Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

(1)

El Consejo Europeo, en sus conclusiones de los días 23 y 24 de octubre de 2014 sobre el marco de actuación en materia de clima y energía hasta el año 2030, aprobó un objetivo vinculante de reducción interna de las emisiones de gases de efecto invernadero de por lo menos un 40 % en el conjunto de la economía para 2030 con respecto a los valores de 1990, y confirmó de nuevo este objetivo en sus conclusiones de los días 17 y 18 de marzo de 2016.

(2)

En sus conclusiones de los días 23 y 24 de octubre de 2014, el Consejo Europeo afirmó que la Unión debe cumplir colectivamente el objetivo de reducción de por lo menos un 40 % de la manera más eficaz posible en términos de coste, con reducciones en los sectores sujetos al régimen de comercio de derechos de emisión de la Unión Europea (en lo sucesivo, «RCDE UE») establecido en la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (4) y en los sectores no sujetos a ese régimen del 43 % y del 30 %, respectivamente, en 2030 en comparación con 2005. Conviene que todos los sectores de la economía contribuyan a la consecución de esas reducciones de las emisiones de gases de efecto invernadero y que todos los Estados miembros participen en este esfuerzo, conciliando consideraciones de equidad y solidaridad. Hasta 2030 se debe seguir aplicando la metodología para fijar los objetivos nacionales de reducción para los sectores no sujetos al RCDE, con la aplicación de todos los elementos de la Decisión 406/2009/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (5), distribuyendo los esfuerzos en función del producto interior bruto (PIB) per cápita relativo. Todos los Estados miembros deben contribuir a la reducción global de la Unión en 2030 con objetivos de reducción comprendidos entre el 0 % y el 40 % en comparación con 2005. Procede que los objetivos nacionales del grupo de Estados miembros cuyo PIB per cápita sea superior a la media de la Unión se ajusten en términos relativos atendiendo a la eficacia en relación con el coste, de modo justo y equilibrado. La consecución de estas reducciones de las emisiones de gases de efecto invernadero debe aumentar la eficiencia y la innovación en la economía de la Unión y en particular debe fomentar mejoras, en particular en la construcción, la agricultura, la gestión de residuos y el transporte, en la medida en que estos sectores estén comprendidos en el ámbito de aplicación del presente Reglamento.

(3)

El presente Reglamento forma parte de la aplicación de las contribuciones de la Unión en virtud del Acuerdo de París (6), adoptado en el marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (en lo sucesivo, «CMNUCC»). El Acuerdo de París se celebró en nombre de la Unión el 5 de octubre de 2016 mediante la Decisión (UE) 2016/1841 del Consejo (7). El compromiso de la Unión con la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en el conjunto de la economía figura en la contribución prevista determinada a nivel nacional que la Unión y sus Estados miembros presentaron a la Secretaría de la CMNUCC el 6 de marzo de 2015 con vistas al Acuerdo de París. El Acuerdo de París, que entró en vigor el 4 de noviembre de 2016, sustituye el planteamiento adoptado en el Protocolo de Kioto de 1997, que dejará de estar vigente después de 2020.

(4)

El Acuerdo de París, entre otras disposiciones, establece una meta a largo plazo en consonancia con el objetivo de mantener el aumento de la temperatura mundial muy por debajo de los 2 °C sobre los niveles preindustriales y de proseguir los esfuerzos para que permanezca en 1,5 °C por encima de esos niveles. También subraya la importancia de adaptarse a los efectos negativos del cambio climático y de situar los flujos financieros en un nivel compatible con una trayectoria que conduzca a un desarrollo resiliente al clima y con bajas emisiones de gases de efecto invernadero. El Acuerdo de París también insta a lograr un equilibrio entre las emisiones antropogénicas por las fuentes y la absorción por los sumideros de gases de efecto invernadero en la segunda mitad de este siglo, e invita a las Partes a que adopten medidas para preservar y mejorar, según proceda, los sumideros y depósitos de gases de efecto invernadero, incluidos los bosques.

(5)

En sus conclusiones de los días 29 y 30 de octubre de 2009, el Consejo Europeo apoyó un objetivo de la Unión, en el contexto de unas reducciones necesarias según el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) por parte de los países desarrollados considerados de forma conjunta, de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 80-95 % para 2050 en comparación con los niveles de 1990.

