Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
El Real Decreto 358/1991, de 15 de marzo, por el que se reordena la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), configura a dicha Entidad como una Corporación de Derecho Público de carácter social, con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar y de autoorganización, cuyos fines sociales se dirigen a la consecución de la autonomía personal y plena integración de las personas ciegas y con deficiencia visual grave, mediante la prestación de servicios sociales, que ejerce en todo el territorio español funciones delegadas de las administraciones públicas, bajo el protectorado del Estado.
Dicho protectorado corresponde al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y se ejerce a través de un Consejo, cuya composición y funciones se regulan en el artículo 8 del citado Real Decreto 358/1991. Entre las mismas, se encuentra la de aprobar, a propuesta del Consejo General de la ONCE, los Estatutos de la organización, así como sus modificaciones, disponiendo su posterior publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
En ejercicio de dichas facultades el Consejo de Protectorado de la ONCE aprobó los vigentes Estatutos de la Entidad el 14 de abril de 2011, que fueron objeto de publicación mediante la Orden SPI/1015/2011, de 15 de abril, y de una posterior reforma parcial, publicada por Orden SSI/384/2015, de 18 de febrero.
Las normas estatutarias se han visto afectadas por las previsiones de la disposición adicional primera del Real Decreto 1152/2015, de 18 de diciembre, sobre modificación del Real Decreto 358/1991, de 15 de marzo (norma estatal de referencia a la que se encuentran sometidos jerárquicamente los Estatutos de la ONCE), que establecen un plazo máximo de tres meses para que el Consejo General de la ONCE proponga las modificaciones de sus estatutos que resulten precisas para su adaptación al referido Real Decreto 1152/2015.
Por otra parte, esta preceptiva revisión del texto estatutario aconseja incluir otras adaptaciones y actualizaciones que se pueden encuadrar en tres grandes ejes.
El primero, se centra en los cambios de carácter normativo, de rango legal y reglamentario, que se han producido desde el año 2011 y que afectan a la organización.
El segundo, en las sucesivas reformas operadas en el Acuerdo General entre el Gobierno de la Nación y la ONCE en materia de cooperación, solidaridad y competitividad para la estabilidad de futuro de la ONCE para el período 2012-2021, aprobado por el Consejo de Ministros el 18 de noviembre de 2011.
El tercero, en las mejoras aconsejadas por la experiencia derivada de la aplicación práctica de los Estatutos.
Por último, el gran alcance y amplitud de todo ese conjunto de modificaciones convierte en imprescindible la elaboración de unos Estatutos completos que recojan un texto refundido de todo lo actualizado y de lo que se mantiene del texto de 2011.
En consecuencia, de acuerdo con lo señalado en el artículo 8 del Real Decreto 358/1991, de 15 de marzo, y en la disposición adicional primera del Real Decreto 1152/2015, de 18 de diciembre, se dispone la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del nuevo texto refundido de los Estatutos de la ONCE, aprobado por su Consejo de Protectorado el 26 de abril de 2016, que se acompaña como anexo a la presente Orden.
Madrid, 8 de junio de 2016.–El Ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Alfonso Alonso Aranegui.
PREÁMBULO
Los Estatutos vigentes de la Organización Nacional de Ciegos Españoles fueron aprobados por el Consejo de Protectorado en reunión celebrada el 14 de abril de 2011, y publicados en el BOE mediante Orden SPI/1015/2011, de 15 de abril.
Desde su publicación en 2011 se ha producido una serie de hechos de gran relevancia que exige y justifica una profunda actualización de los mismos, cuyo calado y amplio alcance ha conducido a la elaboración de unos Estatutos completos que recojan un texto refundido de todo lo actualizado y de lo que se mantiene del texto de 2011.
Esta amplia revisión estatutaria pivota sobre tres grandes ejes que la fundamentan, enmarcan y articulan.
El primer eje, recoge todos aquellos cambios de carácter normativo, de rango legal y reglamentario, que se han producido en este periodo de tiempo y que afectan a la organización. Así, se ha promulgado una serie de leyes tales como: la ley 5/2011, de 29 de marzo de economía social (aprobada durante el proceso de trámite de los anteriores Estatutos); la ley 13/2011, de 27 de mayo de regulación del juego; el Real Decreto-Ley 18/2011, de 18 de noviembre, por el que se regulan las bonificaciones de cuotas a la Seguridad Social de los contratos de trabajo celebrados con personas con discapacidad por la ONCE; la ley 22/2015, de 20 de julio, de auditoría de cuentas, y normativa de desarrollo; la ley 43/2015, de 9 de octubre, del Tercer Sector de Acción Social. Asimismo, han entrado en vigor otras normas de rango reglamentario tales como los reales decretos; 1146/2012, de 27 de julio; 3/2013, de 11 de enero y el real decreto 1152/2015, de 18 de diciembre, todos ellos de reforma parcial del Real Decreto 358/1991, de 15 de marzo de reordenación de la ONCE. Así como, los reales decretos 1706/2011, de 18 de noviembre y 1152/2015, de 18 de diciembre; ambos de reforma parcial del Real Decreto 1336/2005, de 11 de noviembre, por el que se concede a la ONCE la explotación de una lotería instantánea o presorteada.
El segundo, viene determinado por el Acuerdo General entre el Gobierno de la Nación y la ONCE en materia de cooperación, solidaridad y competitividad para la estabilidad de futuro de la ONCE para el período 2012-2021, aprobado por el Consejo de Ministros el 18 de noviembre de 2011 y sus reformas parciales aprobadas por el Consejo de Ministros el 25 de octubre de 2013, el 1 de agosto de 2014, y el 10 de julio y el 18 de diciembre de 2015. Esta última reforma ha introducido cambios muy significativos en relación con la ordenación del grupo empresarial de la ONCE y su Fundación, así como en diversidad de cuestiones en materia de autorizaciones de juego.
El tercer eje introduce un amplio elenco de mejoras derivadas de la experiencia acumulada durante estos años de vigencia del texto estatutario aprobado en 2011, tanto de la vida y necesidades internas de la Organización, como de los cambios del entorno. Este tercer bloque de modificaciones encuentra su fundamento en la facultad de autoorganización de que dispone la ONCE en razón de su naturaleza de Corporación de Derecho Público que le reconoce la disposición adicional tercera de la Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social, así como el artículo 1 del Real Decreto 358/1991.
En cumplimiento de las anteriores previsiones, el Consejo de Protectorado de la ONCE, en reunión celebrada el 26 de abril de 2016, ha aprobado los nuevos Estatutos de la organización, cuyo proyecto fue aprobado por el Pleno del Consejo General de la ONCE mediante acuerdo 2/2016-1.1, de 31 de marzo.
En consecuencia y de acuerdo con el mandato de la disposición adicional primera del Real Decreto 1152/2015, la Organización Nacional de Ciegos Españoles se regirá por los siguientes Estatutos.
TÍTULO PRELIMINAR
Uno. La Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) es una Corporación de Derecho Público de carácter social, con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar y de autoorganización, cuyos fines sociales se dirigen a la consecución de la autonomía personal y plena integración de las personas ciegas y con deficiencia visual grave de nacionalidad española, mediante la prestación de servicios sociales, que ejerce en todo el territorio español funciones delegadas de las administraciones públicas, bajo el protectorado del Estado.
La ONCE, cuya actividad social, económica y empresarial está informada por los principios y valores de la solidaridad, la ausencia de ánimo de lucro y el interés general, se rige por una normativa específica propia y es titular de varias modalidades de lotería, cuya explotación sirve para la financiación de sus fines sociales.
Dos. La ONCE estará integrada por sus afiliados, es decir, aquellas personas con ceguera o deficiencia visual grave que lo solicitan y son admitidas en la Organización por concurrir las condiciones personales y demás requisitos establecidos en estos Estatutos.
Tres. El carácter social de la Organización está informado por los principios y valores enumerados en el apartado Uno del presente artículo y dimana de la naturaleza y fines de la Organización; desarrolla las políticas de protección social derivadas del artículo 49 en relación con los artículos 9.2, 10, apartados 1 y 2, y 14 de la Constitución Española, y se inspira en los principios contenidos en la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad adoptada en el seno de la Asamblea General de la ONU, el 13 de diciembre de 2006.
Cuatro. La ONCE extiende su actividad a todo el territorio del Estado y está sometida al protectorado de éste, que ejerce un estricto control público sobre las actividades de juego que la ONCE tiene autorizadas en su calidad de operador de juego de reconocido prestigio y titular de los derechos para la explotación de varias modalidades de loterías en los términos que prevé la legislación aplicable y los presentes Estatutos.
Cinco. La preservación de la singularidad institucional de la ONCE en cuanto a sus fines, organización, funcionamiento, financiación, prestaciones y actuaciones sociales, consolidada a lo largo de su historia queda garantizada por lo establecido en la legislación vigente para las corporaciones de derecho público, las entidades del Tercer Sector de Acción Social y otras entidades sin fines lucrativos, así como para las entidades de economía social de carácter singular como es la ONCE; lo cual se fundamenta en el interés general que comportan sus fines sociales y en el desarrollo de un sistema de protección integral para un grupo social en riesgo de exclusión como consecuencia de una discapacidad severa, como la ceguera o deficiencia visual grave.
Esta misma singularidad institucional se plasma en su condición de operador de juego de reconocido prestigio designado para la comercialización de productos de lotería de ámbito estatal objeto de la reserva legal, sometido a un estricto control público, conforme a los términos establecidos, entre otras normas, en la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego, cuyos recursos obtenidos de la explotación de las modalidades de lotería de las que es titular se aplican al cumplimiento de sus fines sociales y a su compromiso de solidaridad a que se refieren las letras a) y b) del apartado Seis del artículo 6 de los presentes Estatutos.
Seis. La ONCE, en consonancia con los fines de interés general que tiene reconocidos, presta a sus afiliados servicios sociales, cuyos costes se financian a través de los recursos que obtiene de la comercialización de las modalidades y productos de lotería de su titularidad, desarrollando un amplio conjunto de funciones sociales privativas o específicas inherentes a su naturaleza de entidad de base asociativa y, además, ejerce funciones públicas delegadas de las administraciones públicas, con las que actúa en régimen de complementariedad. Dichas funciones públicas delegadas serán las que determine expresamente la legislación estatal aplicable.
Uno. La ONCE tiene personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar, de las que se derivan sus facultades de autoorganización y regulación interna para el libre cumplimiento de sus fines, con respeto a la legislación aplicable.
Dos. La ONCE dispone de los derechos y beneficios que le reconocen las leyes y goza de sus efectos en los términos concretos que aquéllas establezcan a tal fin.
Uno. La ONCE funda su organización en la democracia interna, la unidad jurídica y patrimonial de su Institución, la independencia de gestión y la autonomía financiera. Asegura el libre ejercicio de la participación de sus afiliados en el gobierno y gestión de la Institución y fomenta el ejercicio de sus derechos fundamentales, todo ello de acuerdo con lo establecido en cada momento por la legislación vigente.
Dos. Son valores esenciales de la cultura institucional de la ONCE, cuyo cumplimiento debe garantizar el Consejo General, los siguientes:
a) El establecimiento de la ONCE como organización de base asociativa privada que representa el proyecto histórico de emancipación de los españoles ciegos o con deficiencia visual grave.
b) El espíritu personal de superación, basado en el propio esfuerzo y profesionalidad; cohesión y unidad de acción del grupo social de las personas ciegas o con deficiencia visual grave; así como el trabajo en equipo en defensa de la consolidación y progreso de la ONCE.
c) Una Organización de y para personas ciegas y con deficiencia visual grave, y a la vez solidaria, especialmente con personas con otras discapacidades.
d) Un adecuado nivel de supervisión y control del Estado, a través del Consejo de Protectorado, pero con altas cotas de autogobierno corporativo.
e) La supremacía del carácter social e interés general, sin perjuicio del desarrollo de actividades económicas, comerciales y empresariales y la búsqueda de nuevas fuentes de financiación para asegurar la financiación de sus fines sociales y su estabilidad financiera global.
f) Una Organización unitaria y cohesionada que actúa de modo homogéneo en todo el territorio del Estado, colaborando con las administraciones públicas de ámbito estatal, autonómico y local, y con entidades públicas y privadas.
g) La defensa de fines sociales encaminados a la plena consecución de los derechos humanos, la autonomía personal, la inclusión social y la plena ciudadanía de sus afiliados, mediante la consecución de la igualdad real y efectiva de oportunidades, acción positiva, no discriminación y accesibilidad universal, incluso por medio de la promoción de la lengua de signos; con especial atención a los colectivos de afiliados con necesidades especiales de atención prioritaria, y la reafirmación del disfrute de sus derechos sociales.
h) En coherencia con el principio de igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, se prestará una atención prioritaria al desarrollo de acciones en favor de la igualdad de oportunidades de las mujeres con discapacidad, conciliación de la vida familiar y laboral, y de la lucha contra la violencia de género, y se aplicará el principio de representación equilibrada, en los términos que establecen los presentes Estatutos y desarrolle el Consejo General, conforme a la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
A tal fin, se entenderá por representación equilibrada entre mujeres y hombres, una representación que, en ninguno de los casos, supere el 60%, aplicándose este principio en los términos que, en cada caso, prevén los presentes Estatutos.
i) La sujeción de su funcionamiento y actividades a Derecho, así como a los principios de objetividad, rigor, racionalidad, eficacia, eficiencia, transparencia, austeridad, motivación, productividad, rentabilidad, innovación, creatividad, y capacidad de adaptación al cambio y a los entornos y los restantes valores éticos contenidos en el Código Ético de Conducta aprobado por el Consejo General.
j) La consecución del máximo nivel de seguridad y estabilidad jurídica de las regulaciones legales del Estado sobre la ONCE, así como de la máxima protección jurídica para sus afiliados.
k) El mantenimiento de un modelo organizativo basado en el equilibrio entre, por un lado, el respeto al pluralismo y una gestión institucional rigurosa y eficiente, flexible en su adaptación al cambio, innovadora, creativa, eficaz; y por otro, entre una vocación y compromiso social con una gestión profesionalizada y moderna, dando respuesta a los cambios sociológicos de la población afiliada, a la coordinación territorial y a la realidad sociopolítica europea, estatal, autonómica y local.
l) La dirección sinérgica, global y coordinada de la ONCE, de la Fundación ONCE para la Cooperación e Inclusión Social de Personas con Discapacidad (en adelante la Fundación ONCE) y del Grupo Empresarial de la ONCE y su Fundación (en adelante el Grupo Empresarial).
m) La garantía plena de que los responsables de carácter representativo y directivo ajustan su comportamiento a los principios y mandatos del Código Ético de Conducta, aprobado por el Consejo General.
n) El profundo arraigo de una cultura institucional propia de la ONCE, que propicie la plena identificación de las personas afiliadas y los trabajadores con el respeto y defensa de la misión, los valores, fines y actuaciones de la ONCE, con la fijación de líneas transversales de actuación y atención preferente a determinados colectivos.
ñ) El desarrollo de líneas de cooperación con instituciones públicas y privadas, económicas y sociales, con o sin ánimo de lucro, tanto en el plano nacional como internacional y especialmente en el ámbito de la Unión Europea y de América Latina.
o) El robustecimiento de la capacidad reivindicativa sobre cuestiones de gran relevancia institucional y social que afecten a la ONCE, a sus afiliados y trabajadores, y al conjunto de las personas con discapacidad, promoviendo los instrumentos operativos más adecuados a tal fin.
Uno. Ninguna entidad pública o privada podrá utilizar la denominación de Organización Nacional de Ciegos Españoles o el acrónimo ONCE, su logotipo, su marca, ni cualquier otro resultado que pudiera surgir de la adición de palabras, alteración o combinación de las que lo constituyan, junto con las siglas ONCE o su logotipo, gozando éstas de la protección que brinda a la ONCE su inscripción en los registros públicos competentes.
Asimismo, el Consejo General determinará los criterios, condiciones, objetivos, duración y procedimientos, en virtud de los cuales su Comisión Ejecutiva Permanente podrá autorizar, ocasionalmente, la utilización del acrónimo ONCE, su logotipo y/o su marca, a terceros ajenos a la ONCE y su Fundación, ya sean, primordialmente, personas jurídicas o, excepcionalmente, personas físicas, para la realización y desarrollo de actividades en materia de relaciones institucionales, comunicación e imagen, actuaciones sociales, culturales, deportivas, de carácter económico, patrocinio, mecenazgo, esponsorización, colaboración y otras de índole análoga, siempre que ello contribuya al mejor cumplimiento de los fines sociales, institucionales y económicos de la Organización, debiendo instrumentarse con todas las garantías necesarias para asegurar un uso adecuado y eficiente de la posibilidad contemplada en el presente párrafo.
Las previsiones contenidas en los párrafos anteriores serán, en su caso, tenidas en cuenta como referente determinante, en estas materias, por parte de las entidades y sociedades que constituyen la comunidad de personas jurídicas de la ONCE y su Fundación contempladas en el artículo 114 de los presentes Estatutos.
Dos. El domicilio social de la ONCE queda fijado en la ciudad de Madrid, coincidiendo con la sede del Consejo General de la Organización, ubicado en la actualidad en calle José Ortega y Gasset, n.º 18. El Pleno del Consejo General podrá acordar su modificación cuando concurran razones que lo justifiquen.
Uno. La ONCE financia, principalmente, el cumplimiento de sus fines sociales y actividades, así como los costes que genera la prestación de los servicios sociales de interés general que tiene encomendados, a través de los recursos obtenidos de su condición de operador de juego designado para la comercialización de los productos de lotería de ámbito estatal objeto de reserva legal en la explotación de las tres modalidades de lotería de las que es titular: la modalidad de lotería denominada «Cupón de la ONCE», la modalidad de lotería denominada «lotería instantánea» y la modalidad de lotería denominada «juego activo», a las que se añadirán cuantas otras modalidades de lotería sean autorizadas dentro de la reserva legal, por el Consejo de Ministros, de conformidad con la legislación vigente aplicable de carácter general en materia de juego, y con la legislación específica referida a la ONCE.
Dos. Dichas actividades de lotería de la ONCE ajustarán su ordenación y funcionamiento a las previsiones contenidas en el Título IV de los presentes Estatutos, que se ajustan a la legislación estatal aplicable en esta materia.
Tres. Ninguna persona o entidad pública o privada podrá vincular el resultado de los productos de lotería objeto de reserva legal que se mencionan en el apartado Uno con ningún producto o servicio, de cualquier naturaleza, que comercialice, salvo autorización expresa y excepcional del Consejo General, facultad que podrá ser delegada en el Director General.
Uno. La misión social de la ONCE es dar una respuesta institucional y actual al proyecto histórico de emancipación y vida digna e independiente de las personas con ceguera o deficiencia visual grave españolas, procurando el pleno disfrute de los derechos que les reconoce el ordenamiento jurídico.
Dos. Para el cumplimiento de dicha misión social, la ONCE perseguirá, como fines esenciales, la consecución de la autonomía personal, la plena inclusión social y los derechos de ciudadanía, la igualdad de oportunidades y no discriminación, y la minimización del impacto que la ceguera o deficiencia visual grave presenta en la vida de sus afiliados.
Tres. Para dar cumplimiento a la misión y fines sociales indicados en los dos apartados anteriores, la ONCE articulará un conjunto de servicios, prestaciones, y actividades cuya concreción se llevará a cabo en los términos, condiciones y alcance que establezca el Consejo General y la normativa interna de la ONCE que los regule, referidos, al menos, a las siguientes materias:
a) Inclusión educativa. Se desarrollará a lo largo de las diferentes etapas, enseñanzas y niveles educativos, mediante los medios técnicos precisos, en cooperación con los órganos educativos de las Administraciones competentes.
b) Formación e inserción laboral. Se pondrá en marcha, conforme a las capacidades de las personas afiliadas, un conjunto integral de medidas y acciones en materia de promoción, orientación y rehabilitación profesional, con el fin de facilitar una formación ocupacional y continua, el apoyo activo al empleo, y un puesto de trabajo, preferentemente en el mercado ordinario; así como, dentro de la ONCE, el acceso a la venta de los productos de lotería de las modalidades de lotería que ésta comercialice.
c) Rehabilitación integral. Persigue la obtención de la orientación y rehabilitación personal y familiar de los afiliados tendente a la inclusión social plena, mediante una formación impartida de forma personal, el apoyo psicosocial y ajuste emocional a la ceguera o deficiencia visual grave.
d) Autonomía personal. Tiene por objetivo el bienestar social de los afiliados, articulando el refuerzo de aquellos recursos que coadyuven al disfrute de su movilidad y vida diaria independiente, el acceso a la información y la comunicación, así como el apoyo y asesoramiento que facilite el acceso de los afiliados a los servicios de su Comunidad.
e) Accesibilidad universal y diseño para todos. Mediante los mecanismos de cooperación y coordinación que prevé la legislación vigente en esta materia y concrete la normativa interna de la ONCE, se articularán políticas integrales y transversales de accesibilidad universal y diseño para todos.
f) Impulso del I+D+i en materia de ceguera y deficiencia visual grave y de la tiflotecnología. Se promoverá el impulso y desarrollo de I+D+i que incida favorablemente en las materias enumeradas en este artículo, con el fin de facilitar la autonomía personal, la inclusión social y la mejora de la calidad de vida de las personas ciegas o con deficiencia visual grave.
g) Promoción de fondos bibliográficos accesibles y su distribución para propiciar la inclusión educativa y laboral, así como el acceso a la cultura. Se potenciará la producción y el uso de soportes basados en las tecnologías de la información y la comunicación, así como el código de lecto-escritura Braille, con especial hincapié en un entorno educativo digitalizado.
h) Impulso del desarrollo cultural y práctica del deporte. Como instrumento eficaz para mejorar la autonomía personal e inclusión de los afiliados en el entorno social, se facilitará el disfrute de medios culturales y acciones deportivas de la Entidad, así como la orientación en materia de ocio y tiempo libre.
i) Información interna y externa de sus actividades, y mejora de la percepción social de la ONCE y de la ceguera. El Consejo General articulará mecanismos adecuados de información interna y externa, y los instrumentos de cooperación, para favorecer un más profundo conocimiento de la ONCE, sus valores, actividades y funcionamiento; asimismo, se articularán medidas de orientación y apoyo para el disfrute de los servicios de la comunidad.
j) Vida independiente. El Consejo General orientará el modelo de servicios sociales de la ONCE, en los términos que establezca su propia normativa interna, dirigiendo sus actuaciones hacia la satisfacción del principio de vida independiente, en cuanto derecho de sus afiliados a vivir en la comunidad, con opciones iguales a las de las demás personas, en plena inclusión y participación, conforme a un proyecto de vida propio, y a la manifestación de su dignidad personal. Promoverá las acciones que estime adecuadas para que la consecución de tal principio tome como orientación el conjunto de prestaciones que reconozcan las administraciones públicas.
k) Cualquier otro servicio, prestación o actividad que establezca el Consejo General y que regule la normativa interna de la Organización.
Cuatro. La aplicación y desarrollo de las materias a que se refiere el apartado anterior, se articulará a través de un modelo de servicios sociales inspirado, primordialmente, en principios o criterios de referencia, tales como: enfoque integral de las necesidades de los usuarios y atención personalizada, pertenencia a colectivos con especiales necesidades de atención prioritaria, y necesidad de servicios sociales básicos, participación activa y corresponsable del usuario en la identificación de sus necesidades, información adecuada del coste real de los servicios que recibe, historial social del afiliado, entorno socio-familiar, atención dinámica y flexible de las necesidades, oferta de servicios en función de la ubicación geográfica, urbana o rural, participación de los afiliados en los costes de los servicios en función de la capacidad económica del afiliado con el criterio de medición que de ésta se establezca y alcance material en virtud de los recursos disponibles de la ONCE en cada momento.
Cinco. Los planes y programas de servicios para personas ciegas y con deficiencia visual grave que la Organización acuerde y ejecute, se implementarán en coordinación, en lo que resulte posible, con los objetivos y criterios en materia de política social del Ministerio que en cada momento tenga atribuida dicha competencia y, disponiendo de la información pertinente en esta materia, de los demás órganos competentes de la Administración General del Estado.
Podrán articularse, en su caso, los convenios y acuerdos adecuados a tal fin que contendrán los términos, condiciones y alcance de la colaboración en esta materia; potenciando la colaboración con la Administración General del Estado, las Administraciones Públicas autonómicas, los entes locales, y, en tanto sea posible, con entidades privadas con el fin especialmente de obtener su reconocimiento: en calidad de agente social especializado en formación y creación de empleo para personas con discapacidad, como organización de empleo protegido en tanto a la implementación de actuaciones relacionadas con los Centros Especiales de Empleo o fórmulas legales similares, así como organización colaboradora de acción social.
Seis. En coherencia con lo previsto en el artículo 3, Dos, c) de los presentes Estatutos, la ONCE asume un compromiso de solidaridad con las personas con discapacidad, en general, desarrollando, a tal fin, las siguientes líneas de actuación:
a) Mantenimiento y consolidación de la Fundación ONCE, creada por el Consejo General de la ONCE mediante acuerdo 2(E)/88-2.2, de 28 de enero de 1988, con respeto al espíritu y finalidad de su Acta fundacional y al contenido de sus propios Estatutos; desarrollando una gestión institucional y financiera de manera sólida, eficaz y solidaria de aquélla, cuyas grandes prioridades se centrarán en la formación, el empleo, la accesibilidad universal, la igualdad de oportunidades y no discriminación, el apoyo al movimiento asociativo y la mejora de la imagen social de la discapacidad.
La ONCE, en su calidad de fundadora de la Fundación ONCE, promoverá e impulsará prioritariamente el desarrollo de programas de inclusión social y de promoción del empleo y de formación de las personas con discapacidad en todos los entornos laborales, en colaboración especializada con los servicios públicos de empleo.
b) Desarrollo de un conjunto de actuaciones institucionales, sociales y económicas a favor de las personas con discapacidad, en los términos, condiciones y alcance que establezca, en cada momento, el Acuerdo General entre la ONCE y el Gobierno de la Nación en materia de cooperación, solidaridad y competitividad para la estabilidad de futuro de la ONCE.
c) Colaboración con las Administraciones Públicas competentes, y especialmente con el Ministerio que en cada momento tenga atribuida la competencia de la política social, así como con las entidades privadas, en la ejecución de las políticas de inclusión social de las personas con discapacidad, a través de la articulación de los mecanismos de solidaridad y cooperación que se establezcan mediante convenio.
Uno. En su actuación y funcionamiento, la ONCE se rige fundamentalmente por:
a) La disposición adicional tercera de la Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social; la disposición adicional vigésima de la Ley 46/1985, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1986, modificada por la disposición adicional cuarta de la Ley 55/1999, de 29 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social; la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego y, en particular sus disposiciones adicionales primera y segunda; la disposición adicional quinta de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de Régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo; el Real Decreto Ley 18/2011, de 18 de noviembre por el que se regulan las bonificaciones de cuotas a la Seguridad Social de los contratos de trabajo celebrados con personas con discapacidad por la ONCE, así como cualesquiera otras disposiciones de rango legal que pudieran aprobarse en cuanto afecten a la ONCE.
b) Lo establecido en el Real Decreto 358/1991, de 15 de marzo, por el que se reordena la Organización Nacional de Ciegos Españoles en su redacción vigente (en adelante RD 358/1991), o cualquier otra norma que la sustituya. El Real Decreto 1336/2005, de 11 de noviembre, por el que se autoriza a la ONCE la explotación de una lotería instantánea o presorteada, y demás regulaciones específicas contenidas en materia de juego, y en cualesquiera otras disposiciones reglamentarias que, sobre esta materia, pudieran resultar de aplicación.
c) Los presentes Estatutos, los acuerdos del Consejo General y la normativa interna de la Organización.
d) El Acuerdo General entre el Gobierno de la Nación y la ONCE, vigente en cada momento.
