Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

(1)

La adopción de la Directiva (UE) 2017/1371 del Parlamento Europeo y del Consejo (3) y del Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo (4) ha reforzado sustancialmente los medios disponibles de la Unión para proteger sus intereses financieros a través del Derecho penal. La creación de la Fiscalía Europea es una prioridad clave en la esfera de la justicia penal y la lucha contra el fraude en la Unión, al estar facultada para llevar a cabo investigaciones penales y formular acusaciones relacionadas con infracciones penales que afecten a los intereses financieros de la Unión, en el sentido de la Directiva (UE) 2017/1371, en los Estados miembros participantes.

(2)

A fin de proteger los intereses financieros de la Unión, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (en lo sucesivo, «Oficina») lleva a cabo investigaciones administrativas sobre irregularidades administrativas y sobre conductas constitutivas de delito. Al término de sus investigaciones, puede formular recomendaciones judiciales a las fiscalías nacionales, con el fin de permitirles ejercer la actividad acusatoria y acciones penales en los Estados miembros. En los Estados miembros participantes en la Fiscalía Europea, la Oficina denunciará las presuntas infracciones penales ante la citada Fiscalía y colaborará con esta en el contexto de las investigaciones de la Fiscalía Europea.

(3)

En vista de la adopción del Reglamento (UE) 2017/1939 se hace necesario modificar y adaptar el Reglamento (UE, Euratom) n.o 883/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (5). Las disposiciones del Reglamento (UE) 2017/1939 que regulan la relación entre la Oficina y la Fiscalía Europea deben quedar reflejadas en las disposiciones del Reglamento (UE, Euratom) n.o 883/2013, que también deben complementarlas, con objeto de garantizar el máximo nivel de protección de los intereses financieros de la Unión a través de las sinergias entre ellas, a la vez que se garantizan los principios de cooperación estrecha, intercambio de información, complementariedad y evitación de duplicaciones.

(4)

En vista de su objetivo común de preservar la integridad del presupuesto de la Unión, la Oficina y la Fiscalía Europea deben establecer y mantener una relación estrecha basada en el principio de cooperación leal y que persiga garantizar la complementariedad de sus respectivos mandatos y la coordinación de sus actuaciones, en particular en lo que respecta al alcance de la cooperación reforzada de cara a la creación de la Fiscalía Europea. La relación entre la Oficina y la Fiscalía Europea debe contribuir a garantizar que se utilicen todos los medios disponibles para proteger los intereses financieros de la Unión.

(5)

El Reglamento (UE) 2017/1939 exige a la Oficina, así como a las instituciones, órganos y organismos de la Unión y a las autoridades competentes de los Estados miembros, que informen a la Fiscalía Europea, sin demoras indebidas, de toda sospecha de conducta constitutiva de delito respecto de la cual la Fiscalía Europea pueda ejercer sus competencias. Dado que el mandato de la Oficina consiste en efectuar investigaciones administrativas sobre casos de fraude, corrupción y cualquier otra actividad ilegal que vaya en detrimento de los intereses financieros de la Unión, goza de una posición y de recursos idóneos para actuar como socio de la Fiscalía Europea y como fuente privilegiada de información para esta.

(6)

En la práctica, en las denuncias iniciales que reciba la Oficina puede haber elementos que apunten a la existencia de una posible conducta constitutiva de delito que entre dentro del ámbito competencial de la Fiscalía Europea o puede que dichos elementos únicamente emerjan en el transcurso de una investigación administrativa abierta por la Oficina basándose en una sospecha de comisión de una irregularidad administrativa. Para cumplir con su deber de informar a la Fiscalía Europea, la Oficina debe notificar la conducta sospechosa de ser constitutiva de delito en cualquier momento antes de una investigación o en el transcurso de esta.

(7)

El Reglamento (UE) 2017/1939 especifica los elementos mínimos que deben contener esos informes. Puede que la Oficina tenga que llevar a cabo un examen preliminar de las denuncias para establecer esos elementos y recabar la información necesaria. La Oficina debe realizar ese examen con rapidez y utilizando medios que no comprometan una posible investigación penal futura. Al término de su examen, la Oficina debe informar a la Fiscalía Europea cuando se haya detectado un presunto delito que esté dentro de su ámbito de competencias.

(8)

En consideración a los conocimientos especializados de la Oficina, las instituciones, órganos y organismos establecidos por los Tratados o sobre la base de estos (en lo sucesivo, «instituciones, órganos y organismos») deben poder recurrir a la Oficina para que lleve a cabo dicho examen preliminar de las denuncias que les hayan sido notificadas.

(9)

De conformidad con el Reglamento (UE) 2017/1939, la Oficina no debe abrir, en principio, una investigación administrativa paralela a una investigación llevada a cabo por la Fiscalía Europea en relación con los mismos hechos. Sin embargo, en determinados casos, la protección de los intereses financieros de la Unión puede requerir que la Oficina realice una investigación administrativa complementaria antes de que concluyan los procedimientos penales incoados por la Fiscalía Europea con el propósito de determinar si es necesario adoptar medidas cautelares o bien de carácter financiero, disciplinario o administrativo. Esa investigación complementaria puede resultar adecuada, entre otras cosas, para recuperar cantidades adeudadas al presupuesto de la Unión que estén sujetas a normas de prescripción específicas, cuando las sumas en juego sean muy elevadas o cuando sea necesario evitar un gasto mayor en situaciones de riesgo por medio de medidas administrativas.