(6)

Las contribuciones determinadas a nivel nacional de las Partes del Acuerdo de París deben reflejar su máxima ambición posible y representar una progresión a lo largo del tiempo. Además, las Partes del Acuerdo de París deben esforzarse por formular y comunicar estrategias a largo plazo para un desarrollo con bajas emisiones de gases de efecto invernadero, teniendo en cuenta los objetivos del Acuerdo de París. Las conclusiones del Consejo de 13 de octubre de 2017 reconocen la importancia de los objetivos a largo plazo y de los ciclos quinquenales de la aplicación del Acuerdo de París y destacan la importancia de disponer de estrategias a largo plazo en materia de desarrollo con bajas emisiones de gases de efecto invernadero como herramienta política para desarrollar vías fiables y los cambios en las políticas a largo plazo necesarios para alcanzar los objetivos del Acuerdo de París.

(7)

La transición hacia una energía limpia exige cambios en el comportamiento inversor e incentivos en todo el espectro de las políticas. Una de las prioridades clave de la Unión es establecer una unión de la energía resiliente para ofrecer a sus ciudadanos una energía segura, sostenible, competitiva y asequible. Para lograr este objetivo es necesario proseguir la ambiciosa actuación climática con el presente Reglamento y conseguir avances en los demás aspectos de la unión de la energía, tal como se establece en la Comunicación de la Comisión de 25 de febrero de 2015, titulada «Estrategia Marco para una Unión de la Energía resiliente con una política climática prospectiva».

(8)

Diversas medidas de la Unión mejoran la capacidad de los Estados miembros para cumplir sus compromisos climáticos y son esenciales para lograr las reducciones necesarias de emisiones de gases de efecto invernadero en los sectores regulados por el presente Reglamento. Esas medidas incluyen la legislación sobre los gases fluorados de efecto invernadero, las reducciones de CO2 de los vehículos de carretera, la eficiencia energética de los edificios, las energías renovables, la eficiencia energética y la economía circular, así como los instrumentos de financiación de la Unión destinados a las inversiones relacionadas con el clima.

(9)

Las conclusiones del Consejo Europeo de los días 19 y 20 de marzo de 2015 señalan que la Unión se ha comprometido a instituir una unión de la energía con una política climática dotada de perspectiva de futuro sobre la base de la estrategia marco de la Comisión, cuyas cinco dimensiones están estrechamente interrelacionadas y se refuerzan mutuamente. La moderación de la demanda energética es una de las cinco dimensiones de la citada estrategia de la unión de la energía. La mejora de la eficiencia energética puede conseguir reducciones significativas de las emisiones de gases de efecto invernadero. También puede ser beneficiosa para el medio ambiente y la salud, mejorar la seguridad energética, reducir los costes energéticos de los hogares y las empresas, contribuir a mitigar la pobreza energética y fomentar el crecimiento del empleo y de la actividad económica en todos los sectores. Las medidas que contribuyan a un mayor uso de las tecnologías de ahorro energético en los edificios, la industria y el transporte pueden constituir una manera eficaz en términos de coste de ayudar a los Estados miembros a la consecución de sus objetivos contemplados en el presente Reglamento.

(10)

El despliegue y desarrollo de prácticas y tecnologías sostenibles e innovadoras puede estimular el papel del sector agrícola en relación con la mitigación del cambio climático y la adaptación a este, en particular mediante la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y el mantenimiento y la mejora de los sumideros y las reservas de carbono. Para reducir la huella ecológica y de carbono del sector agrícola, al tiempo que se mantiene su productividad, capacidad de regeneración y vitalidad, es importante promover medidas de mitigación del cambio climático y de adaptación al este y fomentar la financiación de la investigación para que se desarrollen prácticas y tecnologías sostenibles e innovadoras y se invierta en ellas.

(11)

El sector agrícola tiene importantes efectos directos en la biodiversidad y los ecosistemas. Por este motivo, es importante garantizar la coherencia entre el objetivo del presente Reglamento y otras políticas y objetivos de la Unión, como la política agrícola común y los objetivos relacionados con la estrategia sobre la biodiversidad, la estrategia en favor de los bosques y el sector forestal y la estrategia de economía circular.

