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El Consejo de Ministros, en su reunión de 14 de agosto de 2008, y a propuesta del Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda y de los Ministros de Justicia, de Administraciones Públicas, de Industria, Turismo y Comercio, de Fomento, de Vivienda, de Ciencia e Innovación, de Sanidad y Consumo y de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, ha adoptado un Acuerdo sobre medidas de reforma estructural y de impulso de la financiación de las pequeñas y medianas empresas.
Para general conocimiento se dispone su publicación como anexo a la presente Orden.
Madrid, 14 de agosto de 2008.-La Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de la Presidencia, María Teresa Fernández de la Vega Sanz.
La economía española ha pasado en pocos meses de una situación caracterizada por un elevado crecimiento y una intensa creación de empleo, a experimentar una fuerte ralentización, que se traduce en un comportamiento negativo de la renta, los precios y el empleo. Este deterioro de la situación económica se ha producido con mayor rapidez a la prevista como consecuencia de la confluencia de tres factores: las turbulencias financieras, la subida de los precios internacionales del petróleo y los alimentos y, finalmente, un ajuste intenso del sector inmobiliario.
En agosto de 2007 se desencadenó un episodio de intensas turbulencias financieras que, en un primer momento, afectaron casi exclusivamente a los inversores en hipotecas de baja calidad de Estados Unidos e instrumentos financieros respaldados por estos activos, pero que se fue extendiendo a otros mercados hasta generar una importante restricción en el crédito a nivel internacional, que aún persiste. Por otra parte, el precio del petróleo, que mantenía una tendencia alcista desde comienzos de 2007, inicia un proceso de crecimiento intenso y continuado a partir de septiembre del año pasado, que se ha extendido a otras materias primas, incluyendo diversos alimentos básicos. El precio del petróleo en dólares prácticamente dobla al de hace un año y multiplica por cuatro al del periodo 2000-2003. El resultado de estas dos perturbaciones es el conocido: menor crecimiento y tensiones inflacionistas de forma generalizada a nivel internacional. España, obviamente, no puede mantenerse al margen de estos impactos negativos, de modo que se ha intensificado la desaceleración de la actividad económica y el empleo, con un especial protagonismo negativo del sector de la construcción, cuyo ajuste está siendo más acelerado de lo deseable. Paralelamente, ha aumentado la tasa de inflación de forma considerable, a causa del encarecimiento del petróleo y, en menor medida, de algunos alimentos. Esta situación genera un coste ineludible para nuestra economía que tiene una gran dependencia del exterior tanto en materia energética, como de recursos financieros. El encarecimiento del petróleo y otras materias primas importadas, así como de la financiación exterior, supone una pérdida de renta para la economía española en conjunto. Además, la combinación de menor crecimiento económico con inflación elevada plantea un reto especialmente exigente para la política económica. Estos factores globales han supuesto un claro empeoramiento de las perspectivas de la economía española en un momento en el que, además, ya se había iniciado un proceso de ajuste en el mercado inmobiliario. Este proceso se inició en el año 2007 y se ha acentuado drásticamente en la primera mitad de este año, como ponen de manifiesto los indicadores de actividad y empleo del sector. En este sentido, cabe esperar que la rapidez del ajuste, mayor de la que habíamos anticipado, contribuya a acortar el período de normalización de la actividad inmobiliaria en nuestro país, acomodando la oferta y la demanda de vivienda, permitiendo que su recuperación sea también más rápida. En este contexto, la evolución de la coyuntura internacional y el análisis de los principales indicadores de la economía española han llevado al Gobierno a revisar recientemente sus previsiones de crecimiento para este ejercicio y el siguiente, hasta tasas del 1,6% y del 1%, respectivamente. Nos enfrentamos a un período de crecimiento débil y de inflación relativamente elevada, que acarreará dificultades de distinta naturaleza, entre las que cabe resaltar el deterioro de la creación de empleo, el impacto negativo sobre la renta real de las familias, el