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El Estado, en virtud de las habilitaciones concedidas anualmente desde 1999 por las leyes de presupuestos generales del Estado, puede avalar valores de renta fija emitidos por fondos de titulización de activos constituidos al amparo de los Convenios que suscriban la Administración General del Estado y las sociedades gestoras de fondos de titulización con el objeto de mejorar la financiación de la actividad productiva empresarial. En concreto, se avala parte de los valores de renta fija emitidos por fondos de titulización de activos que agrupan en su activo préstamos concedidos por entidades de crédito a empresas no financieras, de las cuales un determinado porcentaje tienen que ser pequeñas y medianas empresas. De esta manera se incentiva a las entidades de crédito para la concesión de préstamos a pequeñas y medianas empresas al facilitar su movilización mediante el mecanismo de la titulización. Asimismo, al comprometerse las entidades de crédito cedentes a reinvertir la liquidez obtenida en el proceso de titulización en nueva financiación del mismo tipo, se potencia el efecto perseguido con la iniciativa, garantizándose así que las ventajas se trasladen a la economía real.
La regulación de los Fondos de Titulización de Activos se encuentra recogida en el Real Decreto 926/1998, de 14 de mayo, por el que se regula los Fondos de Titulización de Activos y las Sociedades Gestoras de Fondos de Titulización.
Las bases del procedimiento administrativo y las condiciones para el otorgamiento de avales públicos se regularon desde 1999 por diversas órdenes ministeriales, cuya adopción se acomodaba a las nuevas condiciones de mercado dentro del objetivo de aumentar la eficiencia de los avales otorgados.
La vigente Orden PRE/3/2007, de 10 de enero, sobre los Convenios de Promoción de Fondos de Titulización de Activos, para favorecer la financiación empresarial, introdujo ciertos cambios como la modificación del plazo de presentación de las solicitudes de formalización de los Convenios –flexibilizándolo, según las condiciones de mercado– la posibilidad de exigir una comisión a favor del Estado por la concesión del aval y la conveniencia de limitar dicho aval a la condición de que los Fondos sean de carácter cerrado.
La Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2010 introdujo cambios sustanciales en la iniciativa Fondo de Titulación de la Pequeña y Mediana Empresa (FTPYME) como respuesta al empeoramiento de las perspectivas económicas derivadas de la crisis financiera internacional iniciada en el verano de 2007. En primer lugar, se permite la constitución de fondos abiertos, con ciertas limitaciones. En segundo lugar, se aumentan los plazos de reinversión. Y por último, se reduce el porcentaje de activos cedidos provenientes de préstamos y créditos concedidos previamente a PYME.
Posteriormente, el Real Decreto-ley 6/2010, de 9 de abril, de medidas para el impulso de la recuperación económica y el empleo ha modificado la propia ley de presupuestos generales del Estado para el año 2010 con el objetivo de permitir que los fondos derivados de la titulización puedan destinarse a financiar activo circulante de las pequeñas y medianas empresas, lo que debe redundar en un más fácil acceso al crédito para esta finalidad. Así, se ha eliminado la tradicional restricción de reinversión en préstamos o créditos con un plazo de amortización inicial no inferior a un año.
Por todo ello, la presente orden integra las modificaciones introducidas por las normas anteriormente citadas, incorporando además algunas mejoras en materia competencial y de procedimiento. En primer lugar, se atribuye al titular de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera la competencia para fijar, en su caso, la comisión por el aval, habida cuenta que es el competente para otorgar el aval por delegación del titular del Ministerio de Economía y Hacienda.
En segundo lugar, se retrasa una quincena el plazo de presentación de las solicitudes para facilitar el cumplimiento del nuevo requisito de publicidad previa de la comisión que, en su caso, se aplique para cada convocatoria.
En tercer lugar, se incorpora a la presidencia de la Comisión de Evaluación el titular de la Dirección General de Política de la Pequeña y Mediana Empresa, reforzándose el papel de ésta dirección general en la Comisión de Evaluación.
Por último, se habilita al titular de la Dirección General de Política de la Pequeña y Mediana Empresa para la modificación de los modelos de Convenios.