(12)

El sector de los transportes representa casi un cuarto de las emisiones de gases de efecto invernadero de la Unión. Por ello es importante reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y los riesgos relacionados con la dependencia de los combustibles fósiles en el sector de los transportes mediante un planteamiento global, también después de 2020, que incluye el fomento de la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y la eficiencia energética en los transportes, el transporte eléctrico, un cambio hacia modos de transporte más sostenibles, y unas fuentes de energía renovables y sostenibles en el sector de los transportes. La transición hacia una movilidad de bajas emisiones en el marco de la transición más general hacia una economía hipocarbónica segura y sostenible puede facilitarse mediante la creación de condiciones favorables y fuertes incentivos, así como de estrategias a largo plazo capaces de fomentar la inversión.

(13)

Los efectos de las políticas y medidas de la Unión y nacionales por las que se aplica el presente Reglamento deben evaluarse con arreglo a las obligaciones de seguimiento y notificación previstas en el Reglamento (UE) n.o 525/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (8).

(14)

Sin perjuicio de las competencias de la Autoridad Presupuestaria, se debe mantener y mejorar, cuando proceda, la metodología de integración aplicada en el marco financiero plurianual 2014-2020, a fin de responder a los desafíos y las necesidades de inversión relacionadas con la acción por el clima de 2021 en adelante. La financiación de la Unión debe ser coherente con los objetivos del marco de actuación en materia de clima y energía hasta el año 2030 y los objetivos a largo plazo recogidos en el Acuerdo de París, con el fin de garantizar la eficacia del gasto público. La Comisión debe elaborar un informe sobre los efectos que tiene la financiación concedida por la Unión con cargo al presupuesto de la Unión o en virtud de otro mecanismo previsto en el Derecho de la Unión relativo a las emisiones de gases de efecto invernadero en los sectores a los que se aplica el presente Reglamento o la Directiva 2003/87/CE.

(15)

El presente Reglamento debe aplicarse a las emisiones de gases de efecto invernadero de las categorías del IPCC, en particular, energía, procesos industriales y uso de productos, agricultura y residuos, tal como se determinan con arreglo al Reglamento (UE) n.o 525/2013, excluidas las emisiones de gases de efecto invernadero resultantes de las actividades enumeradas en el anexo I de la Directiva 2003/87/CE.

(16)

Los datos notificados actualmente en los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero y en los registros nacionales y de la Unión no son suficientes para determinar, a escala de cada Estado miembro, las emisiones de CO2 del sector de la aviación civil a nivel nacional que no están reguladas por la Directiva 2003/87/CE. Al adoptar obligaciones de notificación, la Unión no debe imponer a los Estados miembros o a las pequeñas y medianas empresas (pymes) cargas desproporcionadas con respecto a los objetivos perseguidos. Las emisiones de CO2 procedentes de los vuelos a los que no se aplica la Directiva 2003/87/CE constituyen una parte muy poco significativa del total de las emisiones de gases de efecto invernadero, por lo que la creación de un sistema de notificación para estas emisiones sería excesivamente gravoso, a la luz de los requisitos existentes para el resto del sector en virtud de la Directiva 2003/87/CE. Por lo tanto, las emisiones de CO2 derivadas de la categoría de fuentes del IPCC «1.A.3.a. Aviación civil» deben tratarse como si fueran iguales a cero a los efectos del presente Reglamento.

(17)

La reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero de cada Estado miembro para 2030 debe determinarse en relación con su nivel de emisiones revisadas de gases de efecto invernadero de 2005 reguladas por el presente Reglamento, con excepción de las emisiones de gases de efecto invernadero verificadas de las instalaciones que estaban en funcionamiento en 2005 y que no se incluyeron en el RCDE UE hasta después de ese año. Las asignaciones anuales de emisiones para el período de 2021 a 2030 debe determinarse sobre la base de los datos presentados por los Estados miembros y revisados por la Comisión.