Dos. Sin perjuicio de lo previsto en el apartado anterior, la ONCE ajustará su actuación a las previsiones contenidas en cualquier disposición estatal de carácter general, de rango legal o reglamentario, que le resulte de aplicación.
Uno. Los afiliados son los miembros de la corporación, correspondiéndoles el establecimiento de su organización interna y la conformación de la voluntad colectiva de la ONCE, a través de su sistema democrático de participación y representación interno.
Dos. Podrán libremente afiliarse a la ONCE todos los ciudadanos de nacionalidad española que así lo soliciten y que, previo examen por un oftalmólogo autorizado por la ONCE, acrediten que cumplen en ambos ojos y con un pronóstico fehaciente de no mejoría visual, al menos, una de las siguientes condiciones:
a) Agudeza visual igual o inferior a 0,1, obtenida con la mejor corrección óptica posible.
b) Campo visual disminuido a 10 grados o menos.
Tres. El Consejo General podrá aumentar mediante un acuerdo específico por mayoría de tres quintos de sus miembros, conforme dispone el artículo 40.Dos.b) de los Estatutos, el límite de agudeza visual, hasta un máximo de 0,2, y el límite del campo visual disminuido hasta 15 grados.
Uno. No obstante lo previsto en el artículo anterior, aquellos ciudadanos de nacionalidad española que cumplan al menos una de las dos condiciones antes señaladas en los apartados a) y b) del apartado dos del artículo anterior, y cuyo pronóstico contemple la posibilidad de mejoría visual, podrán acceder a la condición de afiliados transitorios, en los términos contemplados en el presente artículo.
Dos. Asimismo, podrán acceder a la situación de afiliación transitoria, en los términos contemplados en el presente apartado, aquellos ciudadanos de nacionalidad española que, aún no concurriendo las circunstancias a que se refiere el artículo 8.2. de los presentes Estatutos, padezcan algún síndrome oftalmológico que, por las causas acreditadas que fuere, provoque el resultado fáctico constatado de imposibilidad material de ver.
En tales supuestos se aplicarán los siguientes criterios:
a) La concurrencia del supuesto de ceguera funcional deberá ser acreditada por la Comisión Central de Afiliación con base en el dictamen favorable de, al menos, dos de tres oftalmólogos de la ONCE que integren el tribunal médico que se creará en cada caso al efecto. Asimismo, se tendrán en cuenta los demás informes o dictámenes que, complementariamente, la Comisión Central de Afiliación considere necesarios.
b) Constatada la concurrencia de ceguera funcional, se accederá a la situación de afiliación transitoria.
Tres. La afiliación transitoria se concederá, inicialmente, por un período de dos años, que podrá prorrogarse por períodos iguales cuando las circunstancias lo requieran.
Cuatro. Los afiliados transitorios quedarán obligados, con el fin de determinar la situación que en cada momento pudiera corresponderles, a comunicar a la ONCE cualquier variación que se produzca en su situación visual, así como a someterse a los exámenes oftalmológicos que ésta pudiera indicar. De no cumplir ambos extremos, perderán la condición de afiliación transitoria, conforme a los criterios y procedimientos que, a tal fin, se fijen en la normativa interna de la ONCE.
Cinco. Los afiliados transitorios podrán acceder a los servicios, prestaciones, y actividades de la ONCE, en función de sus necesidades personales específicas y en los términos que prevea, a tal fin, la normativa interna. Consolidada la situación de mejoría visual durante el plazo concedido, las prestaciones y derechos reconocidos durante el período en que la relación de afiliación hubiera subsistido, serán declarados extinguidos ante la variación de los requisitos establecidos para su reconocimiento.
Seis. La provisionalidad de esta situación no permitirá el ejercicio de los derechos de sufragio activo y pasivo, ni el desempeño de puestos de responsabilidad de naturaleza representativa o directiva y de gestión, en la ONCE.
Siete. La normativa interna de la ONCE, fijará, en el caso de denegación o pérdida de la condición de afiliado transitorio, el plazo durante el que no podrá solicitarse de nuevo el acceso a dicha condición, plazo que no excederá de cuatro años.
Uno. Presentada una solicitud de afiliación, el órgano competente examinará la documentación que acredite que el solicitante reúne las condiciones exigidas para la misma, pudiendo recabar los informes que considere oportunos para ello, y dictará la resolución en el plazo máximo de tres meses. Cuando en el trámite de afiliación hayan sido requeridas pruebas de contraste u otras pruebas complementarias de especial complejidad, el cómputo del plazo anterior quedará suspendido hasta que dichas pruebas hayan sido realizadas, a partir de lo cual se reiniciará dicho cómputo hasta completar un plazo máximo de tres meses.
Los expedientes de afiliación sólo podrán quedar resueltos mediante resolución expresa, sin que la superación de los plazos establecidos al efecto implique que la solicitud de afiliación del candidato haya quedado acogida por silencio positivo.
Dos. Las solicitudes de afiliación serán admitidas, suspendidas o denegadas, de acuerdo con la normativa interna de la ONCE, debiendo motivarse en cualquier caso.
Las solicitudes sólo podrán ser suspendidas por insuficiencia en la documentación presentada por el solicitante si, transcurrido el plazo de un mes desde su notificación, éste no hubiera atendido el requerimiento de subsanación.
Tres. La resolución será, en todo caso, motivada. Se notificará al interesado en el plazo máximo de diez días naturales desde su adopción, y contra la misma podrá interponerse recurso de alzada ante el Consejo de Protectorado, en el plazo un mes, el cual empezará a contarse desde el día siguiente a su notificación fehaciente.
Cuatro. La resolución favorable a la afiliación generará el derecho individual a disfrutar los derechos y la obligación de cumplir los deberes inherentes a la condición de afiliado recogidos en los presentes Estatutos, a partir de la fecha de la resolución o, en su caso, de la correspondiente estimación del recurso, salvo que en la normativa interna o en la propia resolución se disponga una fecha anterior, atendiendo a las circunstancias concurrentes.
Cinco. A los afiliados se les expedirá un carné acreditativo de su condición.
Seis. Con el fin de poder gestionar los datos personales proporcionados por sus afiliados, con carácter previo a la constitución de la relación de afiliación, los solicitantes deberán prestar consentimiento escrito para que aquéllos formen parte de ficheros de datos necesarios para el desarrollo de los fines, servicios, prestaciones y actividades de la Organización, previstos en los Estatutos, en los acuerdos del Consejo General y en la normativa interna.
La normativa interna de la ONCE regulará la preservación de los derechos de los afiliados y las condiciones de seguridad del tratamiento de los datos.
Lo previsto en los párrafos anteriores se llevará a cabo, en todo caso, con respeto a los términos establecidos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y su Reglamento o normas que las sustituyan.
Uno. El Consejo General aprobará los criterios generales y procedimientos básicos precisos para el desarrollo de las previsiones estatutarias en materia de afiliación, siendo competencia, tras ello, del Director General dictar la pertinente normativa interna para su aplicación.
Dos. Dicho desarrollo normativo preverá la creación, composición y funciones de una Comisión Central de Afiliación, de carácter técnico, que informará respecto del cabal cumplimiento de los requisitos precisos para la afiliación. Las propuestas acordadas por dicha Comisión deberán ser resueltas por el órgano competente de la Dirección General.
Uno. Los afiliados a la ONCE tienen derecho a participar en el gobierno y gestión de la Entidad, en los términos previstos en la normativa electoral y de funcionamiento de la Organización; y a disfrutar de los servicios, prestaciones y actividades, de conformidad con lo previsto en los presentes Estatutos y en la normativa interna aplicable; debiendo cumplir las obligaciones estatutarias y las que establezca legítimamente la ONCE a través de los órganos competentes.
Dos. Para tener derecho a los servicios, prestaciones y actividades de la ONCE, a que se refiere el artículo 6. Tres, que en todo caso se proporcionarán con igualdad, objetividad y proporcionalidad, será preciso reunir los requisitos y condiciones que, en cada caso, se establezcan, para su consecución y disfrute, en la normativa interna aplicable.
Cuando concurran factores y circunstancias que lo acrediten y justifiquen adecuadamente, el Consejo General podrá definir y establecer programas y actuaciones de carácter preferente en favor del colectivo de afiliados que se encuentre en mayor estado de necesidad o con mayor riesgo de exclusión social, fijando los criterios, alcance y condiciones, a tal fin.
Asimismo, el Consejo General podrá establecer contribuciones de los afiliados en el coste de servicios y actividades, en los términos y alcance que contenga dicha decisión, pudiendo ser delegado dicho acuerdo en el Director General y articulado en los términos contenidos en la normativa de desarrollo que éste apruebe. La carencia o insuficiencia de capacidad económica del afiliado, respecto de dichas contribuciones, no podrá constituirse, por sí solo, en un factor o causa de exclusión al acceso o disfrute de un servicio, prestación o actividad a que aquél pudiera tener derecho de conformidad con la normativa interna aplicable.
Son derechos de los afiliados, en desarrollo de las prescripciones contenidas en los artículos 6. Tres y 12. Uno de los presentes Estatutos:
a) Participar en los asuntos de la Organización a través de los derechos de sufragio activo y pasivo, así como en los órganos de carácter representativo y de gestión, con arreglo a la capacitación, condiciones, competencias y méritos, que para los distintos cargos de gestión se establezcan.
b) Recibir información relativa a la marcha de la Entidad, a través de los cauces que fije el Consejo General, con arreglo al principio de transparencia, adecuación y proporcionalidad.
c) Acceder a los servicios, prestaciones y actividades establecidos institucionalmente, de acuerdo con los presentes Estatutos, los acuerdos del Consejo General y las previsiones de la normativa interna aplicable.
d) Beneficiarse, en materia de empleo e inclusión laboral, de las acciones contenidas en la letra b) del apartado Tres del artículo 6 de los presentes Estatutos.
e) Interponer las acciones legalmente procedentes contra la denegación de servicios, prestaciones y actividades recogidos en la normativa interna aplicable.
f) Recibir asesoramiento y apoyo, en los términos que fije el Consejo General, en caso de que el afiliado fuera objeto de discriminación por razón de su discapacidad visual.
g) Presentar sugerencias o quejas, en relación con el funcionamiento interno de los órganos, departamentos y servicios de la ONCE, conforme al procedimiento aprobado por el Consejo General.
h) Disfrutar de cualquier otro derecho que los presentes Estatutos, o los acuerdos del Consejo General, pudieran reconocer a favor de los afiliados.
Son obligaciones de los afiliados a la ONCE:
a) Cumplir lo dispuesto en los presentes Estatutos, en los acuerdos adoptados por el Consejo General, así como en las normas e instrucciones impartidas por los órganos de gestión, que les puedan afectar.
b) Observar el debido respeto a los demás afiliados y a la Entidad.
c) Colaborar solidariamente en la defensa de la Organización, en el logro de sus fines, en el arraigo de la cultura institucional de la Organización y en la buena marcha de sus actividades.
d) Ejercer su derecho a la libertad de expresión con respeto al honor, dignidad e intimidad de los restantes afiliados, y con respeto a la imagen, buen nombre y proyección pública de la Organización.
e) Desempeñar diligentemente y con lealtad institucional los cargos para los que sean nombrados o elegidos, en cumplimiento de los mandatos establecidos en el Código Ético de Conducta aprobado por el Consejo General, que deberá ser suscrito al inicio del desempeño de su cargo.
f) Comunicar los cambios que se produzcan en sus circunstancias personales que puedan ser de interés para la Organización y proporcionar información veraz sobre los extremos que ésta solicite.
g) Colaborar en la realización de encuestas, u otras técnicas de obtención de información social y personal, promovidas por la Organización, mediante las que se pretenda recopilar datos para confeccionar cuadros estadísticos con fines de mejorar la información sobre afiliación o de los servicios de la ONCE, garantizando, en todo momento, la confidencialidad de los datos aportados, de conformidad con la legislación vigente.
h) Someterse a los reconocimientos oftálmicos que requiera la ONCE, al objeto de que puedan determinarse, con la máxima precisión, los grados de agudeza y campo visual del afiliado; prestando su total colaboración, de buena fe, para el buen fin de dicho reconocimiento, y evitando, en cualquier caso, actitudes o conductas que pudieran inducir o provocar el error del facultativo.
i) Hacer un uso responsable, solidario, adecuado, proporcionado y ajustado a sus necesidades reales, de los servicios, prestaciones y actividades que la ONCE le preste.
j) Mantener el debido respeto y buen uso de edificios, instalaciones, equipamiento, equipos informáticos, archivos y documentos, y cualquier otro tipo de infraestructura de las sedes de la ONCE.
k) Cualquier otra obligación que pudieran establecer los presentes Estatutos, los acuerdos del Consejo General o la normativa interna de la ONCE que resultara de aplicación.
Uno. Los afiliados están sujetos a responsabilidad disciplinaria por el incumplimiento de los deberes y obligaciones previstos en los Estatutos, y conforme a la tipificación contenida en el presente artículo.
Dos. Las faltas cometidas por los afiliados pueden ser leves, graves o muy graves.
Tres. Son faltas leves:
a) La falta de colaboración en la defensa de la imagen de la Organización en la sociedad, en el logro de sus fines, en el arraigo de la cultura institucional de la Organización y en la buena marcha de sus actividades.
b) El incumplimiento por los afiliados de los deberes propios de su cargo o la negligencia en su desempeño, siempre que tales conductas no constituyan infracción más grave.
c) El incumplimiento del régimen de incompatibilidad para el ejercicio del cargo, establecido por el Consejo General, sin obtener la pertinente autorización o habiéndola obtenido con falta de veracidad en los presupuestos alegados.
Cuatro. Son faltas graves:
a) La desobediencia o incumplimiento de las normas aprobadas por el Consejo General o de las órdenes o instrucciones particulares legítimamente dictadas por cualquiera de los órganos de gobierno y gestión de la ONCE.
b) La falta del debido respeto y consideración a la Organización, a cualquiera de sus actividades, y a sus afiliados por sus actividades en el marco de la Organización, que no constituya falta muy grave de conformidad con lo dispuesto en el apartado cinco siguiente.
c) La causación voluntaria de daños o desperfectos en los inmuebles, instalaciones, mobiliario, material de cualquier tipo o documentación de la ONCE.
d) La falta de notificación a la Organización de las modificaciones de las circunstancias personales del afiliado, que sean relevantes para la determinación de su situación en la Organización o para los fines de ésta.
e) La comisión de dos faltas leves en el período de un año.
Cinco. Son faltas muy graves:
a) La comisión de cualquier delito contra la Organización o cualquiera de sus afiliados, así como contra su patrimonio.
b) La agresión o la descalificación injuriosa a cualquier afiliado por sus actividades en la Organización cuando, en este último caso, tenga trascendencia pública, se utilicen medios de comunicación, incluidas las redes sociales e internet, o se cause perjuicios materiales o morales de consideración.
c) La descalificación injuriosa o el menosprecio público de la ONCE, de sus actividades o de sus fines.
d) La realización de actividades contrarias a los fines de la Organización o que perturben su normal funcionamiento.
e) La facilitación de información inexacta sobre su grado de agudeza visual y campo visual, con el fin de inducir o provocar el error del facultativo en los reconocimientos oftálmicos.
f) La realización de actos que comporten trato discriminatorio, conculquen la dignidad o generen daños o situaciones de riesgo para la integridad física o psíquica de quienes conforman el ámbito personal de la ONCE.
g) El acoso sexual o acoso por razón de sexo a las personas que conforman el ámbito personal de la ONCE.
h) No atender, sin causa justificada, a los requerimientos que pueda formular la ONCE en relación con los reconocimientos oftálmicos encaminados a determinar, con la máxima precisión, los grados de agudeza y campo visual del afiliado.
i) La comisión de dos faltas graves en el período de un año.
Seis. Las sanciones que pueden imponerse son:
a) Por faltas leves: Apercibimiento por escrito.
b) Por faltas graves: Suspensión temporal de la condición de afiliado por un periodo de hasta tres años.
c) Por faltas muy graves: Suspensión temporal de la condición de afiliado por un periodo de tres a cinco años o separación definitiva de la Organización.
Siete. La imposición de la sanción que en cada caso corresponda a la falta cometida, se efectuará en función de su gravedad, trascendencia, reincidencia o intención del autor, y del perjuicio que se cause a la ONCE. La sanción de suspensión temporal de la condición de afiliado, dará lugar a la pérdida de todos los derechos inherentes a esa condición durante el período previsto en la sanción; no obstante, la resolución disciplinaria podrá acordar la continuidad del disfrute por el afiliado de aquellos servicios, prestaciones y actividades que se considere esenciales para garantizar su autonomía personal e inclusión social.
Ocho. La responsabilidad disciplinaria se exigirá, en todo caso, a través del correspondiente expediente disciplinario, que se tramitará conforme establezca el Reglamento de Procedimiento Disciplinario aprobado por el Consejo General. En defecto de ese Reglamento, o en lo que éste no prevea, se aplicarán supletoriamente las previsiones contenidas en el Reglamento que desarrolla el ejercicio de la potestad sancionadora de las Administraciones Públicas vigente, aprobado por Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, y la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, reguladora del régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento administrativo común, o cualquier otra norma que las sustituya, con las debidas garantías y, en todo caso, con la audiencia del interesado.
Nueve. Las faltas muy graves prescribirán a los cuatro años, las graves a los dos años y las leves a los seis meses contados a partir de la fecha en que la ONCE hubiera tenido conocimiento de su comisión y, en todo caso, a los diez años de haberse cometido. Se considerará causa de interrupción del plazo la incoación del correspondiente expediente sancionador, así como la realización de cualquier actuación tendente a la averiguación y valoración de la gravedad de los actos cometidos. Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los cuatro años, las impuestas por faltas graves a los dos años y las impuestas por faltas leves a los seis meses.
Diez. Las sanciones disciplinarias que se impongan a los afiliados figurarán en su expediente personal. Con excepción de lo establecido en el artículo 16. Tres, los sancionados podrán solicitar su rehabilitación, con la consiguiente cancelación de la nota de su expediente personal, transcurridos los siguientes plazos, contados desde el cumplimiento de la sanción:
a) Si la sanción se hubiese impuesto por falta leve, seis meses.
b) Si fuese por falta grave, dos años.
c) Si fuese por falta muy grave, cuatro años
Uno. Constituyen causas determinantes de la extinción de la relación de afiliación:
a) La muerte o declaración de fallecimiento.
b) La renuncia expresa.
c) La superación de los requisitos relativos a la visión de manera que sobrepase los límites establecidos para ostentar la condición de afiliado, conforme a lo establecido en el artículo 8 de los presentes Estatutos.
d) La separación definitiva de la ONCE acordada como sanción disciplinaria.
Dos. Los derechos de cualquier naturaleza reconocidos a los afiliados durante el período en que la relación de afiliación hubiera subsistido, quedarán extinguidos, una vez que haya adquirido firmeza la resolución que acuerde la concurrencia de la causa que ponga fin a aquélla. Asimismo, esta extinción comprenderá el ejercicio de cualquier cargo que lleve aparejada la condición de afiliado.
No obstante, lo establecido en el párrafo anterior, y de conformidad con lo previsto en el artículo 112.Dos de estos Estatutos, la pérdida de la condición de afiliado por las causas enunciadas en las letras b), c) y d), del número Uno, no influirá en la subsistencia de la posible relación laboral simultánea.
Tres. La pérdida de la condición de afiliado por la causa mencionada en la letra d) del apartado Uno anterior, impedirá una nueva afiliación del sancionado salvo que, excepcionalmente, el Consejo General acuerde otra cosa con posterioridad, por concurrir circunstancias personales y sociales que lo justifiquen suficientemente.
Cuatro. Los expedientes de separación motivados por las causas enumeradas en las letras c) y d) del apartado Uno anterior, se trasladarán a la Comisión Central de Afiliación para su conocimiento y emisión del informe correspondiente, dándose, igualmente, trámite de audiencia al interesado.
Uno. El presente Título regula la ordenación y criterios de organización, estructura y funcionamiento de los órganos colegiados y unipersonales de la ONCE que ejercºen las competencias y funciones en materia de gobierno, representación, participación y gestión.
Dos. Dicha ordenación y criterios organizativos se aprueban al amparo, por una parte, de los principios y facultades propios e inherentes a las corporaciones de derecho público de base sectorial privada y, por otra, específicamente, en virtud de lo previsto en el artículo 4.4, letra b), del RD 358/1991.
Tres. Con base en el precepto citado en el apartado anterior, el Consejo General aprobará cuantas normas y adoptará cuantas decisiones y medidas sean precisas para el desarrollo y aplicación de las previsiones contenidas en el presente Título, así como en el conjunto de los Estatutos.
Uno. Se entenderá por ONCE y su Fundación, además de la ONCE y sus diferentes órganos, la Fundación ONCE, el Grupo Empresarial y el conjunto de entidades con fuerte vinculación a la ONCE por razones institucionales, jurídicas o patrimoniales, de conformidad con lo que se prevé en el Capítulo II del Título V de los presentes Estatutos.
Dos. El Consejo General ejercerá las competencias y funciones que el RD 358/1991 y los presentes Estatutos le atribuyen respecto de dichas entidades; velando por una articulación transversal y funcionamiento sinérgico, ajustándose a los fines sociales perseguidos; actuando conforme a los principios de globalidad institucional, coordinación operativa transversal, correcta aplicación de los recursos asignados, así como la transparencia y eficiencia de la gestión.
Uno. El Consejo General es el máximo órgano de gobierno y representación de la ONCE.
Le corresponde ejercer las competencias expresamente atribuidas, con carácter general, en el RD 358/1991 y especialmente en sus artículos 4 y 7; así como las que le atribuyen los presentes Estatutos y cuantas otras resulten necesarias para el buen gobierno de la Institución.
Dos. El Consejo General, en su calidad de órgano de gobierno de la ONCE, representa a todos los afiliados, velando por la estabilidad institucional y financiera de la Organización; por el cumplimiento de sus fines sociales y de solidaridad, la correcta administración de sus recursos mediante una gestión transparente y eficiente; por la articulación de relaciones institucionales de amistad y cooperación con instituciones, la defensa de las señas de identidad de la ONCE y de su estatus jurídico; por el respeto a los Derechos Humanos, la plena inclusión en la sociedad de sus afiliados y por el establecimiento de unas condiciones dignas de calidad de vida para todos sus trabajadores.
Tres. Como instrumento para la satisfacción de los objetivos previstos en el apartado anterior, velará por la contribución de la ONCE al fortalecimiento del movimiento asociativo de la discapacidad, de los valores de la solidaridad, del robustecimiento de la sociedad civil y el desarrollo socio-económico de nuestra comunidad, proponiendo cambios positivos para afrontar las nuevas necesidades y retos que afectan a los afiliados, derivados de la necesaria reafirmación del disfrute de sus derechos sociales ante el retroceso en la vigencia de estos derechos en el seno del Estado Social, el envejecimiento de la población, y de los riesgos de exclusión social, a través de su participación en los movimientos sociales representados principalmente por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), la Plataforma del Tercer Sector, y, en el ámbito de la Economía Social, la Confederación Española Empresarial de la Economía Social (CEPES); así como en la Asociación Española de Fundaciones (AEF), reforzando el papel de todas estas instituciones, su capacidad de incidencia política y su reconocimiento como interlocutor social.
Cuatro. Para fortalecer las funciones de gobierno de la Entidad y representación máxima de los afiliados, el Consejo General asume las mayores competencias de coordinación y supervisión de la gestión de la ONCE, así como de aquellas entidades con fuerte vinculación a la misma, de las cuales ejercerá su dirección, impulso y control, con respeto a su legislación aplicable y especificidad institucional.
Cinco. Para ello, el Consejo General asume de manera plena funciones de planificación estratégica, estructuración organizativa, toma de decisiones en todos los aspectos precisos para un buen gobierno de la Entidad, la fijación de criterios transversales de actuación y el establecimiento de mecanismos de control y evaluación de la marcha general de la ONCE y su Fundación.
Uno. El Consejo General ejercerá, además de la misión y las funciones generales contempladas en el artículo anterior, las competencias que se especifican en los apartados siguientes.
Dos. Competencias de naturaleza normativa interna:
a) Elaborar y aprobar los proyectos de Estatutos de la Organización y sus modificaciones.
b) Aprobar las normas internas que sean precisas para desarrollar los Estatutos de la Organización, así como la estructura orgánica y funcional del conjunto de la Organización y del propio Consejo General, conforme a los principios de organización contenidos en el artículo 3. Dos k), así como en la Sección I del capítulo IV del Título II de los presentes Estatutos.
c) Aprobar la normativa electoral del Consejo General y de los Consejos Territoriales.
d) Aprobar el Reglamento de Régimen Interno del Consejo General y el Reglamento de Funcionamiento de los Consejos Territoriales, oído en este caso a dichos Consejos; y supervisar su actuación.
e) Promover cuantas medidas, de cualquier naturaleza, se estimen necesarias para la consecución de la autonomía personal y plena inclusión de las personas ciegas y con deficiencia visual grave en la sociedad, y demás fines contenidos en el artículo 6 de los presentes Estatutos.
f) Promover, ante los poderes públicos y el Gobierno de la Nación, las medidas normativas, o de cualquier otra índole, convenientes para el más adecuado cumplimiento de los fines reconocidos a la ONCE, al objeto de que se garantice su estabilidad institucional y financiera, el respeto a su singularidad institucional, y la defensa de la continuidad y consolidación de su régimen jurídico de juego.
g) Aprobar la remisión al Consejo de Protectorado de informes donde se recojan propuestas de medidas concretas, tanto de modificaciones normativas como de índole administrativa, para garantizar la efectiva persecución y represión de los juegos ilegales.
h) Aprobar un procedimiento interno mediante el que se tramiten aquellas sugerencias o quejas que planteen los afiliados, mediante el que se dé una respuesta coordinada y unificada a las cuestiones que en cada caso éstos pudieran plantear.