El artículo 57.6 de la Ley 26/2009, de 23 de diciembre faculta al titular del Ministerio de Economía y Hacienda para que establezca las normas que regirán los procedimientos y los requisitos a los que se ajustarán los Convenios que formalizará el titular de la Dirección General de Política de la Pequeña y Mediana Empresa, en nombre de la Administración General del Estado.
En su virtud, a propuesta de la Vicepresidenta Segunda del Gobierno y Ministra de Economía y Hacienda y del Ministro de Industria, Turismo y Comercio, con la aprobación previa del Vicepresidente Tercero del Gobierno y Ministro de Política Territorial y Administración Pública y de acuerdo con el Consejo de Estado, dispongo:
La presente Orden tiene por objeto:
1. Determinar el procedimiento de formalización de los Convenios regulados en la misma así como los requisitos que deben cumplir los fondos de titulización que, al amparo de aquellos, puedan beneficiarse de los avales del Estado previstos en la Ley de presupuestos vigente en cada ejercicio para garantizar parte de los valores de renta fija que emitan.
2. Establecer el régimen, contenido y los modelos de los Convenios que figuran como anexos I y II y que podrán suscribir con el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, a través de la Dirección General de Política de la Pequeña y Mediana Empresa, las siguientes entidades:
a) Las sociedades gestoras de fondos de titulización inscritas en el registro de la Comisión Nacional del Mercado de Valores que deseen promover la constitución de fondos de titulización para favorecer la financiación empresarial.
b) Las entidades de crédito concedentes de los préstamos o créditos susceptibles de cesión a los fondos de titulización de activos indicados en la letra anterior.
La sociedad gestora de fondos de titulización que pretenda formalizar un Convenio con el objeto de obtener el aval deberá solicitarlo a la Dirección General de Política de la Pequeña y Mediana Empresa entre el 1 de febrero y el 1 de marzo del ejercicio en el que se vaya a constituir el fondo, aportando una Memoria explicativa del proyecto de constitución del fondo de titulización de activos. Dicha Memoria deberá contener, al menos, información sobre el porcentaje de los préstamos y créditos del activo del fondo que corresponde a PYME, así como su distribución sectorial y geográfica. Asimismo, incluirá información relativa a los valores que se emitirán con cargo al fondo y sobre la operativa económico-financiera del mismo. Este trámite se efectuará con independencia de los que posteriormente hayan de realizar ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores conforme a las disposiciones vigentes.
La solicitud podrá ser presentada en cualquiera de los lugares previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, así como a través de medios electrónicos en los términos previstos en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos.
Se habilita al titular de la Dirección General de Política de la Pequeña y Mediana Empresa para modificar el plazo de presentación de las solicitudes de formalización de los Convenios cuando resulte necesario para adaptarse a las condiciones de emisión en los mercados.
Las solicitudes de firma de Convenio y de los avales del Estado serán examinados por una Comisión de Evaluación encargada de verificar si se cumplen todos los requisitos establecidos en la presente orden. La Comisión de Evaluación evaluará las solicitudes y elaborará un informe en el que se incluirá una propuesta de concesión de aval. En esa propuesta, entre otros aspectos, se detallará la cuantía de la eventual comisión a satisfacer según lo previsto en el artículo 5.
A efectos de la determinación del aval a conceder, si el importe de los avales solicitados en las memorias explicativas es superior a la dotación presupuestaria disponible para la concesión de avales durante el ejercicio, la Comisión de Evaluación asignará el aval de la siguiente forma:
a) El 70% de la dotación presupuestaria disponible se concederá a los proyectos presentados de acuerdo a la proporción que represente el importe total de cada fondo de titulización de activos respecto a la suma de los importes totales de los fondos de titulización de activos que se prevé constituir. En ningún caso el importe del aval asignado a un fondo según este criterio podrá superar el 25% de la cantidad disponible en virtud de esta letra. Si como consecuencia de la aplicación de este límite no se agotara la dotación presupuestaria disponible, el remanente se repartirá según lo establecido en la letra siguiente.
b) El 30% de la dotación presupuestaria disponible y, en su caso, el remanente existente según la letra anterior, se concederá de acuerdo a los siguientes criterios:
1.º El mayor porcentaje que el saldo vivo de los préstamos o créditos a pequeñas y medianas empresas represente sobre el activo total de cada fondo de titulización de activos.