(18)

El planteamiento de establecer límites nacionales vinculantes de carácter anual adoptado en la Decisión n.o 406/2009/CE debe mantenerse de 2021 a 2030. Las normas para determinar las asignaciones anuales de emisiones para cada Estado miembro previstas en el presente Reglamento deben seguir la metodología empleada en la citada Decisión con respecto a los Estados miembros con límites negativos, con la diferencia de que el cálculo de la trayectoria comienza con cinco doceavas partes del tiempo que dista entre 2019 y 2020, o en 2020, con la media de las emisiones de gases de efecto invernadero del período comprendido entre 2016 y 2018 y ese cálculo de la trayectoria concluye con el límite de 2030 para cada Estado miembro. Con el fin de garantizar unas contribuciones adecuadas al objetivo de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero de la Unión para el período comprendido entre 2021 y 2030, la fecha de inicio de la trayectoria debe determinarse para cada Estado miembro según la fecha que dé lugar a una asignación menor. Se debe prever un ajuste de la asignación anual de emisiones de 2021 para los Estados miembros que tengan un límite positivo conforme a la Decisión n.o 406/2009/CE y cuyas asignaciones anuales de emisiones presenten un aumento entre 2017 y 2020 con arreglo a la Decisión 2013/162/UE de la Comisión (9) y a la Decisión de Ejecución 2013/634/UE de la Comisión (10), con objeto de reflejar la capacidad de aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero en esos años.

Debe ofrecerse a determinados Estados miembros un ajuste adicional en reconocimiento a la excepcionalidad de su situación consistente en tener a la vez un límite positivo conforme a la Decisión n.o 406/2009/CE y, o bien las emisiones de gases de efecto invernadero per cápita más bajas conforme a dicha Decisión, o bien la menor proporción de emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de sectores no cubiertos por dicha Decisión con respecto al total de sus emisiones de gases de efecto invernadero. Ese ajuste adicional solo debe cubrir parte de las reducciones de las emisiones de gases de efecto invernadero necesarias en el período de 2021 a 2029 a fin de mantener incentivos para las reducciones adicionales de las emisiones de gases de efecto invernadero y de no afectar a la consecución del objetivo de 2030, teniendo en cuenta el uso de otros ajustes y mecanismos de flexibilidad establecidos en el presente Reglamento.

(19)

A fin de garantizar condiciones uniformes de ejecución de las disposiciones del presente Reglamento relativas al establecimiento de las asignaciones anuales de emisiones de los Estados miembros, deben conferirse a la Comisión competencias de ejecución. Dichas competencias deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) n.o 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (11).

(20)

En sus conclusiones de los días 23 y 24 de octubre de 2014, el Consejo Europeo afirmó que la disponibilidad y la utilización de los instrumentos de flexibilidad existentes en los sectores no sujetos al RCDE se deben incrementar significativamente para garantizar la eficacia en relación con el coste del esfuerzo colectivo de la UE y la convergencia de las emisiones de gases de efecto invernadero per cápita para 2030. A fin de mejorar la eficacia global en relación con el coste del total de las reducciones, los Estados miembros deben poder acumular y tomar prestada parte de sus asignaciones anuales de emisiones. También deben poder transferir parte de sus asignaciones anuales de emisiones a otros Estados miembros. La transparencia de tales transferencias se debe garantizar, y esas transferencias se deben efectuar de manera que convenga a las dos partes, como mediante subastas, recurriendo a intermediarios del mercado que actúen como agencias, o a través de acuerdos bilaterales. Las transferencias de este tipo pueden derivarse de un proyecto o programa de mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero llevado a cabo en el Estado miembro vendedor y financiado por el Estado miembro receptor. Además, los Estados miembros han de poder estimular la creación de asociaciones público-privadas para la realización de los proyectos contemplados en el artículo 24 bis, apartado 1, de la Directiva 2003/87/CE.

(21)

Se debe crear un mecanismo de flexibilidad único para facilitar la consecución de los objetivos de los Estados miembros que tienen objetivos nacionales de reducción considerablemente superiores a la media de la Unión y a su potencial de reducción eficaz en términos de coste, así como de los Estados miembros que en 2013 no asignaron gratuitamente ningún derecho de emisión del RCDE UE a las instalaciones industriales. A fin de preservar el objetivo de la reserva de estabilidad del mercado establecida por la Decisión (UE) 2015/1814 del Parlamento Europeo y del Consejo (12), a saber, resolver los desequilibrios estructurales entre la oferta y la demanda del RCDE UE, los derechos de emisión del RCDE UE tenidos en cuenta a efectos del mecanismo de flexibilidad único deben considerarse derechos de emisión del RCDE UE en circulación a la hora de determinar el número total de derechos de emisión del RCDE UE en circulación de un ejercicio determinado. En la primera revisión que lleve a cabo en virtud de la citada Decisión, la Comisión debe examinar si seguir manteniendo esa contabilización como derechos de emisión del RCDE UE en circulación.