Tres. Competencias de índole económica:
a) Aprobar los presupuestos ordinarios y extraordinarios de la ONCE y sus modificaciones correspondientes, así como la liquidación de los presupuestos y las cuentas anuales individuales y consolidadas, debidamente auditadas, y los informes de gestión.
b) Aprobar las grandes magnitudes del Grupo Empresarial.
c) Velar por el cumplimiento de las líneas de actuación adoptadas y recabar cuanta información sea precisa sobre la marcha financiera y administrativa de la Organización.
d) Aprobar el Reglamento de Funcionamiento Económico-Financiero de la ONCE y su Fundación. Dentro de dicho Reglamento se incluirá un Código de Conducta de las inversiones financieras temporales de las entidades de la ONCE y su Fundación.
e) Ejercer el control financiero ordinario de la Organización, de la Fundación ONCE, del Grupo Empresarial, y de las personas jurídicas con las que la ONCE tenga una fuerte vinculación societaria o institucional.
f) Designar a la empresa auditora de las cuentas anuales de la ONCE, a propuesta del Comité General de Auditoría de la ONCE y su Fundación, y encargar las auditorías especiales que, en su caso, puedan acordarse.
g) Conocer las cuentas anuales individuales y consolidadas, así como las auditorías de Fundación ONCE, del Grupo Empresarial y, en su caso, de las personas jurídicas con las que la ONCE tenga una fuerte vinculación societaria o institucional. Asimismo, el Consejo General deberá recibir información suficiente y adecuada de la Fundación ONCE y del Grupo Empresarial en materia de planificación estratégica, planes anuales de actuación, presupuestos anuales, inversiones, liquidación de presupuestos, en su caso, y cualquier otra materia de relevancia. A tal fin, el Consejo General articulará los procedimientos o mecanismos adecuados de coordinación, supervisión y control.
h) Informar al Consejo de Protectorado, simultáneamente a la presentación e información de las cuentas anuales y auditorías de la Organización y del Grupo Empresarial, sobre los mecanismos y procedimientos adoptados para ejercer el control sobre dicho Grupo, al objeto de que éste cumpla adecuadamente los objetivos empresariales o sociales que la ONCE le ha asignado, y sobre el cumplimiento de los criterios de funcionamiento del Grupo Empresarial que, en su caso, pudiera fijar el Consejo de Ministros.
i) Informar al Consejo de Protectorado del cumplimiento de las obligaciones y del resultado de las actuaciones en las materias contenidas en el Acuerdo General entre el Gobierno de la Nación y la ONCE vigente en cada momento.
j) Aceptar aportaciones, donaciones, legados y herencias concedidos u otorgados por particulares, empresas o entidades, cuando no conlleven cargas u obligaciones para la ONCE, o sean a beneficio de inventario. En caso contrario, será preciso el informe previo del Consejo de Protectorado.
El Consejo General podrá delegar esta competencia en el Director General para las aportaciones, donaciones, legados y herencias que no superen la cuantía que, al efecto, determine el Consejo General.
Cuatro. Competencias de naturaleza representativa:
a) Representar a la Organización y sus afiliados en los organismos nacionales e internacionales, así como definir los criterios generales de actuación y los mecanismos de seguimiento en materias de importancia relacionadas con los asuntos de la Unión Europea y de la Comunidad Iberoamericana de Naciones.
b) Representar a la ONCE ante los sindicatos y en las negociaciones colectivas, con arreglo a la normativa vigente en materia socio-laboral, pudiendo delegar esta atribución en el Director General.
c) Aprobar los criterios y medidas para la implantación y seguimiento, a través de los mecanismos contemplados en los presentes Estatutos, de las siguientes líneas institucionales estratégicas: plena aplicación de la Convención de Naciones Unidas sobre discapacidad en nuestro país; colaboración, a través del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, con el Foro Europeo de Personas con Discapacidad para avanzar en la consecución de una Directiva Europea transversal sobre igualdad de trato de la discapacidad y en la implantación del Acta Europea de Accesibilidad; pleno desarrollo, efectivo y más rápido del Texto Refundido de la Ley General sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad; reivindicación de la plena accesibilidad de las nuevas tecnologías para todos y evitar la exclusión social que genera la brecha digital; demanda de procedimientos eficaces para el cumplimiento efectivo y exigibilidad de los derechos sociales, y cualquier otra materia de índole análoga que pudiera aprobar el Pleno del Consejo General.
d) Velar por el mantenimiento en las normas estatales aplicables de la correlación entre persona con la ceguera o deficiencia visual grave exigida para la afiliación a la ONCE y la calificación legal de persona con discapacidad, persiguiendo el máximo nivel posible de protección jurídica y reconocimiento legal, en todo caso, en un porcentaje igual o superior al 65%.
Cinco. Competencias de Gobierno:
a) Aprobar el Programa de Gobierno que se aplicará durante el mandato surgido del proceso electoral.
Asimismo, le corresponde definir y aprobar la política general de la Entidad y los planes generales de actuación dentro de las previsiones presupuestarias. Estas últimas serán analizadas, previamente, por la Comisión Ejecutiva Permanente con base en las propuestas realizadas por los responsables máximos de las áreas ejecutivas.
b) Elaborar y elevar al Consejo de Protectorado los planes, proyectos o acuerdos de los que dicho Consejo deba ser informado, de conformidad con lo establecido en el RD 358/1991.
c) Aprobar las líneas directrices de las políticas de recursos humanos de la Organización, sobre la base de los principios y criterios contenidos en el artículo 59 de los presentes Estatutos.
d) Nombrar al Director General de la Organización entre afiliados con experiencia suficiente en cargos de dirección y gestión, así como acordar su cese.
e) Aprobar el nombramiento y cese de los cargos directivos de la ONCE.
Para los cargos de Delegado Territorial y de responsable de los centros directivos de ellos dependientes, será preceptivo el informe del Consejo Territorial correspondiente, que tendrá carácter no vinculante.
f) Convocar elecciones al Consejo General y a los Consejos Territoriales de la Organización, conforme a la normativa electoral aprobada previamente al efecto por el propio Consejo General.
g) Nominar a las personas que serán propuestas para desempeñar los cargos de máxima responsabilidad en la Fundación ONCE, en el Grupo Empresarial y, en su caso, en aquellas otras personas jurídicas con las que la ONCE tenga una fuerte vinculación institucional o societaria y, en todo caso, en aquellas en las que la participación de la ONCE fuera mayoritaria o con posición dominante.
Asimismo, procederá a nombrar y sustituir a los representantes de la ONCE en los órganos de gobierno o administración de las entidades a que se refiere el párrafo anterior.
h) Otorgar y revocar los apoderamientos, con el alcance que en cada caso se determine, a favor del Presidente, Vicepresidentes y altos ejecutivos de la Organización.
i) Aprobar la inversión directa en sociedades mercantiles por la ONCE, así como por las Entidades de la ONCE y su Fundación, a través de los acuerdos que adopten sus respectivos órganos de gobierno, bien en el momento de su constitución, o mediante una posterior adquisición; así como autorizar las decisiones relevantes relativas a la permanencia en dichas sociedades.
Aprobar la participación por la ONCE, así como por las Entidades de la ONCE y su Fundación, a través de los acuerdos que adopten sus respectivos órganos de gobierno, en la constitución de fundaciones y asociaciones, y en los patronatos, juntas directivas y otros órganos de gobierno de dichas fundaciones y asociaciones.
j) Aprobar, atendiendo a razones organizativas, económicas y comerciales, la implantación y el lanzamiento de nuevos productos de lotería o la modificación o supresión de los productos de lotería existentes de los que es titular la ONCE, dentro de las tres modalidades de lotería explotadas actualmente por la ONCE en su calidad de operador de reconocido prestigio designado para la realización de actividades de lotería objeto de reserva legal (modalidad de lotería denominada «Cupón de la ONCE» modalidad de lotería denominada «lotería instantánea» y modalidad de lotería denominada «juego activo») y de las modalidades de lotería que puedan autorizarse en el futuro; los canales y soportes de venta a utilizar por la ONCE y los reglamentos de las modalidades de lotería y sus posteriores modificaciones; remitiendo dichos acuerdos al Consejo de Protectorado para su verificación y/o conocimiento.
k) Aprobar la implantación de medidas de cooperación con el Estado así como con otras Administraciones, Organismos Públicos y entidades nacionales o internacionales para erradicar los juegos ilegales, para proteger los intereses del Estado contra los riesgos de fraude y criminalidad y para evitar los efectos perniciosos del juego sobre los consumidores.
l) Aprobar la suscripción, que será objeto de verificación por el Consejo de Protectorado, de acuerdos relativos a la comercialización simultánea o conjunta de productos comunes de lotería con otros operadores de juego habilitados para operar en otros países del Espacio Económico Europeo, con operadores de juego habilitados para operar en aquellos países europeos que hayan solicitado su incorporación a la Unión Europea y sobre los que exista un pronunciamiento favorable del Consejo en los términos previstos en el artículo 49 del Tratado de la Unión Europea, así como con otros operadores de juego habilitados en otros países, con el alcance que se determine en el Acuerdo General entre el Gobierno de la Nación y la ONCE, en los términos establecidos en el artículo 7.5 del Real Decreto 358/1991.
m) Aprobar la suscripción, que será objeto de verificación por el Consejo de Protectorado, de acuerdos con operadores habilitados en los países señalados en la letra anterior, para la venta de los productos de lotería propios de la ONCE en los términos previstos en el Acuerdo General entre el Gobierno de la Nación y la ONCE.
n) Aprobar la suscripción de acuerdos con el fin de comercializar en territorio nacional de forma conjunta productos de lotería objeto de reserva legal, así como acordar con terceros la comercialización de productos de lotería explotados por otros operadores habilitados en el mercado español de juego en los términos previstos en el Acuerdo General entre el Gobierno de la Nación y la ONCE; remitiendo dichos acuerdos al Consejo de Protectorado para su verificación y/o conocimiento.
ñ) Aprobar la suscripción de acuerdos para la comercialización de productos y servicios distintos de los anteriores en los términos previstos en el Acuerdo General entre el Gobierno de la Nación y la ONCE; remitiendo dichos acuerdos al Consejo de Protectorado para su verificación y/o conocimiento.
o) Aprobar la implantación en el seno de la ONCE de una política en materia de juego responsable en la que quedará comprendida la suscripción de los estándares de juego responsable establecidos en cada momento por las asociaciones internacionales de las que forme parte, en los términos establecidos en el artículo 7.7 del Real Decreto 358/1991.
p) Designar a los representantes de la ONCE ante el Consejo de Protectorado así como en la Comisión Mixta de Seguimiento de los acuerdos generales que suscriban el Gobierno y la ONCE.
q) Aprobar los criterios, y medidas para la fijación de líneas transversales de actuación necesarias para conseguir la implantación, el arraigo y seguimiento de los valores y principios que marcan la Cultura institucional o Corporativa de la ONCE, contemplados en los presentes Estatutos.
r) Aprobar la creación de un órgano de coordinación general con participación del Consejo General, de los Consejos Territoriales y de personal directivo de las Áreas Ejecutivas, con el objeto de analizar la información institucional más relevante y participar aquellas cuestiones de interés general, propiciando con ello la cohesión y eficiencia institucional.
s) Aprobar, a propuesta de la Comisión Ejecutiva Permanente, los planes estratégicos de la Organización, en las materias a las que se les atribuya dicha naturaleza.
El Pleno aplicará, en esta materia, el mecanismo previsto en el artículo 41.Cinco de los presentes Estatutos.
Seis. Competencias de índole administrativa:
a) Resolver los expedientes disciplinarios por falta muy grave que se instruyan a los trabajadores de la Organización, pudiendo delegar esta competencia, en los términos que establezca el Pleno, en el Director General, con la salvedad de la atribución de competencias a la Comisión Ejecutiva Permanente que recoge el artículo 28.ñ) de los Estatutos.
b) Resolver los expedientes incoados a los afiliados por faltas muy graves.
c) Resolver los expedientes a los afiliados que deban causar baja por la superación de los requisitos, relativos a la visión, de manera que sobrepase los límites establecidos para ostentar la condición de afiliado, establecidos en el artículo 8 de los presentes Estatutos.
d) Acordar la suspensión temporal, así como declarar la nulidad de los acuerdos y resoluciones de los órganos de los Consejos Territoriales, conforme a las previsiones contenidas en los presentes Estatutos.
e) Aprobar, a propuesta del Director General y previos los informes de los Delegados Territoriales y de los Consejos Territoriales afectados, que tendrán carácter no vinculante, la creación, supresión, fusión o modificación del ámbito territorial de las Delegaciones Territoriales y demás centros directivos territoriales o especializados a su cargo, de acuerdo con el procedimiento que fije el Consejo General.
f) Resolver, agotando la vía interna de la Organización, todo tipo de reclamaciones y recursos contra sus actos, sin perjuicio de las facultades reconocidas al Consejo de Protectorado de la ONCE en virtud del artículo 8, apartado 3, letra m), del RD 358/1991. Con la salvedad indicada, corresponderá al Pleno la resolución de aquellos recursos y reclamaciones cuya cuantía, por todos los conceptos, supere los 30.000 euros, o, en relación con los recursos y reclamaciones interpuestos contra actos de la Organización en materia de Prestaciones Sociales, aquéllos que superen el límite económico fijado por este órgano, correspondiendo a la Comisión Ejecutiva Permanente las facultades atribuidas en el artículo 28.o).
g) Asesorar a sus afiliados sobre los cauces legales establecidos, así como, realizar aquellas actuaciones que resulten necesarias para garantizarles el disfrute del derecho contenido en el artículo 13.f) de los Estatutos.
a) Asumir las competencias precisas respecto de aquellas materias que la legislación le atribuya a la ONCE, genéricamente, salvo, en aquellos casos en que dicha competencia ya estuviera atribuida a otro órgano de forma expresa en los presentes Estatutos.
b) Adoptar todas las medidas que se estimen oportunas para el correcto funcionamiento de la Organización respecto de cualquier materia o asunto que no haya sido atribuido a otro órgano en los presentes Estatutos.
Uno. El Consejo General ejercerá sus competencias en todo el territorio del Estado.
Dos. Su mandato se extenderá durante un período de cuatro años contados a partir de la fecha en que se celebre la sesión de constitución, permaneciendo en funciones una vez transcurrido dicho período de tiempo, hasta el momento en que se constituya, después de las correspondientes elecciones, el nuevo Consejo General.
Tres. El Consejo General podrá decidir su disolución y la convocatoria anticipada de elecciones.
Uno. El número de Consejeros Generales será de once. Todos los vocales del Consejo serán elegidos por y entre los afiliados, inscritos en el censo electoral, por sufragio secreto, con arreglo a las normas electorales aprobadas por el propio Consejo General.
Dos. La normativa electoral de la ONCE establecerá las reglas precisas para que las agrupaciones electorales que hayan obtenido representación en el Consejo General, presenten sus candidatos a las vocalías asignadas a dicho órgano, ajustándose al principio de representación equilibrada establecido en el artículo 3, apartado dos, letra h).
Tres. Los Consejeros Generales gozarán en el desempeño de su función de los siguientes derechos:
a) Proponer asuntos para ser tratados por el Pleno del Consejo General y, en su caso, por la Comisión Ejecutiva Permanente.
b) Tener conocimiento con antelación suficiente de la convocatoria y de la documentación necesaria relativa a los temas que vayan a ser debatidos en las sesiones del Pleno del Consejo General y de las reuniones de las Comisiones y Comités de los que formen parte.
c) Asistir y participar en los debates y votar en las sesiones del Pleno del Consejo General y, en su caso, en las reuniones de la Comisión Ejecutiva Permanente y demás Comisiones, Comités y Observatorios de los que formen parte.
d) Ser resarcidos de los gastos a los que tengan que hacer frente como consecuencia de su dedicación al cargo y, en su caso, ser retribuidos, por cuantos otros cargos o responsabilidades ostenten en la Organización, si hubiera lugar a ello.
e) Recabar información de la Secretaría General, al objeto de cumplir debidamente sus funciones, sobre acuerdos, datos, informes y documentos que obren en poder de la Organización. Dicha información deberá serle facilitada en los términos y condiciones que establezca el Reglamento de Régimen Interno.
f) Cuantos otros derechos resulten de los presentes Estatutos, del Reglamento de Régimen Interno del Consejo General, demás normativa interna y acuerdos del Consejo General.
Cuatro. Los Consejeros Generales, en el desempeño de su función, estarán obligados a:
a) Actuar en el desempeño de sus responsabilidades con dedicación, diligencia y profesionalidad.
b) Asistir a las reuniones, a las que sean convocados, y participar activamente en las deliberaciones y decisiones colegiadas, de las que serán responsables.
c) Guardar secreto en relación con las deliberaciones del Consejo General, y de sus Comisiones y Comités; hacer el uso de la documentación e información que reciban conforme a lo que prevea el Reglamento de Régimen Interno al respecto; y mantener el secreto de todo ello, aún después de cesar en el cargo, durante los cuatro años posteriores a dicho cese.
d) Advertir, a los órganos competentes, de cualquier irregularidad en la gestión de la Organización de la que hayan tenido noticia.
e) Informar anticipadamente en caso de encontrarse en una situación de conflicto de intereses con la Organización, absteniéndose de asistir y de intervenir en las deliberaciones que afecten a asuntos en los que se halle interesado directa o indirectamente.
f) Adecuar el desempeño de su cargo al Código Ético de Conducta, aprobado por el Consejo General.
g) Realizar cualquier cometido específico que se les encomiende.
h) Cumplimentar una declaración notarial de su patrimonio al inicio, renovación y finalización de su mandato.
i) Cuantas otras obligaciones resulten de los presentes Estatutos, del Reglamento de Régimen Interno del Consejo General, demás normativa interna y acuerdos del Consejo General.
Cinco. Cada Consejero General ostenta un único y personal voto que no podrá delegar. Los votos de los Consejeros tienen igual valor. No obstante, el voto del Presidente tendrá carácter dirimente en los casos de empate. Los Consejeros emitirán libremente sus votos.
Habitualmente el derecho al voto se ejercitará de palabra; con carácter excepcional y cuando así se decida por mayoría absoluta, la votación podrá ser secreta.
Seis. Los Consejeros Generales quedarán sometidos a las incompatibilidades que se establecen en los presentes Estatutos, y concretamente en su artículo 57, así como las que adicionalmente pudiera fijar el Consejo General.
Siete. Se perderá la condición de Consejero General por expiración del período de mandato, fallecimiento, incapacitación judicial, renuncia, o pérdida de la condición de afiliado.
Actuará como Secretario del Consejo General, con voz y sin voto, el Secretario General del Consejo General.
Uno. Para cumplir sus fines y objetivos institucionales, el Consejo General se estructurará en órganos colegiados y unipersonales.
Dichos órganos desempeñarán las funciones que se les asignen en materia de gobierno y representación, carácter ejecutivo o de naturaleza consultiva, asesoramiento y apoyo, en los términos que, en cada caso, se establezca al efecto.
Dos. Serán órganos colegiados de gobierno y representación:
a) El Pleno.
b) La Comisión Ejecutiva Permanente.
Tres. Serán órganos unipersonales de gobierno y representación:
a) El Presidente del Consejo General.
b) Los Vicepresidentes del Consejo General.
Cuatro. Serán órganos unipersonales de carácter ejecutivo:
a) El Secretario General.
b) Los cargos directivos que cree el Consejo General para el desarrollo de sus actividades.
Cinco. Serán órganos colegiados de carácter consultivo, asesoramiento, asistencia y apoyo:
a) Las Comisiones del Consejo General.
b) Los Comités.
c) Los Observatorios.
Uno. El Pleno estará integrado por el número de vocales a que se refiere el artículo 22 Uno, desempeñando la Presidencia y la Secretaría del mismo, el Presidente y el Secretario General del Consejo General, respectivamente.
Dos. El Pleno, como máximo órgano del Consejo General, desarrollará funciones generales de: deliberación, aprobación, toma de conocimiento, planificación estratégica, fijación de criterios y mecanismos de control global de la marcha general de la Entidad, asumiendo las competencias de gran trascendencia, así como las precisas para asegurar su buen gobierno global, en el modo que, específicamente, se le confiere en los presentes Estatutos.
Uno. El Pleno será, con carácter general, el titular de las competencias que los presentes Estatutos confieren al Consejo General y, especialmente, las enumeradas en su artículo 20, excepto cuando los propios Estatutos atribuyan una competencia directamente a la Comisión Ejecutiva Permanente, y sin perjuicio de los supuestos de delegación del Pleno a favor de ésta.
Dos. El Pleno podrá delegar en la Comisión Ejecutiva Permanente, total o parcialmente, aquellas competencias que considere oportuno para el mejor funcionamiento de la Organización, con excepción de las que los presentes Estatutos consideran de carácter indelegable.
A tal fin, los acuerdos de delegación establecerán los criterios, términos y alcance de la misma.
Tres. Tendrán el carácter de indelegables, en todo caso, las siguientes competencias:
a) Las contenidas en el artículo 20 de los Estatutos, conforme al siguiente detalle:
Apartado Dos, letras a), b), c); asimismo, la letra d), excepto en materia de supervisión de los Consejos Territoriales.
Apartado Tres, letras a), b), d), f) y g).
Apartado Cuatro, letra a), en cuanto a la definición de los criterios generales de actuación y los mecanismos de seguimiento en materias de importancia relacionadas con los asuntos de la Unión Europea y de la Comunidad Iberoamericana de Naciones.
Apartado Cinco, las letras a), b), salvo en caso de urgencia, que estará habilitada para ello la Comisión Ejecutiva Permanente, c), d), e), f); así como la letra g) en cuanto a la nominación de las personas propuestas para desempeñar cargos de máxima responsabilidad ejecutiva en Fundación ONCE y en el Grupo Empresarial.
Apartado Seis, letra b), excepto en el supuesto de sanción de suspensión temporal de la condición de afiliado desde 3 a 5 años.
Apartado Seis, letra d), en cuanto a la declaración de nulidad.
b) Aquellas competencias que, de conformidad con el artículo 40, requieran una mayoría cualificada para su aprobación.
Uno. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4, 2 f) del Real Decreto 358/1991, la Comisión Ejecutiva Permanente es un órgano colegiado de gobierno y representación del Consejo General, subordinado al Pleno, que articula su composición y competencias con arreglo a las previsiones contempladas en los presentes Estatutos; goza de autonomía y capacidad ejecutiva para el desarrollo de las competencias asignadas, respondiendo ante el Pleno de su gestión.
Dos. La Comisión Ejecutiva Permanente desarrollará, con carácter general, funciones de planificación, ejecución y desarrollo de los acuerdos del Pleno; de impulso y coordinación de actuaciones; garantizará el funcionamiento operativo transversal y coordinado del conjunto de la ONCE y su Fundación, así como el seguimiento y evaluación de su funcionamiento y cuantas otras funciones sean precisas para el cumplimiento de su misión, conforme a los presentes Estatutos.
Tres. Estará integrada por miembros del Consejo General, con responsabilidades en el mismo, y contará con la presencia y participación de los responsables ejecutivos y expertos que se decida para asegurar una gestión coordinada e integral, conforme al siguiente detalle:
a) Serán miembros de pleno derecho:
El Presidente del Consejo General.
El/los Vicepresidentes del Consejo General.
Los responsables ejecutivos máximos de las Áreas Ejecutivas, en tanto recaigan dichos cargos en vocales del Consejo General.
Mediante desarrollo reglamentario, se podrá prever la incorporación como miembros del órgano de hasta dos Consejeros Generales más, que resulten designados a estos efectos.
b) Serán miembros asistentes permanentes con voz y sin voto:
Los responsables ejecutivos máximos de las Áreas Ejecutivas, en tanto no recaigan dichos cargos en vocales del Consejo General.
El Secretario General del Consejo General.
c) La designación de los miembros, a que se refieren las letras anteriores, cuando ello sea preciso, corresponderá al Pleno del Consejo General a propuesta de su Presidente.
Cuatro. La Presidencia y Secretaría de la Comisión Ejecutiva Permanente serán asumidas por el Presidente y el Secretario General del Consejo General, respectivamente.
La Comisión Ejecutiva Permanente, para el cumplimiento de la misión general que le asigna el apartado Dos del artículo anterior, ejercerá las siguientes competencias:
a) Las conferidas directa y expresamente por los Estatutos.
b) Las que le delegue el Pleno, en los términos de la delegación; ya sea mediante acuerdo específico o a través del Reglamento de Régimen Interno del Consejo General.
c) Analizar previamente los asuntos para su propuesta al Pleno, así como el desarrollo y ejecución, en su caso, de sus acuerdos.
d) Articular y ejercer, en los términos generales que, en su caso, haya establecido el Pleno, las funciones de control, supervisión, seguimiento y evaluación sobre cualquier materia o asunto de relevancia para la ONCE y su Fundación; de conformidad con las previsiones contenidas en la legislación general aplicable, los presentes Estatutos y demás normativa interna.
e) Aprobar el desarrollo, ejecución y seguimiento de los planes estratégicos aprobados por el Pleno, así como asumir las funciones de planificación, impulso, coordinación, seguimiento y evaluación de todas aquellas materias, funciones y actividades que favorezcan el funcionamiento del resto de órganos del Consejo General, así como de la ONCE y su Fundación, en su conjunto; ordenando las prioridades y el calendario de las iniciativas y acciones que correspondan a los diferentes órganos del Consejo General para el mejor cumplimiento del programa de gobierno, así como de los diversos planes de actuación.
En coherencia con lo anterior, asumirá la aprobación, seguimiento y evaluación de los planes de actuación que desarrollen los acuerdos aprobados por el Pleno, así como los planes y programas que hubieran de implantarse para un correcto desarrollo de las previsiones presupuestarias anuales.
f) Ejercer el control financiero ordinario sobre la ONCE, la Fundación ONCE, el Grupo Empresarial y demás entidades con fuerte vinculación a la ONCE, dentro de los principios generales establecidos por el Pleno, articulando los criterios y procedimientos precisos para un completo y adecuado ejercicio de esta función, para lo que podrá contar con el apoyo de aquellos órganos del Consejo General que considere oportuno.
Realizará un seguimiento del endeudamiento de dichas Entidades, conforme a los criterios generales establecidos por el Pleno.
g) Supervisar las planificaciones estratégicas en el ámbito económico-financiero de carácter superior al año, contempladas en el artículo 72, elaboradas por la Dirección General de la ONCE, por la Fundación ONCE, por el Grupo Empresarial y por otras entidades con fuerte vinculación a la ONCE; con carácter previo a la aprobación o toma de conocimiento, según proceda, por el Pleno del Consejo; así como realizar un seguimiento de su ejecución.
h) Ejercer, como órgano colegiado, funciones generales de coordinación del Consejo General, sin perjuicio de las atribuciones conferidas a su Presidente.
i) Proponer al Pleno los proyectos de los reglamentos previstos en los presentes Estatutos, así como las normas de desarrollo de éstos y, en su caso, expresar su conformidad a los proyectos de normativa interna que el Director General someta al Consejo con carácter previo a su publicación.
j) Adoptar, dentro de los criterios que, en su caso, hubiera podido acordar el Pleno, cuantas medidas y acciones de planificación, coordinación, impulso y seguimiento sean precisas en materia de: estrategia económica e inversiones; juego; desarrollo empresarial e inversión social; recursos humanos; comunicación e imagen; negociación y suscripción de acuerdos y convenios institucionales de relevancia; relaciones institucionales e internacionales; cumplimiento efectivo del Código Ético de Conducta; o de cualquier otra materia análoga de gran relevancia para la ONCE o para el conjunto de la ONCE y su Fundación.
k) Aprobar gastos, inversiones y actos de disposición patrimonial de la Organización cuya cuantía no sea superior a diez millones de euros.