(10)

A efectos de la aplicación del requisito de no duplicar las investigaciones, el concepto de «mismos hechos» debe entenderse, a la luz de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) relativa al principio non bis in idem, en el sentido de que los hechos materiales objeto de investigación son idénticos o sustancialmente iguales, entendiéndose estos en el sentido de la existencia de un conjunto de circunstancias concretas indisociablemente vinculadas en el tiempo y en el espacio.

(11)

El Reglamento (UE) 2017/1939 dispone que la Fiscalía Europea puede solicitar a la Oficina la realización de investigaciones administrativas complementarias. En caso de no solicitarlo, la Oficina puede poner en marcha una investigación complementaria por iniciativa propia, en condiciones específicas y previa consulta con la Fiscalía Europea. En particular, la Fiscalía Europea debe tener la posibilidad de oponerse a la apertura o la continuación de una investigación por parte de la Oficina, o a la ejecución de determinados actos referentes a una de sus investigaciones, en particular con el fin de preservar la eficacia de su investigación y sus competencias. La Oficina debe abstenerse de llevar a cabo una acción a la que se haya opuesto la Fiscalía Europea. Si la Oficina abre una investigación sin que haya habido esa oposición, debe efectuar dicha investigación en constante consulta con la Fiscalía Europea.

(12)

La Oficina debe apoyar activamente las investigaciones de la Fiscalía Europea. A tal efecto, la Fiscalía Europea debe poder solicitar a la Oficina que apoye o complemente sus investigaciones penales a través del ejercicio de las competencias previstas en el Reglamento (UE, Euratom) n.o 883/2013. La Oficina debe prestar ese apoyo dentro de los límites de sus competencias y del marco previsto en dicho Reglamento.

(13)

Para garantizar una coordinación y cooperación eficaces y transparencia, la Oficina y la Fiscalía Europea deben intercambiar información constantemente. El intercambio de información antes de la apertura de investigaciones por parte de la Oficina o de la Fiscalía Europea es particularmente importante para garantizar una correcta coordinación entre sus respectivas actuaciones que asegure la complementariedad y evite duplicaciones. A tal fin, la Oficina y la Fiscalía Europea deben hacer uso de las funciones de respuesta positiva o negativa en sus respectivos sistemas de tramitación de casos. La Oficina y la Fiscalía Europea deben especificar los procedimientos y las condiciones de ese intercambio de información en sus acuerdos de colaboración. A fin de garantizar la correcta aplicación de las normas que persiguen evitar duplicaciones y garantizar la complementariedad, la Oficina y la Fiscalía Europea deben acordar determinados plazos para sus intercambios de información.

(14)

El informe de la Comisión sobre la evaluación de la aplicación del Reglamento (UE, Euratom) n.o 883/2013 de 2 de octubre de 2017 (en lo sucesivo, «informe de evaluación de la Comisión»), concluyó que las modificaciones introducidas en 2013 en el marco jurídico habían aportado mejoras claras en cuanto a la realización de las investigaciones, la cooperación con los socios y los derechos de las personas implicadas. Sin embargo, el informe de evaluación de la Comisión puso de manifiesto algunas deficiencias que afectan a la eficiencia y la eficacia de las investigaciones.

(15)

Es necesario abordar las conclusiones más claras del informe de evaluación de la Comisión mediante la modificación del Reglamento (UE, Euratom) n.o 883/2013. Se trata de cambios necesarios a corto plazo para fortalecer el marco en el que la Oficina lleva a cabo sus investigaciones, con objeto de que la Oficina conserve su fuerza y siga siendo plenamente operativa y que complemente la perspectiva de la Fiscalía Europea basada en el Derecho penal, con investigaciones administrativas, sin cambiar el mandato ni las competencias de la Oficina. Las modificaciones conciernen principalmente a ámbitos en los que la falta de claridad del Reglamento (UE, Euratom) n.o 883/2013 podría dificultar la realización eficaz de las investigaciones de la Oficina, como son la realización de controles y verificaciones in situ, la posibilidad de acceder a la información sobre las cuentas bancarias o la admisibilidad de los informes de caso redactados por la Oficina como elemento de prueba en procedimientos administrativos o judiciales.

(16)

Las modificaciones del Reglamento (UE, Euratom) n.o 883/2013 no afectan a las garantías procedimentales aplicables en el marco de las investigaciones. La Oficina está obligada a aplicar las garantías procedimentales recogidas en el Reglamento (UE, Euratom) n.o 883/2013, el Reglamento (Euratom, CE) n.o 2185/96 del Consejo (6) y las contenidas en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Ese marco exige que la Oficina realice sus investigaciones de manera objetiva, imparcial y confidencial, buscando pruebas de cargo y de descargo, y que lleve a cabo labores de investigación basándose en una habilitación escrita y tras un control de legalidad. La Oficina debe garantizar el respeto de los derechos de las personas implicadas en sus investigaciones, incluida la presunción de inocencia y el derecho a no autoinculparse. Cuando se entreviste a las personas implicadas estas tienen, entre otros derechos, derecho a contar con la asistencia de una persona de su elección, a aprobar el acta de la entrevista y a expresarse en cualquiera de las lenguas oficiales de las instituciones de la Unión. Asimismo, las personas implicadas tienen derecho a formular observaciones sobre los hechos del asunto antes de que se redacten las conclusiones.