(22)

El Reglamento (UE) 2018/841 del Parlamento Europeo y del Consejo (13) establece normas contables aplicables a las emisiones y absorciones de gases de efecto invernadero relacionadas con el uso de la tierra, el cambio de uso de la tierra y la silvicultura (en lo sucesivo, «UTCUTS»). Las actividades que entran en el ámbito de dicho Reglamento no deben ser reguladas por el presente Reglamento. Si bien los resultados medioambientales del presente Reglamento, desde el punto de vista de los niveles de las reducciones de las emisiones de gases de efecto invernadero que se realizan, se ven afectados al tener en cuenta una cantidad máxima igual a la suma del total de las absorciones netas y del total de las emisiones netas de las tierras forestadas, deforestadas, los cultivos gestionados, los pastos gestionados y, en determinadas condiciones, las tierras forestadas gestionadas, así como, cuando así lo exija el Reglamento (UE) 2018/841, los humedales gestionados, según se definen en el citado Reglamento, conviene incluir en el presente Reglamento un mecanismo de flexibilidad del UTCUTS por una cantidad máxima de 280 millones de toneladas equivalentes de CO2 de estas absorciones, dividida entre los Estados miembros, como una posibilidad adicional para que los Estados miembros cumplan sus compromisos cuando la necesiten. Esa cantidad total y su reparto entre los Estados miembros deben reconocer el menor potencial de mitigación del sector de la agricultura y del uso de la tierra y una contribución adecuada del sector a la mitigación y la captura de emisiones de gases de efecto invernadero. Además, la supresión voluntaria de asignaciones anuales de emisiones en virtud del presente Reglamento debe permitir que tales cantidades se puedan tener en cuenta al evaluar el cumplimiento por parte de los Estados miembros de los requisitos contemplados en el Reglamento (UE) 2018/841.

(23)

El 30 de noviembre de 2016, la Comisión presentó una propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la gobernanza de la unión de la energía (en lo sucesivo, «propuesta de gobernanza»), que exige a los Estados miembros elaborar planes nacionales integrados de energía y clima en el marco de la planificación estratégica en los ámbitos de la energía y el clima en las cinco dimensiones fundamentales de la unión de la energía. Según la propuesta de gobernanza, los planes nacionales correspondientes al período comprendido entre 2021 y 2030 han de desempeñar un papel fundamental en la planificación por parte de los Estados miembros del cumplimiento de sus obligaciones contempladas en el presente Reglamento y el Reglamento (UE) 2018/841. A tal efecto, los Estados miembros deben establecer las políticas y medidas necesarias para el cumplimiento de sus obligaciones contempladas en el presente Reglamento y el Reglamento (UE) 2018/841, con la perspectiva de alcanzar el objetivo a largo plazo de conseguir un equilibrio entre las emisiones y las absorciones de gases de efecto invernadero, de conformidad con el Acuerdo de París. Dichos planes también deben incluir una evaluación de los impactos de las políticas y medidas previstas para cumplir los objetivos. Según la propuesta de gobernanza, la Comisión debe poder indicar en las recomendaciones relativas a los proyectos de planes nacionales la adecuación del nivel de ambición y de la posterior aplicación de las políticas y medidas. La posibilidad de recurrir al mecanismo de flexibilidad del UTCUTS para cumplir lo dispuesto en el presente Reglamento debe tenerse en cuenta al compilar dichos planes.

(24)

La Agencia Europea del Medio Ambiente tiene por objeto fomentar el desarrollo sostenible y ayudar a conseguir una mejora significativa y cuantificable del medio ambiente facilitando información en tiempo oportuno, específica, pertinente y fiable a los responsables políticos, a las instituciones públicas y a los ciudadanos. La Agencia debe asistir a la Comisión, según corresponda de conformidad con su programa de trabajo anual.