El Pleno del Consejo General podrá actualizar dicha cuantía cuando se considere preciso para una gestión financiera ajustada a la evolución de los tiempos y de la economía.
l) Adoptar, cuando se forme parte de manera directa, la decisión de participar, en nombre de la Organización, en la fundación y adquisición de participaciones relevantes de cualquier tipo de sociedades o entidades, así como la adopción, en nombre de la Organización, de todas las decisiones relevantes que convengan a la actividad social de las indicadas entidades y empresas; nombrando y sustituyendo a los representantes de la ONCE en los órganos de gobierno o administración de las entidades con fuerte vinculación a la ONCE.
m) Otorgar los apoderamientos que sean precisos en favor de los máximos responsables del Consejo General y de sus áreas ejecutivas.
n) Resolver los expedientes incoados a los afiliados por faltas muy graves, cuando la sanción aplicable sea la suspensión temporal de la condición de afiliado desde 3 a 5 años.
ñ) Resolver los expedientes disciplinarios por falta muy grave que se instruyan a los trabajadores de la Organización, cuya propuesta de sanción sea la de despido.
o) Resolver, agotando la vía interna de la Organización, los recursos y reclamaciones contra actos de la organización cuya cuantía, por todos los conceptos, sea igual o inferior a 30.000 euros, o aquellas reclamaciones que no tuvieran un contenido de carácter económico, o, teniendo carácter económico, no sea posible la determinación precisa de la cuantía del mismo, sin perjuicio de las facultades reconocidas al Consejo de Protectorado de la ONCE en virtud del artículo 8, apartado 3, letra m), del RD 358/1991. En relación con los recursos y reclamaciones interpuestos contra actos de la Organización en materia de Prestaciones Sociales, este límite económico podrá ser superado, con sujeción a los criterios que establezca el Pleno.
p) Por razón de urgencia, cualquier competencia excepto las indelegables, dando cuenta al Pleno en la primera sesión que éste celebre.
Uno. Corresponde a la Presidencia del Consejo General la máxima representación institucional de la ONCE, y asume la presidencia del Consejo General, de la Fundación ONCE y de aquellos órganos y entidades de gran relevancia que se considere imprescindible para asegurar la unidad institucional, de criterio de actuación y de representación externa. Dirige, convoca y ordena los debates de los Plenos y de la Comisión Ejecutiva Permanente.
Dos. El Presidente del Consejo General será elegido por y entre los Consejeros Generales por mayoría absoluta, en primera votación, bastando la mayoría simple en la segunda votación.
Tres. Ejerce las competencias que el Consejo le delegue mediante apoderamiento general o específico y es el directivo responsable de la gestión de todos los servicios adscritos al Consejo, para lo que contará con la asistencia y apoyo del Secretario General en las condiciones y asignación de competencias que se especifican en los presentes Estatutos, así como en el Reglamento de Régimen Interno del Consejo General.
Uno. El Consejo General elegirá, a propuesta del Presidente, un número de Vicepresidentes no superior a cuatro, en los términos que en cada caso establezca el Consejo General, que determinará, en su organigrama, su número, competencias y áreas de actuación.
Las Vicepresidencias del Consejo General desempeñarán las funciones que les asigne el Pleno, las que le delegue el Presidente y las que les atribuya el Reglamento de Régimen Interno, otorgándoles a tal efecto los apoderamientos generales o específicos.
Dos. Los Vicepresidentes tendrán, además de las competencias institucionales de sustitución y representación por delegación del Presidente, un ámbito competencial definido en el organigrama del órgano de gobierno, de manera que se preste una atención preferente a aquellas cuestiones que se consideren de gran prioridad para la ONCE o para el conjunto de la ONCE y su Fundación. A estos efectos, se les dotará de los instrumentos organizativos, humanos y materiales precisos para su desempeño.
Tres. El Consejo General abordará decididamente funciones de diseño, planificación, dirección, coordinación, control, seguimiento y evaluación, en las materias prioritarias que aquél determine, con el objeto de dar la relevancia que tales materias tienen, y garantizar de este modo un correcto y pleno control de las actividades económicas, comerciales, empresariales y de ejecución y seguimiento del Programa de Gobierno. Se arbitrarán mecanismos que aseguren que tales funciones sobre dichas materias prioritarias sean ejercidas por alguno o algunos de los Vicepresidentes del Consejo General, sin perjuicio de la atribución de facultades a otros miembros u órganos.
Uno. Su nombramiento corresponderá al Pleno del Consejo General, que determinará sus funciones y nivel directivo, recayendo en un afiliado a la ONCE.
Dos. El Secretario General del Consejo General ejercerá funciones de asesoramiento, apoyo y secretaría de los órganos colegiados y asistencia técnica a Consejeros Generales; apoyará al Presidente en la gestión del Centro Directivo y dirigirá los servicios generales del mismo; ejercerá el poder certificante; velará por la observancia de la legalidad y el seguimiento de las cuestiones jurídicas del conjunto de la Organización y contribuirá a asegurar la debida coordinación entre órganos del Consejo, de éste con las Áreas Ejecutivas y con el Consejo de Protectorado; así como cuantas otras funciones le asignen los presentes Estatutos y el Reglamento de Régimen Interno del Consejo General o se le otorguen mediante acuerdo específico del órgano de gobierno.
Tres. El Consejo podrá nombrar un Vicesecretario General del Consejo General como órgano de asistencia y apoyo al Secretario General.
El Reglamento de Régimen Interno del Consejo General, establecerá los criterios, condiciones y procedimientos para su nombramiento y sustitución, determinación de sus funciones y concreción de las condiciones del puesto.
Uno. El Consejo General determinará qué cargos de la alta dirección serán considerados como responsables ejecutivos máximos de las Áreas Ejecutivas, una vez definidas éstas, dentro de la estructuración global de la ONCE y su Fundación por el propio Consejo General, procediendo a su nombramiento/nominación y sustitución, y a la fijación de sus competencias y apoderamientos y los mecanismos de control y seguimiento de su actuación.
Dos. Dichos responsables ejecutivos máximos responderán individual y directamente de su gestión ante el Consejo General, estando sujetos a las incompatibilidades que establezcan los presentes Estatutos o pueda determinar el Consejo General.
Tres. El desempeño de cargo de Consejero General podrá ser compatible con el de responsable ejecutivo máximo, mediante acuerdo expreso del Consejo General, conforme al procedimiento previsto en el artículo 40, Uno, i).
El Consejo General creará además aquellos cargos directivos que se precisen para el desarrollo de sus competencias mediante fórmulas tales como: direcciones ejecutivas, direcciones técnicas o cualquier otra fórmula gerencial o directiva en los términos que contemple su organigrama.
Uno. El Pleno y la Comisión Ejecutiva Permanente contarán con órganos de apoyo, en los términos y con el alcance que se establece en la presente Sección y que se desarrolle en el Reglamento de Régimen Interno del Consejo General.
A tal fin, el Pleno del Consejo General podrá acordar la creación de cuantas Comisiones y Comités considere oportuno para el mejor cumplimiento de sus fines y actividades, con el detalle que se contemple en el organigrama del órgano de gobierno, no teniendo carácter vinculante sus actuaciones.
Dos. Las Comisiones estarán integradas únicamente por Consejeros Generales.
Con carácter general, las Comisiones desarrollarán funciones y cometidos, por una parte, de carácter consultivo, tales como: realización de estudios, informes y dictámenes; y, por otra parte, formulando iniciativas y propuestas, realizando funciones de supervisión mediante la realización de tareas de control y seguimiento respecto de las materias asignadas, para verificar el cumplimiento de las decisiones adoptadas por el Consejo General, por parte de la ONCE, la Fundación ONCE, el Grupo Empresarial y los Consejos Territoriales; poniendo de manifiesto ante la Comisión Ejecutiva Permanente, de manera motivada, los incumplimientos o anomalías que pudieran detectarse.
El Reglamento de Régimen Interno del Consejo General establecerá los mecanismos de participación proporcional en las comisiones, así como, en su caso, los criterios correctores para asegurar la participación de los grupos minoritarios.
Tres. Los Comités serán órganos de colaboración y apoyo a la Comisión Ejecutiva Permanente y, en su caso, al Pleno, realizando análisis, estudios y propuestas que faciliten la adopción de decisiones y su ulterior ejecución, por aquéllos; favoreciendo una mejor coordinación del funcionamiento y aprovechamiento óptimo de los recursos disponibles, para el mejor cumplimiento de los fines, objetivos y actividades de la ONCE y su Fundación. Asumirán funciones transversales, de coordinación, impulso y supervisión, en aquellas materias que se consideren esenciales, tales como: control económico, desarrollo empresarial, inversión social, auditoría, juego, empleo-recursos humanos, nuevas tecnologías, retribuciones, ética, relaciones institucionales e internacionales, y cualquier otra análoga que se determine. Su composición será mixta, integrada por miembros del Consejo y responsables directivos y técnicos de alto nivel del Consejo General y de las Áreas Ejecutivas, como mejor fórmula de garantizar una correcta coordinación y eficacia global del conjunto de la ONCE y su Fundación.
Cuatro. El Pleno, mediante acuerdo específico o a través del organigrama del órgano de gobierno, definirá las competencias y funcionamiento de las Comisiones y Comités, correspondiendo a la Comisión Ejecutiva Permanente la concreta designación de sus componentes.
Cinco. El Reglamento de Régimen Interno del Consejo General establecerá los criterios y mecanismos de funcionamiento de las Comisiones y Comités del Consejo, en materia de quórum, convocatorias, sesiones, órdenes del día, actas, y cuantos otros aspectos sea preciso, para lo cual se aplicarán, con flexibilidad, como criterios de referencia orientativa, los establecidos en la Sección 8.ª de este Capítulo de los presentes Estatutos.
Seis. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, y si se considera necesario, podrán celebrarse sesiones en las que no se requiera la presencia física de los miembros de las Comisiones o Comités de que se trate, siempre y cuando queden garantizadas de manera suficiente unas condiciones adecuadas de los sistemas de comunicación que permitan la libre emisión de opiniones, declaraciones y voto en tiempo real o por correo electrónico. El Reglamento de Régimen Interno del Consejo General, establecerá los procedimientos y garantías a tal fin.
Siete. Los Observatorios son órganos consultivos colegiados cuya finalidad es la realización de estudios, análisis y propuestas en relación con sus objetivos temáticos. Su organización y funcionamiento se regirá, análogamente, por los mismos criterios que el de los Comités. Su creación, definición, competencias y composición, vendrán establecidos en el Organigrama del Consejo General.
Uno. De conformidad con lo previsto en el artículo 4.3 del Real Decreto 358/1991, a las sesiones de los órganos de gobierno del Consejo General asistirán los responsables ejecutivos, cuando no sean Vocales del Consejo General, así como cualesquiera otros ejecutivos o expertos que fueran convocados al efecto por la Presidencia del Consejo General, en función de la materia que se vaya a tratar.
Dos. A la Comisión Ejecutiva Permanente asistirán aquellos responsables ejecutivos que se determine, en los términos prefijados en el artículo 27 de los presentes Estatutos.
Asimismo, podrán asistir cuantos consejeros generales, directivos, técnicos y expertos se considere oportuno, en función de la materia a tratar, cuando sean convocados específicamente, al efecto, por el Presidente de este órgano.
Tres. Idéntico criterio al establecido en el segundo párrafo del apartado anterior podrá aplicarse respecto de las Comisiones, Comités y Observatorios del Consejo General.
Cuatro. El Consejo General podrá establecer un mecanismo que permita la presencia en sus reuniones plenarias, cuando se les convoque al efecto, en calidad de invitados con voz y sin voto, de una representación del Comité Intercentros de la ONCE designada por y entre los miembros de dicho Comité, conforme a su Reglamento de Funcionamiento Interno.
Para la válida constitución de los órganos, se estará a los siguientes criterios:
a) El Pleno precisará la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros, en primera convocatoria; siendo precisa la asistencia de, al menos, cinco Consejeros, en la segunda.
b) La Comisión Ejecutiva Permanente precisará, en todo caso, la asistencia de la mitad más uno de sus miembros de pleno derecho.
c) Será preciso que, tanto para el Pleno como para la Comisión Ejecutiva Permanente, se hallen presentes el Presidente y el Secretario, o personas que válidamente les sustituyan.
Uno. El Pleno celebrará una sesión ordinaria preceptiva cada tres meses. Además, celebrará sesión extraordinaria cuantas veces lo estime pertinente su Presidente o lo solicite la Comisión Ejecutiva Permanente, un quinto de los Consejeros, los Responsables Ejecutivos Máximos o el Consejo de Protectorado.
Dos. Los Plenos extraordinarios deberán convocarse dentro del término de cinco días, a partir de la presentación de la petición, no pudiendo mediar más de diez días entre la fecha de la convocatoria y la señalada para la celebración de la pretendida sesión.
Tres. La Comisión Ejecutiva Permanente celebrará una reunión ordinaria con periodicidad mensual.
Celebrará cuantas reuniones extraordinarias convoque su Presidente o a petición de cualquiera de los miembros a que se refiere el apartado Tres del artículo 27.
Uno. La convocatoria del Pleno del Consejo General se efectuará por escrito y por los medios más eficaces para garantizar su recepción, con una antelación mínima de siete días, las sesiones ordinarias, y de cuarenta y ocho horas las extraordinarias. Deberá indicar el día, hora y lugar de la reunión, así como el orden del día, adjuntándose la documentación adecuada para el estudio de los temas por los Consejeros. Asimismo, se hará constar la fecha y hora en que, si procediera, se reuniría el Pleno en segunda convocatoria.
Dos. La convocatoria de la Comisión Ejecutiva Permanente se producirá con una antelación mínima de tres días, en las reuniones ordinarias, y de doce horas, en el caso de las extraordinarias. Deberá indicar la fecha y hora en que, si procediera, se reuniría la Comisión Ejecutiva Permanente en segunda convocatoria.
Tres. En materia del orden del día serán de aplicación los siguientes criterios, respecto del Pleno:
a) El orden del día de las sesiones ordinarias contendrá la aprobación del acta de la sesión anterior y la exposición de las actuaciones de la Comisión Ejecutiva Permanente y de las Comisiones, así como los temas que determine el Presidente o proponga cualquiera de los Consejeros, los que el órgano colegiado hubiera aprobado en su sesión precedente por mayoría simple, los asuntos remitidos por los responsables ejecutivos máximos y las propuestas formuladas por la Comisión Ejecutiva Permanente.
b) No podrá ser objeto de acuerdo ningún asunto que no figure en el orden del día, salvo que estén presentes todos los vocales del órgano colegiado y sea declarada la urgencia del asunto por el voto favorable de la mayoría de los asistentes.
Cuatro. Respecto de la Comisión Ejecutiva Permanente, se aplicarán los siguientes criterios:
a) En las sesiones ordinarias el orden del día estará integrado por la aprobación del acta de la sesión anterior, el seguimiento de la ejecución de acuerdos, los asuntos que decida el Presidente y los que hubiera decidido el Pleno, o que propusiera cualquier componente de esta Comisión.
b) No podrá adoptarse ningún acuerdo en asunto que no esté incorporado en el orden del día salvo que, por razones de urgencia, y estando presente, al menos, dos tercios de sus miembros de pleno derecho, sea decidido por mayoría de asistentes.
Cinco. Los respectivos órdenes del día, serán remitidos a los miembros del Pleno y de la Comisión Ejecutiva Permanente; correspondiendo al Secretario General del Consejo General cursar, por orden del Presidente, las oportunas notificaciones y citaciones.
Uno. Cuando se requiera mayoría simple para la adopción de un acuerdo, aquélla se computará sobre el número de asistentes de pleno derecho a la sesión del órgano, válidamente constituido.
Cuando se requiera mayoría absoluta o cualquier otra mayoría cualificada, éstas se calcularán respecto del número total de miembros de pleno derecho del órgano.
Dos. Los acuerdos aprobados por el Pleno del Consejo General, en las sesiones ordinarias o extraordinarias, se adoptarán, como regla general, por mayoría simple; excepto los supuestos contemplados en el artículo siguiente o en cualquier otro precepto de los presentes Estatutos, que requerirán la mayoría cualificada que se exprese en cada caso.
Tres. El voto será in voce, salvo cuando se haya acordado votación secreta sobre un asunto.
Cuatro. La Comisión Ejecutiva Permanente adoptará sus acuerdos por mayoría simple, emitiéndose siempre el voto in voce.
Uno. Se requerirá mayoría absoluta para:
a) Elegir al Presidente, Vicepresidentes y Director General, en primera votación, con la salvedad que indica el artículo 29.Dos en segunda votación.
b) Resolver los expedientes a los que se refiere el artículo 20. Seis c) de los presentes Estatutos.
c) Aprobar o modificar los Reglamentos de Régimen Interno del Consejo General, así como de Funcionamiento de los Consejos Territoriales.
d) Aprobar o modificar el Reglamento de Procedimiento Disciplinario, previsto en estos Estatutos.
e) Aprobar la normativa electoral correspondiente a los Consejos General y Territoriales de la Organización.
f) Decidir que un acuerdo se adopte mediante votación secreta.
g) Convocar anticipadamente elecciones a Consejo General y Consejos Territoriales.
h) Convocar elecciones parciales a un Consejo Territorial en el supuesto contemplado en el artículo 45.3 de estos Estatutos.
i) Aprobar la compatibilidad de la responsabilidad de Consejero General con el desempeño de los cargos de responsables ejecutivos máximos a que se refiere el artículo 32 de los presentes Estatutos.
j) Nombrar y sustituir aquellos miembros de la Comisión Ejecutiva Permanente que correspondiera designar concretamente al Pleno.
k) Cualquier otra materia para la que los presentes Estatutos requiriesen dicha mayoría.
Dos. Será necesaria la mayoría de tres quintos para:
a) Aprobar la propuesta de reforma de los Estatutos.
b) Modificar el límite de ceguera a que se refiere el artículo 8 de los Estatutos, de una agudeza visual igual o inferior a 0,1 hasta el 0,2 como máximo y de campo visual disminuido de 10 grados o menos hasta 15 grados, también como máximo.
c) Resolver expedientes disciplinarios, de carácter no laboral, referidos a incumplimiento de los afiliados, siempre que implique la separación definitiva de la Organización.
d) Declarar la nulidad de los acuerdos y resoluciones de los Consejos Territoriales, de conformidad con lo previsto en la Sección 4.ª del Capítulo II de este Título.
Uno. Todos los acuerdos producen efectos al día siguiente de su adopción, salvo que el mismo prevea una eficacia temporal distinta para su entrada en vigor.
Dos. Los acuerdos adoptados en el Pleno del Consejo General y en la Comisión Ejecutiva Permanente, y demás aspectos que resulte pertinente reseñar, se reflejarán en actas, que serán aprobadas en sesión posterior.
El acta recogerá expresamente, cuando el Consejero General así lo haya solicitado en el momento de emitirlo, su voto negativo o abstención, así como la explicación de las razones de aquél, conforme al texto concreto que el Consejero debe entregar a la Secretaría.
El Secretario General del Consejo General podrá certificar el contenido de los acuerdos, antes de la aprobación del acta, debiendo indicar, dicho extremo, en la certificación emitida.
Tres. Cuando los acuerdos sean válidamente adoptados obligan por igual a todos los miembros de los órganos y cualesquiera personas o entidades vinculadas con la Organización y afectada por ellos.
Cuatro. Se comunicarán al Consejo de Protectorado los acuerdos adoptados por el Pleno y la Comisión Ejecutiva Permanente, cuyo contenido tenga relación con alguna de las competencias atribuidas a dicho Consejo de Protectorado.
Cinco. El Reglamento de Régimen Interno del Consejo General podrá arbitrar, con carácter excepcional, un mecanismo que habilite al Pleno y a la Comisión Ejecutiva Permanente para decidir por razones justificadas el carácter reservado de un acuerdo cuando afecte a materias de relevancia estratégica o de especial sensibilidad institucional, estableciendo los supuestos y procedimientos aplicables, y sus efectos, con plena observancia de la legalidad y respeto a las funciones y competencias atribuidas al Consejo de Protectorado. Los acuerdos declarados reservados, no se incorporarán al acta de la sesión, sino que quedará constancia en ella de esa condición, permaneciendo archivados en un repositorio específico que será custodiado por el Secretario General, junto con la documentación que guarde relación con los mismos.
Uno. El Consejo General aprobará su Reglamento de Régimen Interno, que contendrá todas las regulaciones precisas para el desarrollo de los presentes Estatutos en todos aquellos aspectos concernientes al Consejo General, con la finalidad de facilitar un funcionamiento ágil, eficaz y operativo de sus diferentes órganos.
Dos. Asimismo, el Consejo General aprobará y modificará con racionalidad, austeridad, flexibilidad, agilidad y adecuación a las necesidades reales, como instrumento complementario a dicho Reglamento, el organigrama del órgano de gobierno, que reflejará la estructura, composición y funciones de los órganos colegiados o unipersonales vigente en cada momento. En dicho organigrama, además, se arbitrarán mecanismos operativos que ordenen la mejora de la coordinación transversal de la ONCE y su Fundación, así como el funcionamiento de las relaciones institucionales.
Uno. Los Consejos Territoriales son órganos colegiados cuya misión viene constituida por su carácter representativo y se erigen como eje básico de la democracia participativa en el seno de la ONCE.
En consecuencia, son órganos de representación, participación y supervisión cuya máxima prioridad deberá centrarse en la representación y relación con los afiliados de su zona, mediante una actuación coordinada y sostenida de acercamiento personal.
Dos. Ordenan su actuación, en estrecha colaboración con y bajo la subordinación jerárquica del Consejo General, debiendo preservar, en todo caso, la unidad institucional y financiera de la Organización, así como su personalidad jurídica única, dada la naturaleza de entidad que desarrolla su actividad en todo el territorio del Estado, y sin perjuicio de una adecuada cooperación con las Comunidades Autónomas y Entes Locales.
Al objeto de reforzar la máxima colaboración con el Consejo General, los Consejos Territoriales participarán en el órgano de coordinación general a que se refiere el artículo 20, Cinco, r), en los términos que establezca el órgano de gobierno de la ONCE.
Tres. Los Consejos Territoriales velarán, como funciones generales, por la plena consecución de los fines sociales de la Entidad y el cumplimiento de los acuerdos del Consejo General.
A tal fin y además de la máxima prioridad a que se refiere el segundo párrafo del apartado Uno anterior, realizarán funciones de supervisión del correcto funcionamiento de la ONCE en su ámbito, de seguimiento de la ejecución del Programa de Gobierno, de impulso de la cultura institucional, de contribución a la cohesión social de personas, órganos y equipos, de propuesta y mejora respecto de cuestiones de interés general, de representación externa en aquellas materias que se le encomienden, especialmente con las organizaciones y plataformas de las personas con discapacidad, así como del Tercer Sector y de la Economía Social; todo ello, con arreglo a las competencias que se enumeran en el artículo siguiente y cuantas otras le atribuyan los presentes estatutos y le puedan encomendar el Consejo General.
Uno. El Consejo Territorial ejercerá, dentro de su ámbito territorial, además de la misión y las funciones generales contempladas en el artículo anterior, un conjunto de competencias, en los términos que se especifican en los apartados siguientes.
Dos. Serán competencias relativas a la representación y relación con los afiliados:
a) Representar, en estrecha vinculación con el Consejo General, a los afiliados adscritos a su ámbito territorial ante los órganos internos de la Organización.
b) El pleno conocimiento de los afiliados, mediante relación personal directa y constante, de sus necesidades, aspiraciones y propuestas; articulando mecanismos de información permanente a aquéllos, para que dispongan de un conocimiento profundo de la Institución, de su cultura institucional, de sus servicios y actividades, así como de las decisiones que les pudieran afectar, que se adopten en el Consejo General, Dirección General o a nivel autonómico, recogiendo, a su vez, la información que trasladen los afiliados con el fin de tramitarla ordenadamente ante su Delegación Territorial o ante el propio Consejo General.
El Consejo General articulará, en relación con la planificación del marco de actuación y funcionamiento de los Consejos Territoriales, los mecanismos de programación periódica de contactos con los afiliados, actuación y seguimiento en cuanto a la prioridad de relación y acercamiento del Consejo Territorial con los afiliados.
c) Fomentar la cultura institucional de la ONCE entre los afiliados de su zona, así como un clima de trabajo en equipo y de colaboración con los directivos, en los términos que fije el Consejo General.
d) Asumir la prioridad institucional de las relaciones con las plataformas y organizaciones de las personas con discapacidad y otras entidades del Tercer Sector y otros movimientos sociales afines, impulsando acuerdos y alianzas favorecedoras de la misión social y de solidaridad de la ONCE.
e) En materia de relaciones externas, los Consejos Territoriales impulsarán el Plan de Relaciones Institucionales de la ONCE, en su ámbito y, asimismo, podrán, en los términos y condiciones que previamente establezca y autorice en cada caso, el Consejo General, suscribir convenios y acuerdos institucionales con terceros.
f) Representar a la Entidad en las relaciones institucionales en organismos de participación o consultivos de las Administraciones Públicas, así como en actos públicos, de carácter externo a la misma, en los términos y alcance que establezca el Reglamento de Funcionamiento de los Consejos Territoriales.
g) Participar en la tramitación de las quejas y sugerencias que planteen los afiliados, conforme al procedimiento fijado por el Consejo General.
Tres. Serán competencias relativas a su participación:
a) Participar, a través de su Presidente, en el órgano de coordinación general a que se refiere el apartado Dos del artículo anterior, para asegurar un fluido nivel de comunicación de aquéllos con el Consejo General y disponer de la información más relevante sobre cuestiones de interés general.
b) Emitir informe previo, de carácter preceptivo pero no vinculante, sobre la iniciativa de reforma de los Estatutos al que se refiere el artículo 118. Tres, así como de las propuestas que formule el Director General en relación con el nombramiento del Delegado Territorial y demás cargos directivos de él dependientes.
c) Elevar al Consejo General cuantas propuestas consideren oportuno, en relación con su ámbito competencial, y cuantos informes les sean solicitados por aquél, en orden a contribuir al buen funcionamiento de la ONCE, en general, y de los órganos territoriales de gestión y los servicios a ellos adscritos, en particular.
Aprobar, asimismo, y dentro de las previsiones presupuestarias y directrices del Consejo General los planes generales de actuación de su ámbito territorial.
d) En materia presupuestaria, los Consejos Territoriales participarán anualmente en la elaboración de los criterios presupuestarios básicos de la Entidad, determinarán las partidas presupuestarias precisas para su propio funcionamiento y emitirán informes sobre el anteproyecto de presupuestos de los centros de su ámbito.
e) Participar, con voz y voto, en la forma que establezca el Consejo General, representados por un Consejero, al menos, en cuantas juntas, comisiones, tribunales u órganos análogos se constituyan en dicha Delegación, en ejecución de un acuerdo del órgano de gobierno o por resolución del Director General.
f) Emitir informe previo, de carácter preceptivo pero no vinculante, sobre la iniciativa que recoge el artículo 20.Seis.e) de los Estatutos, sobre la creación, supresión, fusión o modificación del ámbito territorial de las Delegaciones Territoriales y demás centros directivos territoriales o especializados.
Cuatro. Serán competencias relativas a la supervisión:
a) Supervisar y controlar la correcta aplicación de la normativa vigente y de los acuerdos del Consejo General en su ámbito.
b) Recibir información sobre los recursos públicos de carácter económico, social y de participación, que su Comunidad Autónoma, y en su caso, los Ayuntamientos, pongan a disposición de sus ciudadanos y supervisar los mecanismos, funcionamiento y resultados de los servicios territoriales de la ONCE asignados para que los afiliados puedan acceder a ellos en función de sus necesidades.
c) Colaborar en la mejora constante del funcionamiento de los servicios existentes en los centros de su ámbito, recibiendo información regular sobre su marcha; realizando la supervisión precisa para comprobar su adecuado funcionamiento; proponiendo medidas para su perfeccionamiento o implantación de nuevos servicios; y colaborando, en los términos que apruebe el Consejo General, con los responsables correspondientes, en la gestión territorial, en su conjunto, para conseguir su mayor eficiencia, cercanía y utilidad.
Cinco. Asimismo ejercerá cuantas otras competencias le confiera los presentes Estatutos, el Reglamento de Funcionamiento de los Consejos Territoriales y las que el Consejo General le atribuya.
Uno. La distribución de los Consejos Territoriales se ajusta, como la de las Delegaciones Territoriales de la ONCE, al territorio de las Comunidades Autónomas constituidas. Existirá igual número de Consejos que de Delegaciones Territoriales.
El Consejo General podrá adecuar la asignación o vinculación de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla a la estructura territorial de representación y gestión.
Dos. La duración de sus mandatos será idéntica a la del Consejo General, cuatro años, contados a partir de la fecha en que se celebre la sesión de constitución, o el período inferior de mandato del Consejo General, permaneciendo en funciones, una vez transcurrido dicho período de tiempo, hasta que, una vez celebradas nuevas elecciones, se constituyan los nuevos Consejos.
Tres. En caso de fallecimiento, incapacidad, renuncia o pérdida de la condición de Consejero Territorial, la vacante se cubrirá ocupando su puesto uno de los candidatos o suplentes reflejados en la misma lista electoral de ese Consejero presentada para las elecciones, conforme al orden en el que en dicha lista aparezcan.
Si, aún habiéndose utilizado completamente el procedimiento de sustitución a que se refiere el párrafo anterior, un Consejo Territorial quedara reducido a un número inferior a la mitad más uno de sus miembros, el Consejo General podrá convocar elecciones parciales para la reconstrucción del mencionado Consejo Territorial, aunque no coincidan con las elecciones generales de la ONCE; en tal supuesto, el mandato de los Consejeros electos finalizará en la fecha prevista de la conclusión del mandato del Consejo General, no afectando a la composición de éste las modificaciones en cómputo estatal que dichas elecciones parciales pudieran comportar.
Estas elecciones parciales se limitarán a escoger los cargos necesarios para cubrir todas las vacantes existentes en un Consejo Territorial, que no hayan podido ser cubiertas con otros candidatos o suplentes de sus mismas listas.
Uno. Cada Consejo Territorial contará con tres Consejeros, elegidos por y entre los afiliados con derecho a sufragio activo, en la fecha prevista para la celebración de las elecciones que integren el censo de cada distrito electoral, a través de sufragio libre, igual, directo y secreto.
Además, dicha cifra se incrementará en un consejero más por cada tramo del censo de afiliados. Dicho tramo no podrá ser inferior a 700 ni superior a 800 afiliados, cuya concreción se llevará a efecto en la convocatoria electoral. En ningún caso, un Consejo Territorial podrá superar la cifra total de diez Consejeros.
Dos. La normativa electoral de la ONCE establecerá las reglas precisas para que las candidaturas que se presenten a las elecciones a Consejos Territoriales se ajusten al principio de representación equilibrada previsto en el artículo 3, dos, h) de los presentes Estatutos, con la finalidad de que la composición efectiva de dichos Consejos refleje el citado principio.
Tres. Cada Consejero ostenta un único y personal voto que no podrá delegar. Los votos de los Consejeros tienen igual valor. No obstante, el voto del Presidente tendrá carácter dirimente en los casos de empate.
Cuatro. Los Consejeros emitirán libremente sus votos.
Habitualmente, el derecho se ejercitará de palabra; con carácter excepcional y cuando así se decida por mayoría absoluta, la votación podrá ser secreta.
Cinco. Los Consejeros Territoriales quedarán sometidos a las incompatibilidades que se establecen en los presentes Estatutos, y concretamente, en su artículo 57, así como las que adicionalmente pudiera fijar el Consejo General.
Seis. Se perderá la condición de Consejero Territorial por expiración del período de mandato, fallecimiento, incapacitación judicial, renuncia o pérdida de la condición de afiliado.
Uno. Actuará como Secretario del Consejo Territorial, con voz y sin voto, el titular del cargo o puesto de la Delegación Territorial que para cada caso se determine.
Será nombrado por el Pleno del Consejo Territorial a propuesta de su Presidente, previo acuerdo con el Delegado Territorial.
En las sesiones del Pleno o de la Comisión Permanente alas que el Secretario no asista o se ausente por razones justificadas, actuará como tal un consejero territorial designado por el órgano a propuesta del presidente, y siempre al inicio de cada sesión.
Dos. Con carácter general, desempeñará las funciones de asistencia y apoyo al Consejo Territorial, a sus diferentes órganos, así como a los Consejeros Territoriales desarrolladas en el artículo 51 de los Estatutos; además de las funciones jurídicas y administrativas inherentes a la secretaría de un órgano colegiado.
El Reglamento de Funcionamiento de los Consejos Territoriales establecerá con precisión la enumeración de todas aquellas funciones necesarias, de la Secretaría, que favorezcan el mejor funcionamiento de los Consejos Territoriales.
Uno. Los Consejos Territoriales se estructuran en órganos colegiados y unipersonales.
Dos. Los órganos colegiados serán el Pleno del Consejo Territorial, la Comisión Permanente del Consejo Territorial y las Comisiones de Trabajo que pueda crear el Consejo Territorial. Como excepción, el Consejo Territorial podrá funcionar exclusivamente en Pleno cuando la composición del mismo, en aplicación de la normativa electoral, figure constituida por sólo tres miembros; en cuyo caso, las funciones de la Comisión Permanente las asumirá el Pleno, conforme a los Estatutos y el Reglamento de Funcionamiento de los Consejos Territoriales.
Tres. Los órganos unipersonales serán el Presidente, el/los Vicepresidentes y el secretario del Consejo Territorial.
Uno. El Pleno será el órgano superior de representación, análisis, debate, planificación, aprobación y seguimiento respecto de las funciones generales y esenciales de los Consejos Territoriales. Estará integrado por todos los miembros del Consejo Territorial; asumirá todas las competencias del Consejo Territorial excepto aquellas que se le atribuyan, por los Estatutos o por el Reglamento de Funcionamiento, a la Comisión Permanente del Consejo Territorial, sin perjuicio de las correspondientes delegaciones; siendo asumida su Presidencia y Secretaría por el Presidente y el Secretario del Consejo Territorial.
Dos. La Comisión Permanente del Consejo Territorial es un órgano colegiado de representación y coordinación del Consejo Territorial, que articula su composición y competencias con arreglo a las previsiones contenidas en los presentes Estatutos, así como en el Reglamento de Funcionamiento de los Consejos Territoriales, respondiendo ante el Pleno de su gestión.
La Comisión Permanente del Consejo Territorial desarrollará, con carácter general, funciones de planificación, ejecución y desarrollo de los acuerdos del Consejo Territorial; de impulso, coordinación, control y supervisión del funcionamiento de la ONCE en su ámbito territorial, y de cuantas sean precisas para el cumplimiento de su misión, conforme a los presentes Estatutos y al Reglamento de Funcionamiento de los Consejos Territoriales.
Su composición será, con carácter general, de tres miembros de pleno derecho, si bien, el Reglamento de Funcionamiento de los Consejos Territoriales podrá elevar dicha cifra en atención a la dimensión territorial y de población afiliada y a la complejidad y relevancia de los asuntos del ámbito territorial de que se trate. Estará integrada por miembros del Consejo Territorial con responsabilidades en el mismo y contará con la presencia y participación de los responsables directivos de dicho ámbito, que se decida, para asegurar un funcionamiento coordinado e integral conforme a las siguientes concreciones:
a) Serán miembros de pleno derecho:
El Presidente del Consejo Territorial.
El/los Vicepresidentes.
Los Consejeros Territoriales que se determine.
b) Serán miembros asistentes con voz y sin voto:
El Delegado Territorial.
Aquellos directivos de dicho ámbito territorial que se determine.
El Secretario del Consejo Territorial.
El miembro del Consejo General que, por iniciativa de la Comisión Ejecutiva Permanente o de la Presidencia del Consejo General, resulte designado en los términos que prevea el Reglamento de Funcionamiento de los Consejos Territoriales.
c) La designación concreta a que se refiere la letra a) anterior, cuando ello sea preciso, corresponderá al Pleno del Consejo Territorial a propuesta de su Presidente.
d) La presidencia y la secretaría de la Comisión Permanente del Consejo Territorial serán asumidas por el Presidente y el Secretario del Consejo Territorial, respectivamente.
Tres. Las Comisiones estarán integradas únicamente por Consejeros Territoriales y desarrollarán aquellas funciones y cometidos establecidos por el Reglamento de Funcionamiento de los Consejos Territoriales. Los Consejos Territoriales que cuenten con seis o más vocalías, en sesión plenaria, podrán designar en su seno cuantas Comisiones de trabajo estimen convenientes, a las que se encomendará el estudio y preparación de algunos asuntos objeto de su competencia, definiendo en el acuerdo de creación de dichas Comisiones los fines para los que se crea, su denominación completa, composición, régimen básico de funcionamiento duración y extinción, todo ello de acuerdo a los criterios regulados en el Reglamento de Funcionamiento Interno de los Consejos Territoriales.
Cuatro. A las sesiones de los Consejos Territoriales podrán asistir, cuando sean convocados al efecto por el Presidente del Consejo Territorial, aquellos directivos, ejecutivos, mandos intermedios u otro personal de la ONCE y su Fundación que se considere preciso en función de la materia a tratar.
Uno. Cada Consejo Territorial elegirá de entre sus miembros un Presidente y al/los Vicepresidentes, por mayoría absoluta en primera votación, bastando la mayoría simple en la segunda.
El Reglamento de Funcionamiento de los Consejos Territoriales establecerá con claridad los criterios para determinar en qué supuestos podrán existir dos Vicepresidentes en un Consejo Territorial.
Dos. Corresponde al Presidente la representación máxima del Consejo Territorial; convoca, dirige y ordena los debates del Pleno y de la Comisión Permanente del Consejo Territorial; vela por el cumplimiento de los acuerdos del Consejo y de su traslado a los órganos correspondientes; desempeñará las funciones que le asigne los presentes Estatutos, así como el Reglamento de Funcionamiento de los Consejos Territoriales y aquellas funciones que pudiera delegarle cualquiera de los órganos del Consejo Territorial.
Tres. El Vicepresidente, o los vicepresidentes por su orden, sustituirán al Presidente en caso de ausencia, vacante o enfermedad; asumirá las competencias que le asignen los presentes Estatutos, así como el Reglamento de Funcionamiento de los Consejos Territoriales y las competencias que pudiera delegarle cualquiera de los órganos del Consejo Territorial, así como su Presidente.
Uno. La Secretaría del Consejo Territorial ejercerá funciones de asesoramiento, apoyo y secretaría de los órganos colegiados y unipersonales, y de asistencia técnica a los Consejeros Territoriales; realizará las actas, emitirá las certificaciones oficiales y velará, en general, por la observancia de la legalidad de los acuerdos.
Dos. El Reglamento de Funcionamiento de los Consejos Territoriales articulará los mecanismos de sustitución del Secretario. En su defecto actuará como tal un Consejero Territorial designado por el Consejo, a propuesta de su Presidente.
Uno. Para la válida constitución de los órganos, se estará a los siguientes criterios:
a) El Pleno precisará la asistencia de la mayoría absoluta de sus miembros, en primera convocatoria, y al menos de un tercio, en segunda convocatoria, cuya cifra, en ningún caso, podrá ser inferior a tres.
b) La Comisión Permanente del Consejo Territorial precisará, en todo caso, la asistencia, al menos, de dos de sus miembros, cuando la composición de aquélla no exceda de tres miembros; y, al menos, de tres, cuando su composición sea superior a tres Consejeros Territoriales.
c) Será preciso que, tanto para el Pleno como para la Comisión Permanente del Consejo Territorial, se hallen presentes el Presidente y el Secretario o personas que válidamente le sustituyan.
d) Se podrán celebrar sesiones del Pleno, Comisión Permanente y las Comisiones de Trabajo de los Consejos Territoriales en las que podrán participar sus miembros de forma no presencial, utilizando para ello aquellos medios telemáticos (telefónicos, audiovisuales o de cualquier otro tipo), que permitan la interactividad entre los miembros y la emisión de sus intervenciones y decisiones en tiempo real; de acuerdo con las reglas que establezca el Reglamento de Funcionamiento de los Consejos Territoriales.
Dos. En cuanto a la periodicidad de las reuniones:
a) El Pleno celebrará una sesión preceptiva ordinaria con periodicidad cuatrimestral. Además, en los términos que prevea el Reglamento de Funcionamiento Interno, celebrará cuantas sesiones extraordinarias considere oportunas su Presidente, lo solicite la Comisión Permanente del Consejo Territorial, un tercio de los Consejeros, cuya cifra nunca podrá ser inferior a dos; el Delegado Territorial o el Consejo General.
b) La Comisión Permanente del Consejo Territorial celebrará una sesión ordinaria con periodicidad mensual y cuantas sesiones extraordinarias convoque su Presidente o lo solicite alguno de sus miembros. No obstante lo anterior, el Consejo General podrá, a través del Reglamento de funcionamiento de los Consejos Territoriales, atendiendo a las circunstancias que concurran en cada caso, acordar el establecimiento de excepciones a la indicada periodicidad.
Tres. En cuanto a convocatoria:
a) La convocatoria del Pleno del Consejo Territorial se efectuará por escrito y por los medios más eficaces para garantizar su recepción, con una antelación mínima de siete días, las sesiones ordinarias, y de cuarenta y ocho horas las extraordinarias. Deberá indicar si la misma se celebra con carácter ordinario o extraordinario, el día, hora y lugar de la reunión, así como el orden del día, adjuntándose la documentación adecuada para el estudio de los temas por los Consejeros.
b) La convocatoria de la Comisión Permanente del Consejo Territorial se producirá con una antelación mínima de tres días, en las reuniones ordinarias, y de doce horas, en el caso de las extraordinarias.
Cuatro. En relación con el orden del día:
a) En cuanto al Pleno, el orden del día de las sesiones ordinarias contendrá la aprobación del acta de la sesión anterior y la exposición de las actuaciones de la Comisión Permanente del Consejo Territorial y de las Comisiones de Trabajo, así como los temas que determine el Presidente o proponga cualquiera de los Consejeros, los que el órgano colegiado hubiera aprobado en su sesión precedente por mayoría simple, los asuntos remitidos por el Delegado Territorial y las propuestas formuladas por la Comisión Permanente del Consejo Territorial.
No podrá ser objeto de acuerdo ningún asunto que no figure en el orden del día, salvo que estén presentes todos los vocales del órgano colegiado y sea declarada la urgencia del asunto por el voto favorable de la mayoría.
b) En cuanto a la Comisión Permanente del Consejo Territorial, en las sesiones ordinarias el orden del día estará integrado por la aprobación del acta de la sesión anterior, el seguimiento de la ejecución de acuerdos, los asuntos que decida el Presidente, y los que hubiera decidido el Pleno o los propuestos por cualquiera de los miembros de aquélla.
No podrá adoptarse ningún acuerdo en asunto que no esté incorporado en el orden del día salvo que, por razones de urgencia, y estando presente, al menos, dos tercios de sus miembros de pleno derecho, sea decidido por mayoría de asistentes.
c) Los respectivos órdenes del día, serán remitidos a los miembros del Pleno y de la Comisión Permanente del Consejo Territorial; correspondiéndole al Secretario del Consejo cursar, por orden del Presidente, las oportunas notificaciones y citaciones.
Cinco. En cuanto a la adopción de acuerdos:
a) Para el cómputo de las mayorías, se estará a lo previsto en el artículo 39.1 de los presentes Estatutos.
b) Los acuerdos aprobados por los órganos colegiados del Consejo Territorial, tanto en las sesiones ordinarias como extraordinarias, se adoptarán por mayoría simple, salvo que los Estatutos o el Reglamento de funcionamiento de los Consejos Territoriales exigieran una mayoría distinta.
c) El voto será in voce, salvo cuando se haya acordado votación secreta sobre algún asunto.
Seis. En cuanto a actas y eficacia de los acuerdos:
a) Las incidencias y acuerdos adoptados en el Pleno del Consejo Territorial y en la Comisión Permanente del Consejo Territorial, se reflejarán en actas, que serán aprobadas en sesión posterior.
No obstante lo anterior, dichos acuerdos tendrán fuerza ejecutiva a partir de su aprobación.
b) Cuando los acuerdos sean válidamente adoptados, obligan por igual a todos los miembros de los órganos y cualesquiera personas o entidades vinculadas con la Organización y afectada por ellos en su ámbito territorial.
c) Los acuerdos adoptados por el Pleno y por la Comisión Permanente del Consejo Territorial se comunicarán en un plazo no superior a cinco días al Consejo General, para su conocimiento y efectos oportunos de control de legalidad.
d) El acta recogerá expresamente, cuando el Consejero Territorial así lo haya solicitado en el momento de emitirlo, su voto negativo o abstención, así como la explicación de las razones de aquél, conforme al texto concreto que el Consejero debe entregar a la Secretaría.
e) El Secretario del Consejo podrá certificar el contenido de los acuerdos, antes de la aprobación del acta, debiendo indicar dicho extremo, en la certificación emitida.
Uno. Los acuerdos y decisiones de los órganos de los Consejos Territoriales deberán producirse y desarrollarse, conforme a la normativa vigente, dentro de su ámbito de competencias y con arreglo a los acuerdos e instrucciones emanados del Consejo General.
Dos. La actuación de los Consejos Territoriales estará sujeta al control de legalidad y supervisión del Consejo General, en los términos y con el alcance que se prevé en el artículo siguiente.
Tres. A este efecto, en el plazo y condiciones que fije el Consejo General, los Consejos Territoriales remitirán una copia escaneada de la Convocatoria, Orden del Día, actas y el resto de documentación que se distribuya de las sesiones convocadas.
Uno. La Comisión Ejecutiva Permanente del Consejo General podrá acordar la suspensión temporal de todos los acuerdos de los órganos de los Consejos Territoriales que estime que pueden incurrir en alguna de las siguientes causas:
a) Transgresión del ordenamiento jurídico vigente.
b) Actuación grave o reiterada en contra del interés general de la Entidad.
c) Adopción de acuerdos y resoluciones sin competencia material o territorial para ello.
d) Desobediencia o falta de cumplimiento de obligaciones impuestas por la normativa propia de la ONCE o instrucciones del Consejo General.
e) Conclusión de toda suerte de convenios o acuerdos, sin autorización previa del Consejo General, con cualquier Administración Pública de carácter estatal, autonómico o local, o entidades privadas.
f) Invasión de competencias propias del Consejo General, de los órganos de gestión de la ONCE o de cualquier otro órgano de la ONCE y su Fundación.
g) Cualquier actuación que de manera directa o indirecta ponga en peligro la unidad de la ONCE.
h) Imposibilidad de funcionamiento normal de los Consejos Territoriales.
Dos. El acuerdo de suspensión determinará su plazo de duración, que no podrá exceder de tres meses, período durante el cual el Pleno del Consejo General deberá dar audiencia a los órganos del Consejo Territorial que hubieran dictado el acuerdo suspendido, para que puedan formular alegaciones en el plazo que se establezca a tal efecto.
Tres. El Pleno del Consejo General podrá declarar la nulidad de los acuerdos objeto de la suspensión, en el caso de que entienda que subsisten las razones que dieron lugar a la misma, una vez trascurrido el plazo fijado para la audiencia, aunque ésta no se haya producido por causas ajenas al propio Consejo General.
Cuatro. Contra la declaración de nulidad de sus acuerdos, el Pleno del Consejo Territorial podrá interponer los recursos a que en su caso haya lugar en Derecho.
Cinco. El incumplimiento de sus obligaciones o la adopción de decisiones contra Derecho, por parte de los miembros de los órganos colegiados de los Consejos Territoriales y de los titulares de los órganos unipersonales, comportará la exigencia de las responsabilidades a que hubiera lugar en derecho por parte del Consejo General.
El desarrollo y aplicación de los preceptos contenidos en los presentes Estatutos relativos a la organización y funcionamiento de los Consejos Territoriales, se llevará a cabo mediante el Reglamento de Funcionamiento de dichos Consejos, que será aprobado y modificado por el Consejo General, con audiencia de aquéllos; sin perjuicio de cualesquiera otros acuerdos que pudiera adoptar el Consejo General, al respecto.
Uno. Todos los Consejeros, tanto Generales como Territoriales, deberán ser afiliados a la ONCE.
Dos. Las causas de inelegibilidad se regularán por las normas electorales de la ONCE y los acuerdos complementarios a las mismas que pudiera dictar el Consejo General.
Uno. Sin perjuicio de lo que pudieran establecer las normas electorales de la ONCE, así como los presentes Estatutos respecto de supuestos concretos, el régimen general de incompatibilidades entre cargos de representación y de carácter directivo será el que se establece en el presente precepto.
Dos. Con carácter general, será incompatible el desempeño del puesto de Consejero Territorial con el de Consejero General, y de ambos con los cargos directivos de la ONCE, excepción hecha de lo previsto en el artículo 32 de estos Estatutos con relación a los responsables ejecutivos máximos.
Uno. No podrá incoarse procedimiento sancionador contra ningún Consejero, ya sea General o Territorial, sin que el Consejo General, que habrá de ser consultado preceptivamente, se pronuncie sobre la procedencia de que el expediente sea tramitado.
Dos. El Reglamento de Régimen Interno del Consejo General, establecerá los criterios y reglas que rijan en el procedimiento de este tipo de expediente sancionador.
Uno. La gestión de la ONCE y sus estructuras organizativas se regirá, con carácter general, conforme a lo previsto en los presentes Estatutos y, más concretamente, a tenor de lo que se prevé en la presente Sección.
Dos. La ONCE adecua su organización a los principios generales de unidad institucional en todo el territorio del Estado, subordinación jerárquica, desconcentración, transparencia, eficiencia, coordinación sinérgica y vocación de servicio a sus afiliados.
Tres. Las estructuras organizativas u organigramas se ajustarán a los siguientes criterios:
a) Las estructuras y organigramas deben responder a un diseño que asegure un modelo moderno, adecuadamente dimensionado, profesionalizado, desconcentrado, flexible, ordenado, coordinado, jerarquizado, con capacidad de adaptación al cambio, garantizador de la unidad territorial y sujeto a los intereses generales y fines de la Organización.
b) Debe generarse un clima organizativo que fomente la motivación; un estilo moderno de dirección; procedimientos claros, ágiles, flexibles y delegables; objetivos alcanzables y compartidos; reconocimiento del esfuerzo y el compromiso que refuercen el trabajo en equipo.
c) Las estructuras organizativas deben estar orientadas al alto rendimiento que se concreta en: rentabilidad eficacia, eficiencia, innovación y satisfacción de clientes internos y externos.
d) Los organigramas deberán caracterizarse por la mayor simplicidad posible y estar orientados a la consecución de los objetivos institucionales al menor coste y sobre la base de procedimientos sencillos y ágiles.
e) El mantenimiento de un modelo organizativo basado en el equilibrio entre: el respeto al pluralismo y una gestión institucional rigurosa y eficiente; así como, entre una vocación y compromiso social con una gestión profesionalizada y moderna.
f) La dirección sinérgica, global y coordinada de la ONCE, de la Fundación ONCE y del Grupo Empresarial.
g) El desarrollo de líneas de cooperación con instituciones públicas y privadas, económicas y sociales; con o sin ánimo de lucro.
Cuatro. Los gestores de la ONCE, tanto en el plano directivo como en el de los mandos intermedios o responsabilidades análogas, deberán actuar con lealtad, diligencia y profesionalidad al servicio de la ONCE. El Consejo General regulará esta materia, teniendo en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:
a) Adopción de una línea de exigencia y rigor en cuanto a la definición del perfil personal y nivel de profesionalidad de los directivos, gestores y mandos intermedios de la ONCE; en los cuales deberán concurrir, entre otros, además del cumplimiento riguroso de los mandatos del Código Ético de Conducta de consejeros, directivos y mandos intermedios de la ONCE, y de las directrices generales emanadas del Consejo General, una serie de características contenidas en la normativa interna de aplicación.
b) Los responsables, a que se refiere este apartado, deberán actuar en total sintonía y estrecha colaboración con los Consejos Territoriales, desarrollando, con la máxima colaboración con éstos, todas aquellas acciones precisas, tanto en el ámbito interno como externo a la ONCE, que se deriven de los mandatos y acuerdos del Consejo General, con la finalidad de facilitar su mejor cumplimiento y optimizar sus resultados.
c) Se implantará gradualmente en la ONCE un sistema retributivo mixto, de manera que una parte de dicha retribución sea variable y se fije por cumplimiento de objetivos marcados de manera rigurosa, con el fin de que los directivos, mandos intermedios y puestos análogos asuman como reto y riesgo propio el buen resultado de su gestión respecto de la consecución de los objetivos que se marquen, incentivando su consecución.
d) Se adoptarán medidas y mecanismos que aseguren, por una parte, que las obligaciones contenidas en el Código Ético de Conducta, se instrumenten jurídicamente dentro de los contratos de dirección y, por otra, que se establezca un procedimiento, con garantías jurídicas adecuadas, por el cual los directivos, Consejeros Generales y Presidentes de Consejos Territoriales, al menos, estarán obligados a realizar una declaración notarial de su patrimonio en el momento de su nombramiento, renovación y cese en el cargo, posibilitando, mediante la correspondiente autorización que la ONCE, mediante acuerdo expreso de la Comisión Ejecutiva Permanente, pueda contrastar dicha información en el momento que lo crea oportuno, con base en razones, datos o hechos de relevancia para ello.
e) Se realizará un esfuerzo sostenido, con implicación de todos los responsables, para conseguir el arraigo de una cultura institucional de la ONCE y su Fundación que permita que, afiliados y trabajadores, conozcan y asuman su historia, valores, fines, actividades y funcionamiento.
Cinco. En materia de gestión económico-financiera y patrimonial se aplicarán, entre otros, los siguientes criterios:
a) La ONCE basa su actividad financiera en su propio esfuerzo, desde una actitud corresponsable en favor de las políticas activas de empleo y de generación de riqueza que permita la autonomía, el bienestar social y la vida independiente de sus afiliados, debiendo contar, para ello, con todos los medios jurídicos, organizativos, comerciales y financieros que permitan la consecución de dicho objetivo.
b) Serán acciones prioritarias: la aplicación de los principios de equilibrio presupuestario; el control del gasto así como de la estructura y capital humano, la apuesta firme por la gestión transparente y la adopción de los mecanismos de control financiero y auditoría, internos y externos que resulten precisos, así como el fortalecimiento económico y patrimonial para garantizar el cumplimiento a medio y largo plazo de los compromisos sociales, de empleo y de solidaridad con personas con otras discapacidades.
c) El Consejo General continuará adoptando cuantas medidas sean convenientes, que le permitan ejercer los controles económicos, de auditoría y de gestión oportunos, dotándose de cuantos medios normativos, humanos y tecnológicos sean necesarios para desarrollar esta labor. El Consejo General determinará en cada momento el procedimiento que deba utilizarse para ejercer el control en dichas materias, así como para definir la estrategia económica, comercial y empresarial a aplicar en la ONCE.
d) Los límites de endeudamiento de la ONCE se fijarán periódicamente por el Consejo General, y la superación de dichos límites requerirá la autorización previa de la Comisión Ejecutiva Permanente.
e) La defensa y mejora de los beneficios fiscales y de las bonificaciones en cotizaciones sociales de la ONCE como entidad social, sin fines lucrativos, de las modalidades y productos de lotería autorizados y de los afiliados y demás personas con discapacidad; todo ello como medida incentivadora de la inclusión laboral y de la plena accesibilidad a la vida cotidiana.
f) Como medida complementaria que asegure la estabilidad financiera de la ONCE, el Consejo General recabará de los poderes públicos y de las Administraciones Públicas competentes, el acceso y participación a los sistemas de ayudas públicas y subvenciones, tanto de carácter genérico, como específicamente para la propia ONCE.
A tal fin, y con carácter general, se trabajará por la captación de cuantas ayudas públicas, de cualquier naturaleza, provenientes de cualquier Administración Pública, puedan corresponder a la ONCE conforme a la legislación aplicable; así como por la obtención de donaciones privadas de personas físicas y jurídicas y cualquier otra aportación de mecenazgo social, cultural y deportivo, y responsabilidad social corporativa; adoptándose, en el seno del Consejo General, las medidas organizativas necesarias, para el conjunto de la ONCE y su Fundación, para favorecer la consecución de este objetivo.
Seis. Las relaciones laborales de la ONCE con sus trabajadores, se regirán por la legislación laboral aplicable y, especialmente, por el Estatuto de los Trabajadores, así como por el Convenio Colectivo entre la ONCE y su Personal vigente en cada momento.
Uno. El Consejo General garantizará que la gestión de la ONCE se inspire en los principios de igualdad de trato y oportunidades, no discriminación y acción positiva, los cuales impregnarán todas las actuaciones transversales de la ONCE; pudiendo definir acciones prioritarias en favor de aquellas personas que sufren doble discriminación o discriminación múltiple y especialmente los grupos de afiliados más desfavorecidos, para asegurar la aplicación del principio de igualdad real y efectiva, ajustando su contenido a las necesidades concretas de aquéllos, para alcanzar una mayor equiparación de todos en el nivel de calidad de vida e inclusión social.
Dos. Constituirá un objetivo prioritario de las políticas de igualdad de la ONCE la aplicación generalizada del principio de «igualdad de trato por razón de género».
A tal fin, y para favorecer la plena integración de la mujer afiliada, se desarrollarán medidas en materias tales como: participación, empleo, conciliación de la vida laboral y familiar y de lucha contra la violencia de género y cualquier otro acto abusivo contra la mujer.
Igualmente, y a través de la negociación colectiva, se articularán medidas a favor de las mujeres trabajadoras de la ONCE.
Tres. Se implantará en la ONCE y su Fundación, respecto de los cargos directivos y de gestión, el principio de representación equilibrada, a que se refiere el artículo 3, dos, h) de los presentes Estatutos, con el ritmo y alcance que, gradualmente, establezca el Consejo General, adoptándose las medidas organizativas precisas para conseguir este objetivo en el menor plazo posible.
Los criterios, principios y mecanismos establecidos en la presente Sección, actuarán como marco general de referencia, y se aplicarán con el alcance y ritmo que sea posible, a la Fundación ONCE y al Grupo Empresarial, así como a las demás entidades con fuerte vinculación a la ONCE, en los términos que, en cada momento, establezca el Consejo General.
Uno. El Director General es el máximo responsable de la gestión ordinaria de la ONCE y de la ejecución de los acuerdos del Consejo General, actuando conforme a criterios de competencia, eficacia, profesionalidad, eficiencia y desconcentración. Bajo su dependencia jerárquica se ordenan los responsables de las unidades de actuación a nivel estatal, los delegados territoriales, que tendrán la denominación que en cada momento se determine, los directores de centros y servicios de ámbito territorial, así como los restantes responsables de la gestión institucional.
Dos. Será nombrado y cesado por el Consejo General, de entre los afiliados con experiencia y prestigio suficiente en cargos de dirección y gestión, siendo propuesto por el propio Consejo. Será causa de cese en el cargo la concurrencia de alguna de las causas de extinción de la relación jurídica de afiliación que recoge el artículo 16.Uno de los Estatutos.
Tres. La duración del mandato del Director General será la misma que la del Consejo General, sin perjuicio de que podrá ser removido por éste. Al cesar en el cargo, permanecerá en funciones hasta el nombramiento y toma de posesión de su sucesor.
Cuatro. Las competencias del Director General son las que le confieren el RD 358/1991 y los Estatutos, así como aquéllas que le delegue el Consejo General por acuerdo del mismo, excepto las indelegables; o le otorgue mediante apoderamientos genéricos o específicos.
Cinco. Las competencias y facultades atribuidas al Director General podrán ser delegadas, mediante apoderamientos genéricos o específicos, a favor de los responsables de los servicios centrales y centros directivos, por razones de necesidad, urgencia, racionalidad o agilidad administrativa, y dentro de los criterios y límites marcados, al efecto, por el Consejo General.
Uno. Corresponderán al Director General las siguientes competencias de naturaleza representativa:
a) Ejercer todas las funciones ejecutivas conferidas conforme a lo dispuesto en estos Estatutos, representando a la Organización ante las Administraciones Públicas, las entidades privadas y los particulares, con capacidad de obrar suficiente conforme a las facultades que se le atribuye en el RD 358/1991, los presentes Estatutos y los apoderamientos que le fueran otorgados.
b) En todo cuanto se refiera a actuaciones en el orden procedimental, tanto judicial como administrativo o económico-administrativo, en cualesquiera clases de expedientes o procedimientos, y ante cualesquiera autoridades del Estado, Administraciones Públicas, provinciales o autonómicas, locales o municipales, corporaciones y organismos públicos, juzgados, tribunales de instancia o de apelación, incluso el Supremo y el Constitucional, de cualquier clase y jurisdicción, comprendida la civil, contencioso-administrativa, voluntaria, penal, por denuncia o querella, o como parte civil, gubernativa, contencioso y económico-administrativa, social o del trabajo, o cualquier otra, común o especial, todo ello para iniciar procedimientos o desistir de ellos, o realizar cualesquiera confesiones en los mismos, promover todo tipo de actas notariales, intervenir como recurrente, demandante o demandado o en cualquier otro concepto en el procedimiento o expediente de que se trate, pudiendo, en ellos, realizar cuantas gestiones, actuaciones y adopción de acuerdos tenga por conveniente, incluida la interposición de cualquier tipo de recurso, incluso los extraordinarios de casación y revisión. En especial, de conformidad con lo que se establece en las leyes de procedimiento vigentes, podrá renunciar, transigir, desistir, allanarse, someter a arbitraje o mediación, o realizar las manifestaciones que puedan comportar sobreseimiento del proceso por satisfacción extraprocesal o carencia sobrevenida de objeto, así como cualquier otra facultad especial exigida por las leyes de procedimiento.
Realizar por medios telemáticos los siguientes trámites y actuaciones especificados en la sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria: interponer recursos o reclamaciones, desistir de ellos, renunciar a derechos, asumir o reconocer obligaciones en nombre del obligado tributario, solicitar devoluciones de ingresos indebidos o reembolsos y en los restantes supuestos en que sea necesaria la firma del obligados tributario en los procedimientos regulados en los títulos III, IV y V de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y su normativa de desarrollo; consulta de datos personales; recepción de notificaciones (implica el consentimiento a la práctica de notificaciones electrónicas al apoderado y la posibilidad de que el apoderado pueda señalar los días en los que la Agencia Tributaria no pueda poner notificaciones en la dirección electrónica habilitada); pago de deudas gestionadas por la Agencia Estatal de Administración Tributaria mediante ordenación telemática de adeudos directos en cuentas de titularidad de la poderdante; por si resultara necesario, se le faculta al apoderado para que pueda solicitar especial y expresamente el Certificado Electrónico para Personas Jurídicas para el ámbito tributario.
Promover y personarse en las declaraciones de concurso u otros procedimientos de insolvencia y seguirlos hasta su conclusión, ejerciendo todos los derechos que en dichos procedimientos pudieran corresponder a la Organización por cualquier concepto.
Instar la autorización de actas notariales de cualquier tipo, declaración de herederos ab intestato u otras de notoriedad, remisión de documentos, exhibición, depósito voluntario o cualesquiera otras, incluida la intervención en subastas notariales.
Percibir del Fondo de Garantía Salarial, de la Tesorería General de la Seguridad Social, del Instituto Nacional de Empleo y órganos de empleo de las Comunidades Autónomas, o de cualquier otra entidad pagadora que en el futuro se cree o sustituya a dichos organismos, todas las cantidades que pudieran corresponder por cualquier concepto a la Organización y facultar a las indicadas entidades pagadoras para subrogarse en los derechos de la Organización, para el ejercicio de todo tipo de acciones que resulten procedentes en Derecho.
Constituir, librar, prestar, aceptar, modificar, ejecutar y anular avales, fianzas y garantías de cualquier tipo, sin limitación alguna.
En relación con todo lo anterior, delegar en todo o en parte sus facultades mencionadas en favor de abogados y procuradores o personas idóneas para concurrir en los procedimientos o expedientes de que se trate, que podrá elegir libremente.
c) Formalizar y otorgar toda clase de documentos públicos o privados y las escrituras públicas de poder general o especial y poder general para pleitos, mediante las que se faculte para representar a la ONCE en el ejercicio total o parcial de las facultades encomendadas, mandato especial, confiriendo la representación de la Organización para la adquisición, enajenación, permuta o gravamen de bienes inmuebles, muebles o valores mobiliarios y la aceptación de herencias o legados, previas las autorizaciones pertinentes, en su caso.
d) Resolver, provisional o definitivamente, los concursos de obras y equipamientos, de conformidad con los criterios establecidos al efecto por el Consejo General, procediendo ulteriormente a su ejecución.
e) Formalizar documentos sobre contratación laboral, civil, mercantil, así como arrendamiento de inmuebles y prestaciones de servicios y, en general, contratos de cualquier índole o naturaleza.
f) Formalizar, cuando así se lo encomiende el Consejo General, las escrituras de constitución de asociaciones, sociedades mercantiles y entidades de cualquier tipo, así como cualesquiera otros actos y documentos en los que haya de intervenir directamente la ONCE como accionista, asociado, patrono o participante, de conformidad con el artículo 4.4.s) del RD 358/1991.
Dos. Corresponderán al Director General las siguientes competencias de índole económica:
a) Elaborar los planes generales y sectoriales de actuación de naturaleza económica, para su sometimiento a la aprobación o conocimiento del Consejo General o de su Comisión Ejecutiva Permanente.
b) Elaborar los proyectos de presupuestos ordinarios y extraordinarios de la Organización, así como la liquidación de dichos presupuestos, formular las cuentas anuales individuales y consolidadas y los informes de gestión, y presentar las mismas al Consejo General, una vez auditadas, a efectos de su aprobación con arreglo a los criterios y plazos que establezca dicho Consejo.
c) Dirigir la gestión financiera ordinaria, incluyendo la inversión de excedentes y la toma de dinero a crédito, la ejecución de las inversiones, con arreglo a los criterios establecidos por el Consejo General, en el Código de Conducta de Inversiones Financieras Temporales aprobado por este órgano.
d) Adquirir o enajenar los bienes muebles, inmuebles, valores mobiliarios y cuantas medidas afecten al patrimonio de la Entidad, de conformidad con las previsiones contenidas en los presentes Estatutos.
e) Ejecutar los presupuestos aprobados y los planes de política económica que se hayan aprobado por el Consejo General, dentro de las normas que reglamentariamente se determinen.
Tres. Corresponderán al Director General las siguientes competencias de carácter organizativo y de gestión:
a) Organizar y dirigir los servicios administrativos y de gestión, estableciendo unidades de actuación y distintos servicios y asesorías a ella adscritos, previa aprobación del Consejo General.
b) Proponer al Consejo General, previos los informes de los delegados territoriales y de los Consejos Territoriales afectados que tendrán carácter no vinculante, la creación, supresión, fusión o modificación del ámbito territorial de las Delegaciones Territoriales y demás centros directivos territoriales o especializados a su cargo; de acuerdo con el procedimiento que fije el Consejo General.
c) Estructurar y organizar las Delegaciones y centros de gestión territorial, vigilando el funcionamiento de los mismos, sin perjuicio de las facultades de ejecución que correspondan a sus directivos.
d) Proponer al Consejo General la creación o cese en sus actividades de centros de educación, rehabilitación, formación y trabajo, con observancia de los mismos requisitos explicitados en la letra b) anterior.
e) Proponer el nombramiento y cese de los cargos directivos de los servicios centrales, de los centros de ámbito territorial y de los centros especializados.
f) Elaborar los proyectos de líneas directrices de las políticas de recursos humanos y de plantillas orgánicas de la Organización.
g) Conceder recompensas e imponer sanciones laborales por faltas leves, graves, así como por las muy graves que le delegue el Consejo General en los supuestos y con los requisitos de procedimiento y de orden sustantivo que se establezcan en los Estatutos, convenios colectivos u otras normas de desarrollo.
h) Resolver expedientes disciplinarios incoados a los afiliados por faltas leves y graves, previo dictamen preceptivo, para estas últimas, de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Garantías del Consejo General.
i) Dictar las normas de ejecución y carácter interno necesarias para el buen funcionamiento de la Organización y el correcto cumplimiento de los criterios aprobados por el Consejo General.
j) Elaborar los planes de actuación de la Entidad y velar por su ejecución, una vez aprobados por el Consejo General.
k) Asistir, con voz y en su caso voto, a las sesiones del Consejo General y como vocal a las sesiones del Consejo de Protectorado.
l) Comparecer y ser oído en las Comisiones, Comités, Grupos de Trabajo y Ponencias del Consejo General y del Consejo de Protectorado, de las que forme parte o sea requerido al efecto, o de cuantas pudiera delegarle el Consejo General o el Consejo de Protectorado.
m) Emitir cuantos informes le sean solicitados por el Consejo General.
n) Cuantas funciones de tipo administrativo le delegue el Consejo General.
ñ) Proponer al Consejo General, atendiendo a razones organizativas, económicas y comerciales, la adopción de acuerdos sobre la implantación y lanzamiento de nuevos productos de lotería o sobre la modificación, supresión o finalización de los productos de lotería existentes dentro de las modalidades de lotería explotadas actualmente por ONCE en su calidad de operador designado para la realización de actividades de lotería objeto de reserva legal (modalidad de lotería denominada «Cupón de la ONCE», modalidad de lotería denominada lotería instantánea y modalidad de lotería denominada juego activo) y de las modalidades que puedan autorizarse en el futuro; sobre los canales y soportes de venta a utilizar por la ONCE en cada momento, y sobre los reglamentos de las modalidades de lotería y sus posteriores modificaciones. La competencia de adopción del acuerdo de finalización de un producto podrá ser delegada en el Director General, sin perjuicio de aquellas resoluciones y acuerdos que, al respecto, pudiera adoptar el Consejo General.
o) Proponer al Consejo General su aprobación, y suscribir los acuerdos aprobados por el Consejo General una vez verificados y/o conocidos por el Consejo de Protectorado con otros operadores de juego habilitados para operar en países del Espacio Económico Europeo, con operadores de juego habilitados para operar en aquellos países europeos que hayan solicitado su incorporación a la Unión Europea sobre los que exista un pronunciamiento favorable del Consejo en los términos del artículo 49 del Tratado de la Unión Europea, así como con operadores de juego habilitados en otros países relativos a la comercialización simultánea o conjunta de productos comunes de lotería, en los términos previstos en el Acuerdo General con el Gobierno de la Nación y las condiciones, requisitos y procedimientos establecidos en los apartados 5 y 6 del artículo 7 del Real Decreto 358/1991, en base a lo acordado por el Consejo General.
p) Proponer al Consejo General su aprobación y suscribir los acuerdos aprobados por el Consejo General y verificados por el Consejo de Protectorado, con operadores habilitados en los países señalados en la letra o) anterior para la venta de los productos de lotería propios de la ONCE en los términos previstos en el Acuerdo General con el Gobierno de la Nación, en base a lo acordado por el Consejo General.
q) Proponer al Consejo General su aprobación, y suscribir los acuerdos aprobados por el Consejo General una vez verificados y/o conocidos por el Consejo de Protectorado, que tengan como objeto comercializar en territorio nacional de forma conjunta productos de lotería objeto de reserva legal, así como proponer y suscribir acuerdos con terceros en relación con la comercialización de productos de juego explotados por otros operadores habilitados en el mercado español de juego en los términos previstos en el Acuerdo General con el Gobierno de la Nación.
r) Proponer al Consejo General su aprobación y suscribir los acuerdos aprobados por el Consejo General, una vez verificados y/o conocidos por el Consejo de Protectorado, para la comercialización de productos y servicios distintos de los anteriores en los términos previstos en el Acuerdo General con el Gobierno de la Nación.
s) Implantar y ejecutar las medidas aprobadas por el Consejo General en relación con la cooperación con el Estado, así como con otras Administraciones, Organismos Públicos y entidades nacionales e internacionales para erradicar los juegos ilegales, para proteger los intereses del Estado contra los riesgos de fraude y criminalidad y para evitar los efectos perniciosos del juego sobre los consumidores.
t) Implantar y ejecutar las medidas aprobadas por el Consejo General relativas al cumplimiento de la normativa sobre juego responsable que resulte aplicable, a la suscripción de los estándares de juego responsable establecidos por las asociaciones internacionales de las que forme parte, y al cumplimiento de dichos estándares.
u) Resolver en primera instancia las reclamaciones contra los actos de la Organización en relación con las actividades de lotería de titularidad de la ONCE.
Cuatro. Corresponderán al Director General las siguientes funciones consultivas:
a) Ser oído, preceptivamente, en la elaboración de cualquier reforma o proyecto de modificación de los Estatutos de la ONCE.
b) Ser oído, preceptivamente, en las reglamentaciones de desarrollo estatutario.
c) Ser oído, preceptivamente, en la negociación de convenios entre la ONCE e instituciones públicas o privadas, cualquiera que fuera su ámbito territorial o funcional, que el Consejo General se reserve expresamente.
d) Informar las propuestas que formulen el Consejo General y, en su caso, el Consejo de Protectorado, orientadas a la promoción de medidas legales relacionadas con la ONCE.
e) Emitir cuantos informes le sean solicitados por el Consejo General o a iniciativa del Consejo de Protectorado de la ONCE.
Además de las competencias específicas señaladas en el artículo precedente, el Director General ejercerá las atribuciones que le delegue el Consejo General o su Comisión Ejecutiva Permanente excepto las competencias indelegables, o le asignen cualesquiera otras normas que complementen o desarrollen los presentes Estatutos.
Uno. La Dirección General de la ONCE es el órgano superior al que corresponde la gestión ordinaria de la Entidad. Ejecuta los acuerdos del Consejo General, que le conciernan, y actúa conforme a los principios y criterios contenidos en la Sección 1.ª de este Capítulo.
Dos. De la Dirección General dependen los servicios centrales, territoriales y especializados de la ONCE, conforme a la estructura orgánico-funcional vigente en cada momento.
Uno. Los servicios centrales de la Dirección General radican en la capital del Estado, se ordenarán conforme a criterios funcionales y de racionalidad jerarquizada, y actúan bajo la dirección superior del Director General de la ONCE. Se ajustarán a criterios de dimensionamiento adecuado, austeridad, máxima racionalidad, eficiencia y rigor.
Dos. Se articulan en órganos colegiados y unipersonales, tienen naturaleza de órganos directivos, de gestión, técnicos o consultivos, aplicándose los criterios establecidos en los presentes Estatutos, al respecto.
Uno. La organización territorial de la ONCE se extiende a todo el ámbito del Estado y se estructura a través de los centros territoriales que estarán integrados, fundamentalmente, por las Delegaciones, que serán los órganos superiores del ámbito territorial, que tendrán la denominación que se apruebe en cada momento, y que ejercerán desconcentradamente las funciones asignadas en régimen de dependencia de la Dirección General.
Dos. Su demarcación coincidirá con el territorio de las diferentes Comunidades Autónomas.
Tres. Los delegados territoriales, y aquellos otros cargos de la estructura territorial que se determine, tendrán la condición de cargos directivos de la ONCE.
Uno. Los centros especializados dependientes de la Dirección General de la ONCE tendrán encomendada la organización y gestión de aquellos servicios, prestaciones, y actividades que, por su singularidad o especificidad, lo requieran para un más adecuado cumplimiento de los fines sociales de la Organización.
Dos. Gozarán de un régimen administrativo de autonomía de gestión, análogo al de las Delegaciones Territoriales, y contarán con los recursos humanos y materiales precisos para el desarrollo de sus funciones, conforme a los criterios y directrices emanados del Consejo General y de la Dirección General, respectivamente.
Tres. Los centros especializados serán creados y cesarán en su actividad, por acuerdo del Consejo General, a propuesta del Director General.
Cuatro. El acuerdo de creación de cada centro especializado determinará el ámbito territorial que deba cubrir, su denominación, sus funciones genéricas, destinatarios preferentes de sus servicios o requisitos para beneficiarse de los mismos, así como su estructura y régimen de funcionamiento y cualquier otro aspecto preciso para el adecuado cumplimiento de sus cometidos.
Cinco. Los centros especializados dependerán funcionalmente de las unidades directivas correspondientes de la Dirección General, sin perjuicio de las relaciones que puedan establecerse con los órganos o centros de su ámbito territorial.
Seis. Los directores de centros especializados tendrán la condición de cargos directivos de la ONCE.
Uno. La gestión de los servicios, prestaciones, y actividades de la ONCE podrá desarrollarse, bien, de forma directa, a través de los servicios centrales, territoriales y centros especializados, o bien, mediante la creación de personas jurídicas con fuerte vinculación a la ONCE, o mediante la suscripción de convenios y/o conciertos.
Dos. Para la gestión de tales servicios, prestaciones, y actividades, la ONCE podrá decidir la creación de entidades con fuerte vinculación a la misma, de naturaleza asociativa, fundacional o cualquier otra reconocida en Derecho; estableciendo los mecanismos de relación, coordinación y control de las mismas.
Tres. Igualmente, podrá decidir la participación en entidades públicas o privadas de cualquier naturaleza siempre que ello coadyuve al mejor cumplimiento de sus fines.
Cuatro. Dicha gestión podrá atenderse, también por la ONCE, por vía de cooperación, mediante conciertos o la suscripción de acuerdos y convenios institucionales, o cualquier otra modalidad análoga de colaboración; recabando, para ello, las correspondientes subvenciones o ayudas públicas, así como las aportaciones privadas que se reciban a tal fin.
El Consejo General establecerá los criterios y procedimientos para la ordenación de la política de acuerdos y convenios institucionales que pueda suscribir la ONCE y su Fundación.
Uno. La aprobación de las estructuras orgánico-funcionales, así como la normativa marco reguladora, de los servicios centrales, territoriales y centros especializados, corresponderá al Consejo General, a propuesta del Director General, conforme a los criterios contemplados en los presentes estatutos y singularmente en el artículo 3 Dos, 59 y 66. Uno.
Dichas estructuras contendrán la denominación precisa de cada órgano o unidad organizativa, debiendo ajustarse su terminología a las formulaciones más adecuadas, teniendo en cuenta los intereses generales de la ONCE y demás circunstancias concurrentes.
Dos. Idéntico procedimiento se seguirá en los supuestos de modificación de tales estructuras que supongan aumento, supresión o cambio de denominación de las mismas.
Tres. Asimismo, el Consejo General deberá tomar conocimiento previo de las estructuras orgánico-funcionales de las otras áreas ejecutivas que se pretendan aprobar, así como de sus modificaciones.
Uno. La ONCE tiene plena capacidad de obrar y en consecuencia goza de autonomía económica y financiera en sus actuaciones.
Dos. La actividad económico-financiera de la ONCE tiene como objetivo la obtención y la gestión de recursos suficientes para el cumplimiento de sus fines genuinos y de los servicios sociales de interés general que tiene encomendados, así como garantizar la estabilidad financiera global de la Entidad en el medio y largo plazo.
Tres. La actuación económico-financiera de la ONCE se regirá por lo dispuesto en los presentes Estatutos, por los acuerdos adoptados por el Consejo General y por los objetivos fijados en el presupuesto anual aprobado por el Consejo General.
Cuatro. Los documentos básicos que reflejan la actividad económica de la ONCE son los siguientes:
a) Presupuestos anuales.
b) Liquidación de los presupuestos.
c) Cuentas anuales individuales y consolidadas, junto con sus auditorías.
d) Informes de gestión individual y consolidado.
Cinco. El patrimonio de la ONCE no responde de los gastos, inversiones y operaciones de crédito que se adquieran o realicen al margen de lo previsto en los presentes Estatutos y en sus normas de desarrollo.
Seis. La ONCE disfruta de los beneficios que la legislación vigente concede a las corporaciones de derecho público y a las entidades sin fines lucrativos. Asimismo, es beneficiaria de las bonificaciones en las cotizaciones sociales de sus trabajadores y trabajadoras con discapacidad que establezca la legislación vigente.
Siete. Los criterios, mecanismos y procedimientos regulados en el presente Título son de aplicación directa a la ONCE y, además, surtirán efectos en la Fundación ONCE, en el Grupo Empresarial, y en otras entidades con fuerte vinculación a la misma, con carácter general como criterios de referencia, en cuanto resulten aplicables; o de aplicación directa en aquellos supuestos en los que tales regulaciones se hayan establecido de manera nominativa para dichas entidades; y ello, en atención a las facultades que sobre éstas atribuyen el RD 358/1991 y los presentes Estatutos, a la ONCE y al Consejo General.
Uno. El Director General elaborará, con periodicidad superior al año, una planificación estratégica de la actividad económico-financiera de la ONCE, que englobará los principales epígrafes de dicha actividad: ventas de juego, otros ingresos, prestaciones sociales, u otras análogas.
Dos. El Consejo General de la ONCE impulsará la realización de planificaciones estratégicas en el ámbito económico-financiero en la Fundación ONCE, en el Grupo Empresarial y en otras entidades con fuerte vinculación a la ONCE, en las que figurarán incluidas las magnitudes estimadas relativas a la creación de empleo y a las acciones de formación de personas con discapacidad. El Consejo General deberá conocer e informar dichas planificaciones, con carácter previo a su aprobación por los órganos correspondientes.
Tres. Corresponde a la Comisión Ejecutiva Permanente del Consejo General la supervisión y seguimiento de las planificaciones contenidas en el presente artículo, y al Pleno del Consejo General la aprobación de las planificaciones de la ONCE y la toma en conocimiento de las planificaciones del resto de Entidades.
El Patrimonio de la ONCE está integrado por:
a) Los derechos sobre bienes inmuebles cuya titularidad posea en el presente, adquiera o asuma en el futuro.
b) Los bienes muebles, títulos valores y capitales de entes de naturaleza institucional, asociativa o societaria, que puedan constituirse o en los que la ONCE participe.
c) Los derechos de propiedad intelectual e industrial y los derechos sobre bienes incorporales, que mediante adquisición o donación le puedan corresponder.
d) Los derechos de cobro, correspondientes a las diferentes operaciones que realice la Entidad.
e) Cualquier otro bien o derecho que legalmente le pertenezca.
Para el cumplimiento de sus fines, la ONCE dispone de los siguientes recursos económicos:
a) Su patrimonio actual, directamente gestionado por la Organización, y el rendimiento del mismo.
b) El patrimonio y los beneficios de las empresas creadas o participadas por la ONCE, en la parte que corresponda.
c) Los beneficios obtenidos en la explotación de las modalidades de lotería de titularidad de la ONCE, conforme a la legislación aplicable y el Acuerdo General entre el Gobierno de la Nación y la ONCE.
d) Las subvenciones o cualquier otra ayuda pública que, en su caso, le concedan la Unión Europea, el Estado y demás Administraciones Públicas, Territoriales e Institucionales o cualquier otro tipo de entidades públicas o privadas, nacionales o extranjeras.
e) Las aportaciones, donaciones, legados y herencias concedidas u otorgadas por particulares, empresas o entidades.
f) El rendimiento obtenido en la prestación de servicios especializados y en cuantas actividades comerciales realice la ONCE, bien directamente o a través de entes instrumentales o filiales, o sociedades mercantiles.
g) El patrimonio fundacional y los bienes existentes en las fundaciones promovidas o no por la ONCE, en caso de extinción, cuando sus previsiones estatutarias así lo determinen.
h) Los ingresos derivados de las previsiones contenidas en artículo 12, Dos, de los presentes Estatutos.
i) Los ingresos que provengan de actividades diferentes de las anteriores que se realicen al amparo de lo previsto en el Acuerdo General entre el Gobierno de la Nación y la ONCE.
j) Cualquier otro tipo de ingreso que obtenga o se le reconozca conforme al ordenamiento jurídico aplicable.
Uno. El presupuesto ordinario de la ONCE tendrá carácter anual, articulándose en tres grandes apartados: presupuesto de ingresos, presupuesto de gastos y presupuesto de inversión. Asimismo, contará con un apartado donde figuren las proyecciones del balance, de la cuenta de resultados, del estado de cambios en el patrimonio neto y del estado de flujos de efectivo de la ONCE.
Dos. Junto con los presupuestos de la ONCE, el Consejo General aprobará las grandes magnitudes del Grupo Empresarial.
Tres. La Fundación ONCE, el Grupo Empresarial y otras entidades con fuerte vinculación a la ONCE deberán elaborar planes de actuación, presupuestos anuales, o documentos de contenido similar, de acuerdo con sus normas estatutarias.
Cuatro. El Consejo General podrá aprobar presupuestos extraordinarios para gastos o inversiones inaplazables de la ONCE, cuando no exista crédito suficiente en el presupuesto ordinario. En cada presupuesto extraordinario se indicará su naturaleza, cuantía, financiación y duración.
Cinco. Si al iniciarse el nuevo ejercicio económico, todavía no se hubiera aprobado el presupuesto ordinario, quedará prorrogado el presupuesto del ejercicio anterior, hasta que se disponga de un nuevo presupuesto.
Uno. Los presupuestos de la ONCE se elaborarán en base a funciones, programas y actividades, o en base a aquellas otras divisiones funcionales que el Consejo General determine en cada momento. Cada una de las actividades recogerá, acciones encaminadas hacia el logro de fines homogéneos.
Dos. Los créditos del presupuesto de ingresos expresan los objetivos de obtención de recursos establecidos para el ejercicio.
Tres. Los créditos del presupuesto de gastos y del presupuesto de inversión significan el límite máximo autorizado por el Consejo General, para invertir en las atenciones para las que se consigna.
Cuatro. En los presupuestos anuales de gasto y de inversión figurará una actividad denominada «fondo de modificaciones presupuestarias» asignada al presupuesto de la Dirección General, que servirá para cubrir las insuficiencias que pueda haber en alguna actividad.
Cinco. En la aprobación de los presupuestos anuales, el Consejo General determinará los criterios para establecer la naturaleza limitativa, transferible o ampliable de las diferentes partidas del presupuesto y para utilizar el «fondo de modificaciones presupuestarias».
Uno. El proyecto de presupuesto anual de la ONCE, será elaborado por la Dirección General de la ONCE.
Dos. Las grandes magnitudes del Grupo Empresarial serán elaboradas por la sociedad cabecera del Grupo Empresarial.
Tres. Corresponde al Consejo General la aprobación, en el mes de diciembre del ejercicio anterior, del presupuesto anual de la ONCE y de las grandes magnitudes del Grupo Empresarial.
Cuatro. En el mismo proceso de aprobación, el Consejo General conocerá los presupuestos de la Fundación ONCE, del Grupo Empresarial y de otras entidades con fuerte vinculación a la ONCE.
Cinco. Una vez aprobados los presupuestos ordinarios de la ONCE y, en su caso, extraordinarios, se enviarán al Consejo de Protectorado, junto con las grandes magnitudes del Grupo Empresarial, para su conocimiento.
Uno. Para la ejecución del presupuesto de la ONCE se tendrá en cuenta lo siguiente:
a) El Director General es el máximo responsable de la ejecución del presupuesto de la ONCE y actúa con plena capacidad en la gestión de los recursos disponibles, de acuerdo con los presentes Estatutos y con su normativa de desarrollo.
b) Respecto del presupuesto del Consejo General, su Presidente tendrá la misma capacidad de ejecución que el Director General.
c) Para ejecutar el presupuesto de la ONCE, el Director General contará con el apoyo y colaboración de los directivos de la Dirección General y de los Centros de ella dependientes. A estos efectos, el Director General impartirá unas normas de desarrollo de los presupuestos, estableciendo la competencia y responsabilidad de cada uno de los directivos y de otros responsables de gestión sin rango directivo.
Dos. La ejecución de los mandatos contenidos en las grandes magnitudes del Grupo Empresarial será competencia de su Consejo de Administración y de los órganos delegados de éste. El Consejo de Administración del Grupo Empresarial impartirá instrucciones a los directivos y a otros responsables de gestión sin rango directivo de sus empresas filiales, con el fin de asegurar dicha ejecución.
Tres. La ejecución del presupuesto de la Fundación ONCE, del Grupo Empresarial y de las demás entidades con fuerte vinculación a la ONCE será competencia de los órganos colegiados o unipersonales que estén previstos en sus respectivos estatutos.
Uno. Los gastos e inversiones que se produzcan en el seno de la Organización perseguirán el cumplimiento de los objetivos planificados, inspirándose en los principios de eficacia, eficiencia, rentabilidad, solvencia, libre competencia y economía en su distribución.
Dos. La gestión ordinaria de los gastos, inversiones y desinversiones de la ONCE corresponde al Director General, dentro de los límites cuantitativos y criterios que el Consejo General determine.
Tres. El Consejo General dispone de autonomía de gasto, inversión y desinversión sobre sus propias partidas presupuestarias, facultad que corresponderá a su Presidente, dentro de los límites cuantitativos y criterios establecidos.
Cuatro. El Consejo General determinará los criterios y límites para la realización de gastos, inversiones y desinversiones, por parte del Director General y del Presidente del Consejo General de la ONCE.
Cinco. El Director General de la ONCE fijará los criterios y límites cuantitativos para la realización de gastos, inversiones y desinversiones por parte de los directivos y otros responsables de gestión sin rango directivo de la Dirección General, y de los centros de ella dependientes.
Seis. El Consejo General determinará los criterios y límites cuantitativos para la realización de gastos, inversiones y desinversiones por parte de los órganos colegiados y de los máximos ejecutivos de la Fundación ONCE, del Grupo Empresarial y demás entidades con fuerte vinculación a la ONCE.
Siete. El Consejo General determinará, en función de su cuantía y naturaleza, los gastos, inversiones y desinversiones de la ONCE, de la Fundación ONCE, del Grupo Empresarial y de otras entidades con fuerte vinculación a la ONCE, que deben contar con autorización del Consejo General, con carácter previo a su ejecución.
Uno. De acuerdo con los presentes Estatutos y con su normativa de desarrollo, el Director General de la ONCE podrá realizar los actos de inversión o de disposición patrimonial que se consideren oportunos para la adecuada marcha de la Organización, informando al Consejo General.
Dos. El Consejo General informará de estos actos de inversión y de disposición patrimonial al Consejo de Protectorado, cuando su cuantía supere el importe establecido por éste.
Uno. La tesorería de la ONCE está formada por sus recursos financieros, cualesquiera que sea su naturaleza y la moneda en la que vengan expresados, ya consistan en dinero, cuentas corrientes, depósitos bancarios, títulos, valores, créditos u otros de análoga naturaleza.
Dos. La ONCE podrá acudir a entidades de crédito y a los mercados financieros con el fin de obtener dinero a crédito, con el que completar los recursos obtenidos en la actividad ordinaria de la Entidad y asegurar en todo momento la liquidez necesaria para su funcionamiento y constituir garantías de cualquier tipo, respetando, en todo caso, los límites globales fijados por el Consejo General.
Tres. Dentro de los presupuestos anuales de la ONCE se incluirá un apartado con las previsiones de tesorería y de endeudamiento bancario para el ejercicio correspondiente, que respetarán los límites globales fijados por el Consejo General.
Corresponde al Consejo General de la ONCE:
a) Fijar los criterios generales de aprobación, autorización, gestión y control en relación con la tesorería y financiación de la ONCE, de la Fundación ONCE, del Grupo Empresarial y de las demás entidades con fuerte vinculación a la ONCE.
b) Establecer un código de conducta con los criterios para la realización de inversiones financieras de carácter temporal, que deberán seguir en sus actuaciones la ONCE, la Fundación ONCE, el Grupo Empresarial y las demás entidades con fuerte vinculación a la ONCE. Dicho código deberá estar inspirado en la normativa dictada por el Banco de España y por la Comisión Nacional del Mercado de Valores y se basará en los principios de seguridad, liquidez y rentabilidad.
El Director General es el órgano encargado de la gestión de la tesorería y financiación de la ONCE, a cuyo efecto, y dentro de los principios dictados y de los límites globales fijados por el Consejo General, cuenta con las siguientes competencias:
a) El diseño de la política bancaria de la ONCE.
b) La gestión de los recursos financieros de carácter líquido propiedad de la ONCE.
c) La gestión del endeudamiento de la Entidad.
d) La gestión de los excedentes de tesorería, mediante su inversión en valores mobiliarios o análogos.
e) La suscripción de pólizas de aval o garantías similares y la concesión de avales.
Uno. En el primer semestre del ejercicio siguiente, el Director General formulará y presentará al Consejo General, para su aprobación, los siguientes documentos de la ONCE:
a) Cuentas anuales individuales y consolidadas.
b) Liquidación de los presupuestos.
c) Informes de gestión individual y consolidado.
Dos. Los responsables ejecutivos de la Fundación ONCE, del Grupo Empresarial y de cualquier otra entidad con fuerte vinculación a la ONCE, presentarán en el mismo plazo para conocimiento del Consejo General las cuentas anuales e informes de gestión individuales y, cuando proceda, las cuentas anuales e informes de gestión consolidados y la liquidación de los presupuestos de sus respectivas entidades.
El registro contable de los activos, pasivos, ingresos y gastos de la Organización se efectuará de acuerdo con los principios y criterios establecidos en el plan contable de la ONCE.
El plan contable de la ONCE se elaborará y aprobará por la Dirección General, ajustándose al Plan General de Contabilidad vigente en cada momento, o a la adaptación de dicho plan que pudiera ser de obligado cumplimiento a la ONCE, y a otras normas mercantiles de ámbito nacional o europeo que sean de aplicación obligatoria a la ONCE.
A efectos contables, los fondos propios de la ONCE están formados por las siguientes partidas:
a) Fondo social: Esta partida constituye el elemento básico del patrimonio de la Organización para conseguir sus fines sociales y es la principal garantía ante terceros. Cualquier modificación del fondo social deberá requerir la aprobación del Consejo General, protocolizándose en escritura pública.
b) Reserva estatutaria: Esta reserva tiene como finalidad actuar de complemento del fondo social para lograr una adecuada capitalización de la Organización. Se dotará anualmente en la cuantía que establezca el Consejo General. La reserva estatutaria sólo podrá destinarse a ampliar el fondo social o a compensar los posibles déficits del ejercicio que no puedan ser cubiertos con reservas voluntarias.
c) Reservas de carácter fiscal o mercantil: Son aquellas reservas creadas por normas fiscales o mercantiles a las que la ONCE se haya acogido voluntaria u obligatoriamente. El fin y utilización de las mismas será el determinado en las propias normas fiscales.
d) Reservas voluntarias: Son aquellas reservas creadas por la Organización con la parte del excedente del ejercicio que no haya sido aplicada a los capítulos anteriores. Su disposición para cualquier finalidad requerirá la aprobación del Consejo General.
Uno. Con base en los criterios establecidos en el Plan General de Contabilidad y normativa de desarrollo, la Organización creará en su balance, con cargo a los resultados del ejercicio, todas aquellas provisiones que sean necesarias para hacer frente a contingencias, riesgos y responsabilidades futuras.
Dos. El Consejo General podrá adoptar mecanismos específicos dentro del patrimonio neto para cubrir posibles desviaciones anuales que se produzcan en el porcentaje de premios pagados del Cupón y de otras modalidades de lotería de las que es titular, revisando periódicamente su funcionamiento.
Como complemento de las cuentas anuales, la Dirección General de la ONCE mantendrá un inventario de los bienes y derechos propiedad de la Organización continuamente actualizado. Un resumen de las principales partidas de dicho inventario se presentará, por el Director General al Consejo General, junto con las cuentas anuales, para su conocimiento.
El Consejo General de la ONCE es el órgano responsable de:
Uno. Realizar el control de gestión, en relación con el cumplimiento de los objetivos marcados y con la eficacia, eficiencia, rentabilidad y productividad de las actuaciones de la ONCE, de la Fundación ONCE, del Grupo Empresarial y de otras entidades relacionadas con la ONCE. En ejercicio de dicho control, el Consejo General analizará las posibles desviaciones que se produzcan respecto de los objetivos marcados y, si procede, establecerá las responsabilidades oportunas.
Dos. Efectuar el control financiero de la ONCE, de la Fundación ONCE, del Grupo Empresarial y de otras entidades con fuerte vinculación a la ONCE, de acuerdo con lo siguiente:
a) La ONCE, la Fundación ONCE, el Grupo Empresarial y otras entidades con fuerte vinculación a la ONCE enviarán al Consejo General, con la periodicidad que se determine, sus estados financieros, auditorías y aquella otra información económica que se precise para un correcto conocimiento de su marcha económico-financiera.
b) El Consejo General cuenta con el Comité General de Auditoría de ONCE y su Fundación, y promoverá la implantación de Comités de Auditoría en la ONCE, en la Fundación ONCE, en el Grupo Empresarial y en otras entidades con fuerte vinculación a la ONCE, que serán los órganos encargados de supervisar el correcto funcionamiento económico-financiero de las entidades.
c) El Consejo General determinará la composición y funciones de estos comités. El Comité General de Auditoría de la ONCE y su Fundación estará formado por tres o más Consejeros Generales, y contará con un Secretario, no vocal, con conocimientos en auditoría.
d) En el caso de que la ONCE adquiera la consideración de «entidad de interés público» a los efectos de la normativa de auditoría de cuentas, el Comité General de Auditoría mencionado en las letras anteriores, asumirá, las funciones encomendadas en dicha normativa a la Comisión de Auditoría.
e) Como soporte técnico de los Comités de Auditoría, se crearán unidades de auditoría interna, dependientes funcionalmente de dichos comités, que contarán con las funciones que el Consejo General establezca.
Uno. Las cuentas anuales de la ONCE individuales y consolidadas se auditarán por una empresa auditora independiente, de acuerdo con la legislación vigente.
Dos. Corresponde al Consejo General de la ONCE el nombramiento de la empresa auditora, a propuesta del Comité General de Auditoría de la ONCE y su Fundación.
Tres. Asimismo, las cuentas anuales individuales y, en su caso, consolidadas de la Fundación ONCE, del Grupo Empresarial y de las entidades con fuerte vinculación a la ONCE se someterán a auditoría por una empresa auditora independiente. En la selección de dicha empresa se tendrán en cuenta las propuestas que efectúe el comité de auditoría correspondiente.
Cuatro. El Director General de la ONCE enviará al Consejo General, junto con las cuentas anuales individuales y consolidadas, un ejemplar de los informes de auditoría de dichas cuentas.
Cinco. Los máximos ejecutivos de la Fundación ONCE, del Grupo Empresarial y de otras entidades con fuerte vinculación a la ONCE enviarán al Consejo General, junto con las Cuentas anuales individuales y consolidadas, un ejemplar de los informes de auditoría de dichas cuentas.
Las competencias de autorización, supervisión y control en el ámbito económico-financiero que corresponden al Consejo General conforme, a los presentes Estatutos, serán ejercidas por la Comisión Ejecutiva Permanente de conformidad con lo previsto en el artículo 28, contando con la asistencia de los órganos de apoyo que considere oportuno, en cada caso.
Uno. En el ámbito económico-financiero, el control externo de la ONCE y del Grupo Empresarial se ejerce por el Consejo de Protectorado, a través de los informes de auditoría, conforme dispone el artículo 8.3. letras f) y k) del Real Decreto 358/1991.
Dos. El Consejo de Protectorado, en el ejercicio de sus funciones, podrá determinar la realización de auditorías por una empresa independiente a los fines que el mismo determine en el ámbito de sus competencias.
Tres. Dentro de los seis meses siguientes a la finalización del ejercicio, el Consejo General de la ONCE enviará al Consejo de Protectorado, para su conocimiento, los siguientes documentos:
a) Cuentas anuales individuales y consolidadas de la ONCE e informes de gestión, junto con sus respectivos informes de auditoría.
b) Liquidación de los presupuestos de la ONCE del ejercicio.
c) Cuentas anuales individuales y consolidadas del Grupo Empresarial e informes de gestión, junto con sus respectivos informes de auditoría.
d) Un Informe sobre los mecanismos y procedimientos adoptados por el Consejo General para ejercer el control sobre el Grupo Empresarial, al objeto de que éste cumpla con los objetivos empresariales y sociales que la ONCE le ha asignado.
e) Cualquier otro informe que, en su caso, pudiera establecerse conforme a la normativa aplicable.
Uno. Con el fin de proporcionar recursos económicos suficientes para el cumplimiento de los fines genuinos y servicios sociales de interés general que tiene encomendados la ONCE y, como una vía más para la creación de empleo para las personas ciegas y con deficiencia visual grave, mediante el «Decreto de 13 de diciembre de 1938 que creó la Organización Nacional de Ciegos Españoles» y el «Reglamento aprobado por Orden del Ministerio de la Gobernación de 28 de octubre de 1939», el Estado Español concedió a la ONCE la explotación en exclusiva, en el ámbito nacional, de una modalidad de lotería de carácter pasivo denominada entonces Cupón prociegos y actualmente Cupón de la ONCE, concesión que ha sido desarrollada por diferentes normas posteriores y que permanece plenamente vigente, a tenor de las previsiones contenidas en el RD 358/1991.
Dos. Como complemento de dicha concesión, y al amparo de lo dispuesto en la disposición adicional vigésima de la Ley 46/1985, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1986, modificada por la disposición adicional cuarta de la Ley 55/1999, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, el Consejo de Ministros otorgó a la ONCE autorización para explotar otras modalidades de loterías.
a) El Consejo de Ministros de 5 de marzo de 1999, aprobó el «Acuerdo General entre el Gobierno de la Nación y la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), en materia de cooperación, solidaridad, y competitividad para la estabilidad de futuro de la ONCE», mediante el cual se autorizó a la ONCE a explotar la modalidad de lotería denominada juego activo. Esta autorización fue confirmada y ampliada por el acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de febrero de 2004 y sus revisiones, así como por el Acuerdo General aprobado por el Consejo de Ministros de 18 de noviembre de 2011 y sus modificaciones, texto actualmente vigente.
b) En el futuro, resultarán de aplicación las previsiones contenidas en el Acuerdo General entre el Gobierno de la Nación y la ONCE, vigente en cada momento, aprobado por el Consejo de Ministros conforme a la habilitación legal citada.
Tres. Asimismo, el Real Decreto 1336/2005, de 11 de noviembre, por el que se autoriza a la Organización Nacional de Ciegos Españoles la explotación de una lotería instantánea o presorteada, concedió a la ONCE la posibilidad de comercializar una modalidad de lotería, de ámbito nacional, denominada lotería instantánea.
Cuatro. Por su parte la Ley 13/2011, de 27 de mayo de regulación del juego, que contiene en su artículo 3.2 la definición de loterías y prevé en el artículo 4 la reserva de las loterías de ámbito estatal a los operadores designados por la Ley, considera a la ONCE en virtud de lo previsto en las Disposiciones Adicionales Primera y Segunda como uno de los operadores designados para la comercialización de las actividades de juego de lotería que se regulan en la Ley.
Cinco. Las tres modalidades de lotería de titularidad de la ONCE están incluidas dentro de la definición de loterías contemplada en la letra b) del artículo 3 de la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego, y por tanto, de la reserva de loterías de ámbito estatal mencionada en el párrafo anterior.
En la comercialización y explotación de los productos de las modalidades de lotería de las que es titular la ONCE, la Organización tendrá en cuenta los siguientes principios básicos de actuación:
a) La ONCE establecerá mecanismos de cooperación con el Estado, así como con otras administraciones, organismos públicos y entidades nacionales o internacionales para erradicar los juegos ilegales, para proteger los intereses del Estado contra los riesgos de fraude y criminalidad, y para evitar los efectos perniciosos del juego sobre los consumidores.
b) La ONCE dará cumplimiento a la normativa sobre juego responsable que resulte aplicable y, en particular, aquélla que implique la prohibición del juego de los menores de edad, y la prevención del juego excesivo, del fraude y del blanqueo de capitales. Además la ONCE suscribirá y cumplirá los estándares de juego responsable establecidos en cada momento por las asociaciones internacionales de las que forme parte, en especial en lo que afecten a las citadas materias.
Al amparo de lo previsto en la disposición adicional vigésima de la Ley 46/1985, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1986, modificada por la disposición adicional cuarta de la Ley 55/1999, corresponde al Consejo de Ministros la concesión de autorizaciones a la ONCE para explotar modalidades de lotería y definir el alcance de dichas autorizaciones.
Uno. Con el objetivo de conseguir una mayor competitividad de la ONCE, mediante el uso flexible de instrumentos económicos y comerciales eficientes con capacidad de adaptación a las circunstancias del mercado y conseguir un adecuado control público y rigor en la gestión; el régimen de autorizaciones se basa en la fijación de criterios e indicadores que establecen los límites máximos, dentro de los cuales la ONCE puede desarrollar la gestión de sus productos de juego, y que no puede sobrepasar sin la previa y expresa autorización del Consejo de Ministros.
Dos. Los límites máximos a que se refiere el apartado anterior, serán los que se contemplen en el Acuerdo General entre el Gobierno de la Nación y la ONCE, vigente en cada momento, así como en cualquier otra disposición aplicable en esta materia.
Uno. Según lo dispuesto en la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación de juego, la ONCE comercializa en la actualidad tres modalidades de lotería:
Modalidad de lotería denominada «Cupón de la ONCE».
Modalidad de lotería denominada «lotería instantánea».
Modalidad de lotería denominada «juego activo».
Dos. En el futuro la ONCE podrá comercializar cualquier otra modalidad de lotería que le sea autorizada por el Gobierno de la Nación.
Tres. Dentro de los límites y características definidas en los acuerdos de autorización, cada modalidad de lotería contará con uno o varios productos.
El «Cupón de la ONCE» es una modalidad de lotería de carácter pasivo, que tiene las siguientes características principales:
a) El resultado del juego se obtiene a través de un sorteo.
b) Cada sorteo cuenta con una emisión de cupones fijada y comunicada con antelación a la celebración del sorteo.
c) Cada apuesta es única, pudiendo elegir el comprador alguna de las apuestas que no han sido compradas con anterioridad.
d) Existe un programa de premios independiente del volumen de ventas, cuyas cuantías están determinadas con anterioridad a la celebración del sorteo.
La modalidad de lotería denominada «lotería instantánea» o presorteada consiste en la posibilidad de obtención de un premio, establecido en el programa correspondiente, o definido o representado en la tarjeta, boleto o cualquier otro soporte electrónico o telemático empleado para su difusión y que es invisible para el jugador hasta que proceda a su revelado o apertura, a través de los medios previstos en cada producto.
La modalidad de lotería denominada «juego activo» está definida por las siguientes características principales:
a) El comprador puede diseñar la apuesta que quiere realizar, optar por una apuesta automática o elegir un boleto preimpreso o una apuesta ya existente.
b) La emisión es variable y queda determinada por el volumen de apuestas válidas realizadas para cada producto o sorteo.
c) En un mismo producto, o sorteo pueden existir dos o más apuestas iguales.
d) El resultado del juego se obtiene a través de un sorteo.
e) Los premios pueden ser variables en función de la recaudación obtenida y del número de apuestas agraciadas, fijos en función de las probabilidades de acierto, o una combinación de ambos.
Uno. Dentro del programa de premios de cada modalidad de lotería comercializada por la ONCE, cuando no aparezcan acertantes de alguna categoría de premios, podrá fijarse, con independencia de la modalidad de que se trate, que una parte de los premios se acumule a sorteos futuros del mismo producto o de productos diferentes de cualquiera de las modalidades de lotería comercializadas por la ONCE, siempre que los reglamentos reguladores correspondientes permitan tal posibilidad y de acuerdo al procedimiento previsto en el reglamento regulador correspondiente.
Dos. Asimismo, dentro del programa de premios de las modalidades de lotería «Cupón de la ONCE» y «juego activo», podrá establecerse un fondo de reserva al que se destinará un porcentaje de los premios del producto, destinado a incrementar los premios de una categoría determinada de futuros sorteos. Este fondo de reserva podrá tener un saldo inicial garantizado a cuenta de los premios de productos o sorteos futuros.
Uno. La ONCE podrá acordar la suscripción, previa verificación por el Consejo de Protectorado, de acuerdos con otros operadores de juego habilitados para operar en países del Espacio Económico Europeo y en aquellos países europeos que hayan solicitado su incorporación a la Unión Europea y sobre los que exista un pronunciamiento favorable del Consejo, en los términos previstos por el artículo 49 del Tratado de la Unión Europea; y con otros operadores de juego habilitados en otros países relativos a la comercialización simultánea o conjunta de productos comunes de lotería, con el alcance que se determine en el Acuerdo General entre el Gobierno de la Nación y la ONCE conforme a las condiciones, requisitos y procedimientos establecidos en los apartados 5 y 6 del artículo 7 del Real Decreto 358/1991, así como la disposición final segunda del Real Decreto 394/2011.
Dos. La ONCE podrá acordar la suscripción, previa verificación por el Consejo de Protectorado de acuerdos con operadores habilitados en los países señalados en el punto Uno anterior para la venta de productos de lotería propios en los términos previstos en el Acuerdo General entre el Gobierno de la Nación y la ONCE.
Tres. La ONCE podrá suscribir otros acuerdos con el fin de comercializar en territorio nacional de forma conjunta productos de lotería objeto de reserva, así como acordar con terceros la comercialización de productos de juego explotados por otros operadores habilitados en el mercado español de juego en los términos previstos en el Acuerdo General entre el Gobierno de la Nación y la ONCE, sin perjuicio de la remisión de dichos acuerdos al Consejo de Protectorado para su verificación y/o conocimiento.
La ONCE podrá participar total o parcialmente en el capital social de sociedades anónimas, que tengan como único objeto social la organización, comercialización y explotación de juegos diferentes a las loterías, constituyéndose a tal efecto, como operadoras de juego o apuestas, en los términos de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación de juego y en el vigente Acuerdo General entre el Gobierno de la Nación y la ONCE, dando cuenta al Consejo de Protectorado de la ONCE de dichas operaciones.
Uno. A propuesta del Director General, el Consejo General es el órgano competente para aprobar la implantación y el lanzamiento de productos de lotería, o la modificación o supresión de los productos ya existentes, correspondientes a las modalidades de lotería de las que es titular la ONCE.
Dos. Dentro de los límites globales fijados por las autorizaciones del Consejo de Ministros, corresponde al Consejo General, a propuesta del Director General, la adopción de acuerdos relativos a canales y soportes de venta, venta conjunta o simultánea con otros operadores habilitados en los términos descritos en el artículo 102 anterior y cuantas otras decisiones sean precisas en materia de explotación de las modalidades de lotería titularidad de la ONCE.
Tres. El Consejo General podrá delegar en el Director General todas aquellas competencias en materia de juego que considere preciso en cada momento, para su mejor funcionamiento.
Uno. Los Reglamentos reguladores de las diferentes modalidades y productos de lotería regularán su definición comercial, sus características principales, los productos de cada modalidad, el funcionamiento de los productos, el precio, el programa de premios, los canales y soportes de venta, el posible ámbito plurinacional de los productos y cualquier otra característica de las modalidades y productos, así como el régimen de garantías y derechos de los compradores o concursantes.
Dos. Asimismo, en las modalidades de «Cupón de la ONCE» y «juego activo», el Reglamento determinará el funcionamiento de los sorteos, las personas que intervienen y sus funciones. Los sorteos deberán desarrollarse en todos sus actos con plenas garantías de seguridad, transparencia y publicidad.
Tres. A propuesta del Director General, corresponde al Consejo General la aprobación de los reglamentos de las diferentes modalidades y productos de lotería y sus modificaciones.
Cuatro. El Consejo de Protectorado verificará que los reglamentos de las diferentes modalidades y productos de lotería de la ONCE y sus modificaciones cumplen con las autorizaciones del Consejo de Ministros y de la legislación que resulte de aplicación, vigentes en cada momento, y procederá a publicarlos en el «Boletín Oficial del Estado».
Uno. Con base en los términos aprobados por el Consejo General, corresponde al Director General la organización y gestión de la explotación y comercialización de las modalidades de lotería y de sus productos.
Dos. El Director General, bajo la supervisión de la Comisión Ejecutiva Permanente del Consejo General, será competente para:
a) Fijar los calendarios de los sorteos de las modalidades de lotería «Cupón de la ONCE» y modalidad de lotería «juego activo».
b) Fijar los calendarios de comercialización de los productos de la modalidad lotería instantánea.
c) Determinar la emisión de los diferentes productos de cada modalidad de lotería.
d) Establecer los canales y soportes de venta de cada producto de juego, dotando a dichos canales y soportes de todos los medios tecnológicos, humanos y materiales que sean precisos para su utilización.
e) Arbitrar los procedimientos precisos para producir o adquirir los cupones, boletos, apuestas y cualquier otro soporte de los productos de lotería.
f) Suscribir formalmente, tras su verificación y/o conocimiento por el Consejo de Protectorado, en los casos en que proceda, acuerdos con otros operadores de juego habilitados, a los que se refiere el artículo 102.
g) Dictar cuantas medidas organizativas sean necesarias para el correcto funcionamiento de las modalidades y productos de lotería de la ONCE.
Uno. Para la explotación de sus modalidades y productos de lotería, la ONCE podrá utilizar, de acuerdo con sus necesidades de producción, distribución y comercialización, cualquier tipo de canales y soportes físicos y tecnológicos de comercialización existentes en el mercado, que deberán ofrecer una garantía plena a los consumidores, atender a la protección de los menores y cumplir las prácticas de juego responsable, en aplicación de la legislación vigente en dichas materias específicas.
Dos. A estos efectos se entenderá por canales de venta cualesquiera redes o sistemas de distribución o comercialización, y por soportes los distintos instrumentos físicos o tecnológicos en los que se materializa el producto de lotería para su comercialización.
Tres. Para la comercialización de los productos de lotería, la ONCE podrá utilizar los siguientes soportes:
a) Cupones, boletos o apuestas preimpresos.
b) Cupones, boletos o apuestas emitidos por Terminales de Punto de Venta.
c) Cupones, boletos o apuestas adquiridos por Internet.
d) Cupones boletos o apuestas emitidos mediante cualquier otro soporte informático, telemático, telefónico o interactivo que esté contemplado en el reglamento regulador de la modalidad o producto de juego, de acuerdo con las autorizaciones vigentes en cada momento.
Cuatro. La ONCE podrá comercializar directamente sus productos de lotería a través de sus agentes vendedores y sus establecimientos físicos propios, por el canal Internet, así como a través de cualquier canal de venta informático, telemático, telefónico, interactivo o de comunicación a distancia que exista en el mercado.
Cinco. La ONCE podrá comercializar también sus productos de lotería a través de su red comercial externa. La red comercial externa está constituida por los canales de venta consistentes en cualesquiera redes físicas o tradicionales de comercialización formadas por puntos de venta y establecimientos externos cuya actividad principal sea o no la venta de productos de lotería. Dichos canales de venta estarán situados en cualquier lugar del territorio español y en los mismos se podrá vender, previa habilitación por la ONCE todos o algunos de sus productos de lotería en soporte preimpreso y/o en cualquiera de los demás soportes referidos en el presente artículo.
Estos canales de venta conforman la red comercial externa de la ONCE a los efectos de la Disposición adicional primera, apartado Cuatro, de la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de Regulación del Juego.
La ONCE podrá servirse de dichas redes físicas o tradicionales para la realización de funciones propias de comercialización de sus productos de lotería, tales como la venta, el abono de premios en los términos contemplados en los Reglamentos Reguladores de las modalidades de lotería, la distribución y demás acciones operativas de comercialización, así como cualesquiera otras actuaciones de naturaleza similar necesarias para la comercialización efectiva de sus productos. Asimismo, la ONCE podrá contar con los servicios de apoyo y asesoramiento de terceros, que operarán bajo las directrices de la Organización, para el ejercicio de las funciones de marketing, coordinación y logísticas u otras de naturaleza similar que pudieran ser necesarias para la implantación y desarrollo de estas redes físicas.
En todo caso, las redes físicas de comercialización conformadas por puntos de venta y establecimientos de terceros, realizarán sus funciones a través del Sistema Central de Control de Juego de la ONCE, cuyo control y gestión corresponde exclusivamente a la Organización. A estos efectos en los puntos de venta y establecimientos externos se instaurarán equipos técnicos, que podrán ser terminales de punto de venta o cualquier otra solución informática que estén conectados a dicho Sistema Central.
El empleo de estos canales y redes de venta en los términos regulados en este artículo, con independencia de la estructura organizativa o de gestión que pudiera ser necesaria para su implantación o desarrollo no supone, en modo alguno, cesión o transmisión de las autorizaciones de la ONCE en materia de actividades de lotería.
Seis. En los diferentes canales de venta se informará a los compradores sobre la política de juego responsable de la ONCE contemplada en la letra b) del artículo 94, de los presentes Estatutos, y en especial sobre las prohibiciones de acceso al juego que afectan a los menores de edad, incapacitados legalmente o por resolución judicial y a las personas que voluntariamente hubieran solicitado que les sea prohibido el acceso al juego o lo tengan prohibido por resolución judicial firme.
Igualmente, existirá una información expresa y adecuada sobre los efectos perjudiciales de las prácticas no adecuadas de juego.
Uno. Siguiendo los criterios establecidos por la Comisión Ejecutiva Permanente del Consejo General, y las recomendaciones del Órgano de auditoría de la ONCE, corresponde al Director General establecer garantías adicionales a las contempladas por los reglamentos de las modalidades y productos de juego; mediante la implantación de procedimientos de control y supervisión que aseguren:
a) El cumplimiento de la política de juego responsable aprobada por el Consejo General, y de los estándares de juego responsables suscritos.
b) La cooperación con el Estado así como con otras Administraciones, Organismos Públicos, y entidades nacionales e internacionales, en la erradicación de los juegos ilegales y en la protección de los intereses de los diferentes Estados contra los riesgos de fraude y criminalidad y para evitar los efectos perniciosos del juego sobre los consumidores.
c) La transparencia de las modalidades y productos de juego.
d) Los derechos de los compradores o concursantes.
e) La no existencia de posibles anomalías o fraudes en los productos de juego o en sus premios.
Dos. Para efectuar estas funciones, el Director General dispondrá de los recursos humanos y medios técnicos que estime oportuno.
Tres. El Director General informará periódicamente al Consejo General o al órgano que tenga atribuida competencias en esta materia, sobre los controles realizados sobre las materias que se contemplan en el presente artículo.
Uno. Corresponde al Consejo de Protectorado de la ONCE, en el ejercicio del estricto control público sobre las actividades de juego de la ONCE, aprobar los procedimientos y criterios de control a aplicar a las modalidades de lotería de la ONCE; y en base a dichos procedimientos y criterios, proceder a verificar que las iniciativas comerciales de la ONCE relativas a la implantación, modificación o supresión de productos de lotería, canales y soportes de venta, los acuerdos de comercialización conjunta con otros operadores de juego contemplados en el artículo 102 de los presentes Estatutos, así como los correspondientes reglamentos reguladores de las modalidades de lotería, aprobados por el Consejo General, respetan los términos, condiciones y límites globales establecidos por las autorizaciones en materia de lotería otorgadas a la ONCE por el Consejo de Ministros o por normas de carácter legal o reglamentario.
Dos. Asimismo, corresponde al Consejo de Protectorado el establecimiento de los procedimientos adicionales de supervisión y control que permitan la verificación efectiva de lo previsto en el apartado anterior.
Tres. Corresponde al Consejo de Protectorado cuantas otras competencias se le atribuyen en el Real Decreto 358/91, así como las previstas en las leyes y demás disposiciones de carácter general que resulten aplicables; especialmente en lo relativo al cumplimiento por la ONCE de la normativa nacional y de los estándares internacionales sobre juego responsable.
Uno. La Comunidad de la ONCE estará formada por tres colectivos de personas físicas:
a) Los afiliados.
b) Los trabajadores.
c) Los pensionistas.
Dos. La pertenencia a dicha comunidad implica el acatamiento de los presentes Estatutos y la obligación de servir al cumplimiento de los fines institucionales y sociales de la ONCE.
Uno. En el ámbito de la relación laboral, todos los trabajadores de la ONCE tendrán los mismos derechos y obligaciones, sin que pueda prevalecer discriminación por circunstancias personales o sociales alguna entre ellos.
Dos. Los derechos y deberes de los trabajadores de la ONCE respetarán el principio de equivalencia función-categoría en los términos dispuestos en el ordenamiento laboral y en el Convenio Colectivo de la ONCE y su personal, quedando sometidos a las órdenes que reciban de sus superiores jerárquicos, conforme a la estructura orgánica de la ONCE.
Tres. Será precisa la concurrencia de la condición de afiliado y, en su caso, de la calificación legal de persona con discapacidad, para poder acceder a un empleo en la ONCE en calidad de vendedor de productos de lotería, rigiéndose las condiciones de acceso y demás condiciones de trabajo por las previsiones contenidas en los presentes Estatutos, así como en la normativa interna de la ONCE que se dicte al efecto.
Cuatro. El Consejo General impulsará la implantación de un «Código Ético y Guía de Conducta» de los trabajadores y trabajadoras de la ONCE y su Fundación, que servirá de guía para la consecución de los valores éticos de la ONCE y su fundación. Asimismo, el Consejo General impulsará la existencia de códigos similares en la Fundación ONCE, en el Grupo Empresarial y en otras entidades con fuerte vinculación a la ONCE.
Uno. La relación jurídica de afiliación a la ONCE se regirá por lo dispuesto en los presentes Estatutos y, especialmente, en su Título I; y será compatible, pero diferenciada, de la relación jurídica laboral, cualquiera que sean los supuestos y circunstancias en que se encuentren; de conformidad con lo dispuesto, en general, en las leyes de aplicación y en las normas específicas aplicables a la ONCE y, en particular, el Convenio Colectivo en cada caso vigente.
Dos. La relación asociativa de afiliación a la ONCE es completamente independiente de la relación laboral que pudieran concertar los afiliados con la Organización a través de la celebración de contratos de trabajo. La relación de afiliación, nace, se desarrolla y se extingue de conformidad con lo establecido en los presentes Estatutos y en la normativa de desarrollo que pueda dictarse; en tanto que la relación laboral nace, se desarrolla y se extingue de conformidad con lo previsto en el Estatuto de los Trabajadores y, particularmente, por el Convenio Colectivo de la ONCE y su personal, en cada caso vigente. En el supuesto de que una misma persona ostente la doble condición de afiliado y trabajador de la ONCE, la extinción de la relación laboral no afectará la vigencia de la relación de afiliación, ni viceversa.
La extinción de la relación laboral se ajustará, en todo caso, a la legislación laboral y al convenio colectivo aplicables a la misma, sin que puedan prevalecer más condicionamientos ni limitaciones que las que dichas normas prevean.
Conforme a la distribución competencial entre órganos jurisdiccionales establecida en la Ley Orgánica del Poder Judicial, los conflictos derivados del nacimiento y extinción de la relación de afiliación serán de la competencia del Orden Jurisdiccional Contencioso Administrativo; en tanto que los conflictos derivados de la relación laboral, serán de la competencia del Orden Jurisdiccional Social.
Uno. Asimismo, pertenecerán a la comunidad de personas físicas de la ONCE aquellos afiliados y trabajadores que, por cualquier causa, se encuentren en situación legal de pensionista, y que hubieran mantenido una relación laboral con la entidad.
Dos. Los pensionistas podrán beneficiarse de aquellos servicios y actividades que el Consejo General pudiera establecer, en los casos, términos y condiciones que se fijen, al respecto.
Uno. Constituyen la comunidad de personas jurídicas de la ONCE y su Fundación la ONCE, la Fundación ONCE, el Grupo Empresarial de la ONCE y su Fundación y aquellas otras entidades de naturaleza societaria, asociativa o fundacional, con fuerte vinculación a aquélla.
Dos. El Grupo Empresarial de la ONCE y su Fundación girará bajo la denominación mercantil de «Grupo Ilunion, S.L.» y el nombre comercial de « Ilunion», y nace de la fusión del Grupo Empresarial de la ONCE (Ceosa) y del Grupo Empresarial de la Fundación ONCE (Grupo Ilunion, antes llamado Fundosa). Este Grupo empresarial se ha creado con un carácter totalmente social orientado a la creación de empleo para personas con discapacidad en proyectos empresariales sostenibles económicamente en el tiempo. Sobre el mismo, el Consejo General de la ONCE y el Consejo de Protectorado, en el ámbito de sus respectivas competencias, mantienen su capacidad de control y supervisión en el ámbito económico, financiero y social, con el fin de asegurar el cumplimiento de los fines sociales para los que se ha creado.
Tres. El Consejo General articulará mecanismos operativos de dirección sinérgica, global y coordinada, mejora de la coordinación transversal y de ordenación de relaciones institucionales, de la política de comunicación e imagen y de la dirección coordinada de los servicios jurídicos de las personas jurídicas que integran dicha comunidad, con la finalidad de disponer de los instrumentos adecuados para cumplir las obligaciones que, al respecto, le atribuye el RD 358/1991 en su redacción vigente, así como los presentes Estatutos y garantizar, de este modo, el correcto cumplimiento de sus fines sociales y la adecuada aplicación de sus recursos.
Cuatro. Dicha comunidad de personas jurídicas se denominará ONCE y su Fundación de conformidad con lo previsto en el artículo 18 de los presentes Estatutos.
El término ONCE y su Fundación expresa una relación institucional integrada en el conjunto de entidades con fuerte vinculación a la ONCE, por razones institucionales, jurídicas o patrimoniales.
La ONCE y su Fundación están integradas por la propia ONCE la Fundación ONCE, el Grupo Empresarial, la Fundación ONCE del Perro-Guía (FOPG); la Fundación ONCE para la solidaridad con personas ciegas de América Latina (FOAL); la Fundación ONCE para la atención de personas con sordoceguera (FOAPS); la Federación Española de Deportes para Ciegos (FEDC) y todas aquellas entidades que la ONCE o su Fundación puedan crear en el futuro.
El Consejo General mantendrá una relación actualizada del conjunto de entidades que integran la comunidad de personas jurídicas de la ONCE y su Fundación.
Cinco. Será de aplicación a dichas entidades, de forma directa cuando así se establezca en los presentes Estatutos y, en todo caso, como criterios de referencia, el conjunto de principios, valores, mandatos, mecanismos, procedimientos, sistemas de control y otros análogos, que se contienen en los presentes Estatutos en la medida y con el alcance y el ritmo que establezca el Consejo General, atendiendo a las especificidades de cada una de ellas y teniendo en cuenta los diferentes regímenes jurídicos y patrimoniales, de cada una de dichas entidades y el consiguiente respeto al funcionamiento de sus respectivos órganos de gobierno o administración, conforme a la legislación aplicable, en cada caso. Como instrumento de autorregulación, se impulsará en la ONCE y su Fundación la existencia de Códigos Éticos y Guías de Conducta que orientarán las actuaciones de los trabajadores y trabajadoras de las distintas entidades, para facilitar la implantación de unos valores comunes a todos los trabajadores y trabajadoras integrantes del colectivo.
Seis. Los responsables y representantes, a que se refiere el artículo 20.Cinco.g) de los presentes Estatutos, quedarán vinculados por los acuerdos que adopten los diferentes órganos del Consejo General y vendrán obligados a promover y materializar dichos acuerdos e instrucciones, en el seno de los órganos de gobierno o administración de las correspondientes entidades con fuerte vinculación a la ONCE, que aquel precepto abarca, con respeto a sus regímenes jurídicos específicos.
Uno. La ONCE desarrolla su actividad en todo el territorio del Estado y bajo el protectorado de éste, conforme a la legislación vigente al respecto.
Dos. El Estado ejerce sus competencias de apoyo y control a la ONCE a través del Consejo de Protectorado en los términos previstos en el RD 358/1991 así como en cualquier otra disposición de carácter general que resulte de aplicación.
Tres. El Consejo de Protectorado tendrá la composición que prevé el apartado 2 del artículo 8 del RD 358/1991.
Los representantes de la ONCE en el Consejo de Protectorado serán designados por el Consejo General, conforme dispone el artículo 8.2.c) del Real Decreto 358/91, de entre los cargos unipersonales de representación, dirección y gestión contenidos en el Título II de los presentes Estatutos; especialmente, los artículos 22, 31, 32, 33 y 66.
Cuatro. Con carácter general, el Consejo de Protectorado ejercerá las funciones y competencias que le atribuye el RD 358/1991, el Acuerdo General vigente, así como lo que prevea cualquier disposición de rango legal o reglamentario, que resulte de aplicación.
Cinco. Además ejercerá las competencias contenidas en los presentes Estatutos y, concretamente, las contempladas en los artículos 10.Tres; 20.Tres.g); 20.Cinco. j); 20. Cinco. m); 37.Uno; 92; 102; 105.Cuatro; 109; 115.Dos y 118.Seis.
Uno. Los presentes Estatutos podrán ser objeto de reforma total o parcial de conformidad con las previsiones del presente Título así como de los demás preceptos de los Estatutos que sean de aplicación.
Dos. Los Estatutos podrán ser reformados:
a) Por las iniciativas a que se refiere el presente Título.
b) De oficio, por el propio Consejo General cuando se produzcan modificaciones legislativas, de nivel legal o reglamentario que afecten de forma relevante a los presentes Estatutos; así como cuando se produzcan hechos o acontecimientos que afecten de modo relevante a la Organización, que aconsejen una modificación estatutaria en atención a sus intereses.
Tres. La reforma puede tener un alcance que afecte a la totalidad o una parte de los Estatutos. Cuando la reforma sea total deberá presentarse un texto alternativo completo y, cuando sea parcial, tan solo aquellos preceptos que resulten afectados, de forma directa y concordante.En ambos casos deberá acompañarse una memoria explicativa que fundamente suficientemente el alcance y la finalidad de la reforma.
Cuatro. Aún cuando la reforma sea parcial pero afecte a un significativo número de artículos o tenga un especial calado en el fondo de los asuntos modificados, el Consejo General podrá proponer al Consejo de Protectorado la aprobación de un texto refundido y actualizado que integre dichas modificaciones en aras a una mayor seguridad jurídica y facilidad de uso y comprensión de su contenido.
Uno. Estarán facultados para adoptar la decisión de iniciar el procedimiento de reforma de los Estatutos:
a) Dos quintos de los miembros del Consejo General de pleno derecho.
b) La Comisión Ejecutiva Permanente del Consejo General por mayoría absoluta.
c) Cuatro Consejos Territoriales, cuando transcurran no más de tres meses entre la iniciativa del primer Consejo Territorial que lo adopte y la del cuarto Consejo Territorial que se incorpore al proceso.
d) El Director General de la ONCE.
Dos. Dicha iniciativa se ejercerá mediante escrito dirigido al Presidente del Consejo General que contendrá, al menos, la identificación del órgano proponente, que esté facultado para ello conforme al apartado anterior, especificando la afiliación de sus componentes.
Uno. Formalizada la iniciativa de reforma, el Presidente del Consejo General dará cuenta al Pleno en la primera sesión que éste celebre, en la que se acordará el inicio del proceso conforme a lo previsto en el presente artículo.
Dos. Corresponderá a la Comisión Ejecutiva Permanente del Consejo General, la dirección, coordinación e impulso de tramitación de los procedimientos de reforma estatutaria; contando con el apoyo técnico jurídico de la Secretaría General del Consejo.
Tres. La Comisión Ejecutiva Permanente estudiará la iniciativa de reforma, emitiendo un informe motivado en el que fije su posición al respecto, el cual, junto a la iniciativa misma de reforma, será sometido al trámite de audiencia del Director General de la ONCE y de los Consejos Territoriales, así como de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Garantías del propio Consejo General o aquel órgano que le sustituya.
El plazo para emitir los informes a que se refiere el párrafo anterior será inicialmente de un mes, salvo que el Reglamento de Régimen Interno del Consejo General estableciera otro distinto.
Cuando la reforma tenga un alcance limitado y se declare la urgencia de su aprobación, el Consejo General podrá reducir dichos plazos a la mitad.
Cuatro. Concluido el procedimiento a que se refieren los apartados anteriores, la iniciativa de reforma será sometida al Pleno del Consejo General para cuya aprobación se requerirá la mayoría cualificada que exigen los presentes Estatutos en el artículo 40.Dos.a); el cual podrá: estimarla, en sus propios términos; introducir las modificaciones que considere convenientes para los intereses y fines de la ONCE; o rechazarla, debiendo, en estos dos últimos supuestos, motivar su decisión.
Cinco. La decisión final que se adopte será comunicada al/los órganos que hayan adoptado la iniciativa de reforma así como a todos los demás que hubieran participado en el procedimiento.
Seis. Cuando resulte aprobada la iniciativa de reforma se dará traslado al Consejo de Protectorado para su estudio y aprobación, de conformidad con lo previsto en el artículo 8, apartado 3, letra a) del RD 358/1991; procediéndose, por aquél, tras ello, a su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Lo dispuesto en los presentes Estatutos se entenderá sin perjuicio de lo establecido en las normas estatales reguladoras específicamente de la ONCE, así como de otras disposiciones de carácter general que pudieran resultar de aplicación.
El Consejo General y la Dirección General de la ONCE, en el marco de sus respectivas competencias, adoptarán y dictarán, respectivamente los acuerdos y normas internas precisas para el desarrollo y aplicación de lo previsto en los presentes Estatutos, en el plazo de un año a contar desde la entrada en vigor de los mismos.
Asimismo, los órganos a que se refiere la disposición adicional anterior, y dentro del mismo plazo, procederán a adaptar los acuerdos y normas internas de la ONCE respectivamente, que resultaran afectados como consecuencia de la entrada en vigor de los Estatutos.
En la redacción de los presentes Estatutos, se ha optado por la utilización del masculino genérico por exclusivas razones de rigor estilístico y a fin de permitir en la mayor medida posible la claridad y facilidad de su lectura, en particular mediante dispositivos tiflotécnicos, sin que esto suponga ignorancia en cuanto a la necesaria diferenciación de género, ni un menor compromiso de la Institución con las políticas de igualdad y contra la discriminación por razón de sexo que se recoge a lo largo de la presente norma.
Al objeto de consolidar y reimpulsar el modelo social y solidario, basado en la creación de empleo para personas con discapacidad y en la sostenibilidad de las Empresas de la ONCE y su Fundación; se determina que las menciones contenidas en la normativa interna de la ONCE de rango inferior a los Estatutos, bajo las denominaciones Corporación Empresarial ONCE, S.A. (CEOSA), y Fundosa Grupo, S.A. (FUNDOSA), deberán entenderse hechas, oportunamente, al Grupo Empresarial de la ONCE y su Fundación. La misma podrá resultar sustituida en el texto por la de Grupo Ilunion, que gira bajo la denominación mercantil de «Grupo Ilunion, S.L».
Si, como consecuencia de la aplicación de las distintas mayorías para la válida constitución de los órganos, para la adopción de acuerdos o cualesquiera otras análogas, resultara una cifra con decimales, se redondeará a la unidad entera inmediatamente superior.
Uno. Las estructuras orgánico-funcionales del Consejo General, así como de los servicios centrales, territoriales y centros especializados de la Dirección General, y cualquier otro órgano u entidad que resultaren afectados a la entrada en vigor de los presentes Estatutos, continuarán en vigor hasta que se proceda a su adaptación a las nuevas previsiones estatutarias.
Dos. En igual sentido, la aprobación de una nueva estructura orgánico-funcional no alterará los nombramientos en vigor, manteniendo en sus cargos a los miembros designados para los distintos órganos de gestión, hasta la terminación del Mandato.
La entrada en vigor de los presentes estatutos no afectará a los órganos electos de gobierno y representación de la ONCE surgidos del proceso electoral celebrado con anterioridad que se mantendrán en pleno vigor hasta la conclusión de su mandato.
A la entrada en vigor de los presentes Estatutos quedarán derogados y sin efecto los Estatutos de la ONCE aprobados por Orden SPI/1015/2011, de 15 de abril, y su modificación aprobada por Orden SSI/384/2015, de 18 de febrero.
Los presentes Estatutos de la Organización Nacional de Ciegos Españoles entrarán en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
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