2.º El menor porcentaje que el aval solicitado represente sobre el pasivo total de cada fondo de titulización de activos.
Cuando se aplique este sistema de asignación del aval, la propuesta de concesión del aval quedará condicionada a que el fondo de titulización de activos se constituya con un importe igual o superior al que figure en la Memoria explicativa.
La propuesta de concesión de aval, elaborada por la Comisión de Evaluación, se notificará a las sociedades gestoras solicitantes, las cuales dispondrán de un plazo improrrogable de quince días naturales, contados a partir del día siguiente al de su notificación, para confirmar su solicitud o desistir de la misma, en cuyo caso se procederá a su archivo.
Cuando exista algún desistimiento, la Comisión de Evaluación elaborará una nueva y definitiva propuesta de concesión de aval que elevará al titular de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera y notificará a las sociedades gestoras solicitantes.
Contra la resolución por la que se aprueba la propuesta definitiva de concesión de aval, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse potestativamente recurso de reposición ante el mismo órgano que lo ha dictado o ser impugnado directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, según lo previsto en el artículo 116.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
El plazo máximo en que debe notificarse la propuesta definitiva de concesión del aval solicitado será de cuatro meses contados desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro de la Dirección General de Política de la Pequeña y Mediana Empresa. Transcurrido dicho plazo sin haberse notificado resolución expresa, el interesado podrá entender desestimada su solicitud por silencio administrativo, sin perjuicio de la resolución expresa que deberá adoptarse sin vinculación alguna al sentido del silencio, según lo previsto en los artículos 42 y 43 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. La desestimación por silencio administrativo permite al interesado la interposición del recurso administrativo o contencioso-administrativo que proceda, conforme a lo previsto en el artículo 43.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
La Dirección General del Tesoro y Política Financiera podrá exigir por la concesión del aval una comisión a favor del Estado, cuya cuantía se fijará en función del valor nominal de los valores de renta fija avalados y su calificación crediticia previa a tomar en consideración la concesión del aval, y que deberá satisfacer la sociedad gestora del fondo de titulización de activos a cargo o por cuenta de dicho fondo por la concesión del aval, de acuerdo a lo establecido en el artículo 117 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. La comisión se liquidará por la Dirección General del Tesoro y Política Financiera una vez constituido el fondo y deberá satisfacerse en el plazo de quince días contados a partir del siguiente al de la notificación de su liquidación a la entidad gestora del fondo de titulización de activos, quedando condicionada la efectividad del aval a su pago.
La comisión que, en su caso, se aplique para cada convocatoria se hará pública, con carácter previo a la apertura del plazo de presentación de solicitudes, mediante resolución de la Dirección General de Política de la Pequeña y Mediana Empresa a propuesta de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera.
Se habilita al titular de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera para que fije, en su caso, el importe, así como los requisitos y demás condiciones necesarias para la determinación y exigibilidad de la comisión.
El aval será otorgado por el titular de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por delegación del titular del Ministerio de Economía y Hacienda, una vez constituido el fondo y registrado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
La Comisión de Evaluación mencionada en el artículo 3 será presidida por el titular de la Dirección General de Política de la Pequeña y Mediana Empresa y estará integrada por dos representantes de la citada Dirección General, dos de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, uno de los cuales actuará como Secretario, y uno de la Dirección General de Política Económica que serán designados por sus respectivos titulares de las Direcciones Generales.
A las reuniones de la Comisión de Evaluación podrán ser convocadas, para ser oídas en aspectos técnicos generales, las asociaciones representativas de las entidades de créditos adheridas a los Convenios de colaboración suscritos con el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, así como cualesquiera otras entidades o instituciones relacionadas con los procesos de titulización.