(25)

Toda adaptación del ámbito de aplicación dispuesto en los artículos 11, 24, 24 bis y 27 de la Directiva 2003/87/CE debe ir acompañada de la correspondiente adaptación de la cantidad máxima de emisiones de gases de efecto invernadero reguladas por el presente Reglamento. Por consiguiente, cuando los Estados miembros incluyan emisiones de gases de efecto invernadero adicionales de instalaciones que estaban reguladas anteriormente por la Directiva 2003/87/CE en sus compromisos en virtud del presente Reglamento, esos Estados miembros deben aplicar políticas y medidas adicionales en los sectores contemplados por el presente Reglamento a fin de reducir esas emisiones de gases de efecto invernadero.

(26)

En reconocimiento de la labor anterior realizada desde 2013 por los Estados miembros que tenían un PIB per cápita inferior a la media de la Unión en 2013, conviene establecer una reserva de seguridad especial limitada correspondiente a un máximo de 105 millones de toneladas equivalentes de CO2, manteniendo al mismo tiempo la integridad medioambiental del presente Reglamento, así como incentivos para que los Estados miembros lleven a cabo acciones que sobrepasen la contribución mínima contemplada en el presente Reglamento. La reserva de seguridad debe beneficiar a los Estados miembros cuyo PIB per cápita fuera inferior a la media de la Unión en 2013 y cuyas emisiones de gases de efecto invernadero se mantengan por debajo de sus asignaciones anuales de emisiones entre 2013 y 2020, y que tengan dificultades para lograr su objetivo de emisiones de gases de efecto invernadero de 2030 pese a utilizar otros mecanismos de flexibilidad previstos en el presente Reglamento. Con una reserva de seguridad de esta envergadura se cubriría una parte importante del déficit colectivo previsto de los Estados miembros que pueden optar a la misma durante el período de 2021 a 2030, sin políticas suplementarias y manteniendo los incentivos para la adopción de medidas adicionales. La reserva de seguridad debe estar disponible para los citados Estados miembros en 2032, con arreglo a determinadas condiciones y siempre que su utilización no ponga en peligro la consecución del objetivo de la Unión de reducir en un 30 % las emisiones de gases de efecto invernadero para el año 2030 en los sectores regulados por el presente Reglamento.

(27)

A fin de reflejar la evolución en el marco del Reglamento (UE) 2018/841, así como de velar por la correcta contabilización de conformidad con el presente Reglamento, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar actos con arreglo al artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea por lo que respecta a permitir la utilización de las categorías contables de tierras forestadas gestionadas y humedales gestionados, en virtud del mecanismo de flexibilidad del UTCUTS, y por lo que respecta a la contabilización de las transacciones contempladas en el presente Reglamento, incluido el uso de mecanismos de flexibilidad, la aplicación de comprobaciones del cumplimiento y el correcto funcionamiento de la reserva de seguridad, mediante el registro establecido en virtud del artículo 10 del Reglamento (UE) n.o 525/2013 (en lo sucesivo, «registro de la Unión»). La información relativa a la contabilización contemplada en el presente Reglamento debe ser accesible al público. Las disposiciones necesarias para la contabilización de las transacciones deben agruparse en un instrumento único que reúna las disposiciones contables establecidas en el Reglamento (UE) n.o 525/2013, el Reglamento (UE) 2018/841, el presente Reglamento y la Directiva 2003/87/CE. Reviste especial importancia que la Comisión lleve a cabo las consultas oportunas durante la fase preparatoria, en particular con expertos, y que esas consultas se realicen de conformidad con los principios establecidos en el Acuerdo interinstitucional de 13 de abril de 2016 sobre la mejora de la legislación (14). En particular, a fin de garantizar una participación equitativa en la preparación de los actos delegados, el Parlamento Europeo y el Consejo reciben toda la documentación al mismo tiempo que los expertos de los Estados miembros, y sus expertos tienen acceso sistemáticamente a las reuniones de los grupos de expertos de la Comisión que se ocupen de la preparación de actos delegados.