aumento de los costes energéticos, así como el encarecimiento del crédito y la mayor dificultad para acceder a nueva financiación. Para enfrentar esta situación, ya a lo largo de los últimos meses, el Gobierno ha ido poniendo en marcha un amplio grupo de medidas de choque para hacer frente al nuevo escenario económico. En una primera actuación de urgencia, el primer Consejo de Ministros de esta legislatura se aprobó un Plan de medidas de estímulo económico dirigido tanto a empresas como ciudadanos. Seguidamente se han ido poniendo en marcha otros instrumentos para paliar la desaceleración y amortiguar su impacto en el crecimiento y el empleo. Más allá de estas medidas de corto plazo, el Gobierno tiene una estrategia de más alcance en materia de política económica basado en un programa de reformas estructurales encaminadas a modernizar y flexibilizar la economía, aumentar nuestro potencial de crecimiento y, en definitiva, alcanzar un modelo de crecimiento basado en la productividad. Las iniciativas de reforma estructural resultan aún más importantes en el actual contexto de incertidumbre en los mercados financieros internacionales y en el que se están produciendo cambios notables en los precios relativos de las materias primas, ya que permiten mejorar la rapidez de respuesta de la economía a la evolución de la coyuntura internacional. En este sentido, con el objetivo de acelerar la puesta en marcha de las reformas estructurales previstas por el Gobierno, este acuerdo de Ministros establece un programa de actuaciones en sectores estratégicos que comprometen a todos los Ministerios económicos a acelerar su puesta en marcha y establecer un calendario de ejecución de corto plazo. El primer grupo de medidas se dirige a mitigar directamente uno de los factores que están intensificando la desaceleración de la economía, los problemas de liquidez. En este ámbito, las medidas se encaminan a flexibilizar los canales de acceso a la financiación, e inyectar liquidez a las pequeñas y medianas empresas, cuyo acceso a las fuentes de financiación es más limitada, por lo que en situaciones de restricción soportan mayores dificultades. El segundo grupo de reformas se dirige al sector inmobiliario con el objetivo de flexibilizar su marco regulador, de forma que pueda adaptarse a un nuevo escenario de moderación en la construcción de nuevas viviendas y encuentre nuevas vías de actividad. Así se establecen compromisos para que el Ministerio de la Vivienda mejore el marco normativo del alquiler, se incentive la actividad de rehabilitación de viviendas e instalaciones hoteleras, y se facilite la concesión de préstamos a familias para la adquisición de vivienda protegida. El tercer grupo de medidas se dirige al transporte, uno de los principales consumidores de productos derivados del petróleo y un servicio intermedio de primer orden en el resto de sectores de la economía. La eficiencia en este sector repercute en el conjunto de la sociedad no sólo a nivel económico sino también medioambiental. Una de las prioridades de este Gobierno es impulsar el transporte ferroviario y mejorar las condiciones de competencia y la competitividad de este sector. También los puertos requieren un impulso liberalizador ya que por ellos entran más del 80 por 100 de las importaciones a España y salen el 50 por 100 de las exportaciones españolas al extranjero, por lo que su eficiencia tiene importantes efectos sobre la competitividad de nuestra economía. Las medidas para la entrada del sector privado y de las comunidades autónomas en los aeropuertos introducirán sin duda mejoras en la eficiencia de su gestión. El cuarto bloque de medidas se centra en la energía y en la lucha contra el cambio climático. El encarecimiento de los productos energéticos, la creciente relevancia del impacto medioambiental de la generación eléctrica y las decisiones de la Unión Europea en este ámbito exigen actualizar la normativa en materia energética, con el objetivo de incentivar la eficiencia energética. Además, resulta imprescindible acometer medidas domésticas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero con el fin de dar cumplimiento de forma coste-eficiente a los compromisos asumidos en el marco del Protocolo de Kioto para el periodo 2008-2012. Por otra parte, después de la reciente transposición de las Directivas del mercado interior de la electricidad y del gas, es necesario continuar la senda de liberalización en el sector, a través de la puesta en marcha de nuevos mecanismos de mercado. El quinto bloque de medidas se dirige a mejorar los servicios de telecomunicaciones. En este sector residen las mayores ganancias de productividad de la economía, además de ser el mayor impulsor de la inversión en I+D+i en nuestro país. Casi la mitad de las empresas del sector realizan actividades innovadoras y gracias a los avances tecnológicos los precios han ido reduciéndose. Sin embargo, España mantiene un diferencial con Europa y persisten problemas de calidad que deben ser subsanados para que pueda aprovecharse plenamente su potencial de crecimiento. En el sexto bloque se agrupan las actuaciones para mejorar la competencia en el sector de los servicios, reducir los costes de algunas transacciones y para reforzar la independencia y capacidad de supervisión de los organismos reguladores. Entre las medidas más importantes destaca la nueva normativa para la transposición de la directiva de servicios que impulsará la creación de empresas, la competencia y la internacionalización de las pequeñas y medias empresas españolas en el sector servicios, un sector que representa el 66 por 100 del PIB y del empleo en España y en el cual existe todavía un amplio margen de mejora tanto en términos de productividad como de contención de precios. También está previsto modificar la regulación de la prestación de los servicios profesionales. El impulso a la actividad, especialmente la de los emprendedores, requiere un nuevo marco regulador que refuerce el principio de libertad de acceso y ejercicio a las actividades profesionales, exigiendo que las restricciones que puedan imponerse vengan justificadas por el interés general y que modernice las organizaciones colegiales para reforzar su orientación al servicio de los intereses generales. El nuevo marco regulador compartirá con la transposición de la Directiva de Servicios los principios de buena regulación, complementándola eficazmente y multiplicando sus efectos. El Gobierno introducirá rebajas en los aranceles de notarios y registradores, que en promedio supondrán una reducción de un 20 por 100. Adicionalmente, para garantizar el derecho de los usuarios a que sus transacciones y demás actos jurídicos se realicen de forma más ágil, se establecerá una reducción adicional de los aranceles aplicables a las escrituras de los actos susceptibles de inscripción en el Registro cuando el ciudadano no pueda realizarlas por medios telemáticos. Se prevé también la presentación de una propuesta de reforma del modelo de seguridad jurídica preventiva, que estará orientada a evitar duplicidades y solapamientos entre las funciones de notarios y registradores de la propiedad, así como a facilitar información integral de los datos registrales y catastrales, para potenciar la calidad del sistema. Por último, con el objetivo de reforzar la independencia y capacidad de supervisión de los organismos reguladores sectoriales, se ha previsto que el Ministerio de Economía y Hacienda presente una propuesta de revisión de su normativa, que deberá redundar en mejoras de eficiencia y en ganancias de productividad en los mercados afectados. En consecuencia, el Consejo de Ministros, a propuesta de los Ministros de Economía y Hacienda, de Justicia, de Administraciones Públicas, de Industria, Turismo y Comercio, de Fomento, de Vivienda, de Ciencia e Innovación, de Sanidad y Consumo, y de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, en su reunión del día 14 de agosto de 2008, acuerda:
Primero.-El Ministerio de Economía y Hacienda presentará una propuesta para otorgar avales, con la garantía del Estado, destinados a facilitar la financiación de pequeñas y medianas empresas. El Ministerio de Economía y Hacienda presentará una propuesta a la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos para otorgar avales con la garantía del Estado, por una cuantía máxima de 3.000 M € en 2009 y 2010, que tengan como objetivo garantizar valores de renta fija emitidos por fondos de titulización, cuyos activos sean préstamos o créditos concedidos a pequeñas o medianas empresas.
Segundo.-El Instituto de Crédito Oficial pondrá en marcha una línea de mediación para la financiación de medianas empresas. El Instituto de Crédito Oficial pondrá en marcha una línea de mediación para la financiación de proyectos de inversión de medianas empresas por una cuantía máxima de 2.000 M € en 2009 y 2010.
Tercero.-El Instituto de Crédito Oficial renovará en 2009 y 2010 la línea de avales destinados a impulsar la financiación de vivienda de protección oficial. El Instituto de Crédito Oficial renovará en 2009 y 2010 por un importe de 5.000 M € la línea de avales a los fondos de titulización que tengan como subyacente préstamos a ciudadanos para la adquisición de vivienda protegida.
Cuarto.-El Ministerio de Vivienda presentará un nuevo marco normativo que impulse la renovación y rehabilitación de edificios y viviendas. El Ministerio de Vivienda presentará a la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, antes del 31 de diciembre de 2008, un proyecto normativo sobre rehabilitación que, englobando la totalidad de supuestos existentes, refunda y simplifique la normativa existente, para su posterior tramitación y, en su caso, aprobación en Consejo de Ministros. Quinto.-Los Ministerios de Vivienda y de Industria, Turismo y Comercio presentarán una propuesta de Plan RENOVE de edificación para impulsar la rehabilitación de viviendas e infraestructuras hoteleras. Los Ministerios de Vivienda y de Industria, Turismo y Comercio presentarán a la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, antes del 31 de diciembre de 2008, una propuesta de Plan RENOVE de edificación para impulsar la rehabilitación de viviendas e infraestructuras hoteleras. Sexto.-Los Ministerios de Vivienda y de Justicia presentarán un anteproyecto de Ley de medidas de fomento del alquiler de viviendas y la eficiencia energética de los edificios. Los Ministerios de Vivienda y de Justicia tramitarán en Consejo de Ministros un anteproyecto de Ley de medidas de fomento del alquiler de viviendas y la eficiencia energética de los edificios. Séptimo.-Los Ministerios de Justicia, de Vivienda y de Sanidad y Consumo informarán sobre la posibilidad de poner en marcha un sistema arbitral de resolución rápida, sencilla y económica de conflictos arrendaticios. Los Ministerios de Justicia, de Vivienda y de Sanidad y Consumo presentarán a la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, antes del 31 de diciembre de 2008, un informe sobre la posibilidad de poner en marcha de un sistema arbitral de resolución de los conflictos arrendaticios.
Octavo.-El Ministerio de Fomento presentará un conjunto de medidas para impulsar y dinamizar el transporte de mercancías por ferrocarril. El Ministerio de Fomento presentará a la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, antes del 31 de octubre de 2008, un conjunto de medidas para impulsar y dinamizar el transporte de mercancías por ferrocarril, y mejorar las condiciones de competencia y competitividad del sector.
Noveno.-El Ministerio de Fomento presentará un informe sobre las medidas adoptadas para implementar el nuevo modelo de gestión aeroportuaria. El Ministerio de Fomento presentará a la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, antes del 31 de diciembre de 2008, un informe sobre las medidas adoptadas para implementar el Acuerdo de Consejo de Ministros de 1 de agosto de 2008, por el que se aprueban las líneas básicas del nuevo modelo de gestión aeroportuaria, caracterizado por la separación entre la gestión aeroportuaria y las actividades relacionadas con el control de la navegación aérea, permitiendo la entrada de capital privado y de las Comunidades Autónomas en la gestión de los aeropuertos y manteniendo el sector público estatal una amplia mayoría en su accionariado. Décimo.-El Ministerio de Fomento presentará una propuesta de reforma del régimen económico y de prestación de servicios de los puertos de interés general. El Ministerio de Fomento presentará a la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, antes del 31 de diciembre de 2008, una propuesta de reforma del régimen económico y de prestación de servicios de los puertos de interés general destinada a mejorar la eficiencia del sector portuario. A través de esta reforma, se establecerá un sistema de tasas más transparente y que refleje en mayor medida las diferencias de costes de los distintos puertos.
Undécimo.-El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio presentará al Gobierno un anteproyecto de Ley de Eficiencia Energética y Energías Renovables. El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, asistido por el resto de los departamentos ministeriales afectados, presentará a la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, antes del 31 de diciembre de 2008, un anteproyecto de Ley de Eficiencia Energética y Energías Renovables, que transponga al ordenamiento jurídico español los objetivos comunitarios en materia de energía y cambio climático e incentive el ahorro energético, para su posterior tramitación en Consejo de Ministros.
Duodécimo.-El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio presentará una propuesta de regulación del suministro de último recurso en electricidad. El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio presentará a la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, antes del 31 de diciembre de 2008, un proyecto de Real Decreto para la regulación del suministro de último recurso de electricidad, que incluya la designación de los operadores que prestarán el suministro de último recurso, así como medidas para reforzar la competencia, para su posterior tramitación y aprobación en Consejo de Ministros. Decimotercero.-El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio presentará una propuesta de regulación de las subastas mayoristas de gas natural. El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio presentará a la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, antes del 30 de noviembre de 2008, un proyecto de Orden para la regulación de las subastas mayoristas de gas natural, que deberán entrar en funcionamiento en enero de 2009. Decimocuarto.-El Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino impulsará la aplicación de las Líneas Estratégicas de lucha contra el cambio climático. Con el fin de integrar el objetivo de reducción de emisiones en los ejes fundamentales de la acción del Gobierno y de facilitar el cumplimiento coste-eficiente de los objetivos asumidos en el marco del Protocolo de Kioto (2008-2012), el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino impulsará la aplicación efectiva de las actuaciones transversales recogidas en las Líneas Estratégicas de lucha contra el cambio climático lanzadas por la Comisión Delegada del Gobierno para el Cambio Climático en julio de 2008 (Sostenibilidad Energética, Movilidad, Edificación, Residuos y Gestión de Estiércoles, Política Forestal y Sumideros, e Innovación). El Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino presentará en octubre de 2008 a la Comisión Delegada del Gobierno para el Cambio Climático y a la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos un informe sobre el grado de aplicación de Líneas estratégicas.
Decimoquinto.-Los Ministerios de Sanidad y Consumo y de Industria, Turismo y Comercio presentarán una propuesta de Carta de Derechos del Usuario de Servicios de Telecomunicaciones. Los Ministerios de Sanidad y Consumo y de Industria, Turismo y Comercio presentarán a la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, antes del 31 de diciembre de 2008, un proyecto de Real Decreto por el que se apruebe la Carta de Derechos del Usuario de los Servicios de Telecomunicaciones, para su posterior tramitación y aprobación en Consejo de Ministros.
Decimosexto.-El Ministerio de la Presidencia presentará una propuesta para completar el marco normativo de la regulación del sector audiovisual. El Ministerio de la Presidencia elevará al Consejo de Ministros, antes del 31 de marzo de 2009, un anteproyecto de Ley General audiovisual, así como un anteproyecto de Ley de Creación del Consejo Estatal de los Medios Audiovisuales. Decimoséptimo.-El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio informará sobre los resultados de la consulta pública sobre el uso y modalidades de explotación de determinadas bandas de frecuencia. El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio elevará a la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, antes del 31 de diciembre de 2008, un informe con los resultados de la consulta pública sobre el uso de la banda de frecuencias 2.500 a 2.690 MHz y sobre posibles nuevas modalidades de explotación de las bandas de frecuencia de 900 MHz, 1.800 MHz y 3,5 GHz. Decimoctavo.-El Ministerio de Ciencia e Innovación pondrá en marcha antes del 31 de diciembre de 2008 el Proyecto RedIRIS Nova. El Ministerio de Ciencia e Innovación iniciará antes del 31 de diciembre de 2008 la implantación de la RedIRIS Nova, red de comunicaciones avanzada para la comunidad académica y de investigación española, que pasará de un modelo de alquiler de capacidad a una red de comunicaciones basada en tecnología de fibra oscura. El Ministerio de Ciencia e Innovación informará periódicamente a la Comisión Delegada del Gobierno para Política Científica y Tecnológica sobre la evolución del Proyecto RedIRIS Nova.