(17)

Las personas que denuncien fraudes, corrupción o cualquier otra actividad ilegal que vaya en detrimento de los intereses financieros de la Unión deben gozar de la protección de la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo (7).

(18)

Cuando la Oficina ejecute, en el marco de su mandato, medidas de apoyo a petición de la Fiscalía Europea, con el fin de proteger la admisibilidad de las pruebas, así como los derechos fundamentales y las garantías procedimentales, y al mismo tiempo evitar la duplicación de investigaciones y procurar una cooperación eficaz y complementaria, la Oficina y la Fiscalía Europea, actuando en estrecha cooperación, deben garantizar el respeto de las garantías procesales aplicables del capítulo VI del Reglamento (UE) 2017/1939.

(19)

La Oficina está facultada para llevar a cabo controles y verificaciones in situ, lo que le permite acceder a las instalaciones y la documentación de los operadores económicos en el marco de sus investigaciones sobre presuntos casos de fraude, corrupción o cualquier otra actividad ilegal que vaya en detrimento de los intereses financieros de la Unión. Estos controles y verificaciones in situ se realizan de conformidad con el Reglamento (UE, Euratom) n.o 883/2013 y con el Reglamento (Euratom, CE) n.o 2185/96, que en algunas circunstancias supedita la aplicación de dichas competencias a condiciones del Derecho nacional. El informe de evaluación de la Comisión ha constatado que no siempre está totalmente claro el alcance de la aplicación del Derecho nacional, lo que, como consecuencia, socava la eficacia de las actividades de investigación de la Oficina.

(20)

Por consiguiente, conviene aclarar los supuestos en los que debe aplicarse el Derecho nacional en el curso de las investigaciones de la Oficina, sin alterar las competencias de esta ni el funcionamiento del Reglamento (UE, Euratom) n.o 883/2013 en relación con los Estados miembros, y reflejar así la sentencia del Tribunal General, de 3 de mayo de 2018, en el asunto T-48/16, Sigma Orionis SA / Comisión Europea (8).

(21)

La realización de controles y verificaciones in situ por parte de la Oficina en situaciones en las que el operador económico afectado se someta al control o verificación in situ se debe regir exclusivamente por el Derecho de la Unión. Esto permitirá a la Oficina ejercer sus competencias de investigación de un modo eficaz y coherente en todos los Estados miembros, con miras a contribuir a un alto nivel de protección de los intereses financieros de la Unión en todo el territorio de esta, de conformidad con el artículo 325 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

(22)

En aquellas situaciones en que la Oficina necesite solicitar asistencia a las autoridades competentes de los Estados miembros, sobre todo cuando un operador económico se resista a un control o verificación in situ, los Estados miembros deben garantizar la eficacia de la actuación de la Oficina y deben prestarle la asistencia necesaria con arreglo a las normas pertinentes del Derecho procesal nacional. A fin de salvaguardar los intereses financieros de la Unión, la Comisión debe tener en cuenta cualquier incumplimiento de un Estado miembro de su deber de cooperar con la Oficina, cuando la Comisión deba considerar si recuperar los importes correspondientes mediante la aplicación de correcciones financieras a los Estados miembros, de conformidad con las normas aplicables del Derecho de la Unión.

(23)

La Oficina puede celebrar, con arreglo al Reglamento (UE, Euratom) n.o 883/2013, acuerdos administrativos con las autoridades competentes de los Estados miembros, como por ejemplo los servicios de coordinación antifraude, y con las instituciones, órganos y organismos de la Unión, a fin de especificar las disposiciones de cooperación en virtud de dicho Reglamento, en particular en lo que se refiere a la transmisión de información, y la realización de las investigaciones y cualquier actividad de seguimiento.

(24)

Debe modificarse el Reglamento (UE, Euratom) n.o 883/2013 para introducir el deber de los operadores económicos de cooperar con la Oficina en consonancia con la obligación que les incumbe en virtud del Reglamento (Euratom, CE) n.o 2185/96 de permitir, para la realización de controles y verificaciones in situ, el acceso a sus locales, fincas, medios de transporte u otros lugares, de uso profesional, así como con la obligación recogida en el artículo 129 del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo (9) de que cualquier persona o entidad que reciba fondos de la Unión debe cooperar plenamente en la protección de los intereses financieros de la Unión, también en el contexto de las investigaciones que lleve a cabo la Oficina.