(28)

El presente Reglamento debe revisarse a partir de 2024 y, a partir de ese momento, cada cinco años, con el fin de evaluar su funcionamiento general, en particular en lo que respecta a la necesidad de endurecer las políticas y medidas de la Unión. La revisión debe tener en cuenta, entre otras cosas, los cambios en las circunstancias nacionales, e incorporar los resultados del diálogo facilitador de 2018 en el marco de la CMNUCC (en lo sucesivo, «Diálogo de Talanoa») y del balance mundial con arreglo al Acuerdo de París. En el marco de la citada revisión, se debe tener en cuenta también el equilibrio entre la oferta y la demanda de asignaciones anuales de emisiones, a fin de garantizar la adecuación de las obligaciones establecidas en el presente Reglamento. Además, en el marco de la notificación periódica en virtud del Reglamento (UE) n.o 525/2013, la Comisión debe evaluar también los resultados del Diálogo de Tanaloa a más tardar el 31 de octubre de 2019. La revisión para el período posterior a 2030 debe estar en consonancia con los objetivos a largo plazo y los compromisos asumidos en virtud del Acuerdo de París y, a tal efecto, debe reflejar una progresión a lo largo del tiempo.

(29)

Para garantizar una notificación y verificación eficientes, transparentes y eficaces en términos de coste de las emisiones de gases de efecto invernadero y de la demás información necesaria para evaluar los avances con respecto a las asignaciones anuales de emisiones de los Estados miembros, los requisitos relativos a la notificación y evaluación anuales en virtud del presente Reglamento deben integrarse con los artículos pertinentes del Reglamento (UE) n.o 525/2013. El citado Reglamento debe garantizar también que los avances de los Estados miembros en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero se sigan evaluando anualmente, teniendo en cuenta los avances de las políticas y medidas de la Unión y la información recibida de los Estados miembros. Cada dos años, la evaluación debe incluir los avances previstos de la Unión hacia la consecución de sus objetivos de reducción y los de los Estados miembros hacia el cumplimiento de sus obligaciones. No obstante, la aplicación de deducciones solo debe tenerse en cuenta a intervalos de cinco años, de modo que pueda tenerse en cuenta la posible contribución de las tierras forestadas, las tierras deforestadas, los cultivos gestionados y los pastos gestionados que se produzca con arreglo al Reglamento (UE) 2018/841. Ello se entiende sin perjuicio del deber de la Comisión de velar por el cumplimiento de las obligaciones de los Estados miembros derivadas del presente Reglamento ni de la facultad de la Comisión de iniciar procedimientos de infracción a tal efecto.

(30)

Procede modificar el Reglamento (UE) n.o 525/2013 en consecuencia.

(31)

Dado que los objetivos del presente Reglamento, esto es, establecer obligaciones para los Estados miembros respecto de su contribución mínima para el período de 2021 a 2030 para cumplir el objetivo de la Unión de reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero y contribuir a alcanzar los objetivos del Acuerdo de París, no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, sino que, debido a sus dimensiones y efectos, pueden lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar dichos objetivos.

(32)

El presente Reglamento se entiende sin perjuicio de objetivos nacionales más ambiciosos,

1)

«emisiones de gases de efecto invernadero», las emisiones, expresadas en toneladas equivalentes de CO2, de dióxido de carbono (CO2), metano (CH4), óxido nitroso (N2O), hidrofluorocarburos (HFC), perfluorocarburos (PFC), trifluoruro de nitrógeno (NF3) y hexafluoruro de azufre (SF6), determinadas con arreglo al Reglamento (UE) n.o 525/2013 y que entren dentro del ámbito de aplicación del presente Reglamento;

2)

«asignaciones anuales de emisiones», las emisiones máximas permitidas de gases de efecto invernadero para cada año entre 2021 y 2030, determinadas con arreglo al artículo 4, apartado 3, y al artículo 10;

3)

«derecho de emisión del RCDE UE», un «derecho de emisión», tal como se define en el artículo 3, letra a), de la Directiva 2003/87/CE.

a)

con respecto al año 2021, acumular ese excedente de su asignación anual de emisiones para los años siguientes hasta 2030; y

b)

con respecto a los años 2022 a 2029, acumular ese excedente de su asignación anual de emisiones hasta alcanzar un 30 % de su asignación anual de emisiones hasta ese año para los años siguientes hasta 2030.

