupuestos anuales y la gestión y liquidación de las mismas.

l) Autorizar las emisiones de cuotas participativas, obligaciones subordinadas u otros valores negociables agrupados en emisiones.

m) Cualesquiera otros asuntos que se sometan a su consideración por los órganos facultados al efecto o que le sean atribuidos por los Estatutos.

Artículo 52. Clases de sesiones.

1. Las sesiones de la Asamblea general pueden ser ordinarias y extraordinarias.

2. Con carácter obligatorio deberá celebrarse al menos dos Asambleas generales ordinarias anuales. La Asamblea será convocada y celebrada el primer semestre natural de cada ejercicio con el fin de someter a su aprobación las cuentas anuales, el informe de gestión, el informe de seguimiento de la gestión elaborado por la Comisión de Control, la propuesta de aplicación de excedentes y el proyecto de presupuesto y la liquidación de la obra social.

3. El Presidente del Consejo de Administración podrá convocar Asamblea general extraordinaria siempre que lo considere conveniente a los intereses de la entidad. Deberá hacerlo, asimismo, a petición de una cuarta parte de los Consejeros generales, de un tercio de los miembros del Consejo de Administración o por acuerdo de la Comisión de Control. La petición deberá expresar el orden del día de la Asamblea que solicita y sólo se podrá tratar en ella el objeto para el que fue expresamente convocada.

Artículo 53. Convocatoria.

1. La Asamblea general ordinaria será convocada por el Presidente del Consejo de Administración con una antelación mínima de quince días, en la forma que dispongan los Estatutos de cada entidad. La convocatoria será comunicada a los Consejeros generales con indicación, al menos, de la fecha, hora y lugar de reunión y orden del día, así como el día y hora de reunión en segunda convocatoria, y será publicada con una antelación mínima de quince días en el "Boletín Oficial de Castilla y León", en el "Boletín Oficial del Estado" y por lo menos en dos periódicos de amplia difusión en la zona de actuación de la Caja.

La Asamblea general extraordinaria será convocada de igual forma que la ordinaria en el plazo máximo de treinta días desde la presentación de la petición, no pudiendo mediar más de treinta días entre la fecha de la convocatoria y la señalada para la celebración de la Asamblea.

2. En los quince días anteriores a la celebración de la Asamblea, los miembros con derecho a asistir a la misma tendrán a su disposición información suficiente relacionada con los temas a tratar y, en su caso, la documentación señalada en el punto 2 del artículo 52.

Artículo 54. Presidencia y asistencia.

1. La Asamblea general será presidida por el Presidente de la Caja o, en caso de vacante, ausencia, enfermedad u otra causa legal, por los Vicepresidentes del Consejo de Administración, según su orden y, en su defecto, por el Vocal de mayor edad del Consejo de Administración que se encuentre presente. Actuará de Secretario quien lo sea del Consejo de Administración.

2. Además de los Consejeros generales, podrán asistir a la Asamblea general, con voz y sin voto, los miembros del Consejo de Administración no Consejeros generales, el Director general, el representante de la Consejería de Economía y Hacienda en la Comisión de Control y las personas que hubieran sido convocadas al efecto.

Artículo 55. Constitución y acuerdos.

1. La Asamblea general precisará para su válida constitución, la asistencia de la mayoría de sus miembros en primera convocatoria. La constitución en segunda

convocatoria será válida cualquiera que sea el número de Consejeros generales asistentes.

2. Los acuerdos de la Asamblea general se adoptarán por mayoría de los miembros asistentes. No obstante se exigirá mayoría de los miembros de la Asamblea general en los supuestos establecidos en el artículo 34.g) y en el párrafo segundo del punto 1 del artículo 58 de la presente Ley.

En todo caso, se exigirá la asistencia de la mayoría de los miembros de la Asamblea general y el voto favorable de dos tercios de los asistentes para la adopción de los acuerdos previstos en los apartados a) y f) del artículo 51.

3. Los acuerdos de la Asamblea general se harán constar en acta. Esta será aprobada al término de la reunión o con posterioridad en el plazo máximo de diez días, por el Presidente y dos Interventores nombrados al efecto por la Asamblea general. Los acuerdos recogidos en las actas tendrán fuerza ejecutiva a partir de la fecha de su aprobación.

No obstante, el Consejo de Administración podrá requerir la presencia de fedatario público para que levante acta de la Asamblea general, que no se someterá a trámite de aprobación, y tendrá fuerza ejecutiva desde su cierre.

Cualquier Consejero general podrá solicitar certificación de los acuerdos adoptados en la Asamblea, que se expedirán por el Secretario de la misma con el visto bueno del Presidente.

CAPÍTULO III

Consejo de Administración

SECCIÓN 1.a NATURALEZA, FUNCIONES Y COMPOSICIÓN

Artículo 56. Naturaleza y funciones.

1. El Consejo de Administración es el órgano que tiene encomendada la administración y gestión financiera de la Caja de Ahorros, así como de la obra social, sin más limitaciones que las facultades expresamente reservadas a los restantes órganos de gobierno por el ordenamiento jurídico y los Estatutos de la entidad.

Así mismo, el Consejo de Administración ostentará la representación de la entidad para todos los actos comprendidos en su ámbito de actividad.

2. En el ejercicio de sus funciones, el Consejo se regirá por lo dispuesto en la presente Ley y demás normas de aplicación, en los Estatutos de la Caja, y en los acuerdos de la Asamblea general.

Artículo 57. Composición.

1. El Consejo de Administración estará compuesto por diecisiete miembros.

2. La participación de los grupos de representación en el Consejo de Administración será fijada por los Estatutos de cada Caja de Ahorros, conforme a los porcentajes de participación previstos en el artículo 44 de la presente Ley, ajustando las fracciones que resulten de su reducción numérica en la forma que reglamentariamente se determine, de modo que exista al menos un representante de cada uno de los grupos integrantes de la Asamblea general.

3. Los miembros del Consejo de Administración no podrán ostentar simultáneamente más de una representación.

Artículo 58. Nombramiento.

1. Los miembros del Consejo de Administración serán elegidos por la Asamblea general entre los miembros de cada grupo, sin perjuicio de lo establecido en el punto 2 del presente artículo, a propuesta de los miembros del grupo respectivo. Dicha propuesta se formará proporcionalmente a los votos obtenidos por cada una de las candidaturas presentadas en cada grupo.

En el caso de que la Asamblea general rechace alguna de las propuestas de nombramiento que realicen los respectivos grupos de representación, la propia Asamblea realizará los oportunos nombramientos aplicando criterios de proporcionalidad en la votación de las candidaturas presentadas ante el correspondiente grupo de representación.

2. Podrán ser nombradas en representación de los grupos de Corporaciones Municipales y de Impositores, terceras personas no Consejeros generales, sin que puedan exceder del número de dos por cada grupo de los anteriormente señalados. Su nombramiento exigirá en todo caso la propuesta por parte del grupo respectivo.

SECCIÓN 2.a ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

Artículo 59. Presidente y Secretario.

1. El Consejo de Administración nombrará de entre sus miembros al Presidente del Consejo que, a su vez, lo será de la entidad y de la Asamblea general de la Caja, y a un Secretario. Así mismo, podrá nombrar de entre sus miembros, uno o más Vicepresidentes y un Secretario de Actas que no sea miembro del Consejo.

Estos nombramientos se realizarán con el voto favorable de la mitad más uno de los miembros del Consejo.

En caso de vacante, ausencia, enfermedad, u otra causa legal del Presidente ejercerá sus funciones uno de los Vicepresidentes por su orden o, en su ausencia, el vocal de mayor edad. En los mismos supuestos el Secretario será sustituido por el Vocal de menor edad.

2. Corresponderán al Presidente las siguientes funciones:

a) Convocar las reuniones de los órganos cuya presidencia ostente y determinar los asuntos que deben figurar en el orden del día.

b) Presidir las reuniones de dichos órganos y dirigir y ordenar sus debates.

c) Coordinar la actividad de los órganos de gobierno de la Caja.

d) Ostentar la más alta representación de la entidad en sus relaciones externas.

e) Ejercer cuantas otras funciones le atribuyan la presente Ley y los Estatutos de la Caja.

3. El Presidente cesará en su cargo:

a) Por acuerdo adoptado con el voto favorable de la mitad más uno de los miembros del Consejo de Administración.

b) Por pérdida de la condición de miembro del Consejo de Administración.

c) Por renuncia formalizada por escrito ante el Consejo de Administración.

Artículo 60. Presidente ejecutivo.

1. El Consejo de Administración podrá atribuir al Presidente funciones ejecutivas.

En tal caso, la persona designada por el Consejo de Administración deberá tener reconocida honorabilidad comercial y profesional, así como capacidad, preparación técnica y experiencia suficiente para desarrollar las funciones propias de este cargo.

2. El ámbito de sus funciones será el que se fije por acuerdo del Consejo, con excepción de las no delegables reguladas en el artículo 62.

Asimismo, el Consejo podrá encomendar al Presidente funciones de las atribuidas al Director general sin perjuicio de los apoderamientos que el Presidente pueda conferir.

3. Los acuerdos del Consejo por los que se establezca o revoque la Presidencia ejecutiva y se fijen sus funciones de su titular, así como los que las modifiquen:

Requerirán para su validez el voto favorable de, al menos, dos tercios de los miembros del Consejo.

Deberán ser ratificados por la Asamblea general, que deberá celebrar sesión al efecto, dentro de los treinta días siguientes.

Deberán ser comunicados a la Consejería de Economía y Hacienda en los quince días siguientes a la adopción del acuerdo por el Consejo. En igual plazo, desde la celebración de la Asamblea, se comunicará el acuerdo de ratificación.

Deberán ser inscritos en el Registro Mercantil.

Artículo 61. Funcionamiento.

1. El Consejo de Administración se reunirá cuantas veces sea necesario para la buena marcha de la entidad y, como mínimo, una vez al mes.

2. El Presidente convocará reunión del Consejo de Administración a iniciativa propia o a petición de, al menos, una tercera parte de los miembros del Consejo.

En este último caso la petición deberá acompañarse de orden del día en que figuren los asuntos a tratar y la sesión deberá celebrarse en el plazo máximo de diez días desde la presentación de la petición.

3. La válida constitución del Consejo exigirá la asistencia a la sesión de la mitad más uno de sus miembros.

4. La adopción de acuerdos exigirá el voto favorable de la mitad más uno de los asistentes excepto en los supuestos en que expresamente la Ley o los Estatutos exijan mayorías cualificadas.

5. Los contratos con el personal de la entidad que contengan cualquier tipo de cláusula que suponga directa o indirectamente la predeterminación de una indemnización por rescisión de los mismos, distinta a la prevista en el Estatuto de los Trabajadores, deberán ser aprobados por el Consejo de Administración por unanimidad, siendo esta competencia no delegable.

6. El Director general de la entidad asistirá, salvo cuando sea preciso adoptar decisiones que le afecten, a las reuniones del Consejo con voz y sin voto. Podrán, así mismo, asistir sin derecho a voto terceras personas convocadas al efecto.

Artículo 62. Delegación de funciones.

1. El Consejo de Administración podrá actuar en pleno o delegar funciones en una o más Comisiones, en el Presidente o en el Director general.

No podrán ser objeto de delegación la rendición de cuentas, la elevación de propuestas a la Asamblea general, las facultades delegadas por ésta en el Consejo de Administración, salvo que expresamente se autorice la subdelegación, y aquellas otras declaradas como no delegables por la presente Ley.

2. Los Acuerdos permanentes de delegación y sus modificaciones deberán ser adoptados por mayoría de los miembros del Consejo, expresar con precisión y claridad su contenido y alcance y ser comunicados a la Consejería de Economía y Hacienda en los quince días siguientes a la adopción del Acuerdo.

3. La Comisión Ejecutiva y las demás Comisiones Delegadas creadas por el Consejo de Administración estarán compuestas, al menos, por un representante de cada uno de los grupos que componen el Consejo. Su constitución, organización, funcionamiento y funciones se regularán en las normas de desarrollo de la presente Ley.

CAPÍTULO IV

Comisión de Control

Artículo 63. Naturaleza.

La Comisión de Control tiene por objeto velar por que la gestión del Consejo de Administración se cumpla con la máxima eficacia y precisión dentro de las directrices generales de actuación aprobadas por la Asamblea general y de acuerdo con la normativa vigente.

Artículo 64. Composición y nombramiento.

1. La Comisión de Control se compondrá de siete miembros.

2. La participación de los grupos de representación en la Comisión de Control será fijada por los Estatutos de cada Caja de Ahorros, conforme a los porcentajes de participación previstos en el artículo 44 de la presente Ley, ajustando las fracciones que resulten de la reducción numérica en la forma que reglamentariamente se determine, de modo que exista un representante de cada uno de los grupos integrantes de la Asamblea General y que ningún grupo tenga más de dos representantes.

Los miembros de la Comisión de Control no podrán ostentar simultáneamente más de una representación.

3. Los miembros de la Comisión de Control serán elegidos por la Asamblea General entre los Consejeros generales de cada grupo que no tengan la condición de miembros del Consejo de Administración, a propuesta de los Consejeros generales del grupo respectivo, y de acuerdo con el procedimiento previsto para los miembros del Consejo de Administración.

4. La Consejería de Economía y Hacienda podrá, además, nombrar un representante en la Comisión de Control que asistirá a las reuniones con voz y sin voto.

Dicho representante deberá reunir los requisitos de elegibilidad exigidos para los miembros de los órganos de gobierno en la presente Ley, con excepción de los establecidos en la letra c) del artículo 31. Asimismo les serán aplicables las incompatibilidades y limitaciones establecidas para éstos.

5. La Comisión de Control nombrará de entre sus miembros un Presidente, un Vicepresidente y un Secretario.

En caso de vacante, ausencia, enfermedad, o cualquier otra causa legal del Presidente o del Secretario, serán sustituidos el Presidente por el Vicepresidente y, en ausencia de este, por el Vocal de mayor edad, y el Secretario por el vocal de menor edad.

Artículo 65. Funciones.

1. Serán funciones de la Comisión de Control:

a) Efectuar el seguimiento y análisis de la gestión económica y financiera de la entidad, elevando a la Consejería de Economía y Hacienda, al Banco de España y a la Asamblea general, información semestral sobre la misma.

b) Analizar los informes de control interno y externo y las recomendaciones que se formulen en los mismos.

c) Revisar las cuentas anuales de cada ejercicio y formular las observaciones que considere adecuadas.

d) Elevar a la Asamblea general información relativa a su actuación.

e) Requerir al Presidente del Consejo de Administración la convocatoria de la Asamblea General con carácter extraordinario cuando se dé el supuesto previsto en el apartado i) de este artículo.

f) Vigilar el proceso de elección, designación, revocación, reelección y cobertura de vacantes de los miembros de los órganos de gobierno de la entidad, de lo que habrá de informar a la Consejería de Economía y Hacienda.

g) Efectuar el control y seguimiento efectivo de los requisitos que deben reunir los miembros de los órganos de gobierno, interpretando las normas estatutarias y reglamentarias relativas a estos aspectos, resolviendo las reclamaciones e impugnaciones que se presenten y adoptando las decisiones oportunas.

h) Informar a la Asamblea general sobre los presupuestos y dotación de la obra social, así como vigilar el cumplimiento de las inversiones y gastos previstos.

i) Proponer a la Consejería de Economía y Hacienda y al organismo estatal competente, que resolverán dentro de sus respectivas competencias y sin perjuicio de las acciones que procedan, poniéndolo previamente en conocimiento del Consejo de Administración, la suspensión de los acuerdos de éste y de los adoptados por quienes ejerzan funciones delegadas del mismo, en el supuesto de que vulneren las disposiciones vigentes o afecten injusta y gravemente a la situación patrimonial, a los resultados o al crédito de la Caja de Ahorros o a sus Impositores o clientes.

j) Informar sobre cuestiones o situaciones concretas a petición de la Asamblea general, de la Consejería de Economía y Hacienda o del órgano estatal competente.

k) Informar al órgano estatal competente y a la Consejería de Economía y Hacienda en los casos de nombramiento y cese del Director general y, en su caso, del Presidente ejecutivo.

l) Aquéllas que le vengan atribuidas legal o estatutariamente.

2. La Comisión de Control, en el ejercicio de sus competencias, deberá informar inmediatamente a la Consejería de Economía y Hacienda de las irregularidades observadas con objeto de que se adopten las medidas adecuadas, sin perjuicio de la obligación de comunicar directamente al Banco de España u órgano estatal competente, las cuestiones relacionadas con la competencia de éstos.

3. La Comisión de Control elaborará los informes que se establezcan reglamentariamente, los cuales se remitirán a la Consejería de Economía y Hacienda.

4. Para el cumplimiento de estas funciones la Comisión de Control podrá recabar del Consejo de Administración, del Presidente y de los órganos directivos de la entidad, cuantos antecedentes e información considere necesarios.

Artículo 66. Funcionamiento.

1. La Comisión de Control se reunirá cuantas veces sea necesario para el correcto ejercicio de sus funciones y, como mínimo, dentro de los quince días siguientes a cada reunión del Consejo de Administración.

2. El Presidente convocará reunión de la Comisión de Control a iniciativa propia, a petición de al menos un tercio de sus miembros, o del representante de la Consejería.

3. La válida constitución de la Comisión exigirá la asistencia a la sesión de la mayoría de sus miembros.

4. Con carácter general, los acuerdos de la Comisión de Control se adoptarán por mayoría de los asistentes con derecho a voto, salvo en el supuesto previsto en el artículo 65.1.i) de la presente Ley, en que se requerirá mayoría absoluta de sus miembros.

5. El Presidente y el Director general de la entidad podrán asistir a las reuniones de la Comisión de Control siempre que ésta lo requiera. Podrán asimismo, asistir, terceras personas convocadas al efecto.

CAPÍTULO V

Personal de dirección

SECCIÓN 1.a DIRECTOR GENERAL O ASIMILADO

Artículo 67. Naturaleza y funciones.

1. A los efectos de la presente Ley, se entiende por Director general o asimilado aquellas personas que desarrollen en la entidad funciones de alta dirección, bajo la dependencia directa del Consejo de Administración o de órganos que tengan funciones delegadas por el mismo o del Presidente ejecutivo.

2. El Director general o asimilado ejecutará los acuerdos del Consejo de Administración, coordinará las relaciones entre los órganos de gobierno y los servicios de la Caja de Ahorros, ostentará la jefatura superior del personal y ejercerá las funciones que los Estatutos de cada entidad le atribuyan, y aquéllas que le delegue el Consejo de Administración y, en su caso, el Presidente.

En el ejercicio de sus funciones el Director General actuará bajo la superior autoridad del Consejo de Administración y de su Presidente.

Artículo 68. Nombramiento.

El Director general o asimilado será designado por el Consejo de Administración entre personas de reconocida honorabilidad comercial y profesional y con capacidad, preparación técnica y experiencia suficiente para desarrollar las funciones propias de este cargo.

Esta designación requerirá el voto favorable de dos tercios de los miembros del Consejo y la ratificación de la Asamblea general, que deberá celebrar sesión al efecto dentro de los treinta días siguientes al nombramiento por el Consejo.

Los Estatutos de las Cajas de Ahorro regularán la suplencia del Director general o asimilado en el supuesto de vacante, ausencia, enfermedad, u otra causa legal.

Artículo 69. Incompatibilidades y limitaciones.

1. El ejercicio del cargo de Director general o asimilado requiere dedicación exclusiva y será, por tanto, incompatible con cualquier actividad retribuida, tanto de carácter público como privado, salvo la administración del propio patrimonio, el de su cónyuge, ascendientes, descendientes o personas físicas de quienes sea representante legal y aquellas actividades que ejerza en representación o por designación de la Caja, a las que será aplicable lo dispuesto en el artículo 39.1 de la presente Ley sobre límites máximos y cesión de dietas.

2. El Director general o asimilado tendrá las mismas limitaciones que las establecidas en el artículo 33 de esta Ley para los miembros de los órganos de gobierno.

3. El Director general o asimilado no podrá participar como candidato en la elección de los órganos de gobierno de las Cajas de Ahorro durante el período de ejercicio de su cargo y hasta transcurridos dos años desde su cese.

Artículo 70. Cese.

1. El Director general o asimilado cesará en su cargo al cumplir la edad que determinen los Estatutos de cada Caja de Ahorros, y como máximo a los sesenta y cinco años.

2. Podrá, además, ser removido de su cargo por las causas siguientes:

a) Por acuerdo del Consejo de Administración adoptado por la mayoría de sus miembros con la asistencia de dos terceras partes de los mismos, dando traslado a la Consejería de Economía y Hacienda para su conocimiento.

b) En virtud de expediente disciplinario instruido por el Banco de España o la Consejería de Economía y Hacienda, que se pondrá en conocimiento del Consejo de Administración y de la Comisión de Control. En el primer caso, junto con el expediente se elevará propuesta de resolución a la autoridad competente.

SECCIÓN 2.a OTRO PERSONAL DE DIRECCIÓN

Artículo 71. Naturaleza.

Está sujeto a lo dispuesto en la presente Sección el personal vinculado a la Caja de Ahorros por una relación laboral especial de alta dirección que, no siendo Director general o asimilado, ejerce poderes inherentes a la titularidad jurídica de la empresa relativos a los intereses generales de la misma con autonomía y plena responsabilidad, ya sea bajo la dependencia directa del Consejo de Administración o de órganos o personas con funciones delegadas del mismo, o del Director general o asimilado.

Artículo 72. Nombramiento y cese.

El personal a que se refiere esta sección será designado por el Consejo de Administración a propuesta del Director general, entre personas de reconocida honorabilidad comercial y profesional y con capacidad, preparación técnica y experiencia suficiente para desarrollar las funciones propias de este cargo.

Cesarán y podrán ser removidos de su cargo, con igual mayoría que la exigida para su nombramiento, en los mismos supuestos que establece el artículo 70 de la presente Ley para el Director general o asimilado.

Artículo 73. Incompatibilidades y limitaciones.

Será de aplicación a este personal lo dispuesto en el artículo 69 de la presente Ley sobre incompatibilidades y limitaciones del Director general o asimilado.

Artículo 74. Comunicación del organigrama.

Las Cajas de Ahorro deberán comunicar a la Consejería de Economía y Hacienda el organigrama del equipo directivo de la entidad, especificando el ámbito de sus funciones y los apoderamientos otorgados.

TÍTULO V

Control y supervisión de las Cajas de Ahorro

Artículo 75. Disposición general.

En el marco de la normativa básica del Estado y sin perjuicio de las facultades que corresponden a otros Organismos y órganos de otras Administraciones Públicas, la Consejería de Economía y Hacienda ejercerá, en el ámbito de sus competencias, las funciones de coordinación y control de las actividades realizadas por las Cajas de Ahorro.

Artículo 76. Deber de información.

1. Las Cajas de Ahorro con domicilio social en Castilla y León facilitarán a la Consejería de Economía y Hacienda cuanta información y documentación les sea solicitada sobre su actividad, gestión y situación económica.

2. Las Cajas de Ahorro que operen en Castilla y León sin tener en el mismo su domicilio social estarán igualmente obligadas a facilitar información en relación con las actividades y operaciones realizadas en esta Comunidad Autónoma.

3. La Consejería de Economía y Hacienda establecerá la información periódica que las Cajas de Ahorro deban remitir, así como la forma y plazos de dicha remisión.

Artículo 77. Deber de secreto.

1. Tendrán carácter reservado cuantos datos, documentos e informaciones obren en poder de la Consejería de Economía y Hacienda en virtud de cuantas funciones le encomienden las leyes.

2. Cualquier persona que haya tenido conocimiento de datos, documentos o informaciones de carácter reservado acerca de las Cajas de Ahorro, por razón de su cargo o empleo, está obligada a guardar secreto incluso después de cesar en el mismo.

El incumplimiento de esta obligación determinará las responsabilidades penales y demás previstas en las leyes.

3. Se exceptúan de la obligación de secreto los siguientes supuestos:

a) Cuando el interesado consienta expresamente la difusión, publicación o comunicación de los datos.

b) La publicación de datos agregados a fines estadísticos o las comunicaciones en forma sumaria o agregada, de manera que las entidades individuales no puedan ser identificadas ni siquiera indirectamente.

c) Las informaciones requeridas por las autoridades judiciales competentes en un proceso penal.

d) Las informaciones que deban realizarse en virtud de lo dispuesto en los artículos 111 y 112 de la Ley General Tributaria.

e) Las informaciones que por razón de supervisión o sanción de las entidades de crédito la Consejería tenga que dar a conocer al Ministerio de Economía y Hacienda, al Banco de España o a otras Comunidades Autónomas con competencias sobre Cajas de Ahorro.

Artículo 78. Inversiones.

La Junta de Castilla y León podrá acordar, con carácter general, el sometimiento a autorización previa de determinadas inversiones de las Cajas de Ahorro, que en todo caso, se referirán a la concesión de grandes créditos o a la concentración de riesgos en una persona o grupo económico.

El sometimiento a autorización previa deberá relacionarse con una determinada cuantía o con el volumen de recursos propios o totales de la Caja sin que suponga interferencia en el desarrollo de las operaciones ordinarias de la actividad de la entidad.

Las Cajas de Ahorro comunicarán a la Consejería de Economía y Hacienda las entidades participadas por ellas

en, al menos, un 3 por 100 del capital de éstas, el porcentaje de participación, las operaciones concedidas, el riesgo y situación de las mismas y los datos personales de los representantes que mantenga la Caja en dichas entidades en cada momento.

Artículo 79. Operaciones con miembros de los órganos de gobierno y dirección.

1. La Consejería de Economía y Hacienda regulará el régimen aplicable a las autorizaciones a que se refiere el artículo 33.2 de la presente Ley, pudiendo establecer que, hasta determinado volumen de crédito, aval o garantía, no sea preceptiva autorización administrativa expresa.

No será necesaria autorización para los créditos, avales o garantías concedidos para la adquisición de viviendas para uso habitual con aportación por el titular de garantía real suficiente.

Quedarán, asimismo, exceptuadas de autorización tanto las operaciones con Sociedades en las que el cargo de Presidente, Consejero o Administrador, lo desempeñen las personas a que se refiere el artículo 33.2 en representación o por designación de la Caja, sin tener en dicha sociedad interés económico, personal o familiar directo o a través de persona interpuesta, como la adquisición de valores de la Caja, cuando correspondan a una emisión pública en condiciones de igualdad con el resto de adquirentes.

2. La Consejería de Economía y Hacienda controlará el cumplimiento de las disposiciones vigentes relativas a estas operaciones, concediendo, cuando así proceda, la oportuna autorización.

Artículo 80. Expansión.

1. La apertura de oficinas por parte de las Cajas de Ahorro en el territorio de la Comunidad de Castilla y León se realizará de acuerdo con las normas que dicte la Consejería de Economía y Hacienda y las restantes que sean de aplicación.

2. Las Cajas de Ahorro con domicilio social en Castilla y León comunicarán a la Consejería de Economía y Hacienda las variaciones, en cuanto a apertura, traslado, cesiones o traspasos y cierre de oficinas.

3. Las Cajas de Ahorro que, sin estar domiciliadas en el territorio de Castilla y León, tengan oficinas abiertas en el mismo, comunicarán a la Consejería de Economía y Hacienda las variaciones en cuanto a apertura, traslado, cesiones o traspasos, y cierre de dichas oficinas.

4. Corresponde a la Consejería de Economía y Hacienda, previo informe del Banco de España, otorgar las autorizaciones sobre apertura de oficinas en los casos previstos en la legislación vigente.

Artículo 81. Solvencia.

Corresponde a la Consejería de Economía y Hacienda, en el ámbito de sus competencias, el control del mantenimiento por parte de las Cajas de Ahorro de un volumen suficiente de recursos propios en relación con las inversiones realizadas y los riesgos asumidos, así como el control del cumplimiento de las limitaciones a la actividad por razón de la solvencia.

A estos efectos, la Consejería de Economía y Hacienda podrá requerir cuanta información sea necesaria para verificar tal cumplimiento por parte de las Cajas o, en su caso, del grupo consolidable, pudiendo inspeccionar sus libros, documentos y registros.

Del mismo modo, podrá solicitar información de las personas físicas e inspeccionar a las entidades no financieras con las que la Caja de Ahorros mantenga una relación de control, a efectos de determinar su incidencia en la situación jurídica, financiera y económica de las Cajas de Ahorro y sus grupos consolidados.

Las Cajas deberán comunicar, de forma inmediata a la Consejería de Economía y Hacienda, cualquier incumplimiento del nivel mínimo de recursos propios exigidos o la vulneración de las limitaciones por razones de solvencia, debiendo adoptar, en las condiciones que reglamentariamente se determine, las medidas necesarias para el cumplimiento de las normas.

Artículo 82. Protección al cliente.

La Junta de Castilla y León dictará las normas necesarias para proteger los derechos de la clientela de las Cajas de Ahorro que operen en Castilla y León, sin perjuicio de la libertad de contratación que, en sus aspectos sustantivos y con las limitaciones que pudieran emanar de otras disposiciones legales, deba presidir las relaciones entre las Cajas de Ahorro y su clientela.

Artículo 83. Publicidad.

La Junta de Castilla y León, de acuerdo con lo dispuesto en la normativa básica del Estado, dictará las normas necesarias para que la publicidad de las operaciones, productos y servicios financieros de las Cajas de Ahorro que operen en el territorio de Castilla y León incluya todos los elementos necesarios para apreciar con la suficiente claridad sus verdaderas condiciones, regulando las modalidades de control administrativo de dicha publicidad, y pudiendo someterla al régimen de autorización administrativa previa de la Consejería de Economía y Hacienda.

Artículo 84. Financiación.

1. De acuerdo con lo dispuesto en la normativa básica, las Cajas de Ahorro con domicilio social en Castilla y León, para la ampliación de sus recursos propios podrán obtener financiación mediante la emisión de cuotas participativas, de deuda subordinada y de cualquier otro instrumento autorizado por el Banco de España.

Dichas emisiones y sus modificaciones requerirán la autorización previa de la Consejería de Economía y Hacienda.

Será precisa también autorización previa de la Consejería de Economía y Hacienda para las emisiones por Sociedades instrumentales u otras filiales de acciones preferentes cuando dichos recursos vayan a ser incluidos como recursos propios del grupo consolidable.

2. La Junta de Castilla y León, en el marco de lo dispuesto en la normativa básica, dictará las normas de desarrollo para la concesión de estas autorizaciones, así como las necesarias para garantizar la solvencia y los fines sociales de las Cajas de Ahorro con domicilio social en Castilla y León cuando realicen las emisiones a que se refiere el presente artículo.

Artículo 85. Excedentes.

1. Los acuerdos de distribución de excedentes de las Cajas de Ahorro con domicilio social en Castilla y León deberán estar presididos por la defensa y salvaguarda de los fondos recibidos del público y por el reforzamiento de sus recursos propios.

2. Las Cajas de Ahorro con domicilio social en Castilla y León deberán destinar la totalidad de sus excedentes líquidos a la constitución de reservas y al mantenimiento y creación de obras sociales, de acuerdo con la normativa básica del Estado.

3. Corresponde a la Consejería de Economía y Hacienda la autorización, en su caso, de los acuerdos adoptados por la Asamblea General de las Cajas de Ahorro con domicilio social en Castilla y León, relativos a la distribución de sus excedentes.

Artículo 86. Obra social.

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación básica, las Cajas de Ahorro con domicilio social en Castilla y León destinarán anualmente la totalidad de sus excedentes líquidos que, conforme a la normativa vigente, no hayan de integrar sus reservas o fondos de provisión no imputables a riesgos específicos, a la dotación de un fondo para la creación y mantenimiento de obras sociales.

2. Las Cajas de Ahorro que operan en Castilla y León sin tener en dicho territorio su domicilio social deberán destinar a la realización de obra social en esta Comunidad, como mínimo, la parte de su presupuesto anual de obra social que sea proporcional a la participación que suponga los recursos ajenos captados en Castilla y León respecto a los recursos ajenos totales de la entidad.

3. La Consejería de Economía y Hacienda realizará una labor de orientación en materia de obra social, indicando carencias y prioridades, dentro del más absoluto respeto a la libertad de las Cajas de Ahorro para la elección de las inversiones concretas.

4. Las obras sociales que realicen las Cajas de Ahorro con domicilio social en Castilla y León podrán ser propias o en colaboración con otras Administraciones, entidades públicas o privadas. Asimismo, podrán colaborar en la realización de obras sociales ajenas.

5. La gestión de la obra social de las Cajas de Ahorro con domicilio social en Castilla y León, que corresponde al Consejo de Administración bajo las directrices de la Asamblea General, podrá realizarse por los órganos o servicios de la Caja o mediante una fundación constituida por la propia Caja, con arreglo a las normas que dicte la Junta de Castilla y León. A tal efecto la constitución de la fundación y sus estatutos requerirán autorización de la Consejería de Economía y Hacienda.

6. Los acuerdos de la Asamblea General relativos al presupuesto de la obra social y liquidación de cada ejercicio, que incluirá el de las fundaciones si las hubiere, requerirán la autorización de la Consejería de Economía y Hacienda en la forma que reglamentariamente se determine.

7. La Junta de Castilla y León dictará las normas de desarrollo necesarias en materia de obra social y ejercerá, a través de la Consejería de Economía y Hacienda, el control del cumplimiento, por parte de las Cajas de Ahorro, de las disposiciones de la presente Ley.

Artículo 87. Auditoría.

1. Las Cajas de Ahorro con domicilio social en Castilla y León, deberán someter a auditoría externa las cuentas anuales de cada ejercicio y remitir a la Consejería de Economía y Hacienda una copia del informe.

2. La Consejería de Economía y Hacienda podrá establecer el alcance y contenido de determinados informes elaborados por los auditores, que deban remitirle las Cajas de Ahorro. Asimismo, podrá recabar de los auditores, a través del Consejo de Administración, cuanta información considere necesaria.

Artículo 88. Inspección.

1. En el marco de la normativa básica del Estado y sin perjuicio de las competencias del Banco de España o cualquier otro órgano competente, la Consejería de Economía y Hacienda ejercerá la función de inspección de las Cajas de Ahorro con domicilio social en Castilla y León y de las actividades que realicen en el territorio de esta Comunidad las Cajas que no tengan su domicilio social en la misma.

2. Asimismo, podrá ejercer la función inspectora respecto de las entidades con las que las Cajas de Ahorro mantengan relaciones económicas, financieras o gerenciales cuando de las mismas quepa deducir la existencia de una relación de control conforme a los criterios establecidos en la legislación vigente, a los efectos de determinar la procedencia de la consolidación.

3. A tal efecto, la Junta de Castilla y León podrá celebrar los convenios oportunos con el Banco de España, con el objeto de coordinar sus actuaciones.

Artículo 89. Sustitución e intervención.

1. En el marco de lo dispuesto en la legislación básica del Estado, sin perjuicio de las atribuciones que corresponden al Banco de España, la Junta de Castilla y León podrá acordar de oficio o a petición de la propia entidad, la intervención de la misma o la sustitución de los órganos de gobierno y dirección de las Cajas de Ahorro con domicilio social en Castilla y León, cuando lo aconsejen situaciones de grave irregularidad administrativa o económica que pongan en peligro la efectividad de sus recursos propios o su estabilidad, liquidez o solvencia.

Por motivos de urgencia podrá acordarlos la Consejería de Economía y Hacienda, que someterá el acuerdo a ratificación de la Junta de Castilla y León.

2. Será precisa la audiencia previa de la entidad, salvo cuando sea a instancia de la entidad o el retraso que provocaría tal trámite pudiera comprometer gravemente la efectividad de la medida o los intereses económicos afectados.

3. Los acuerdos de intervención y sustitución deberán ser motivados y establecer su alcance y limitaciones.

4. Los gastos causados por la intervención y sustitución serán a cargo de la Caja de Ahorros afectada.

TÍTULO VI

Régimen sancionador

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 90. Competencias.

1. La Administración de la Comunidad de Castilla y León ejercerá, en el ámbito de sus competencias y en el marco de la normativa básica del Estado, las funciones de disciplina y sanción respecto a las actividades realizadas en su territorio por las Cajas de Ahorro.

2. El ejercicio de la potestad sancionadora a que se refiere la presente Ley es independiente de la eventual concurrencia de delitos o faltas de naturaleza penal. No obstante, cuando se esté tramitando un proceso penal por los mismos hechos o por otros cuya separación de los sancionables con arreglo a esta Ley sea racionalmente imposible, el procedimiento quedará suspendido respecto de los mismos hasta que recaiga pronunciamiento firme de autoridad judicial. Reanudado, en su caso, el expediente, la resolución que se dicte deberá respetar la apreciación de los hechos que contenga dicho pronunciamiento.

Artículo 91. Responsabilidad.

1. Las Cajas de Ahorro y quienes ostenten cargos de administración o dirección en las mismas, que infrinjan lo dispuesto en la presente Ley, incurrirán en responsabilidad administrativa de acuerdo con lo establecido en este título.

Podrán ser declarados responsables de las infracciones muy graves o graves cometidas por las Cajas de Ahorro, los miembros de sus órganos colegiados de administración, salvo en los siguientes casos:

a) Cuando quienes formen parte de órganos colegiados de administración no hubieren asistido por causa justificada a las reuniones correspondientes o hubieren votado en contra o salvado su voto en relación con las decisiones o acuerdos que hubiesen dado lugar a las infracciones.

b) Cuando dichas infracciones sean exclusivamente imputables a comisiones ejecutivas, directores generales u órganos asimilados u otras personas con funciones ejecutivas en la entidad.

Quien ejerza en la Caja cargos de administración o dirección será responsable de las infracciones graves o muy graves cuando éstas sean imputables a su conducta dolosa o negligente.

2. Los miembros de la Comisión de Control incurrirán en responsabilidad por la comisión de las infracciones establecidas en la presente Ley.

3. Incurrirán también en responsabilidad las personas que participen como compromisarios o candidatos en los procesos electorales, en los términos establecidos en la presente Ley.

4. Asimismo, incurrirán en responsabilidad las personas o entidades que sin estar inscritas en el Registro de Cajas de Ahorro de la Comunidad de Castilla y León, realicen en el territorio de la misma operaciones propias de este tipo de entidades o utilicen denominaciones u otros elementos identificativos, propagandísticos o publicitarios que puedan prestarse a confusión con la actividad de las Cajas de Ahorro inscritas.

5. La responsabilidad administrativa a que se refieren los puntos anteriores será sancionable de acuerdo con lo previsto en el presente título, sin perjuicio de aquella otra normativa que resulte aplicable.

CAPÍTULO II

Infracciones

Artículo 92. Clasificación.

Las infracciones a que se refiere el artículo 91 de esta Ley se clasifican en muy graves, graves y leves.

Artículo 93. Infracciones muy graves.

1. Constituyen infracciones muy graves:

a) La realización de los actos que a continuación se relacionan, sin autorización cuando ésta sea preceptiva o sin observar las condiciones básicas fijadas en la misma:

Creación de Cajas de Ahorro.

Fusión, cesión global de activo y pasivo, y escisión.

Disolución y liquidación.

Modificación de Estatutos y Reglamentos.

b) La no adaptación de los Estatutos y Reglamentos de Procedimiento Electoral en los plazos legalmente previstos.

c) El ejercicio de actividades ajenas a su objeto exclusivo legalmente determinado, salvo que tengan carácter meramente ocasional o aislado.

d) La realización de actos u operaciones prohibidas por las normas de ordenación y disciplina con rango legal o reglamentario, o con incumplimiento de los requisitos establecidos en las mismas, salvo que tengan carácter meramente ocasional o aislado.

e) La negativa o resistencia a la actuación inspectora de la Comunidad Autónoma, siempre que medie requerimiento expreso y por escrito al efecto.

f) La falta de remisión al órgano administrativo competente de la Comunidad Autónoma de cuantos datos o documentos deban remitírsele o requieran en el ejercicio de sus funciones, o la falta de veracidad en los mismos, cuando con ello se dificulte la apreciación de la solvencia de la entidad.

A estos efectos se entenderá que hay falta de remisión cuando la misma no se produzca dentro del plazo concedido al efecto por el órgano competente en el escrito recordatorio de la obligación o en la reiteración del requerimiento.

g) El no sometimiento de sus cuentas anuales a auditoría externa o el incumplimiento del alcance y contenido de los referidos informes de auditoría respecto de los fijados previamente por la Consejería de Economía y Hacienda.

h) El incumplimiento del deber de veracidad informativa a los clientes y al público en general si, por el número de afectados o por la importancia de la información, tal incumplimiento pueda estimarse como especialmente relevante.

i) La realización de actos fraudulentos o la utilización de personas físicas o jurídicas interpuestas con la finalidad de conseguir un resultado que, de ser obtenido directamente, sería calificado, al menos, como infracción grave.

j) La no convocatoria de Asamblea general extraordinaria cuando sea solicitada al menos, por una tercera parte de los Consejeros generales, o a petición de la Comisión de Control.

k) La vulneración reiterada de las normas reguladoras de los procesos electorales para la elección y designación de los órganos de gobierno.

l) La comisión de una infracción grave, si en los cinco años anteriores hubiera sido impuesta sanción firme por el mismo tipo de infracción.

2. Constituyen, además, infracciones muy graves de los miembros de la Comisión de Control, ya actúe como tal o como Comisión Electoral:

a) La negligencia grave y persistente en el ejercicio de las funciones que tengan legalmente encomendadas.

b) El no proponer a los órganos administrativos competentes la suspensión de acuerdos adoptados por el Consejo de Administración y los adoptados por quienes ejerzan funciones delegadas de éste en el supuesto previsto en el artículo 65 i) de la presente Ley.

c) Las infracciones graves cuando durante los cinco años anteriores a su comisión, les hubiera sido impuesta sanción firme por el mismo tipo de infracción.

Artículo 94. Infracciones graves.

1. Constituyen infracciones graves:

a) La realización de actos y operaciones sin autorización cuando ésta sea preceptiva o sin observar las condiciones básicas fijadas en la misma, cuando no constituya infracción muy grave.

b) El ejercicio meramente ocasional o aislado de actividades ajenas a su objeto exclusivo legalmente determinado.

c) La realización meramente ocasional o aislada de actos u operaciones prohibidas por normas de ordenación y disciplina con rango legal o reglamentario, o con incumplimiento de éstas.

d) El incumplimiento de las normas vigentes en materia de límites de riesgos o de cualesquiera otras que impongan limitaciones cuantitativas, absolutas o relativas, al volumen de determinadas operaciones activas o pasivas.

e) El incumplimiento de las condiciones y requisitos exigidos por la normativa correspondiente en las operaciones crediticias que gocen de subvención de intereses u otras ayudas públicas.

f) La falta de remisión al órgano competente de la Comunidad Autónoma de cuantos datos, documentos o comunicaciones, que con arreglo a la presente Ley, deban remitírsele o les requieran en el ejercicio de sus funciones, o la falta de veracidad en los mismos, salvo que ello suponga la comisión de una infracción muy grave. A estos efectos, se entenderá que hay falta de remisión cuando la misma no se produzca dentro del plazo concedido al efecto por el órgano competente en el escrito recordatorio de la obligación o en la reiteración del requerimiento.

g) El incumplimiento del deber de veracidad informativa a los clientes de la entidad, o del público en general, cuando no sea constitutiva de infracción muy grave.

h) La realización de actos fraudulentos o la utilización de personas físicas o jurídicas interpuestas con la finalidad de conseguir un resultado contrario a las normas de ordenación y disciplina, siempre que no sea calificada como muy grave.

i) Siempre que no sea constitutivo de ilícito penal, la cesión del remate de bienes embargados por las Cajas efectuada por éstas a favor de los miembros del Consejo de Administración o de los miembros de la Comisión de Control, bien directamente o a través de persona física o jurídica interpuesta. Se considerará infracción grave del Director general la cesión del remate efectuada a favor de los empleados de la Caja, directamente o por persona interpuesta, salvo cuando ésta haya sido acordada por el Consejo de Administración o sus Comisiones Delegadas, en cuyo caso la infracción grave correspondería a dichos órganos de gobierno.

j) La adquisición mediante subasta judicial, directamente o por persona física o jurídica interpuesta, por los miembros del Consejo de Administración, por los miembros de la Comisión de Control, por el Director general o demás personal de dirección de la Caja de bienes embargados por ésta.

k) El incumplimiento de normas sobre cumplimentación de estados de rendición de cuentas, comunicación de datos y demás documentos previstos por la normativa autonómica.

l) La comisión de irregularidades en los procesos electorales para la elección y designación de los órganos de gobierno.

m) La utilización por la Caja de Ahorros de denominaciones que puedan inducir a error al público sobre la identidad de la propia Caja o confusión con la denominación de otra entidad de crédito con domicilio social en la Comunidad Autónoma.

n) La utilización de la denominación u otros elementos identificativos, propagandísticos o publicitarios propios de las Cajas por personas o entidades no inscritas en el Registro de Cajas de Ahorro.

o) La comisión de una infracción leve, si en los cinco años anteriores hubiera sido impuesta sanción firme por el mismo tipo de infracción.

2. Constituyen infracciones graves de los miembros de la Comisión de Control, ya actúe como tal o como Comisión Electoral:

a) La negligencia en el ejercicio de las funciones que legalmente tienen encomendadas, si no constituyen infracción muy grave.

b) La falta de remisión a la Consejería de Economía y Hacienda de los datos e informes que deban hacerle llegar o su remisión con notorio retraso.

3. Constituyen, asimismo, infracciones graves de quienes ostenten la condición de compromisarios y candidatos en procesos electorales, y de quienes ejerzan cargos de órganos de gobierno de las Cajas, el ejercicio de dichos cargos sin cumplir los requisitos exigidos por la ley.

Artículo 95. Infracciones leves.

Constituyen infracciones leves aquellas infracciones de preceptos de obligada observancia comprendidos en esta Ley y disposiciones de desarrollo que no constituyan infracción muy grave o grave, así como la falta reiterada de asistencia a las reuniones del Consejo de Administración, Comisiones Delegadas y Comisión de Control.

Artículo 96. Prescripción.

1. Las infracciones muy graves y las graves prescribirán a los cinco años, y las leves a los dos años.

2. En ambos casos el plazo de prescripción se contará desde la fecha en que la infracción hubiera sido cometida. En las infracciones derivadas de una actividad continuada, la fecha inicial del cómputo será la de finalización de la actividad o la del último acto con el que la infracción se consume.

3. La prescripción se interrumpirá por la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento sancionador, volviendo a correr el plazo si el expediente permaneciera paralizado durante seis meses por causa no imputable a aquéllos contra quienes se dirija.

CAPÍTULO III

Sanciones

Artículo 97. Sanciones.

1. De acuerdo con la normativa básica del Estado las infracciones a que se refieren los artículos anteriores darán lugar a la imposición a las Cajas de Ahorro de una de las siguientes sanciones:

A) Por la comisión de infracciones muy graves:

a) Multa de hasta el uno por ciento de sus recursos propios o hasta 5.000.000 pesetas, equivalente a 30.050,60 euros, si aquel porcentaje fuera inferior a esta cifra.

b) Revocación de la autorización de la entidad con exclusión del Registro de Cajas de Ahorro de Castilla y León.

B) Por la comisión de infracciones graves:

a) Amonestación pública.

b) Multa por importe de hasta el medio por ciento de sus recursos propios o hasta 2.500.000 pesetas, equivalente a 15.025,30 euros, si aquel porcentaje fuera inferior a esta cifra.

C) Por la comisión de infracciones leves:

a) Amonestación privada.

b) Multa por importe de hasta 1.000.000 pesetas, equivalente a 6.010,12 euros.

2. Además de las sanciones que corresponda imponer a la Caja de Ahorros se impondrá, una de las san ciones que a continuación se relacionan, a quienes, ejerciendo cargos de administración o dirección en la misma, sean responsables de la infracción, conforme establece el artículo 91.1 de la presente Ley:

A) Por la comisión de infracciones muy graves:

a) Multa a cada responsable por importe no superior a 10.000.000 pesetas, equivalente a 60.101,20 euros.

b) Suspensión en el ejercicio del cargo por plazo no superior a tres años.

c) Separación del cargo con inhabilitación para ejercer cargos de administración o dirección en la misma Caja de Ahorros por un plazo máximo de cinco años.

d) Separación del cargo con inhabilitación para ejercer cargos de administración o dirección en cualquier entidad de crédito por un plazo máximo de diez años.

En caso de imposición de las sanciones previstas en las letras c) y d) del apartado anterior, podrá imponerse simultáneamente la sanción prevista en la letra a) del mismo.

B) Por la comisión de infracciones graves:

a) Amonestación privada.

b) Amonestación pública.

c) Multa a cada uno de ellos por importe no superior a 5.000.000 pesetas, equivalente a 30.050,60 euros.

d) Suspensión en el ejercicio del cargo por plazo no superior a un año.

En el caso de imposición de la sanción prevista en la letra d) del apartado B anterior, podrá imponerse simultáneamente la sanción prevista en su letra c).

3. Las sanciones aplicables a los miembros de la Comisión de Control de Cajas de Ahorro que sean responsables de las infracciones muy graves o graves serán, respectivamente las previstas en las letras b), c) y d) del apartado A y las letras a), b) y d) del apartado B del punto 2 de este artículo.

Además por la comisión de infracciones muy graves o graves podrán imponerse las sanciones de multa de hasta 1.000.000 de pesetas, equivalente a 6.010,12 euros, y de hasta 500.000 pesetas, equivalente a 3.005,06 euros, respectivamente.

Por la comisión de infracciones leves podrán imponerse la sanción de amonestación privada o la multa por importe de hasta cincuenta mil pesetas.

4. Por la comisión de las infracciones graves a que se refiere el artículo 94.3 de la presente Ley, a los compromisarios, candidatos y quienes ejerzan cargos en los órganos de gobierno se les impondrán las sanciones siguientes:

a) Multa a cada responsable por importe no superior a 2.000.000 de pesetas, equivalente a 12.020,24 euros.

b) Separación del cargo.

c) Inhabilitación para la participación en procesos electorales durante los cinco años siguientes.

5. En el supuesto previsto en el artículo 91.4 de la presente Ley, las personas o entidades responsables serán sancionadas con multa de hasta 5.000.000 de pesetas, equivalente a 30.050,60 euros.

Si requeridas para que cesen inmediatamente en la utilización de las denominaciones o en la realización de las actividades continuaran utilizándolas o realizándolas serán sancionadas con multa por importe de hasta diez millones de pesetas, que podrá ser reiterada con ocasión de posteriores requerimientos.

Artículo 98. Criterios de graduación.

Las sanciones aplicables en cada caso por la comisión de infracciones administrativas se determinarán en base a los siguientes criterios:

a) La naturaleza de la infracción.

b) La gravedad de los hechos.

c) Los perjuicios ocasionados o el peligro ocasionado.

d) Las ganancias obtenidas, en su caso, como consecuencia de los actos u omisiones constitutivas de la infracción.

e) La importancia de la Caja de Ahorros infractora, medida en función del importe total de su balance.

f) La circunstancia de haber procedido a la subsanación de la infracción por propia iniciativa.

g) La conducta anterior de la Caja de Ahorros o de las personas individuales responsables en relación con las normas de ordenación y disciplina que le afecten, considerando las sanciones firmes que le hubieran sido impuestas durante los cinco últimos años.

h) La incidencia de la infracción en la economía de la Comunidad de Castilla y León.

i) La repercusión en el sistema financiero regional.

j) El grado de responsabilidad en los hechos que concurran en las personas individuales.

k) El grado de representación que las personas individuales ostenten.

Artículo 99. Órganos competentes.

1. La competencia para la instrucción de los expedientes a que se refiere el presente título corresponde a la Consejería de Economía y Hacienda.

2. La imposición de sanciones por infracciones graves y leves corresponderá al Consejero de Economía y Hacienda.

3. La imposición de sanciones por infracciones muy graves corresponderá a la Junta de Castilla y León a propuesta de la Consejería de Economía y Hacienda.

4. En el supuesto de infracciones muy graves y graves, la propuesta de resolución deberá ser informada preceptivamente por el Banco de España.

5. Cuando los órganos competentes de la Comunidad Autónoma tengan conocimiento de hechos que puedan ser constitutivos de infracción que deban ser sancionados por los órganos competentes de la Administración del Estado, dará traslado de los mismos al Banco de España.

Artículo 100. Procedimiento.

El procedimiento para la imposición de las sanciones a que se refiere la presente Ley será el regulado en el Reglamento del Procedimiento Sancionador de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, aprobado por el Decreto 189/1994, de 25 de agosto, en tanto no se desarrolle reglamentariamente un procedimiento específico para esta materia.

TÍTULO VII

Federación de Cajas de Ahorro de Castilla y León

Artículo 101. Naturaleza.

1. La Federación de Cajas de Ahorro de Castilla y León, que tendrá personalidad jurídica propia y plena capacidad para el desarrollo de las actividades dirigidas al cumplimiento de sus fines, agrupa a las Cajas de Ahorro con domicilio social en Castilla y León.

2. La Federación de Cajas de Ahorro tendrá su domicilio social en la Comunidad de Castilla y León.

3. Los Estatutos de la Federación podrán establecer un sistema de participación en la misma para aquellas Cajas de Ahorro que, actuando en el territorio de Castilla y León, no tengan en él su domicilio social.

Artículo 102. Funciones.

La Federación de Cajas de Ahorro de Castilla y León tendrá las siguientes funciones:

a) Unificar la representación de las Cajas ante los poderes públicos territoriales.

b) Fomentar la captación, defensa y difusión del ahorro, así como orientar las inversiones de acuerdo con las normas generales sobre inversión regional.

c) Promover y coordinar la prestación de servicios técnicos y financieros comunes.

d) Impulsar el establecimiento de sistemas informáticos compatibles así como la interconexión de los mismos.

e) Impulsar y coordinar la creación y sostenimiento de obras sociales conjuntas, con los criterios establecidos en el artículo 86 de la presente ley.

f) Facilitar la actuación de las Cajas asociadas fuera del territorio de la Comunidad, ofreciendo los servicios que éstas puedan requerir.

g) Promover la realización de acuerdos de colaboración entre los miembros de la Federación y, en su caso, entidades ajenas para la ejecución de las funciones previstas en este artículo.

h) Cuantas otras le sean encomendadas por las Cajas Federadas.

Artículo 103. Órganos.

La Federación de Cajas de Ahorro de Castilla y León estará constituida por los órganos siguientes:

a) El Consejo General.

b) La Secretaría General.

Artículo 104. Consejo General.

1. El Consejo General es el máximo órgano de gobierno y decisión de la Federación.

2. Estará constituido por dos representantes de cada una de las Cajas asociadas, de las que al menos uno deberá ser miembro del Consejo de Administración de la Caja, y dos representantes de la Consejería de Economía y Hacienda.

3. El Consejo General podrá delegar parte de sus funciones en una Comisión Ejecutiva, que será objeto de regulación en los Estatutos de la Federación, y de la que deberá formar parte, al menos, uno de los representantes de la Consejería de Economía y Hacienda.

Artículo 105. Secretaría General.

La Secretaría General se configura como el órgano administrativo de gestión y coordinación, teniendo un carácter permanente.

Al frente de la misma estará un Secretario general elegido por el Consejo General entre personas con capacidad, preparación técnica y experiencia suficiente para el ejercicio de sus funciones.

Artículo 106. Funcionamiento.

Los Estatutos regularán las fórmulas de adopción de acuerdos y su grado de vinculación para las Cajas federadas.

Igualmente, establecerán los supuestos en que pueda emitirse voto ponderado, que en ningún caso se ejercerá para la elección de los distintos cargos, y los criterios de tal ponderación.

Artículo 107. Estatutos.

Los Estatutos de la Federación de Cajas de Ahorro de Castilla y León y sus modificaciones serán aprobados por la Consejería de Economía y Hacienda.

Disposición adicional primera. Cajas de Ahorro fundadas por la Iglesia Católica.

En el caso de Cajas de Ahorro cuyos Estatutos a la entrada en vigor de la Ley 31/1985, de 2 de agosto, recoja como entidad fundadora a la Iglesia Católica, el nombramiento y duración del mandato de los representantes de esta entidad en los órganos de gobierno se regirá por lo que estuviera establecido en dichos Estatutos en fecha 17 de enero de 1985 ; debiendo existir, en todo caso, al menos, un representante de cada uno de los otros grupos que componen dichos órganos.

Disposición adicional segunda. Obligación de los órganos de Gobierno.

Los órganos de gobierno de las Cajas de Ahorro adoptarán los acuerdos necesarios para la debida ejecución y cumplimiento de las normas contenidas en la presente Ley y en sus normas de desarrollo.

Disposición transitoria primera. Adaptación de Estatutos y Reglamentos.

En el plazo de tres meses a contar desde la fecha que se señale en las normas de desarrollo de la presente Ley, relativas a órganos de gobierno, las Cajas de Ahorro con domicilio social en Castilla y León procederán a adaptar sus Estatutos y Reglamentos a las disposiciones que contengan los citados textos legales y los elevarán a la Junta de Castilla y León para su aprobación.

Disposición transitoria segunda. Adaptación de los órganos de Gobierno.

En el plazo de cuatro meses desde la aprobación de los Estatutos y Reglamentos de procedimiento electoral de las Cajas de Ahorro, éstas deberán adaptar sus órganos de gobierno a lo dispuesto en la presente Ley y sus normas de desarrollo, conforme a las normas específicas de adaptación establecidas en las disposiciones transitorias de los citados textos legales.

Disposición transitoria tercera. Normas específicas de adaptación.

Primera:

Los grupos que, según los Estatutos de las Cajas de Ahorro, tuviesen que renovar a sus representantes en el mes de junio del año 2001, los renovarán en el plazo previsto en la disposición transitoria segunda, adecuando el número de sus representantes a la nueva composición de los órganos de gobierno que resulte de lo dispuesto en la presente Ley.

Segunda:

Los restantes grupos mantendrán a sus actuales representantes y su renovación se realizará en los plazos establecidos en la disposición transitoria séptima.

Si, a resultas de lo dispuesto en esta Ley y en los Estatutos de las Cajas de Ahorro, correspondiese a alguno de estos grupos un mayor número de miembros en la Asamblea General, éstos se incorporarán al citado órgano de gobierno en el plazo señalado por la Disposición Transitoria Segunda del siguiente modo:

Los nuevos representantes del grupo de empleados se elegirán de acuerdo con los votos obtenidos por las distintas candidaturas presentadas en el proceso electoral de 1999.

Los nuevos representantes del grupo de Corporaciones Municipales se designarán por las Corporaciones a las que corresponda, según la relación de municipios e índices a que se refiere el artículo 15 del Decreto 9/1995, de 19 de enero, obtenidos en el proceso electoral de 1999, no siendo de aplicación la limitación a que se refiere el artículo 47.3 de la presente Ley.

Los nuevos representantes de los grupos de entidad fundadora, entidades de interés general y Cortes de Castilla y León, serán designados por dichas entidades y comunicados a las Cajas de Ahorro.

Los nuevos miembros que correspondiese incorporar al Consejo de Administración y la Comisión de Control se nombrarán por la nueva Asamblea general constituida, en el plazo señalado en la disposición transitoria segunda, conforme a las propuestas presentadas por los nuevos grupos formados, de acuerdo con el procedimiento general establecido en esta Ley.

Disposición transitoria cuarta. Régimen aplicable a los órganos.

Será aplicable a los nuevos órganos constituidos conforme disponen estas disposiciones transitorias y a los miembros que los integran lo dispuesto en el Título IV de la presente Ley, sin perjuicio de las especialidades que dichas normas transitorias contienen.

Disposición transitoria quinta. Duración del mandato.

El mandato de los actuales miembros de los órganos de Gobierno, así como el de aquellos miembros que se incorporen como consecuencia de las normas transitorias se incrementará o reducirá en el tiempo que, en cada caso proceda, con el fin de adecuarlo a los plazos de adaptación y renovación establecidos en las citadas normas.

No obstante, los citados miembros cesarán en el ejercicio de sus cargos cuando se produzca alguna de las causas previstas en el artículo 34 de la presente Ley, excepto la prevista en el apartado a) de su punto uno.

Disposición transitoria sexta. Cobertura de vacantes.

Las vacantes que se produzcan por el cese de los actuales miembros de los órganos de gobierno hasta que se realicen las renovaciones parciales a que se refiere la disposición transitoria séptima, se cubrirán conforme al nuevo sistema de cobertura de vacantes establecido por la presente Ley. A tal efecto, las Asambleas generales de las Cajas de Ahorro elaborarán para cada órgano y grupo afectado las listas de suplentes correspondientes a las candidaturas que hubieran obtenido representantes en los órganos de gobierno en los respectivos procesos electorales.

Disposición transitoria séptima. Renovaciones parciales.

La primera renovación parcial de la primera agrupación a que se refiere el artículo 37 de la presente Ley deberá quedar realizada en el mes de junio del año 2005.

La primera renovación parcial de la segunda agrupación a que se refiere el artículo 37 de la presente Ley deberá quedar realizada en el mes de septiembre del año 2003, incluyendo las Corporaciones locales que ejerciten su representación como entidades fundadoras.

Disposición derogatoria.

A partir de la entrada en vigor de la presente Ley queda derogado el Decreto Legislativo 1/1994, de 28 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Cajas de Ahorro, y las disposiciones de igual o inferior rango en lo que se oponga a lo en ella establecido.

Disposición final primera. Autorización de la adaptación de Estatutos.

Las facultades concedidas a la Asamblea general en relación con los Estatutos y Reglamento de Procedimiento Electoral de la Caja, se entienden sin perjuicio de la posterior aprobación de los mismos por la Junta de Castilla y León, quien podrá ordenar la modificación en todo caso de aquellos preceptos que no se ajusten a las normas o principios de la presente disposición.

Disposición final segunda. Desarrollo reglamentario.

Se autoriza a la Junta de Castilla y León para adoptar las medidas y dictar las disposiciones que sean necesarias para el desarrollo de la presente Ley.

Disposición final tercera. Entrada en vigor.

La presente Ley entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el "Boletín Oficial de Castilla y León".

Por lo tanto, mando a todos los ciudadanos a los que sea de aplicación esta Ley la cumplan, y a todos los Tribunales y Autoridades que corresponda que la hagan cumplir.

Valladolid, 4 de julio de 2001.

VICENTE HERRERA CAMPO, Presidente

(Publicada en el "Boletín Oficial de Castilla y León" número 132, de 9 de julio de 2001)