(25)

En el marco de ese deber de cooperación, la Oficina debe poder exigir a los operadores económicos la transmisión de información pertinente cuando hayan podido estar involucrados en el asunto investigado o puedan poseer esa información. Cuando respondan a dichas solicitudes, los operadores económicos no deben estar obligados a hacer declaraciones autoinculpatorias, pero sí a responder a las preguntas relativas a los hechos y a proporcionar documentos, incluso si dicha información puede ser utilizada contra ellos o contra otro operador económico para confirmar la existencia de una actividad ilegal. Para garantizar la eficacia de las investigaciones en el contexto de las prácticas profesionales vigentes, la Oficina debe poder solicitar acceso a la información en dispositivos privados utilizados con fines profesionales. Se debe conceder a la Oficina el acceso en las mismas condiciones y con el mismo alcance que se apliquen a las autoridades nacionales de control, y solo si la Oficina tiene razones fundadas para suponer que el contenido de dichos dispositivos puede ser pertinente para la investigación, de conformidad con los principios de necesidad y proporcionalidad, y debe realizarse únicamente respecto a la información pertinente para la investigación.

(26)

Durante los controles y verificaciones in situ, los operadores económicos deben tener la posibilidad de expresarse en cualquiera de las lenguas oficiales del Estado miembro en el que tenga lugar el control y deben tener derecho a contar con la asistencia de una persona de su elección, incluido un asesor jurídico externo. No obstante, la presencia de un asesor jurídico no debe constituir un requisito legal para que los controles y verificaciones in situ sean válidos. A fin de garantizar la eficacia de los controles y verificaciones in situ, en particular en lo que respecta al riesgo de desaparición de las pruebas, la Oficina debe poder acceder a los locales, fincas, medios de transporte y demás lugares de uso profesional sin esperar a que el operador económico consulte al asesor jurídico. Para iniciar el control o verificación in situ, la Oficina debe aceptar solo un pequeño plazo razonable de espera para la consulta al asesor jurídico. Dicho plazo debe ser el mínimo estrictamente necesario.

(27)

Con el fin de garantizar la transparencia a la hora de efectuar los controles y verificaciones in situ, la Oficina debe proporcionar a los operadores económicos información adecuada sobre su deber de cooperar y las consecuencias de negarse a hacerlo, así como sobre el procedimiento aplicable, incluidas las garantías procedimentales.

(28)

En las investigaciones internas y, cuando sea necesario, también en las externas, la Oficina tiene acceso a toda información pertinente que posean las instituciones, órganos y organismos. Tal como apunta el informe de evaluación de la Comisión, resulta necesario aclarar que dicho acceso debe ser posible con independencia del tipo de soporte en el que estén almacenados la información o los datos, a fin de reflejar la evolución del progreso tecnológico. En el transcurso de las investigaciones internas, la Oficina debe poder solicitar acceso a la información almacenada en dispositivos privados utilizados con fines profesionales en los casos en que la Oficina tenga razones fundadas para suponer que su contenido puede ser pertinente para la investigación. Debe existir la posibilidad de que la institución, órgano u organismo de que se trate supedite a condiciones específicas el acceso por parte de la Oficina. Dicho acceso debe cumplir los principios de necesidad y proporcionalidad y realizarse únicamente respecto a la información pertinente para la investigación. Para garantizar un nivel de acceso eficaz y coherente de la Oficina, así como un elevado nivel de protección de los derechos fundamentales de las personas implicadas, las instituciones, órganos y organismos deben garantizar la coherencia de las normas relativas al acceso a los dispositivos privados adoptadas por las diferentes instituciones, órganos y organismos, con el fin de establecer condiciones equivalentes de conformidad con el Acuerdo interinstitucional de 25 de mayo de 1999 entre el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión de las Comunidades Europeas relativo a las investigaciones internas efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) (10).

(29)

A fin de crear un marco más coherente para las investigaciones de la Oficina, es conveniente armonizar en mayor medida las normas aplicables a las investigaciones internas y externas para resolver algunas incoherencias señaladas en el informe de evaluación de la Comisión, relativas a divergencias injustificadas en las normas. Por ejemplo, los informes y las recomendaciones que se elaboren como resultado de una investigación externa deben enviarse, si fuese necesario, a la institución, órgano u organismo afectado para que este adopte las medidas adecuadas, como se hace con las investigaciones internas. Cuando sea posible de conformidad con su mandato, la Oficina debe apoyar a la institución, órgano u organismo afectado para seguir sus recomendaciones. En caso de que la Oficina no inicie una investigación, debe poder remitir la información pertinente a las autoridades de los Estados miembros o a las instituciones, órganos y organismos para que se adopten las medidas adecuadas. Debe remitir dicha información cuando decida no iniciar una investigación pese a existir sospechas suficientes de fraude, corrupción o cualquier otra actividad ilegal que vaya en detrimento de los intereses financieros de la Unión. Con carácter previo, la Oficina debe tener debidamente en cuenta una posible interferencia con las investigaciones en curso de la Fiscalía Europea.

(30)

Debido a la gran diversidad de marcos institucionales nacionales, los Estados miembros deben tener, sobre la base del principio de cooperación leal, la posibilidad de notificar a la Oficina las autoridades competentes para adoptar medidas a propuesta de la Oficina, así como las autoridades que necesiten ser informadas (por ejemplo, con fines financieros, estadísticos o de seguimiento) para el ejercicio de sus funciones correspondientes. Dichas autoridades pueden incluir a los servicios nacionales de coordinación antifraude. De conformidad con jurisprudencia reiterada del TJUE, las recomendaciones de la Oficina contenidas en sus informes no tienen efectos jurídicos vinculantes para dichas autoridades de los Estados miembros o para las instituciones, órganos y organismos.

(31)

La Oficina debe disponer de los medios necesarios para seguir el rastro del dinero a fin de desvelar el modus operandi característico de muchas conductas fraudulentas. La Oficina puede obtener la información de cuentas bancarias que resulte pertinente para su actividad investigadora y que obre en poder de las entidades de crédito de varios Estados miembros a través de la cooperación con las autoridades nacionales y de la asistencia que estas le prestan. Con objeto de garantizar un enfoque eficaz en toda la Unión, el Reglamento (UE, Euratom) n.o 883/2013 debe especificar el deber de las autoridades nacionales competentes de proporcionar información sobre cuentas bancarias a la Oficina, como parte de su deber general de prestarle asistencia. Los Estados miembros deben notificar a la Comisión las autoridades competentes a través de las cuales tendrá lugar dicha cooperación. Cuando presten dicha asistencia a la Oficina, las autoridades nacionales deben actuar en las mismas condiciones que se apliquen a las autoridades nacionales competentes del Estado miembro de que se trate.

(32)

A fin de proteger y cumplir las garantías procedimentales y los derechos fundamentales, la Comisión debe crear una función interna en forma de controlador de las garantías procedimentales (en lo sucesivo, «controlador»), que —con miras a la utilización eficiente de los recursos— debe depender administrativamente del Comité de Vigilancia y contar con recursos adecuados. El controlador debe tramitar las denuncias de forma totalmente independiente, incluso del Comité de Vigilancia y de la Oficina, y debe contar con acceso a toda la información necesaria para cumplir sus funciones.

(33)

Las personas implicadas deben poder presentar reclamaciones ante el controlador en relación con el cumplimiento por parte de la Oficina de las garantías procedimentales, así como por motivos de infracción de las normas aplicables a las investigaciones de la Oficina, en particular las infracciones de los requisitos procedimentales y de los derechos fundamentales. Debe establecerse un mecanismo de reclamación a tales efectos. El controlador debe ser responsable de formular recomendaciones en respuesta a tales reclamaciones, recomendaciones en las que, de ser necesario, sugiera soluciones a las cuestiones planteadas en tales reclamaciones. El controlador debe examinar las reclamaciones en el marco de un procedimiento contradictorio rápido, al mismo tiempo que se permite a la Oficina continuar la investigación en curso. El controlador debe dar al reclamante y a la Oficina la oportunidad de formular observaciones o de resolver las cuestiones planteadas en las reclamaciones. El Director General debe tomar las medidas adecuadas que la recomendación del controlador justifique. En casos debidamente justificados, el Director General debe poder apartarse de las recomendaciones del controlador. Los motivos por los que lo haga deben adjuntarse al informe final de la investigación.

(34)

Con el fin de aumentar la transparencia y reforzar la obligación de rendir cuentas, el controlador debe informar sobre el mecanismo de reclamación en su informe anual. El informe anual debe incluir, en particular, el número de reclamaciones recibidas, los tipos de infracciones de requisitos procedimentales y de derechos fundamentales a que se refieren, las actividades en cuestión y, siempre que sea posible, las medidas de seguimiento adoptadas por la Oficina.

(35)

La transmisión temprana de información por parte de la Oficina con objeto de adoptar medidas cautelares constituye una herramienta esencial para proteger los intereses financieros de la Unión. Con el objetivo de asegurar una estrecha cooperación en este aspecto entre la Oficina y las instituciones, órganos y organismos, conviene que estas tengan la oportunidad de consultar en cualquier momento a la Oficina para decidir sobre cualquier medida cautelar oportuna, incluidas las de aseguramiento de las pruebas.

(36)

Los informes que elabora la Oficina constituyen elementos de prueba admisibles en los procedimientos administrativos o judiciales, del mismo modo y en las mismas condiciones que los informes administrativos redactados por los inspectores de las administraciones nacionales. Según el informe de evaluación de la Comisión, esta norma no garantiza suficientemente la eficacia de las actividades de la Oficina en determinados Estados miembros. Para aumentar la eficacia de los informes de la Oficina y su utilización coherente, el Reglamento (UE, Euratom) n.o 883/2013 debe exigir que dichos informes sean admisibles en procedimientos judiciales de naturaleza no penal ante órganos jurisdiccionales nacionales, así como en procedimientos administrativos que se lleven a cabo en los Estados miembros. La norma que dispone la equivalencia de dichos informes con los que elaboran los inspectores de las administraciones nacionales debe continuar aplicándose en el caso de los procedimientos judiciales nacionales de naturaleza penal. El Reglamento (UE, Euratom) n.o 883/2013 debe exigir también que los informes elaborados por la Oficina sean admisibles en procedimientos administrativos y judiciales a nivel de la Unión.

(37)

El Reglamento (UE, Euratom) n.o 883/2013 introdujo los servicios de coordinación antifraude de los Estados miembros para facilitar una cooperación y un intercambio de información eficaces —incluida información de naturaleza operativa— entre la Oficina y los Estados miembros. El informe de evaluación de la Comisión concluyó que estos servicios han contribuido de manera positiva al trabajo de la Oficina. El informe de evaluación de la Comisión señaló también la necesidad de aclarar en mayor medida la función de dichos servicios de coordinación antifraude, con objeto de garantizar que la Oficina reciba la asistencia necesaria para asegurar que sus investigaciones resulten eficaces, dejando al mismo tiempo a cada Estado miembro la decisión sobre la organización y las competencias de los servicios de coordinación antifraude. A este respecto, los servicios de coordinación antifraude deben poder proporcionar o coordinar la asistencia que necesite la Oficina para poder llevar a cabo eficazmente sus tareas antes de una investigación interna o externa, durante su transcurso o una vez que finalice.

(38)

El deber de la Oficina de prestar asistencia a los Estados miembros para coordinar sus actuaciones en favor de la protección de los intereses financieros de la Unión es un elemento clave de su mandato de apoyar la cooperación transfronteriza entre los Estados miembros. Deben establecerse normas más detalladas para facilitar las actividades de coordinación de la Oficina y su colaboración en este contexto con las autoridades de los Estados miembros, con terceros países y con organizaciones internacionales. Esas normas no deben menoscabar el ejercicio, por parte de la Oficina, de las facultades conferidas a la Comisión en virtud de las disposiciones específicas que regulan la asistencia mutua entre las autoridades administrativas de los Estados miembros y la cooperación entre dichas autoridades y la Comisión, en particular el Reglamento (CE) n.o 515/97 del Consejo (11) y el Reglamento (UE) n.o 608/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (12), así como las actividades de coordinación relacionadas con los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos.

(39)

Conviene aclarar que las autoridades competentes de los Estados miembros, incluidos los servicios de coordinación antifraude, siguen estando vinculadas por el Derecho nacional aun cuando actúen en cooperación con la Oficina o con otras autoridades competentes con el fin de proteger los intereses financieros de la Unión.

(40)

Los servicios de coordinación antifraude deben tener la posibilidad de proporcionar asistencia a la Oficina en el contexto de las actividades de coordinación, y estos servicios deben poder cooperar entre ellos para reforzar aún más los mecanismos disponibles para la cooperación en la lucha contra el fraude.

(41)

Las autoridades competentes de los Estados miembros, así como las instituciones, órganos y organismos, deben adoptar las medidas justificadas en las recomendaciones de la Oficina. Para que la Oficina pueda hacer un seguimiento de la evolución de sus casos, cuando esta haya formulado recomendaciones en materia judicial a la fiscalía nacional de un Estado miembro, este debe, a petición de la Oficina, remitirle la sentencia firme del órgano jurisdiccional nacional. A fin de mantener plenamente la independencia del poder judicial, esa transmisión debe tener lugar solamente una vez que el procedimiento judicial de que se trate se haya resuelto definitivamente y que la resolución firme del órgano jurisdiccional se haya hecho pública.

(42)

Con el fin de complementar las normas procedimentales relativas a la realización de las investigaciones establecidas en el Reglamento (UE, Euratom) n.o 883/2013, la Oficina debe determinar las directrices sobre el procedimiento de investigación que debe seguir el personal de la Oficina.

(43)

Conviene aclarar que la Oficina puede participar en equipos conjuntos de investigación creados con arreglo al Derecho de la Unión y que puede intercambiar información operativa obtenida en dicho marco. El uso de dicha información está sujeto a las condiciones y garantías establecidas en el Derecho de la Unión sobre cuya base se hayan creado los equipos conjuntos de investigación. Cuando la Oficina participa en tales equipos conjuntos de investigación, tiene una función de apoyo y asume el papel de socio sujeto a las limitaciones legales que puedan existir en el Derecho de la Unión o nacional.

(44)

A más tardar cinco años después de la fecha que se determine de conformidad con el artículo 120, apartado 2, párrafo segundo, del Reglamento (UE) 2017/1939, la Comisión debe evaluar la aplicación del Reglamento (UE, Euratom) n.o 883/2013 y, en particular, la eficiencia de la cooperación entre la Oficina y la Fiscalía Europea, a fin de determinar si las modificaciones están justificadas sobre la base de la experiencia adquirida por lo que respecta a dicha cooperación. La Comisión debe presentar, en su caso, una nueva propuesta legislativa exhaustiva a más tardar dos años después de dicha evaluación.

(45)

Dado que el objetivo del presente Reglamento, a saber, fortalecer la protección de los intereses financieros de la Unión mediante la adaptación del funcionamiento de la Oficina a la creación de la Fiscalía Europea y la mejora de la eficacia de las investigaciones de la Oficina, no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros, sino que, mediante la adopción de normas que regulen la relación entre la Oficina y la Fiscalía Europea para mejorar la eficacia en la realización de las investigaciones que efectúen, puede lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.