Decimonoveno.-El Ministerio de Economía y Hacienda impulsará la tramitación del anteproyecto de Ley sobre el libre acceso y ejercicio de las actividades de servicios. El Ministerio de Economía y Hacienda impulsará la tramitación del anteproyecto de Ley sobre el libre acceso y ejercicio de las actividades de servicios, con el objetivo de elevarlo a Consejo de Ministros antes del 31 de diciembre de 2008.
Vigésimo.-El Ministerio de Economía y Hacienda elaborará, en el marco del Grupo de Trabajo para la transposición de la Directiva de Servicios, una propuesta de modificación de la normativa estatal de rango legal dirigida a garantizar el principio de libre acceso y ejercicio de las actividades de servicios. El Ministerio de Economía y Hacienda elevará a la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, antes del 31 de diciembre de 2008, una propuesta de modificación de la normativa estatal de rango legal en la que se introducirán los cambios normativos necesarios para la supresión o adaptación de cualquier régimen de autorización, traba o requisito que limite o restrinja la realización de una actividad de servicios, y se fomente la mejora regulatoria a través de la generalización del principio de libre acceso y ejercicio a las actividades de servicios. Vigésimo primero.-El Ministerio de Economía y Hacienda presentará un anteproyecto de Ley de Servicios Profesionales. El Ministerio de Economía y Hacienda elevará a la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, antes del 31 de diciembre de 2008, un anteproyecto de Ley de Servicios Profesionales, para su posterior tramitación en Consejo de Ministros. El anteproyecto de Ley deberá fortalecer el principio de libre acceso a las profesiones, favorecer su ejercicio conjunto, suprimir restricciones injustificadas a la competencia y reforzar la protección de los usuarios y consumidores, impulsando la modernización de los Colegios Profesionales. Vigésimo segundo.-Los Ministerios de Economía y Hacienda y de Justicia presentarán al Gobierno para su aprobación una propuesta de rebaja de los aranceles de notarios y registradores. Los Ministerios de Economía y Hacienda y de Justicia presentarán para su aprobación por el Gobierno, en el plazo de cuatro meses desde la publicación de este Acuerdo, un proyecto de Real Decreto que rebaje con carácter general los aranceles de notarios y registradores en un promedio del 20 por ciento. Dicha rebaja deberá entrar en vigor el 1 de enero de 2009 e incluir un supuesto de reducción adicional del importe del arancel en caso de que la operación no se inscriba por medios telemáticos en el Registro debido a motivos atribuibles al notario o registrador. Vigésimo tercero.-Los Ministerios de Economía y Hacienda y de Justicia presentarán a la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos una propuesta de reforma del modelo de seguridad jurídica preventiva. Los Ministerios de Economía y Hacienda y de Justicia crearán un grupo de trabajo que en el plazo de cuatro meses presente a la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos una propuesta de reforma del modelo de seguridad jurídica preventiva y una «hoja de ruta» con los pasos a dar para transitar hacia ese nuevo modelo. La propuesta estará orientada evitar duplicidades y solapamientos entre las funciones de notarios y registradores de la propiedad que generan costes innecesarios, reforzar los mecanismos de supervisión y control sobre la actividad de los fedatarios públicos, así como facilitar información integral e integrada de los datos registrales y catastrales, para potenciar la calidad del sistema. El fin último de la propuesta será simplificar y reducir los trámites para ciudadanos y empresas, facilitar y mejorar la gestión y reducir los costes. Vigésimo cuarto.-El Ministerio de Economía y Hacienda presentará a la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, antes del 31 de diciembre de 2008, una propuesta para revisar la normativa sobre organismos reguladores sectoriales. El Ministerio de Economía y Hacienda presentará a la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, antes del 31 de diciembre de 2008, una propuesta para revisar la normativa sobre organismos reguladores sectoriales, con el objetivo de reforzar su independencia, su capacidad de supervisión y su responsabilidad frente a los ciudadanos.
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