a)

la cantidad acumulada que se tenga en cuenta de ese Estado miembro para todos los años del período de 2021 a 2030 no supere la cantidad máxima de las absorciones netas totales establecida en el anexo III del presente Reglamento para ese Estado miembro;

b)

dicha cantidad supere los requisitos de ese Estado miembro en virtud del artículo 4 del Reglamento (UE) 2018/841;

c)

el Estado miembro no haya adquirido más absorciones netas en virtud del Reglamento (UE) 2018/841 de otros Estados miembros de las que haya transferido;

d)

el Estado miembro haya cumplido los requisitos del Reglamento (UE) 2018/841; y

e)

dicho Estado miembro haya presentado la descripción del uso previsto del mecanismo de flexibilidad disponible en virtud del presente apartado de conformidad con el artículo 7, apartado 1, párrafo segundo, del Reglamento (UE) n.o 525/2013.

a)

reflejar la contribución de la categoría contable de las tierras forestales gestionadas, respetando al mismo tiempo la cantidad máxima de las absorciones netas totales para cada Estado miembro mencionadas en el anexo III del presente Reglamento, cuando los actos delegados por los que se establezcan los niveles de referencia forestales se adopten de conformidad con el artículo 8, apartados 8 o 9, del Reglamento (UE) 2018/841; y

b)

reflejar la contribución de la categoría contable de los humedales gestionados, respetando al mismo tiempo la cantidad máxima de las absorciones netas totales para cada Estado miembro mencionadas en el anexo III del presente Reglamento, cuando todos los Estados miembros deban contabilizar esta categoría, en virtud del Reglamento (UE) 2018/841.

a)

las actuaciones adicionales que el Estado miembro vaya a realizar para cumplir sus obligaciones específicas contempladas en el artículo 4 del presente Reglamento, mediante políticas y medidas internas, así como la ejecución de la actuación de la Unión;

b)

un calendario estricto para la aplicación de dichas actuaciones, que permita evaluar los avances anuales de la ejecución.

a)

una adición a la cifra de emisiones de gases de efecto invernadero del Estado miembro del año siguiente igual a la cantidad, en toneladas equivalentes de CO2, del exceso de emisiones de gases de efecto invernadero, multiplicada por un factor de 1,08, de conformidad con las medidas adoptadas con arreglo al artículo 12; y

b)

el Estado miembro tendrá prohibido temporalmente transferir parte alguna de su asignación anual de emisiones a otro Estado miembro hasta que cumpla lo dispuesto en el artículo 4.

a)

los ajustes del número de derechos de emisión del RCDE UE expedidos de conformidad con el artículo 11 de la Directiva 2003/87/CE, resultantes de una modificación de la cobertura de las fuentes de esa Directiva, con arreglo a las Decisiones de la Comisión adoptadas en virtud de dicha Directiva sobre la aprobación definitiva de los planes nacionales de asignación para el período de 2008 a 2012;

b)

los ajustes del número de derechos de emisión del RCDE UE o de créditos expedidos, respectivamente, de conformidad con los artículos 24 y 24 bis de la Directiva 2003/87/CE con respecto a las reducciones de las emisiones de gases de efecto invernadero en un Estado miembro; y

c)

los ajustes del número de derechos de emisión del RCDE UE correspondientes a las emisiones de gases de efecto invernadero de instalaciones excluidas del RCDE UE con arreglo al artículo 27 de la Directiva 2003/87/CE durante el tiempo que estén excluidas.

a)

su PIB per cápita a precios de mercado en 2013, tal como consta en la información publicada por Eurostat en abril de 2016, sea inferior a la media de la Unión;

b)

sus emisiones de gases de efecto invernadero acumuladas para los años 2013 a 2020 en los sectores regulados por el presente Reglamento sean inferiores a sus asignaciones anuales de emisiones acumuladas para esos años; y

c)

sus emisiones de gases de efecto invernadero excedan sus asignaciones anuales de emisiones en el período de 2026 a 2030, aunque:

a)

las asignaciones anuales de emisiones;

b)

los mecanismos de flexibilidad utilizados con arreglo a los artículos 5, 6 y 7;

c)

las comprobaciones del cumplimiento previstas en el artículo 9;

d)

los ajustes previstos en el artículo 10; y

e)

la reserva de seguridad prevista en el artículo 11.

1)

en el artículo 7, el apartado 1 se modifica como sigue:

2)

en el artículo 13, apartado 1, letra c), se añade el inciso siguiente:

3)

en el artículo 14, apartado 1, se añade la letra siguiente:

4)

en el artículo 21, apartado 1, se añade la letra siguiente: