Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
LA PRESIDENTA DE LAS ILLES BALEARS
Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento de las Illes Balears ha aprobado y yo, en nombre del Rey y de acuerdo con lo que se establece en el artículo 48.2 del Estatuto de Autonomía, tengo a bien promulgar la siguiente ley:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I
La Constitución Española, en el apartado 29 del artículo 149.1, reserva la competencia exclusiva sobre seguridad pública al Estado, mientras que en el apartado 22 del artículo 148.1 atribuye a las comunidades autónomas la competencia sobre la coordinación y el resto de facultades en relación con las policías locales.
El Estatuto de Autonomía de las Illes Balears, en su artículo 30.19, reserva a la comunidad autónoma de las Illes Balears la coordinación y otras facultades en relación con las policías locales, en los términos que establezca una ley orgánica.
Por otra parte, el Estatuto de Autonomía de las Illes Balears, en su artículo 33, otorga a la comunidad autónoma la competencia de crear un cuerpo de policía propio, cuyas funciones se fijarán por ley y en el marco de la legislación estatal.
La Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de fuerzas y cuerpos de seguridad, regula, entre otras cuestiones, diversos aspectos fundamentales relativos a los principios básicos de actuación, a la organización y a las funciones de las policías locales, que constituyen el marco de actuación de la comunidad autónoma en esta materia.
En el ejercicio de la citada competencia exclusiva, la comunidad autónoma de las Illes Balears dictó la Ley 6/2005, de 3 de junio, de coordinación de las policías locales de las Illes Balears, que supuso un avance en esta materia al representar una garantía para los ayuntamientos de las Illes Balears a la hora de ejercer de forma adecuada sus competencias y de llevar a cabo una mejor prestación de servicios a los ciudadanos. La Ley 6/2005 fue modificada mediante la Ley 7/2008, de 5 de junio, y sustituida por la Ley 4/2013, de 17 de julio, de coordinación de las policías locales de las Illes Balears; una nueva norma que reguló, con voluntad innovadora, entre otras cuestiones, la incorporación del marco en virtud del cual se pueden asociar los municipios para prestar servicios conjuntos de policía local, de conformidad con lo que dispone la normativa estatal, dando rango de ley a los consejos de coordinación de policías locales como órganos colegiados de consulta y asesoramiento.
Por otra parte, la Ley 8/2016, de 30 de mayo, para garantizar los derechos de lesbianas, gays, trans, bisexuales e intersexuales y para erradicar la LGTBI fobia, hace referencia, en el título II, a las políticas públicas para promover la igualdad efectiva de las personas LGTBI –artículos 10 y 11–, señalando que se elaborará un protocolo específico de actuación LGTBI desde la Policía Local.
De acuerdo con el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, esta ley se adecua a los principios de buena regulación y, en concreto, a los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia.
II
La esencia fundamental del servicio público es satisfacer las necesidades de la sociedad y articular los instrumentos idóneos para responder a sus demandas.
El continuo desarrollo de las relaciones vecinales reclama un nuevo modelo de seguridad pública adaptado a la realidad social actual.
En esta modificación de la ley se aborda un conjunto de reformas parciales, que tienden a la mejora de la seguridad pública en las Illes Balears y configuran un proyecto común, al servicio de una sociedad abierta y plural, que incorpora un nuevo modelo de proximidad de las policías locales basado en el respeto a la diversidad y en la integración social de determinados colectivos, y orientado a la mediación para la resolución de conflictos. Además, también prevé la posibilidad de limitar la tenencia de armas de fuego en aquellos casos en que no se considere estrictamente necesario.
Asimismo, se incorporan los compromisos derivados del Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-comunidad autónoma de las Illes Balears en relación con la Ley 4/2013, de 17 de julio, de coordinación de las policías locales de las Illes Balears, de acuerdo con los cuales se tenían que modificar los artículos 8, 34, 56 y 62 y la disposición transitoria primera de la Ley 4/2013 con la finalidad de adaptarlos a la legislación básica estatal.
III
En este contexto, esta reforma establece los mecanismos adecuados para otorgar estabilidad a las plantillas de policías locales con la implantación de un nuevo modelo de acceso a la función pública que conducirá a una mejora en el mantenimiento de la seguridad pública en las Illes Balears.
Vistos estos objetivos, se determinan las medidas adecuadas para velar, con los ayuntamientos, por la eficacia, el rigor y la ética profesional en todos los ámbitos de actuación policial mediante la aprobación de un código de ética profesional dirigido a las policías locales de las Illes Balears y la futura creación de la Comisión de Ética y Transparencia en la Actividad Policial de las Illes Balears.
Los mecanismos de colaboración intermunicipal se reconocen como una herramienta eficaz para reforzar las carencias eventuales de las plantillas de las policías locales.
El Instituto de Seguridad Pública de las Illes Balears se incorpora como un órgano de coordinación que, entre otras funciones, impulsará las buenas prácticas profesionales y ofrecerá herramientas de colaboración, asesoramiento y unificación de criterios a los ayuntamientos en materia de instrucción de expedientes disciplinarios. En el impulso de un proyecto común hacia un nuevo modelo de proximidad, este instituto realizará programas concretos orientados a la mediación para la resolución de conflictos, el fomento del respeto a la diversidad y la integración social de determinados colectivos. Por otra parte, se prevén cambios en la composición de la Comisión de Coordinación de las Policías Locales y los consejos de coordinación de las policías locales con la finalidad de dar más representación a los ayuntamientos.
La jefatura del cuerpo se refuerza y flexibiliza ya que se configura como un puesto de trabajo de naturaleza funcionarial que ha figurar en la correspondiente relación de puestos de trabajo con la denominación «jefe o jefa de policía», debiendo constar los requisitos necesarios para su provisión.
La fidelización de las plantillas es también uno de los objetivos de la reforma que, por una parte, se concreta en la posibilidad de que los municipios puedan crear los grados de policía, oficial y subinspector de primera y, por otra parte, implanta un nuevo sistema de acceso a las policías locales al tiempo que potencia la figura del personal funcionario de carrera.
En consonancia con el compromiso de avanzar hacia la igualdad efectiva entre mujeres y hombres en todos los ámbitos de las administraciones públicas de las Illes Balears, se regulan medidas dirigidas a promover una composición equilibrada en las plantillas de policía local, mediante acciones positivas de igualdad de género que favorecen la entrada de las mujeres en los cuerpos de policía local, en los que tengan una escasa presencia, así como la posibilidad de desarrollar su carrera profesional de acceso a categorías superiores. En este contexto se hacen extensivos los planes de igualdad municipal a los cuerpos de policías locales.
La modificación de la ley vuelve a incorporar la modalidad de la segunda actividad con destino para que los ayuntamientos interesados puedan disfrutar del valor añadido que supone la experiencia y la cualificación profesional de los miembros de las policías locales al llegar a determinadas edades. Además, se introduce que, como regla general, los policías que accedan a la segunda actividad con destino deberán estar a disposición del alcalde o de la alcaldesa para cubrir las necesidades del servicio de vigilancia que se requiere en los edificios oficiales de los ayuntamientos con la finalidad de sustituir las subcontrataciones de empresas privadas y reducir, de esta manera, el gasto.
Todas estas modificaciones se consideran fundamentales para configurar un modelo de policías locales de acuerdo con las necesidades y demandas de la sociedad y del mismo colectivo policial, siempre con el objetivo de establecer el marco común de un mejor servicio público para garantizar los derechos y las libertades de las personas.
Con esta modificación la ley apuesta también por una policía anclada en principios éticos y siempre vigilante ante conductas y actitudes denigrantes que puedan incitar a la violencia física y psíquica, a la violencia de género, a la discriminación racial y cultural, a los delitos de odio y contra la identidad sexual, al acoso infantil, a fenómenos como el ciberbullyng y a tantas otras formas delictivas que atentan contra la libertad, los derechos humanos y la convivencia. En este contexto, y en cumplimiento de la Ley 8/2016, de 30 de mayo, para garantizar los derechos de lesbianas, gays, trans, bisexuales e intersexuales y para erradicar la LGTBI fobia, la modificación actual prevé la creación y el desarrollo de los correspondientes protocolos de atención policial contra los delitos de odio.
IV
Esta ley consta de sesenta y tres artículos de modificación; dos disposiciones adicionales, una relativa al modelo de gestión de la Inspección Técnica de Vehículos y otra relativa al Cuerpo de policía autonómica de las Illes Balears; una disposición transitoria, que regula la situación del personal funcionario en situación «a extinguir» por falta de titulación, con motivo del proceso de integración previsto en las disposiciones transitorias primera y segunda de la Ley 6/2005, de 3 de junio, de coordinación de las policías locales de las Illes Balears; una disposición derogatoria, y tres disposiciones finales por las que se autoriza al Gobierno de las Illes Balears para que apruebe un texto refundido de la Ley de coordinación de las policías locales, se faculta al Gobierno de las Illes Balears para desarrollar reglamentariamente la ley y se delimita su entrada en vigor.
El artículo 3 de la Ley 4/2013, de 17 de julio, de coordinación de las policías locales de las Illes Balears, queda modificado de la siguiente manera:
«Artículo 3. Objetivos básicos de los criterios de coordinación.
Constituye un objetivo básico en el establecimiento de los criterios de coordinación, la formación y el perfeccionamiento de los miembros de los cuerpos de policía local y su integración en un proyecto común de seguridad pública, desde una perspectiva integral de proximidad con la ciudadanía, basado en criterios éticos de rigor en cualquier ámbito de actuación, el carácter preventivo y asistencial del servicio y la resolución de conflictos como instrumentos de cohesión e integración social. En la determinación de los criterios de coordinación se atenderán en general las singularidades del territorio de cada isla de la comunidad autónoma y, en particular, las de cada localidad.»
Se añade un nuevo apartado al artículo 4 de la citada Ley 4/2013, el apartado 4, con el siguiente contenido:
«4. Las plazas de la plantilla vacantes y dotadas presupuestariamente de los cuerpos de policía local o de los municipios que no hayan constituido cuerpo de policía local han de ser ocupadas por personal funcionario de carrera.»
El artículo 6 de la citada Ley 4/2013 queda modificado en los siguientes términos:
1. El apartado 2 queda modificado de la siguiente manera:
«2. Eventualmente, cuando, por necesidades estacionales o circunstancias extraordinarias, resulte insuficiente la plantilla de la Policía Local de algún municipio, se podrá reforzar su dotación mediante la asociación con otros municipios, de acuerdo con lo establecido en el artículo 8 de esta ley, o mediante acuerdos bilaterales subscritos entre los respectivos ayuntamientos, con la finalidad de que sus policías locales puedan actuar en el término municipal del solicitante, por tiempo determinado y en régimen de comisión de servicios, siempre que no afecte al normal funcionamiento del servicio de policía local de origen. Estos convenios se han de comunicar con anterioridad a su firma al Instituto de Seguridad Pública de las Illes Balears. Los servicios se prestarán bajo la dependencia del alcalde o la alcaldesa del ayuntamiento donde se realicen y bajo el mando del jefe o la jefa del cuerpo de este municipio.»
2. Se añade un nuevo apartado, el apartado 3, con la siguiente redacción:
«3. Cuando ejerzan funciones de protección de autoridades de las corporaciones locales, pueden actuar fuera del término municipal respectivo con la autorización del Ministerio del Interior.»
El artículo 8 de la citada Ley 4/2013 queda modificado de la siguiente manera:
«Artículo 8. Asociaciones de municipios en materia de policía local.
1. Los municipios limítrofes que no dispongan separadamente de recursos suficientes para prestar los servicios de policía local pueden asociarse para ejecutar las funciones asignadas a esta policía, de acuerdo con lo que establece la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de fuerzas y cuerpos de seguridad.
2. Los ayuntamientos interesados, además de cumplir los requisitos establecidos legalmente y disponer de las autorizaciones pertinentes de acuerdo con la disposición adicional quinta de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de fuerzas y cuerpos de seguridad, han de pertenecer a uno de los consejos de coordinación de las policías locales, en la forma que determina el capítulo III del título III de esta ley.
3. El ejercicio de las funciones de coordinación operativa de los servicios asociados de policía local corresponde al alcalde o a la alcaldesa del municipio que se determine en el acuerdo de colaboración para la prestación conjunta de los servicios de policía local.
4. En el ejercicio de las funciones de coordinación operativa, el consejero o la consejera competente en materia de coordinación de policías locales ha de asumir la dirección de la eventual cooperación entre los servicios de policía asociados, en los supuestos que señala el artículo 10.1.o) de esta ley, respetando el principio de autonomía municipal.»
El apartado 1 del artículo 10 de la citada Ley 4/2013 queda modificado en los siguientes términos:
1. Las letras n), o) y p) quedan modificadas de la siguiente manera:
«n) El fomento de la colaboración entre municipios con la finalidad de atender situaciones de carácter temporal o extraordinario de conformidad con lo que establece esta ley.
o) La dirección de la cooperación eventual entre las diferentes administraciones públicas para hacer frente a necesidades puntuales y extraordinarias.
p) El impulso de la coordinación de las actuaciones de los municipios de la comunidad autónoma en materia de tráfico y seguridad viaria.»
2. Se añaden cuatro nuevas letras, las letras q), r), s) y t) con la siguiente redacción:
«q) La creación del marco en el que se ha de desarrollar el apoyo y la colaboración con los ayuntamientos en materia de instrucción de expedientes disciplinarios.
r) El impulso de la coordinación en las actuaciones municipales de la figura del policía tutor.
s) El impulso de la coordinación en las actuaciones municipales en materia de atención en zonas turísticas.
t) Las otras que establezca esta ley.»
El apartado 1 del artículo 11 de la citada Ley 4/2013 queda modificado de la siguiente manera:
«1. En el ámbito territorial de la comunidad autónoma de las Illes Balears ejercen las funciones indicadas en materia de coordinación:
a) El Consejo de Gobierno de la comunidad autónoma de las Illes Balears.
b) La consejería competente en materia de coordinación de policías locales.
c) El Instituto de Seguridad Pública de las Illes Balears.
d) La Comisión de Coordinación de las Policías Locales de las Illes Balears.
e) Los consejos de coordinación de las policías locales.»
Se añade un nuevo artículo 11 bis a la Ley 4/2013 ya citada, sobre otros órganos con competencias en materia de las policías locales, diferentes de la coordinación, con el siguiente contenido:
«Artículo 11 bis. Otros órganos con competencia en materia de las policías locales diferentes de la coordinación.
Son órganos con competencia en materia de policía local los siguientes:
a) La Escuela de Seguridad Pública de las Illes Balears, prevista en el artículo 28.
b) El Observatorio de Seguridad de las Illes Balears, a que se refiere el capítulo III bis del título III.
c) La Comisión de Ética y Transparencia en la Actividad Policial de las Illes Balears, a que se refiere el capítulo III ter del título III.»
El artículo 12 de la citada Ley 4/2013 queda modificado en los siguientes términos:
1. Se dota de numeración el párrafo único, como apartado 1.
2. Se añade un nuevo apartado, el apartado 2, con el siguiente contenido:
«2. El Instituto de Seguridad Pública de las Illes Balears, como órgano administrativo de apoyo de la dirección general competente en materia de coordinación de las policías locales, impulsará programas concretos orientados a la mediación para resolver conflictos, el fomento del respeto a la diversidad y la integración social de determinados colectivos y promoverá las buenas prácticas profesionales ofreciendo herramientas de colaboración, asesoramiento y unificación de criterios en relación con la tramitación de expedientes disciplinarios.»
El artículo 15 de la citada Ley 4/2013 queda modificado de la siguiente manera:
«Artículo 15. Composición.
1. La Comisión de Coordinación de las Policías Locales de las Illes Balears está integrada por los siguientes miembros:
a) El presidente o la presidenta, que ha de ser el consejero o la consejera competente en materia de coordinación de policías locales.
b) El vicepresidente o la vicepresidenta, que ha de ser el director o la directora general competente en materia de coordinación de policías locales.
c) Los siguientes vocales:
– Cuatro vocales en representación de la Administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears, designados por el presidente o la presidenta de la Comisión.
– Los vicepresidentes o las vicepresidentas de cada uno de los consejos de coordinación constituidos. En el caso de que el consejo de coordinación incluya municipios de dos islas, habrá un representante de cada uno de los consejos insulares a los que pertenezcan los municipios afectados.
– Un o una vocal en representación del Ayuntamiento de Palma.
– Un o una vocal en representación de la Delegación del Gobierno.
– Cuatro vocales en representación de los sindicatos que tengan la consideración de más representativos en el ámbito de la comunidad autónoma de las Illes Balears.
– Cinco jefes de los cuerpos de policía local designados a propuesta de los consejos de coordinación de las respectivas islas, de acuerdo con la siguiente distribución:
• Uno o una por Formentera.
• Uno o una por Ibiza.
• Uno o una por Menorca.
• Dos por Mallorca, de los cuales uno o una será propuesto en representación de los municipios de más de 20.000 habitantes, y el otro del resto de municipios.
– Un jefe o una jefa de los cuerpos de policía local a propuesta de las asociaciones profesionales más representativas de ámbito autonómico.
2. La Comisión nombrará, a propuesta del presidente o la presidenta, un secretario o una secretaria, que ha de ser un funcionario o una funcionaria adscrito a la consejería competente en materia de coordinación de policías locales, que actúa con voz pero sin voto.
3. Puede asistir a las reuniones de la Comisión personal asesor con voz pero sin voto designado por el presidente, a iniciativa propia o a propuesta de cualquier otro miembro de la Comisión. En todo caso, el número de asesores no puede ser superior a uno por vocal.
4. La composición y el régimen de funcionamiento han de ser desarrollados por un reglamento interno aprobado por el Pleno de la Comisión de Coordinación de las Policías Locales de las Illes Balears.»
El artículo 18 de la citada Ley 4/2013 queda modificado de la siguiente manera:
«Artículo 18. Composición.
1. Cada consejo de coordinación de las policías locales ha de estar integrado por los siguientes miembros:
a) El presidente o la presidenta, que ha de ser el director o la directora general competente en materia de coordinación de las policías locales.
b) El vicepresidente o la vicepresidenta, que ha de ser designado por el Consejo de Coordinación entre los vocales que sean titulares de alcaldías o regidurías.
c) Los vocales, que han de ser:
– Las personas titulares de las alcaldías o titulares de las regidurías en quienes deleguen, en representación de los ayuntamientos de los municipios que se integren en el Consejo de Coordinación de las Policías Locales.
– Les personas jefes de policía local, o policías en quienes deleguen, en representación de las policías locales de los municipios que se integren en el Consejo de Coordinación de las Policías Locales, y que han de ser nombrados y nombradas mediante un decreto de alcaldía del ayuntamiento correspondiente.
– Dos vocales en representación de la consejería competente en materia de coordinación de policías locales y un vocal en representación de la consejería competente en materia de formación de policías locales, nombrados por resolución del consejero o la consejera respectivo.
– En el supuesto de que el consejo de coordinación tenga un ámbito territorial que incluya todos los municipios de una isla, este podrá tener un vocal en representación de su consejo insular. En el caso en que el consejo de coordinación incluya municipios de dos islas, habrá una persona representante de cada uno de los consejos insulares al que pertenezcan los municipios afectados.
2. Con la finalidad de afrontar y resolver la problemática técnica que se pueda derivar del desarrollo de los acuerdos adoptados en las sesiones de los consejos, se pueden constituir unas comisiones técnicas formadas por los jefes o por las jefas de la policía local de los municipios que se integren en un determinado consejo de coordinación de las policías locales o policías en quienes deleguen, a los que se ha de integrar una persona representante de la Escuela Balear de Administración Pública, si se trata de temas de formación. Estas comisiones han de ser coordinadas por las personas en representación de la consejería competente en materia de coordinación de las policías locales en los consejos de coordinación.
3. El presidente o la presidenta del Consejo de Coordinación de las Policías Locales puede invitar, a las sesiones del consejo y de sus comisiones técnicas, con voz y sin voto, a las personas cuya intervención se considere conveniente, en función de los puntos incluidos en el orden del día y por razón de sus conocimientos, preparación, prestigio u otras circunstancias.»
Se añade una nueva letra al artículo 19 de la citada Ley 4/2013, la letra i), con la siguiente redacción:
«i) La propuesta de mecanismos de colaboración intermunicipal para reforzar los servicios policiales ante necesidades de carácter extraordinario o estacional.»
Se añade un capítulo III bis al título III de la Ley 4/2013, ya citada, sobre el Observatorio de Seguridad de las Illes Balears, con la siguiente redacción:
Artículo 19 bis. Naturaleza.
El Observatorio de Seguridad de las Illes Balears se constituye como órgano de participación, consulta, deliberación, análisis, estudio, asesoramiento y prospectiva en materias relacionadas con la seguridad.
Artículo 19 ter. Funciones, composición, funcionamiento y régimen interno.
El Gobierno de las Illes Balears desarrollará reglamentariamente todos los aspectos necesarios en cuanto a funciones, composición, funcionamiento y régimen interior, entre otros, para la puesta en marcha del Observatorio de Seguridad de las Illes Balears.»
Se añade un capítulo III ter al título III de la Ley 4/2013, ya citada, sobre Comisión de Ética y Transparencia en la Actividad Policial de las Illes Balears, con la siguiente redacción:
Artículo 19 quater. Naturaleza.
1. La Comisión de Ética y Transparencia en la Actividad Policial de las Illes Balears es el órgano de carácter consultivo en materia de ética, transparencia y deontología con la finalidad de contribuir a mejorar la calidad del servicio policial y constituir un espacio de reflexión para el debate ético en el campo de la seguridad pública.
2. La Comisión de Ética y Transparencia en la Actividad Policial de las Illes Balears se adscribe al departamento del Gobierno de las Illes Balears competente en materia de policía local, que asignará los medios personales y materiales necesarios para asegurar su funcionamiento.
Artículo 19 quinquies. Funciones, composición, funcionamiento y régimen interior.
El Gobierno de las Illes Balears desarrollará reglamentariamente todos los aspectos necesarios, en cuanto a funciones, composición, funcionamiento y régimen interior, entre otros, para la puesta en marcha de la Comisión de Ética y Transparencia en la Actividad Policial de las Illes Balears.»
El artículo 20 de la citada Ley 4/2013 queda modificado en los siguientes términos:
1. Los apartados 2, 3 y 4 quedan modificados de la siguiente manera:
«2. Los ayuntamientos pueden crear, en las categorías de policía, oficial y subinspector, los grados de policía de primera, oficial de primera y subinspector de primera, en los que se pueden integrar, respetando los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, los funcionarios y las funcionarias de carrera de estas categorías cuando hayan cumplido diez años de servicio activo como policía, cinco años de servicio activo como oficial o tres años de servicio activo como subinspector del respectivo municipio. Para la integración se requiere una valoración positiva del ayuntamiento, que ha de atender la trayectoria y actuación profesional del funcionario o la funcionaria, la calidad del trabajo realizado, los conocimientos adquiridos y el resultado de la evaluación del ejercicio profesional. Se pueden incluir otros méritos y aptitudes por razón de la especificidad de la función desarrollada y de la experiencia adquirida.
3. Los órganos competentes de los ayuntamientos pueden crear las especialidades que consideren oportunas para cada categoría partiendo de sus propias peculiaridades de organización y funcionamiento. Se promoverá desde los ayuntamientos la creación de diferentes figuras de policía de proximidad cuya función será la de mediar y resolver los conflictos derivados de la convivencia entre los vecinos. La provisión de los puestos de trabajo de estas especialidades se han de realizar preferentemente entre el personal funcionario de la categoría correspondiente y por los procedimientos de concurso de méritos o de concurso específico.
4. Corresponde al alcalde o la alcaldesa o al regidor delegado o a la regidora delegada proveer los puestos de libre designación a propuesta del jefe o de la jefa de policía.»
2. Se añade un nuevo apartado, el apartado 5, con la siguiente redacción:
«5. En todo caso, la existencia de una categoría concreta supone, necesariamente, la de las inferiores.»
El artículo 22 de la citada Ley 4/2013 queda modificado de la siguiente manera:
«Artículo 22. Jefatura del cuerpo de policía local.
1. La jefatura del cuerpo de policía local es un puesto de trabajo de naturaleza funcionarial, que ha de figurar en la relación de puestos de trabajo correspondiente con la denominación «jefe o jefa del cuerpo de policía local».
2. El nombramiento del jefe o de la jefa de cada cuerpo de policía local corresponde al alcalde o a la alcaldesa por el procedimiento de libre designación entre personal funcionario de carrera que pertenezca a la máxima escala o a la categoría superior de la escala inmediatamente inferior del cuerpo del municipio o entre personal funcionario de carrera de cuerpos de policía local de otros municipios o de otros cuerpos o fuerzas de seguridad, siempre que pertenezca a la escala o categoría citadas o a una escala superior. En cualquier caso, el nombramiento ha de recaer entre personal funcionario de carrera que pertenezca, como mínimo, a la categoría de oficial.
Si se trata de personal de otras fuerzas y cuerpos de seguridad, se han de establecer reglamentariamente las equivalencias correspondientes.
3. El puesto de trabajo de jefe o jefa del cuerpo de policía local se ha de ajustar a los siguientes criterios:
a) La categoría del puesto ha de coincidir con la máxima categoría del cuerpo de policía local del municipio.
b) El procedimiento de provisión del puesto es la libre designación y puede ser con carácter definitivo o en comisión de servicios. Si se accede a una categoría superior a la cual se pertenece como funcionario de carrera, deberá ser en comisión de servicios; si se accede a la misma categoría o a una inferior a la cual se pertenece como funcionario de carrera podrá ser en comisión de servicios o con carácter definitivo, sin perjuicio de poder ser removido discrecionalmente de estas funciones.
c) Solo puede ser ocupado por el personal funcionario de carrera al que hace referencia el apartado 2 de este artículo, siempre que esté en servicio activo; tenga la titulación exigida para acceder a la categoría a la cual está adscrito el puesto; cumpla los requisitos establecidos en la relación de puestos de trabajo; y, en el caso de que pertenezca a otro ayuntamiento, acredite un mínimo de dos años de antigüedad en la escala de procedencia.
d) El personal funcionario que ocupe este puesto de trabajo, con posterioridad al nombramiento ha de realizar el curso de capacitación para jefes de policía local que deberá promover la Escuela Balear de Administración Pública. Quedan eximidas de la realización de este curso las personas que ya lo hayan realizado o las que estén en posesión del curso de capacitación de la categoría correspondiente.
4. La jefatura del cuerpo de policía local ejerce la máxima responsabilidad operativa en la policía local, tiene el mando inmediato sobre todas las unidades y los servicios en que se organice y lleva a cabo las funciones que se determinen legal y reglamentariamente.
5. El alcalde o la alcaldesa ha de designar entre los miembros que pertenezcan a la escala o categoría citadas en el apartado 2 anterior del cuerpo de policía de su municipio la persona o las personas que por orden de prelación han de sustituir al jefe o la jefa en casos de vacante, ausencia o enfermedad.»
Se añade un nuevo artículo 22 bis a la Ley 4/2013, ya citada, con el siguiente texto:
«Artículo 22 bis. Escala facultativa técnica.
1. Los ayuntamientos de los municipios de más de 25.000 habitantes, y los de aquellos otros municipios donde se determine por parte de la consejería competente, teniendo en cuenta criterios de aumento de criminalidad o especial transcendencia para la seguridad pública, podrán crear la escala facultativa técnica, a la que corresponderá ejercer, bajo la dependencia directa del jefe del cuerpo, tareas de cobertura, asesoramiento, formación, estudio y apoyo a las funciones policiales en la especialidad de criminología y/o seguridad. La citada escala quedará adscrita al cuerpo de policía local. Asimismo, podrá colaborar con el Consejo de Coordinación Policial al que pertenezca su ayuntamiento de procedencia, para realizar las mismas tareas descritas anteriormente.
2. Los miembros de esta escala serán funcionarios de carrera y deberán cumplir con el requisito de estar en posesión de la titulación académica de licenciado o graduado en criminología.
3. En las mismas circunstancias previstas en el apartado 1 anterior, y teniendo en cuenta criterios de eficacia en el cumplimiento de las funciones de la policía local no relacionadas con las criminalidad, los ayuntamientos podrán incluir en la escala facultativa técnica otros especialistas para la cobertura, el asesoramiento y el apoyo a las funciones policiales.
4. El Gobierno de las Illes Balears desarrollará reglamentariamente aspectos relacionados con el ingreso, las funciones, las áreas de competencia, etc., de la escala facultativa técnica para garantizar la correcta integración o coordinación con el cuerpo de policía local.
5. El Gobierno de las Illes Balears, mediante el Instituto de Seguridad Pública de las Illes Balears, promoverá estudios de evolución de la delincuencia y la criminalidad, así como análisis de la evolución y coyunturas, que servirán de base para la realización de las políticas de mejora y orientación en la prestación de los servicios, así como otros trabajos que permitan elaborar estudios de prevención, contando con miembros de la escala facultativa técnica de los cuerpos de policía local de las Illes Balears.»
El artículo 23 de la citada Ley 4/2013 queda modificado de la siguiente manera:
«Artículo 23. Principios de actuación. Ética y transparencia profesional.
1. Los miembros de los cuerpos de policía local y policías locales de los ayuntamientos que no hayan constituido cuerpo de policía local han de ejercer sus funciones en los términos que prevé esta ley y el resto de la normativa aplicable, y han de respetar en todo caso los principios básicos de actuación que prevé la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de fuerzas y cuerpos de seguridad.
2. En el marco de los citados principios básicos de actuación, por acuerdo del Consejo de Gobierno se ha de aprobar un código de ética profesional dirigido a las policías locales de las Illes Balears, con el objetivo de promover las buenas prácticas y las actitudes y actividades adecuadas a la ética y el trato correcto a las personas en el ámbito policial.»
El artículo 24 de la citada Ley 4/2013 queda modificado en los siguientes términos:
1. Los apartados 1, 3, 4, 5, 6 y 7 quedan modificados de la siguiente manera:
«1. Los miembros de los cuerpos de policía local, por el hecho de pertenecer a un instituto armado, en el ejercicio de sus funciones portarán el armamento reglamentario que se les asigne. Asimismo dispondrán de los medios técnicos y operativos necesarios para cumplir sus funciones. Reglamentariamente se determinarán las prácticas de habilitación y uso del armamento que sean preceptivas para garantizar su correcta utilización. Corresponde al alcalde o a la alcaldesa de los municipios con cuerpo de policía local, al regidor o a la regidora en quien delegue de forma expresa o al jefe o a la jefa de policía por delegación expresa del alcalde o de la alcaldesa determinar los servicios en los que no se llevarán armas, procurando evitar la posesión de armas de fuego en aquellos casos en que no se considere estrictamente necesario.
3. La retirada del armamento reglamentario y, en su caso, del arma de fuego particular obtenida mediante la autorización del ayuntamiento se puede llevar a cabo en los casos individuales en los que se considere necesaria cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:
a) Un comportamiento de inestabilidad emocional o de alteración psíquica del agente que racionalmente pueda hacer prever la posibilidad de correr un riesgo propio o ajeno.
b) El informe psicotécnico emitido por un psicólogo colegiado o una psicóloga colegiada que recomiende la retirada del arma de fuego.
c) La negligencia o la impericia grave evidenciada por una actuación durante el servicio.
d) La no superación o negativa a realizar las pruebas que reglamentariamente se determinen para la habilitación y el uso del armamento.
e) La incapacidad laboral transitoria, cuando sea superior a 30 días, si no se presenta un certificado del médico o de la médica que firme la baja que acredite que la incapacidad no ha alterado sus condiciones psíquicas.
f) Cuando mediante decisión judicial, ya sea cautelar o definitiva, se acuerde la retirada del arma.
4. Reglamentariamente se regulará el procedimiento administrativo para la retirada del armamento, excepto en los supuestos d), e) y f) del apartado anterior, en los que será automática.
Reglamentariamente también se han de regular los casos excepcionales en los que será posible, aun existiendo la retirada definitiva del arma, una evaluación, con los informes que se determinen, para recuperar el arma reglamentaria.
5. Los ayuntamientos han de disponer de lugares adecuados para custodiar el armamento asignado con las condiciones que prevé la normativa aplicable.
6. Queda expresamente prohibido portar armas particulares durante el tiempo de servicio.
7. En el caso de que se ocupe un puesto de trabajo que comporte la obligación de llevar arma de fuego, la retirada definitiva del arma implicará el cambio de destino y la adecuación a las particularidades laborales y económicas del nuevo destino.»
2. Se suprime el apartado 8.
El artículo 28 de la citada Ley 4/2013 queda modificado de la siguiente manera:
«1. De acuerdo con el artículo 3 de esta ley, corresponde a la consejería competente en materia de coordinación de policías locales el ejercicio de las competencias relacionadas con la formación de los miembros de los cuerpos de policía local para asegurar su homogeneización y su coordinación, además de otras que tengan atribuidas.
La consejería competente en materia de coordinación de policías locales llevará a cabo esta tarea a través de la Escuela Balear de Administración Pública o, si procede, a través de la Escuela de Seguridad Pública de las Illes Balears.
2. La Escuela Balear de Administración Pública o, en su caso, la Escuela de Seguridad Pública de las Illes Balears promoverá convenios y acuerdos con instituciones docentes y públicas, en especial con la Universidad de las Illes Balears, con el objeto de poder homologar los cursos y programas de formación policial con las titulaciones académicas exigidas para el acceso a las distintas escalas o categorías.
3. La Escuela Balear de Administración Pública o, en su caso, la Escuela de Seguridad Pública de las Illes Balears impartirá el curso de capacitación correspondiente a cada categoría de la policía local previsto en el artículo 34.3 de esta ley. Reglamentariamente se ha de establecer la convalidación entre los cursos de capacitación de las diferentes categorías impartidos por la escuela; así como, siempre que exista reciprocidad, la equivalencia de los cursos impartidos por otras administraciones para los miembros del resto de fuerzas y cuerpos de seguridad.
4. El Gobierno de las Illes Balears establecerá becas, ayudas económicas o bonificaciones de las tasas para la participación en cursos, en especial para compensar los gastos derivados de la insularidad, en desplazamientos y residencia.»
El artículo 29 de la citada Ley 4/2013 queda modificado en los siguientes términos:
1. El apartado 2 queda modificado de la siguiente manera:
«2. Los diplomas o certificados de cursos y actividades formativas impartidos por las escuelas de formación de las policías locales, los cursos que tengan la condición de concertados u homologados por la Escuela Balear de Administración Pública u otras escuelas de administraciones públicas del Estado español, los cursos relacionados con las funciones propias de las policías locales superados en universidades en el ámbito de la Unión Europea o en otras administraciones públicas del Estado español con centros de formación acreditados, los créditos universitarios superados en universidades en el ámbito de la Unión Europea o en otras administraciones públicas del Estado español con centros de formación acreditados, que no formen parte de una carrera universitaria acabada y presentada como mérito o requisito, y los planes de formación continua tienen validez a los efectos de acceso, promoción y movilidad en los cuerpos de policía local o en la categoría de policía en los ayuntamientos que no hayan constituido cuerpo de policía local.»
2. El apartado 5 queda modificado de la siguiente manera:
«5. Respecto a la formación en línea y a distancia no reglada, únicamente podrá ser aceptada como requisito o valorada en un procedimiento de selección la que haya sido impartida y homologada por la Escuela Balear de Administración Pública. En el caso de otras escuelas de administraciones públicas del Estado español o de las universidades del ámbito de la Unión Europea, y las efectuadas dentro de los planes de formación continua deberán ser homologados por la Escuela Balear de Administración Pública, en función de los programas, temarios, reciprocidad y duración de los cursos. El proceso de homologación de esta formación será desarrollado reglamentariamente.»
El artículo 30 de la citada Ley 4/2013 queda modificado en los siguientes términos:
1. El apartado 3 queda modificado de la siguiente manera:
«3. Los ayuntamientos pueden encomendar al Gobierno de las Illes Balears en los términos que se establezcan reglamentariamente la convocatoria y la realización de los procesos selectivos.»
2. El apartado 5 queda modificado de la siguiente manera:
«5. Para asegurar la mejora de las condiciones de seguridad pública en el ámbito territorial de las Illes Balears y por sus especiales circunstancias socioeconómicas, los ayuntamientos han de incluir en sus ofertas anuales de empleo público todas las plazas vacantes y dotadas presupuestariamente de los cuerpos de policía local o de los policías en los ayuntamientos que no hayan constituido cuerpo de policía local previstas en las correspondientes plantillas o relaciones de puestos de trabajo.»
El artículo 32 de la citada Ley 4/2013 queda modificado de la siguiente manera:
«Artículo 32. Requisitos para el acceso.
Para poder participar en los procesos selectivos de acceso a las categorías de los cuerpos de policía local o a las plazas de policías en los ayuntamientos que no hayan constituido cuerpo de policía local es necesario reunir los siguientes requisitos:
a) Tener la nacionalidad española.
b) Tener dieciocho años cumplidos.
c) Poseer el título académico o equivalente para el grupo al que pertenezca la plaza convocada de acuerdo con la ley básica del Estado.
d) No padecer ninguna enfermedad o defecto físico o psicofísico que impida o menoscabe el correcto desarrollo de las funciones, en relación con el cuadro de exclusiones que reglamentariamente se determine, en los supuestos de acceso por el turno libre. En los supuestos de acceso por promoción es un requisito no padecer ninguna enfermedad o defecto físico o psicofísico que impida o menoscabe el correcto desarrollo de las funciones.
e) No haber sido separado del servicio de la administración local, autonómica o estatal, ni estar inhabilitado para ejercer la función pública.
f) No tener antecedentes penales por delitos dolosos.
g) Poseer los permisos de conducir de las clases que reglamentariamente se determinen.
h) Comprometerse, mediante una declaración jurada, a portar armas y, en su caso, a utilizarlas.
i) Acreditar el conocimiento de la lengua catalana del nivel que determine la normativa vigente que, como mínimo, será la exigible al personal funcionario de la administración autonómica de las Illes Balears.»
El artículo 33 de la citada Ley 4/2013 queda modificado de la siguiente manera:
«Artículo 33. Requisitos para la promoción.
Para la promoción, además de los que prevé la legislación básica para acceder a la función pública, los o las aspirantes han de cumplir, en el momento en que finalice el plazo para solicitar la participación en los procesos selectivos, los siguientes requisitos:
a) Tener la condición de personal funcionario de carrera en alguno de los cuerpos de policía local de las Illes Balears y la antigüedad que se especifica a continuación en la categoría de origen:
1.º Promoción interna en el mismo cuerpo de policía local en la categoría inmediatamente superior: dos años.
2.º Promoción externa en dos categorías superiores en el mismo cuerpo de policía local: cuatro años.
3.º Promoción externa en la categoría inmediatamente superior de un cuerpo de policía local diferente a aquel al que pertenece el funcionario o la funcionaria de carrera: cuatro años.
4.º Promoción externa de los policías de los ayuntamientos que no tengan cuerpo de policía local a la categoría de oficial de los ayuntamientos que tengan cuerpos de policía local: cuatro años.
b) En el caso de la promoción externa, además, faltar más de cinco años para pasar a la situación de segunda actividad por razón de edad respecto de la escala básica y más de tres años para las escalas ejecutiva y técnica.»
El artículo 34 de la citada Ley 4/2013 queda modificado de la siguiente manera:
«Artículo 34. Sistemas de selección.
1. El sistema de selección para acceder a la categoría de policía local y a las policías en los ayuntamientos que no hayan constituido cuerpo de policía local es la oposición. El sistema de selección para el acceso al resto de categorías de los cuerpos de policía local, tanto por turno libre como por promoción, es el concurso oposición.
2. La Escuela Balear de Administración Pública ha de asegurar un sistema de homologación de la superación de los programas de capacitación para acceder a las diferentes categorías de los cuerpos de policía local y a los puestos de policía en los ayuntamientos que no hayan constituido cuerpo de policía local, expedidos por otras escuelas públicas de seguridad, siempre que sean compatibles con los de la Escuela Balear en cuanto a contenidos y duración y que en esta comunidad autónoma exista un derecho recíproco de acceso a los procesos de selección, al efecto de permitir la participación de las personas interesadas en los procesos selectivos.
3. Los procedimientos selectivos se completan con la superación de un período de prácticas. Este período está integrado por la superación tanto del curso de capacitación correspondiente a la categoría a la cual se accede, como de la fase de prácticas en el municipio relacionadas con las funciones propias de la categoría respectiva. Las personas que acrediten haber superado el curso de capacitación y lo tengan debidamente actualizado, estarán exentas de realizarlo. La fase de prácticas en el municipio con el contenido que determine cada ayuntamiento, tendrá una duración máxima de un año y una mínima de seis meses.
Las personas aspirantes que no superen el período de prácticas de acuerdo con el procedimiento de calificación previsto en la convocatoria correspondiente, perderán su derecho al nombramiento como personal funcionario de carrera, mediante una resolución motivada de la autoridad que haya hecho la convocatoria, a propuesta del órgano responsable de la evaluación del período de prácticas.»
Se añade un nuevo artículo a la citada Ley 4/2013, el artículo 34 bis, con la siguiente redacción:
«Artículo 34 bis. Retribuciones del personal funcionario en prácticas.
1. El personal funcionario en prácticas tiene derecho a percibir las retribuciones equivalentes al sueldo y pagas extraordinarias correspondientes al subgrupo o grupo de adscripción, en el supuesto de que este no tenga subgrupo, en el cual aspire a ingresar; y, en su caso, los trienios que se tengan reconocidos con anterioridad al inicio del período de prácticas, que incluye la realización del curso selectivo y de la fase de prácticas en el municipio.
No obstante, si el período de prácticas se realiza desarrollando un puesto de trabajo, se percibirán, además, las retribuciones complementarias correspondientes al citado puesto.
2. El personal funcionario en prácticas que tenga la condición de personal funcionario o laboral de la administración pública estatal, autonómica o local, podrá optar por mantener las retribuciones que le correspondan en virtud de la citada condición o percibir las previstas en el apartado anterior, siempre que disfrute de un permiso para realizar las prácticas y continúe vinculado a su puesto de trabajo.
3. El pago de las retribuciones al personal funcionario en prácticas corresponde al ayuntamiento que ha convocado el correspondiente proceso selectivo. No obstante lo anterior, si el período de prácticas se realiza desarrollando un puesto de trabajo, el pago corresponderá a la administración pública en la que se encuentre el puesto de trabajo, excepto cuando exista un acuerdo en sentido contrario adoptado por ambas administraciones públicas.»
El apartado 1 del artículo 35 de la citada Ley 4/2013 queda modificado de la siguiente manera:
«1. Los puestos de trabajo de las diferentes categorías se han de proveer ordinariamente por los sistemas de concurso o, cuando así se determine en la relación de puestos de trabajo del ayuntamiento, por libre designación, siempre mediante convocatoria pública.»
El apartado 2 del artículo 36 de la citada Ley 4/2013 queda modificado de la siguiente manera:
«2. El concurso puede ser concurso de méritos o concurso específico, en este último caso siempre que así se determine en la relación de puestos de trabajo del ayuntamiento.»
El epígrafe y los apartados 1 y 2 del artículo 38 de la citada Ley 4/2013 quedan modificados de la siguiente manera:
«Artículo 38. Concurso específico.
1. El concurso específico es el sistema de provisión de los puestos de trabajo singularizados correspondientes a las especialidades.
2. El concurso específico consiste en la comprobación y la valoración de los méritos y las capacidades, los conocimientos y las aptitudes determinados en cada convocatoria, relacionados con el puesto de trabajo convocado.»
El artículo 39 de la citada Ley 4/2013 queda modificado de la siguiente manera:
«Artículo 39. Libre designación.
La libre designación es un sistema de provisión de los puestos de trabajo excepcional, para los puestos que se encuentren así previstos en la relación de puestos de trabajo del ayuntamiento porque impliquen una elevada responsabilidad o requieran una confianza personal para ejercer sus funciones, como es el caso de la jefatura del cuerpo.»
El artículo 41 de la citada Ley 4/2013 queda modificado de la siguiente manera:
«Artículo 41. Provisión de puestos de trabajo con carácter temporal.
1. Con carácter general, cuando un puesto de trabajo con dotación presupuestaria no tenga persona titular o quede vacante de manera temporal o definitiva, se ha de ocupar en comisión de servicios de carácter voluntario con personal funcionario de carrera del mismo grupo y escala que cumpla los requisitos que se establecen para ocuparlo. El personal funcionario en comisión de servicios tiene derecho a la reserva del puesto de trabajo de procedencia y a percibir las retribuciones correspondientes al puesto que efectivamente ocupa.
2. Únicamente en el supuesto en que los puestos de trabajo a los que hace referencia el apartado anterior no se puedan proveer con personal funcionario de carrera, y por razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia, que se han de acreditar en el expediente correspondiente, estos se pueden ocupar por personal funcionario interino nombrado para el desarrollo de funciones propias del personal funcionario de carrera, siempre que se dé alguna de las siguientes circunstancias:
a) La existencia de plazas vacantes cuando no sea posible su cobertura por personal funcionario de carrera.
b) La sustitución transitoria de las personas titulares.
3. La selección del personal funcionario interino se ha de realizar entre las personas aspirantes que cumplan los requisitos exigidos para ocupar los puestos de trabajo, que hayan superado el curso básico de policías locales de la Escuela Balear de Administración Pública y que formen parte de la bolsa de trabajo de personal funcionario interino de la que disponga el ayuntamiento. En el supuesto en que la bolsa de trabajo se hubiera extinguido o tenga una antigüedad superior a dos años, los ayuntamientos pueden convocar una nueva o bien acudir a la bolsa de la consejería competente en materia de coordinación de policías locales constituida con esta finalidad.
Los ayuntamientos pueden constituir bolsas de trabajo, mediante una convocatoria pública, con las personas aspirantes ordenadas de acuerdo con la nota final obtenida en el curso básico de policías locales de la Escuela Balear de Administración Pública y con el número de años completos de servicios prestados y reconocidos como policía local. La convocatoria de la bolsa ha de prever los requisitos y las condiciones en que se ha de llevar a cabo su gestión y, como mínimo, las siguientes circunstancias:
a) La duración máxima de vigencia de la bolsa no puede ser superior a dos años.
b) Las causas de indisponibilidad de los miembros de la bolsa. Una causa de indisponibilidad es prestar servicios, en el momento del llamamiento, como personal funcionario de carrera o interino de la policía local en un municipio de las Illes Balears.
En todo caso, el personal funcionario de carrera que ocupe un puesto de trabajo mediante un nombramiento de personal funcionario interino no tiene derecho a la reserva del puesto de trabajo de procedencia.
4. La bolsa de trabajo del personal funcionario interino de la consejería competente en materia de coordinación de policías locales ha de constituirse mediante una convocatoria pública, con las personas aspirantes que soliciten su inclusión, ordenadas de acuerdo con la nota final obtenida en el curso básico de policías locales de la Escuela Balear de Administración Pública y con el número de años completos de servicios prestados y reconocidos como policía local. La resolución de la convocatoria ha de determinar el plazo de vigencia, los requisitos y las condiciones en las que debe llevarse a cabo la gestión de la bolsa.»
El apartado 2 del artículo 42 de la citada Ley 4/2013 queda modificado de la siguiente manera:
«2. Se ha de utilizar el procedimiento de concurso para la movilidad en todas las categorías.»
El artículo 45 de la citada Ley 4/2013 queda modificado de la siguiente manera:
«Artículo 45. Reingreso al servicio activo.
1. Cuando un funcionario o una funcionaria de carrera solicita el retorno al servicio activo y padece enfermedades o defectos físicos que permiten la concesión de la segunda actividad por causas psicomédicas, puede solicitar la reincorporación al servicio activo y pasar a la segunda actividad.
2. Cuando un funcionario o una funcionaria de carrera solicita el retorno al servicio activo por encontrarse en la situación administrativa de excedencia, ha de acreditar que cumple los requisitos c), e), f), g) e i) del artículo 32 de esta ley. Si la excedencia ha sido por desarrollar trabajos fuera de la administración y superior a dos años, ha de realizar un reciclaje de acuerdo con la categoría a la cual pretende retornar, una vez producida la reincorporación de forma activa, en el plazo de un año.
3. Cuando un funcionario o una funcionaria de carrera solicite el retorno al servicio activo porque se encuentra en la situación administrativa de suspensión de funciones con carácter definitivo, ha de acreditar que cumple los requisitos c), e), f), g) y, si procede, i) del artículo 32 de esta ley. Además, ha de realizar un reciclaje de acuerdo con la categoría a la cual pretende retornar, una vez producida la reincorporación de forma activa, en el plazo de un año.»
El artículo 48 de la citada Ley 4/2013 queda modificado en los siguientes términos:
1. Se dota de numeración el primer párrafo, como apartado 1.
2. La letra e) del apartado 1 queda modificada de la siguiente manera:
«e) Cuando sean inculpados judicialmente por actos derivados del cumplimiento legítimo de las funciones que tienen encomendadas, el ayuntamiento respectivo ha de:
– Asumir la defensa y la representación ante los juzgados y tribunales mediante los letrados o las letradas y también los procuradores o las procuradoras, cuando estos sean preceptivos, que designe a este efecto, y encargarse del pago de los honorarios, si procede.
– Prestar las fianzas que se señalen.
– Asumir las costas procesales y las indemnizaciones de responsabilidad civil que correspondan.»
3. Se añaden tres nuevos apartados, los apartados 2, 3 y 4, con la siguiente redacción:
«2. El personal de los cuerpos de la policía local y policías en los ayuntamientos que no hayan constituido cuerpo de policía local, tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo y les será de aplicación la normativa general de prevención de riesgos laborales vigente y sus normas de desarrollo. Este derecho comprenderá en todo caso el de disponer de unas instalaciones y medios adecuados, recibir información y formación en materia preventiva, realizar propuestas y participar en la prevención de los riesgos específicos que afecten su puesto de trabajo, la vigilancia de la salud y la adopción de todas aquellas medidas de prevención que resulten aplicables a las peculiaridades inherentes a su función.
Reglamentariamente se han de desarrollar las normas específicas, respecto de las actividades o funciones que presenten características extraordinarias, que se han de inspirar en la normativa general de prevención de riesgos laborales.
3. Los ayuntamientos han de adoptar las medidas preventivas necesarias para garantizar la seguridad y la salud laboral del personal integrante de los cuerpos de policía local y policías en los ayuntamientos que no hayan constituido cuerpo de policía local, con adecuación a las peculiaridades específicas que comporta el ejercicio de la función policial.
4. Las consejerías con competencias en materia de coordinación de las policías locales y en prevención de riesgos laborales podrán colaborar con los ayuntamientos en la formación y asesoramiento en materia de seguridad y salud en el trabajo.»
El artículo 49 de la citada Ley 4/2013 queda modificado de la siguiente manera:
«Artículo 49. Igualdad de mujeres y hombres.
Los ayuntamientos de las Illes Balears han de incluir las policías locales en los planes de igualdad que elaboren, con la finalidad de garantizar la igualdad de trato y de oportunidades en el empleo público, así como la adopción de medidas relativas a la conciliación laboral, personal y familiar, y a la prevención del acoso por razón de sexo, orientación sexual o identidad de género.»
El artículo 50 de la citada Ley 4/2013 queda modificado de la siguiente manera:
«Artículo 50. Incompatibilidades e interdicción del derecho de huelga.
1. Los miembros de las policías locales tienen incompatibilidad para ejercer cualquier actividad pública o privada, salvo las que exceptúa expresamente la legislación estatal sobre incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones públicas.
2. De conformidad con lo que prevé la legislación estatal vigente, los miembros de las policías locales tienen prohibido el ejercicio del derecho de huelga y de cualquier otra acción sustitutiva o concertada que pueda alterar el funcionamiento normal de los servicios.»
El artículo 52 de la citada Ley 4/2013 queda modificado en los siguientes términos:
1. El apartado 1 queda modificado de la siguiente manera:
«1. En los términos que se establezcan reglamentariamente, el Gobierno de las Illes Balears puede otorgar premios y distinciones a los miembros de las policías locales de la comunidad autónoma de las Illes Balears que se distingan notoriamente en el ejercicio de sus funciones y a las personas y organizaciones que destaquen por su colaboración en el logro de los objetivos relacionados con los cuerpos de policía local.»
2. El apartado 3 queda modificado de la siguiente manera:
«3. Los honores y las distinciones tienen que figurar en el Registro de Policías Locales que prevé esta ley, con el informe previo sobre la idoneidad, y han de ser valorados como méritos en los procedimientos de selección y provisión de puestos de trabajo.»
El artículo 55 de la citada Ley 4/2013 queda modificado en los siguientes términos:
1. Los apartados 3, 4 y 5 quedan modificados de la siguiente manera:
«3. La situación de segunda actividad puede ser con destino o sin destino, de acuerdo con lo que se fija en esta ley.
4. Los funcionarios y las funcionarias declarados en segunda actividad con destino quedan, hasta que lleguen a la edad de jubilación, a disposición del alcalde o de la alcaldesa como regla general, excepto en el caso de que exista algún impedimento debido a la insuficiencia de las aptitudes psicofísicas, para llevar cubrir las necesidades del servicio de vigilancia que se requiera en los edificios oficiales de los ayuntamientos con la finalidad de limitar su gasto. Asimismo, quedarán también a disposición del alcalde o de la alcaldesa para llevar a cabo las funciones policiales que se les puedan encomendar cuando lo requieran razones extraordinarias del servicio y mientras persistan estas razones. En ambos casos han de percibir las retribuciones correspondientes al personal en servicio activo.
5. En la situación de segunda actividad se mantiene la categoría que se poseía en el momento de producirse el paso a la segunda actividad.»
2. Se suprime el apartado 6.
La letra b) del artículo 56 de la citada Ley 4/2013 queda modificada de la siguiente manera:
«b) La petición de la persona interesada, en las condiciones que señala el artículo 58 siguiente y en el marco de la normativa estatal básica.»
El artículo 57 de la citada Ley 4/2013 queda modificado de la siguiente manera:
«Artículo 57. Por razón de edad.
1. El pase a la situación de segunda actividad por razón de edad con destino se produce a solicitud de la persona interesada, siempre que se haya estado en situación de activo y prestando servicios durante un mínimo de quince años, de los cuales cinco han de ser inmediatamente anteriores a la fecha de la petición, y al cumplir las siguientes edades:
a) Escala técnica: 60 años.
b) Escala ejecutiva: 58 años.
c) Escala básica: 56 años.
2. Al efecto de poder acceder a la situación de segunda actividad por razón de edad con destino, el ayuntamiento podrá prever, en su plantilla o relación de puestos de trabajo, una reserva de puestos de trabajo para esta finalidad. Estos puestos pueden estar ubicados en las áreas orgánicas relacionadas con seguridad y policía o en cualquier otra, siempre que correspondan a funciones y cometidos relacionados con el grupo de titulación al que pertenezca el personal funcionario afectado.
3. El pase a la situación de segunda actividad por razón de edad sin destino se produce a solicitud de la persona interesada, siempre que se haya estado en situación de activo y prestando servicios durante un mínimo de quince años, de los que cinco han de ser inmediatamente anteriores a la fecha de la petición, y al cumplir las siguientes edades:
a) Escala técnica: 62 años.
b) Escala ejecutiva: 61 años.
c) Escala básica: 60 años.
Desde esta situación no es posible acceder a la de segunda actividad con destino.»
El apartado 1 del artículo 58 de la citada Ley 4/2013 queda modificado de la siguiente manera:
«1. El pase a la situación de segunda actividad, a petición de la persona interesada, exige haber cumplido 35 años efectivos en situación de servicio activo en los cuerpos y fuerzas de seguridad o en el ejército militar profesional, servicios especiales o situación de excedencia forzosa. Esta modalidad de segunda actividad solo puede ser sin destino.»
El apartado 3 del artículo 59 de la citada Ley 4/2013 queda modificado de la siguiente manera:
«3. Se puede acordar, de oficio o a solicitud de la persona interesada, el reingreso al servicio activo, en el caso de que hayan desaparecido las causas que motivaron la disminución de la aptitud psicofísica o sensorial, con el dictamen médico previo en los términos del apartado anterior.»
El apartado 4 del artículo 60 de la citada Ley 4/2013 queda modificado de la siguiente manera:
«4. El personal funcionario afectado por el hecho de pasar a la segunda actividad con destino ha de percibir las retribuciones propias del puesto de trabajo efectivamente desarrollado, y se le han de garantizar en todo caso las correspondientes a su último puesto de trabajo, incluidas las actualizaciones.»
El artículo 62 de la citada Ley 4/2013 queda modificado de la siguiente manera:
«Artículo 62. Jubilación.
La jubilación forzosa de los miembros de la policía local o policías en los ayuntamientos que no hayan constituido cuerpo de policía local se ha de ajustar a lo que dispone la legislación estatal básica aplicable a las policías locales. En el caso de que se regule la jubilación parcial anticipada para el personal funcionario público se ha de producir una adecuación reglamentaria para compatibilizar la segunda actividad.»
El apartado 1 del artículo 63 de la citada Ley 4/2013 queda modificado de la siguiente manera:
«1. El régimen disciplinario de los miembros de los cuerpos de policía local y policías en los ayuntamientos que no hayan constituido cuerpos de policía local de las Illes Balears se ha de ajustar a lo que establece la Ley Orgánica 4/2010, de 20 de mayo, del régimen disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía, de acuerdo con lo previsto en la legislación orgánica reguladora de las fuerzas y cuerpos de seguridad, con la correspondiente adaptación a los cuerpos de la policía local, y a lo que dispone esta ley.»
El artículo 66 de la citada Ley 4/2013 queda modificado de la siguiente manera:
«Artículo 66. Extensión de la responsabilidad.
1. Los miembros de los cuerpos de policía local y policías en los ayuntamientos que no hayan constituido cuerpo de policía local que induzcan a otros a cometer actos o tener conductas constitutivas de falta disciplinaria incurren en la misma responsabilidad que el autor de la falta.
2. Los miembros de los cuerpos de policía local y policías en los ayuntamientos que no hayan constituido cuerpo de policía local que encubran las faltas muy graves y graves consumadas y los mandos que las toleren incurren en falta de un grado inferior. Se entiende por encubrimiento no dar cuenta por escrito a la persona jerárquicamente superior, de forma inmediata, de los hechos constitutivos de falta muy grave o grave de las que se tenga conocimiento.»
La letra z) del artículo 69 de la citada Ley 4/2013 queda modificada de la siguiente manera:
«z) Ser condenado o condenada en virtud de sentencia firme por delito doloso, siempre que no constituya infracción muy grave, o por una falta dolosa o delito leve doloso cuando la infracción penal esté relacionada con el servicio.»
Las letras j), k) y m) del artículo 70 de la citada Ley 4/2013 quedan modificadas de la siguiente manera:
«j) La omisión intencionada de saludo a un o a una superior, que no la devuelva o la infracción de las normas que la regulen.
k) La práctica de cualquier clase de juego que se lleve a cabo en las dependencias policiales, siempre que perjudique la prestación del servicio o menoscabe la imagen policial.
m) Ser condenado o condenada en virtud de sentencia firme por falta dolosa o delito leve doloso cuando la infracción penal cause perjuicio a la administración o a los administrados.»
La letra a) del apartado 1 del artículo 71 de la citada Ley 4/2013 queda modificada de la siguiente manera:
«a) La separación del servicio.»
La letra g) del artículo 72 de la citada Ley 4/2013 queda modificada de la siguiente manera:
«g) En el caso de los artículos 68.b) y 69.z) se ha de valorar específicamente la cuantía o entidad de la pena impuesta en virtud de sentencia firme, así como la relación de la conducta delictiva con las funciones policiales.»
El artículo 79 de la citada Ley 4/2013 queda modificado en los siguientes términos:
1. Los apartados 3 y 4 quedan modificados de la siguiente manera:
«3. En el momento en que se notifique la iniciación de un procedimiento disciplinario, se informará al funcionario o a la funcionaria sometido a expediente de su derecho a ser asistido, para defender sus intereses, por un abogado o abogada o la persona que considere conveniente.
4. Si el procedimiento se ha iniciado como consecuencia de una denuncia, se ha de comunicar a la persona firmante el acuerdo de inicio. Igualmente, se le ha de notificar el archivo de la denuncia, en su caso.»
2. Se añade un nuevo apartado, el apartado 5, con la siguiente redacción:
«5. Con carácter previo al inicio del procedimiento, el órgano competente para resolver puede acordar la práctica de una información reservada para esclarecer los hechos y los presuntos responsables. Esta información reservada pasará a formar parte del expediente.»
El apartado 2 del artículo 80 de la citada Ley 4/2013 queda modificado de la siguiente manera:
«2. Excepto en los casos de necesidad extraordinaria y urgente en los que el ayuntamiento tenga que nombrar inmediatamente a una persona instructora para garantizar el inicio del procedimiento disciplinario y la adopción de las medidas provisionales necesarias para la protección de los intereses implicados, cuando se trate de procedimientos disciplinarios por faltas muy graves o graves, este nombramiento podrá recaer en una persona inscrita en la bolsa que, a estos efectos, gestiona la dirección general competente en materia de coordinación de policías locales y que deberá percibir las indemnizaciones por razón del servicio que corresponden a las personas asesoras especialistas de los órganos de selección de personal.»
Se añade un nuevo apartado al artículo 82 de la citada Ley 4/2013, el apartado 5, con la siguiente redacción:
«5. La intervención de la persona instructora en todas las pruebas practicadas es esencial y no puede ser suplida por la del secretario o la secretaria; en caso contrario, estas se considerarán nulas, sin perjuicio de que la persona instructora pueda interesar la práctica de otras diligencias de cualquier órgano de las administraciones públicas.»
El apartado 3 del artículo 91 de la citada Ley 4/2013 queda modificado de la siguiente manera:
«3. Si no se localiza a la persona expedientada, se la ha de citar por edictos que se han de publicar en el “Boletín Oficial del Estado”. Previamente y con carácter facultativo se podrá publicar en el “Boletín Oficial de las Illes Balears” y en el tablón de anuncios del ayuntamiento y se ha de indicar el plazo para comparecer. Si no lo verifica, continuarán las actuaciones del procedimiento.»
El artículo 98 de la citada Ley 4/2013 queda modificado de la siguiente manera:
«Artículo 98. Reducción de plazos.
Por razones de urgencia derivadas de la necesidad de mantener la disciplina, la ejemplaridad, o por la notoriedad o gravedad de los hechos, el órgano que acordó el inicio del procedimiento puede disponer que los plazos de tramitación del expediente se reduzcan a la mitad del tiempo, excepto los previstos en los artículos 92.2, 94.1, 96 y 100.1 de esta ley.»
La disposición adicional segunda de la citada Ley 4/2013 queda modificada de la siguiente manera:
«Disposición adicional segunda. Personal sometido al Real Decreto 240/2013, de 5 de abril.
La prestación de servicios y los cursos de formación del personal sometido al Real Decreto 240/2013, de 5 de abril, se ha de tener en cuenta a los efectos de promoción profesional en los cuerpos de las policías locales de las Illes Balears.»
Se añade una nueva disposición adicional a la citada Ley 4/2013, la disposición adicional tercera, con la siguiente redacción:
«Disposición adicional tercera. Medidas de fomento de la igualdad en el empleo público.
1. Los ayuntamientos han de impulsar las acciones positivas previstas en la normativa de igualdad de género con la finalidad de conseguir una composición equilibrada de las plantillas de policía local.
2. En las convocatorias para acceder a las diferentes categorías de la policía local y a las policías locales de los ayuntamientos que no hayan constituido cuerpo de policía local, se determinará el número de plazas que deberían cubrirse con mujeres para cumplir con el objetivo de equilibrar la presencia de mujeres y hombres en la plantilla de la policía local, de acuerdo con lo que prevé el plan de igualdad de cada ayuntamiento. Este número de plazas será proporcional a los objetivos perseguidos, y no superior al 40 % de las plazas convocadas, ni inferior al porcentaje que se establezca razonablemente atendiendo al plan de igualdad de cada ayuntamiento y a los datos estadísticos históricos sobre el porcentaje de mujeres que concurren y superan los procesos selectivos.
Como regla general, hasta que los ayuntamientos no elaboren estos planes de igualdad, el porcentaje mínimo no puede ser inferior al 25% siempre que se convoquen más de 3 plazas.
3. En los procedimientos selectivos a los que se refiere el apartado anterior, la adjudicación de las vacantes convocadas se realizará siguiendo una única lista final de los aspirantes atendiendo al orden de puntuación obtenida y a los criterios de desempate legalmente existentes.
Cuando el objetivo del porcentaje al que se refiere el apartado anterior no se consiga atendiendo a lo que dispone el párrafo precedente, se dará preferencia a las candidatas mujeres sobre los candidatos hombres hasta cumplir el objetivo perseguido siempre que:
a) Haya una equivalencia de capacitación determinada por la superación de las pruebas y ejercicios de la fase de oposición del sistema selectivo.
b) Ninguna de las candidatas mujeres seleccionadas por la aplicación de esta preferencia tenga un diferencial de puntuación en las fases de oposición y, en su caso, de concurso, superior al 15% frente a los candidatos hombres preteridos.
c) No concurran en otro candidato motivos legalmente previstos que, no siendo discriminatorios por razón de sexo, justifiquen la no aplicación de la medida, como la pertenencia a otros colectivos con especiales dificultades para acceder al empleo.
4. La preferencia a la que se refiere el apartado anterior solo es de aplicación en el caso en que no haya en el cuerpo, escala y categoría a la que se refiere la convocatoria del proceso selectivo una presencia igual o superior al 33% de funcionarias mujeres.»
Se añade una nueva disposición adicional a la citada Ley 4/2013, la disposición adicional cuarta, con la siguiente redacción:
«Disposición adicional cuarta. Gestión de las comunicaciones.
Los municipios han de impulsar la adaptación de los sistemas de gestión de las comunicaciones de las policías locales a la plataforma tecnológica única y propia del Sistema Integrado de Gestión de Emergencias 112 de las Illes Balears.»
Se añade a la Ley 4/2013, ya citada, una nueva disposición adicional, la quinta, con el siguiente texto:
«Disposición adicional quinta. Escuela de Seguridad Pública de las Illes Balears.
1. El Gobierno de las Illes Balears promoverá la creación de la Escuela de Seguridad Pública de las Illes Balears.
2. Todas las funciones que la Ley de coordinación de las policías locales de las Illes Balears otorga a la Escuela Balear de Administración Pública pasarán a ser asumidas y ejercidas por la Escuela de Seguridad Pública de las Illes Balears, una vez que esta ponga en marcha su plan de formación.»
Se añade a la Ley 4/2013, ya citada, una nueva disposición adicional, la sexta, con el siguiente texto:
«Disposición adicional sexta. Delitos de odio motivados por la orientación sexual o la identidad de género.
Es un objetivo prioritario de las fuerzas y cuerpos de seguridad, y en especial de las policías locales de las Illes Balears, la lucha contra los delitos de odio. Para llevar a cabo esta tarea, los órganos de coordinación y el resto de órganos deberán desarrollar de forma prescriptiva tres ejes básicos relacionados con los delitos de odio motivados por la orientación sexual o la identidad de género:
1. Formación de los cuerpos de policía local.
Los planes de formación básica y permanente de los cuerpos de policía local de las Illes Balears deberán incluir acciones formativas en las que específicamente se recoja el tratamiento del derecho a la igualdad y a la no discriminación de las personas LGTBI, en especial de las personas transexuales.
2. Protocolo de atención policial ante delitos de odio.
La comunidad autónoma de las Illes Balears, en el ámbito de su competencia y conjuntamente con los ayuntamientos, impulsará un protocolo de atención a las víctimas de los delitos de odio en las policías locales de los diferentes municipios.
3. Orden público y privación de libertad.
En este ámbito se establecerán medidas para garantizar un tratamiento y una estancia adecuados de las personas LGTBI en las dependencias policiales.
Se establecerán pautas de identificación y registro para personas transexuales de acuerdo con la identidad sentida. En todo momento los agentes policiales se dirigirán a las personas transexuales y transgénero por sus apellidos o por el nombre con el que quieran ser identificados.»
Se añade una nueva disposición adicional, la séptima, a la Ley 4/2013, ya citada con el siguiente texto:
«Disposición adicional séptima. Régimen específico y singular de Formentera.
Dado el régimen singular de la isla de Formentera en lo referente a su consejo insular de carácter unimunicipal, y dado que este solo dispone del cuerpo de la policía local que, junto con la Guardia Civil, resulta totalmente insuficiente, el Gobierno de las Illes Balears, como garante de la política autonómica y del equilibrio interno interinsular previstos en el Estatuto de Autonomía de las Illes Balears, deberá prestar el apoyo administrativo técnico y de gestión adicionales en materia de policía local en el consejo insular de esta isla.»
La disposición transitoria primera de la citada Ley 4/2013 queda modificada de la siguiente manera:
«Disposición transitoria primera. Policías auxiliares a extinguir.
1. Los policías auxiliares pasan a integrarse en el grupo C1, en el plazo de seis meses. Si como consecuencia de la integración es procedente alguna adaptación retributiva, los ayuntamientos respectivos, previa negociación, en su caso, con los o las representantes del personal funcionario, han de acordar lo que corresponda, con sujeción, en todo caso, a los límites que con carácter básico y, por tanto, vinculantes para todas las administraciones públicas establecen las leyes de presupuestos generales del Estado para cada ejercicio.
2. Respecto de los funcionarios o funcionarias que en el momento de la entrada en vigor de esta ley no tengan la titulación requerida para acceder a la categoría correspondiente, si como consecuencia de la reorganización es procedente alguna adaptación retributiva, los ayuntamientos respectivos, con la negociación previa, en su caso, con los o las representantes del personal funcionario, han de acordar lo que corresponda, con sujeción, en todo caso, a los límites que con carácter básico y, por tanto, vinculantes para todas las administraciones públicas establecen tanto la normativa básica reguladora de las retribuciones de los funcionarios y las funcionarias como las leyes de presupuestos generales del Estado para cada ejercicio.
3. Al efecto de poder obtener el curso de formación básica de policía local, cada año de servicio como policía auxiliar se ha de computar como 100 horas de formación.»
Se añade una nueva disposición transitoria, la undécima, a la Ley 4/2013, ya citada, con el siguiente contenido:
«Disposición transitoria undécima. Reconocimiento de los miembros jubilados de la policía local.
Los funcionarios y las funcionarias de las policías locales de la comunidad autónoma de las Illes Balears que hayan perdido esta condición por jubilación, mantendrán la condición de miembro jubilado del cuerpo, con la categoría que ostentasen en el momento de la jubilación, podrán vestir el uniforme en actos institucionales y sociales solemnes, disponer del correspondiente carné profesional y conservar la placa emblema convenientemente modificados de acuerdo con lo que reglamentariamente se determine.»
Se añade a la Ley 4/2013, ya citada, una disposición final nueva, la sexta, con el siguiente texto:
«Disposición final sexta. Desarrollo reglamentario de la prevención de riesgos laborales de las policías locales.
En el plazo máximo de un año a partir de la fecha de entrada en vigor de la modificación de la Ley 4/2013, de 17 de julio, de coordinación de las policías locales de las Illes Balears, el Gobierno de las Illes Balears deberá aprobar un reglamento que desarrolle las normas específicas respecto a las actividades o funciones que presenten características extraordinarias, que deberá inspirarse en la normativa general de prevención de riesgos laborales.»
Se modifica el punto 5.1 del anexo 2 del Decreto ley 1/2017, de 13 de enero, de modificación de la Ley 20/2006, de 15 de diciembre, municipal y de régimen local de las Illes Balears, y de la Ley 3/2007, de 27 de marzo, de la función pública de la comunidad autónoma de las Illes Balears y de medidas en materia de coordinación de las policías locales de las Illes Balears, del baremo de méritos de la fase de concurso, en los siguientes términos:
«5.1. Formación relacionada con el área profesional.
Se valorarán, para cada puesto de trabajo, las acciones formativas siempre que estén relacionadas directamente con las funciones propias del puesto al que se accede. En concreto, solo se valorarán los cursos referidos a las áreas profesionales de policía, seguridad, emergencias y salvamento, ciencias forenses, criminología, violencia de género, diversidad sexual y de género, delitos de odio y formación sanitaria relacionada con la profesión de policía local.»
En el ámbito territorial de la comunidad autónoma de las Illes Balears, la ejecución material de las inspecciones técnicas de vehículos se podrá efectuar:
a) Mediante gestión directa por el consejo insular correspondiente, de acuerdo con las formas de gestión directa previstas en la legislación de régimen local.
b) Mediante sociedad de economía mixta.
c) Por empresarios privados, con su propio personal y en régimen de concesión, de acuerdo con la distribución territorial y la forma y las condiciones de la prestación del servicio que, a estos efectos, determine cada consejo insular.
1. Corresponde a la consejería competente en materia de seguridad y coordinación policial proponer, en forma de ley de seguridad pública de las Illes Balears o de ley policial específica, el diseño de un cuerpo de policía autonómica en las Illes Balears, dependiente del Gobierno de las Illes Balears, previsto en el artículo 33 de la Ley Orgánica 1/2007, de 28 de febrero, de reforma del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears, que establece la competencia de las Illes Balears para la creación y organización de un cuerpo de policía propio, en el marco de la legislación estatal.
2. El diseño estructural y funcional del cuerpo de policía autonómica se ajustará a los principios de idiosincrasia, identidad y servicio a la ciudadanía de las Illes Balears, con especial consideración a la pluriinsularidad, al mismo tiempo que se orientará a la proximidad, el respeto a la diversidad y el servicio a una sociedad abierta y plural, formada por ciudadanos y ciudadanas iguales en derechos.
3. Para impulsar el desarrollo de los artículos anteriores el Instituto de Seguridad Pública de las Illes Balears realizará, en el plazo de un año desde la entrada en vigor de esta ley, los estudios y las actuaciones necesarias para proponer el modelo de un cuerpo de policía autonómica de las Illes Balears.
El personal funcionario de las policías locales que, a la entrada en vigor de esta y, se encuentre en situación de «a extinguir» en sus respectivos grupos de titulación con motivo del proceso de integración previsto en las disposiciones transitorias primera y segunda de la Ley 6/2005, de 3 de junio, de coordinación de las policías locales de las Illes Balears, continuará en esta situación, y mantendrá solo los efectos económicos y la evolución de las retribuciones de los grupos correspondientes, excepto que obtenga la titulación requerida.
1. Quedan derogadas todas las disposiciones de rango igual o inferior que se opongan a esta ley, la contradigan o sean incompatibles con lo dispuesto en ella.
2. En todo caso, se declaran expresamente en vigor las disposiciones transitorias primera y segunda del Decreto Ley 1/2017, de 13 de enero, de modificación de la Ley 20/2006, de 15 de diciembre, municipal y de régimen Local de las Illes Balears, y de la Ley 3/2007, de 27 de marzo, de la función pública de la comunidad autónoma de las Illes Balears, y de medidas en materia de coordinación de las policías locales de las Illes Balears, relativas, respectivamente, al procedimiento extraordinario de acceso a las plantillas de las policías locales de las Illes Balears y a las bolsas de interinos.
Se autoriza al Gobierno para que, de acuerdo con el artículo 37 de la Ley 4/2001, de 14 de marzo, del Gobierno de las Illes Balears, en el plazo de dos años que se contarán desde la entrada en vigor de esta ley, apruebe el texto refundido de la Ley de coordinación de las policías locales de las Illes Balears, en el que se han de integrar la Ley 4/2013 y esta ley, con la posibilidad de regularizarlas, aclararlas y armonizarlas.
Se faculta al Gobierno de las Illes Balears para que dicte las disposiciones que requiera el desarrollo de esta ley.
Esta ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Butlletí Oficial de las Illes Balears».
Por tanto, ordeno que todos los ciudadanos guarden esta Ley y que los Tribunales y las Autoridades a los que corresponda la hagan guardar.
Palma, 20 de diciembre de 2017.–La Presidenta, Francesca Lluch Armengol i Socias.
(Publicada en el «Boletín Oficial de las Illes Balears» número 157, de 23 de diciembre de 2017)
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