La Comisión de Evaluación se adscribirá a la Dirección General de Política de la Pequeña y Mediana Empresa y se sujetará al régimen previsto para los órganos colegiados en el título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
1. Sin perjuicio de lo que, en su caso, establezcan las correspondientes leyes de presupuestos generales del Estado u otras normas con rango de ley, los fondos de titulización de activos deberán reunir, además de las prescripciones generales establecidas en su normativa específica, los siguientes requisitos:
a) Por lo concerniente al activo, podrán titulizarse los préstamos o créditos cedidos por las entidades de crédito que se hayan adherido al Convenio tipo suscrito con el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Dichos préstamos o créditos deberán reunir las condiciones estipuladas en el mencionado convenio, cuyo texto se incorpora como anexo II en la presente orden.
b) En cuanto al pasivo, se podrá avalar hasta un 80% del valor nominal de los bonos de cada serie o clase de valores de renta fija que se emita por los fondos de titulización de activos con calificación crediticia efectuada sin tomar en consideración la concesión del aval que, como mínimo, sea de AA, Aa o asimilados.
c) Deberá existir una mejora crediticia que reduzca el riesgo de los valores avalados, de modo tal que les proporcione una calificación crediticia mínima de las señaladas en la letra anterior, concedida por una agencia de calificación reconocida por la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Esta calificación deberá obtenerse con carácter previo a la concesión definitiva del aval.
d) Todos los valores emitidos por los fondos de titulización de activos pertenecientes a las series o clases avaladas por el Estado deberán ser, en todo caso, de renta fija y negociarse, aun cuando el aval sólo afecte a una proporción de la serie o clase, en un mercado secundario oficial español de valores.
2. Las sociedades gestoras de fondos de titulización de activos deberán remitir a la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, en la forma y con los requisitos que la misma determine, la información necesaria para el control del riesgo asumido por parte del Estado en virtud de los avales.
Se delegan en el titular de la Dirección General de Política de la Pequeña y Mediana Empresa cuantas facultades sean precisas en orden a la celebración, ejecución o resolución de los convenios, y se le habilita para la modificación de los modelos de Convenio incluidos en los anexos I y II de esta orden.
Queda derogada la Orden PRE/3/2007, de 10 de enero, sobre los Convenios de Promoción de Fondos de Titulización de Activos para favorecer la Financiación Empresarial.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su íntegra publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 22 de marzo de 2011.–El Ministro de la Presidencia, Ramón Jaúregui Atondo.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo... de la Ley .../......., de... de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para ........., y la Orden PRE/…../…...., de... de .............., sobre los Convenios de Promoción de Fondos de Titulación de Activos para favorecer la Financiación empresarial por la que se delega en el titular de la Dirección General de Política de la Pequeña y Mediana Empresa la facultad de celebrar, en nombre de la Administración General del Estado, Convenios de colaboración encaminados a constituir fondos de titulización de activos para favorecer la financiación empresarial.
Concurriendo el informe preceptivo de la Comisión de Evaluación a que se refiere el artículo 3 de la mencionada orden ministerial.
A la vista de lo anterior, de una parte, don............., titular de la Dirección General de Política de la Pequeña y Mediana Empresa, en nombre de la Administración General del Estado, y de otra, don............, en representación de la sociedad gestora de fondos de titulización de activos............., reconociéndose mutuamente la capacidad necesaria para contratar, acuerdan las estipulaciones siguientes:
CLÁUSULAS
Primera.–Por el presente Convenio el titular de la Dirección General de Política de la Pequeña y Mediana Empresa se compromete a elevar a la Dirección General del Tesoro y Política Financiera la propuesta de concesión de aval incluida en el informe de la Comisión de Evaluación y aceptada por la sociedad gestora según se refleja en documento anexo a este convenio, a los valores de renta fija emitidos por el fondo de titulización de activos............. FTPYME gestionado por la sociedad...................., conforme a la legislación vigente y, en particular, de acuerdo con el presente Convenio.
Segunda.–La sociedad gestora se compromete a cumplir los requisitos establecidos en la Ley .../..... de... de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para... y la Orden PRE/…../…........., de... de..........., sobre los Convenios de Promoción de Fondos de Titulación de Activos para favorecer la Financiación Empresarial, en lo concerniente a la naturaleza de los activos y pasivos del fondo constituido como consecuencia del presente Convenio.
Tercera.–La Administración General del Estado se obliga a ceder a la sociedad gestora el uso no exclusivo de la marca comercial FTPYME o sus siglas FTP y de sus logotipos y signos identificativos.
Cuarta.–Una vez firmado el presente convenio, su efectividad quedará condicionada, entre otros, a la inscripción del fondo en el registro de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, a la concesión del aval a los valores de renta fija que se especifiquen en el acto de otorgamiento del aval que, en su caso, acuerde el titular de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, así como al pago de la comisión a favor del Estado que en se hubiera establecido.
Quinta.–El presente Convenio se regirá, además de por lo establecido en las anteriores cláusulas, por la Ley .../........., de... de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para..., la Orden PRE/…../…...., de ... de..............., sobre los Convenios de Promoción de Fondos de Titulización de Activos para favorecer la Financiación Empresarial por lo dispuesto en la normativa sobre fondos de titulización de activos, normas generales de derecho administrativo y cuantas otras le sean de aplicación.
De una parte, don.............., titular de la Dirección General de Política de la Pequeña y Mediana Empresa, en nombre de la Administración General del Estado, y de otra, don............, en representación de la entidad de crédito............, reconociéndose mutuamente la capacidad necesaria para contratar acuerdan las siguientes
ESTIPULACIONES
Primera.–La entidad de crédito que suscribe el presente Convenio se compromete a cumplir los requisitos que en relación a los préstamos y créditos susceptibles de cesión al fondo de titulización de activos se establecen en la estipulación Segunda del presente Convenio celebrado al amparo de la Orden PRE/…/…, de…......., sobre los Convenios de Promoción de Fondos de Titulización de Activos para favorecer la Financiación Empresarial.
Segunda.–Los requisitos que deberán reunir los citados préstamos o créditos concedidos por la entidad que suscribe el presente Convenio serán los siguientes:
a) Serán préstamos o créditos concedidos a todo tipo de empresas no financieras domiciliadas en España.
b) El saldo vivo de los préstamos o créditos correspondientes a un mismo sector, de acuerdo con el nivel de división de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas 2009, no podrán superar el 25 por ciento del total del activo cedido al fondo de titulización.
c) Al menos, el 50 por 100 del saldo vivo de los préstamos y créditos cedidos deberán tener un plazo de amortización inicial no inferior a un año y haber sido concedidos a pequeñas y medianas empresas, entendiendo por tales las definidas según la Comisión Europea (Recomendación de 6 de mayo de 2003 o norma que la sustituya).
Tercera.–Los fondos de titulización de activos se podrán constituir con carácter abierto, en el sentido del artículo 4 del Real Decreto 926/1998, de 14 de mayo, por el que se regula los Fondos de Titulización de Activos y las Sociedades Gestoras de Fondos de Titulización, por un período máximo de dos años desde su constitución, siempre y cuando los activos cedidos al fondo de titulización sean préstamos o créditos concedidos a partir del 1 de enero de 2008.
Cuarta.–La entidad que suscribe el presente Convenio deberá reinvertir la liquidez obtenida como consecuencia del proceso de titulización en préstamos o créditos, concedidos a todo tipo de empresas no financieras domiciliadas en España, de las que, al menos, el 80 por ciento sean pequeñas y medianas empresas. La reinversión deberá realizarse, al menos, el 50 por ciento, en el plazo de un año a contar desde la efectiva disposición de la liquidez, y el resto en el plazo de dos años. A estos efectos, se entenderá por liquidez obtenida, el importe de los activos que la entidad cede al fondo de titulización en el momento de su constitución así como, en su caso, en las posteriores cesiones que se realicen como consecuencia del carácter abierto del fondo, durante el período anteriormente indicado de dos años.
La entidad que suscribe el presente Convenio informará a la Dirección General de Política de la Pequeña y Mediana Empresa sobre el cumplimiento de lo previsto en esta estipulación al término de los plazos previstos anteriormente.
Quinta.–El incumplimiento de lo dispuesto en las estipulaciones anteriores conllevará, salvo supuestos de fuerza mayor u otros debidamente justificados a juicio de la Comisión de Evaluación a la que se refiere el artículo 3 de la Orden PRE/…../…......, de...... de........, sobre los Convenios de Promoción de Fondos de Titulización de Activos para favorecer la Financiación Empresarial, la imposibilidad de efectuar por parte de la entidad ninguna otra cesión de préstamos y créditos a los fondos de titulización de activos previstos en este Convenio.
Sexta.–Con ocasión de la cesión, la entidad de crédito cedente enviará la información que acredite el cumplimiento de los requisitos establecidos en este Convenio para los créditos y préstamos a la Dirección General de Política de la Pequeña y Mediana Empresa, así como cualquier otra información que se solicite.
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