(46)

El presente Reglamento no modifica las competencias y responsabilidades de los Estados miembros para adoptar medidas de lucha contra el fraude, la corrupción y cualquier otra actividad ilegal que vaya en detrimento de los intereses financieros de la Unión.

(47)

(48)

El Supervisor Europeo de Protección de Datos fue consultado de conformidad con el artículo 28, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo (13) y presentó comentarios formales el 23 de julio de 2018.

Por lo tanto, procede modificar el Reglamento (UE, Euratom) n.o 883/2013 en consecuencia.

1)

El artículo 1 se modifica como sigue:

a) en el apartado 3, la letra d) se sustituye por el texto siguiente:

«d) el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo (*);

e) el Reglamento (UE) 2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo (**).

(*)   Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) (DO L 119 de 4.5.2016, p. 1)."

(**)  Reglamento (UE) 2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2018, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones, órganos y organismos de la Unión, y a la libre circulación de esos datos, y por el que se derogan el Reglamento (CE) n.o 45/2001 y la Decisión n.o 1247/2002/CE (DO L 295 de 21.11.2018, p. 39).»;"

b) se inserta el apartado siguiente:

«4 bis.   La Oficina establecerá y mantendrá una relación estrecha con la Fiscalía Europea creada en el marco de una cooperación reforzada por el Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo (*). Esa relación se basará en la cooperación mutua, en el intercambio de información, en la complementariedad y en evitar la duplicación del trabajo. Su objetivo será, en particular, garantizar que todos los medios disponibles se utilicen para la protección de los intereses financieros de la Unión mediante la complementariedad de sus respectivos mandatos y el apoyo de la Oficina a la Fiscalía Europea.

(*)  Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo, de 12 de octubre de 2017, por el que se establece una cooperación reforzada para la creación de la Fiscalía Europea (DO L 283 de 31.10.2017, p. 1).»;"

c) el apartado 5 se sustituye por el texto siguiente:

«5.   Para la aplicación del presente Reglamento, las autoridades competentes de los Estados miembros y las instituciones, órganos y organismos podrán celebrar acuerdos administrativos con la Oficina. Dichos acuerdos podrán versar, en particular, sobre la transmisión de información, la realización de investigaciones y cualquier actividad de seguimiento.».

2)

El artículo 2 se modifica como sigue:

a) el punto 3 se sustituye por el texto siguiente:

«3) “fraude, corrupción o cualquier otra actividad ilegal que vaya en detrimento de los intereses financieros de la Unión” se entenderá en el sentido que se atribuye a estos términos en los actos pertinentes de la Unión y el concepto “cualquier otra actividad ilegal” se entenderá que incluye las “irregularidades” según se definen en el artículo 1, apartado 2, del Reglamento (CE, Euratom) n.o 2988/95;»;

b) el punto 4 se sustituye por el texto siguiente:

«4) “investigaciones administrativas” (“investigaciones”) se entenderán en el sentido de las verificaciones, controles y otras medidas adoptadas por la Oficina, de conformidad con los artículos 3 y 4, para alcanzar los objetivos definidos en el artículo 1 y determinar, en su caso, el carácter irregular de las actividades investigadas; estas investigaciones no afectarán a los poderes de la Fiscalía Europea ni de las autoridades competentes de los Estados miembros para incoar diligencias penales;»;

c) se añade el punto siguiente:

«8) “miembro de una institución” se entenderá en el sentido de diputado al Parlamento Europeo, miembro del Consejo Europeo, representante de un Estado miembro a nivel ministerial en el Consejo, miembro de la Comisión, miembro del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo o miembro del Tribunal de Cuentas, en lo concerniente a las obligaciones derivadas del Derecho de la Unión en el contexto del ejercicio de sus funciones como tales.».

3)

El artículo 3 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 3

Investigaciones externas

1.   Respecto de las materias a que se refiere el artículo 1, la Oficina efectuará controles y verificaciones in situ en los Estados miembros y, de conformidad con los acuerdos de cooperación y de asistencia mutua vigentes y cualquier otro instrumento jurídico en vigor, en terceros países y en los locales de organizaciones internacionales.

2.   La Oficina efectuará controles y verificaciones in situ de conformidad con el presente Reglamento y, en aquellos aspectos no cubiertos por este, con el Reglamento (Euratom, CE) n.o 2185/96.

3.   Los operadores económicos cooperarán con la Oficina en el curso de sus investigaciones. La Oficina podrá solicitar a los operadores económicos información escrita u oral, incluso a través de entrevistas.

4.   Cuando, de conformidad con el apartado 3 del presente artículo, el operador económico afectado acepte someterse a un control y verificación in situ autorizados en virtud del presente Reglamento, no serán de aplicación el artículo 2, apartado 4, del Reglamento (CE, Euratom) n.o 2988/95, ni el artículo 6, apartado 1, párrafo tercero, del Reglamento (Euratom, CE) n.o 2185/96, ni el artículo 7, apartado 1, del Reglamento (Euratom, CE) n.o 2185/96, en la medida en que dichas disposiciones exijan el cumplimiento del Derecho nacional y puedan restringir el acceso por parte de la Oficina a información y documentos en las mismas condiciones aplicables a los inspectores de las administraciones nacionales.

5.   A petición de la Oficina, la autoridad competente del Estado miembro de que se trate prestará al personal de la Oficina, sin demora indebida, la asistencia necesaria para permitirle desempeñar efectivamente sus tareas, tal como se especifique en la habilitación escrita prevista en el artículo 7, apartado 2.

El Estado miembro de que se trate velará por que, de conformidad con el Reglamento (Euratom, CE) n.o 2185/96, el personal de la Oficina disponga de acceso a toda la información, los documentos y los datos relacionados con el asunto investigado que sean necesarios para llevar a cabo de manera eficaz y eficiente los controles y verificaciones in situ, y que el personal pueda asumir la custodia de documentos o datos para evitar todo riesgo de desaparición. Cuando se utilicen dispositivos privados con fines profesionales, dichos dispositivos podrán ser inspeccionados por la Oficina. La Oficina inspeccionará dichos dispositivos únicamente en las mismas condiciones y en la misma medida en que se permita a las autoridades nacionales de control investigar dispositivos privados y la Oficina tenga razones fundadas para suponer que su contenido puede ser pertinente para la investigación.

6.   En los casos en que el personal de la Oficina constate que un operador económico se resiste a someterse a un control o verificación in situ autorizado en virtud del presente Reglamento, concretamente, cuando un operador económico no conceda a la Oficina el acceso necesario a sus locales o demás lugares de uso profesional, oculte información o impida la realización de cualquiera de las actividades que la Oficina necesite desarrollar durante un control o verificación in situ, las autoridades competentes, incluidos, en su caso, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado miembro de que se trate, prestarán al personal de la Oficina la asistencia necesaria para que la Oficina pueda llevar a cabo el control o verificación in situ de forma eficaz y sin demoras indebidas.

Cuando presten asistencia de conformidad con el presente apartado o con el apartado 5, las autoridades competentes de los Estados miembros actuarán con arreglo a las normas procedimentales nacionales aplicables a la autoridad competente de que se trate. Si dicha asistencia requiere autorización de una autoridad judicial de conformidad con el Derecho nacional, se solicitará esa autorización.

7.   La Oficina llevará a cabo controles y verificaciones in situ previa presentación de una habilitación escrita, según lo dispuesto en el artículo 7, apartado 2. Informará al operador económico afectado, a más tardar al comienzo del control o verificación in situ, del procedimiento aplicable al control o verificación in situ, en particular, de las garantías procedimentales aplicables, y del deber de cooperar del operador económico.

8.   En el ejercicio de las competencias conferidas a la Oficina, esta cumplirá las garantías procedimentales previstas en el presente Reglamento y en el Reglamento (Euratom, CE) n.o 2185/96. Durante la realización de un control o verificación in situ, el operador económico afectado tendrá derecho a no realizar declaraciones autoinculpatorias y a contar con la asistencia de una persona de su elección. Cuando el operador económico realice declaraciones durante un control o verificación in situ, se le ofrecerá la posibilidad de emplear cualquiera de las lenguas oficiales del Estado miembro en el que esté ubicado dicho operador económico. El derecho del operador económico a contar con la asistencia de una persona de su elección no impedirá a la Oficina acceder a los locales del operador económico ni retrasará indebidamente el inicio del control o verificación in situ.

9.   Cuando un Estado miembro no coopere con la Oficina de conformidad con los apartados 5 y 6, la Comisión podrá aplicar las disposiciones aplicables del Derecho de la Unión, a fin de recuperar los fondos relacionados con el control o verificación in situ de que se trate.

10.   En el ejercicio de sus funciones de investigación, la Oficina efectuará los controles y verificaciones previstos en el artículo 9, apartado 1, del Reglamento (CE, Euratom) n.o 2988/95 y en las normativas sectoriales a que se refiere el artículo 9, apartado 2, del citado Reglamento, en los Estados miembros y, de conformidad con los acuerdos de cooperación y de asistencia mutua vigentes y cualquier otro instrumento jurídico en vigor, en terceros países y en los locales de organizaciones internacionales.

11.   Durante una investigación externa, y en la medida en que sea estrictamente necesario para determinar la existencia de fraude, corrupción o cualquier otra actividad ilegal que vaya en detrimento de los intereses financieros de la Unión, la Oficina podrá tener acceso a cualquier información y dato pertinente, con independencia del soporte en el que estén almacenados, que obre en poder de las instituciones, órganos y organismos, en relación con los hechos investigados. Será de aplicación a tal efecto el artículo 4, apartados 2 y 4.

12.   Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 12 quater, apartado 1, cuando, antes de que se adopte una decisión sobre iniciar o no una investigación externa, la Oficina disponga de información que sugiera la existencia de fraude, corrupción o cualquier otra actividad ilegal que vaya en detrimento de los intereses financieros de la Unión, podrá informar a las autoridades competentes de los Estados miembros de que se trate y, en caso necesario, a las instituciones, órganos y organismos de que se trate.

Sin perjuicio de las normativas sectoriales mencionadas en el artículo 9, apartado 2, del Reglamento (CE, Euratom) n.o 2988/95, las autoridades competentes de los Estados miembros de que se trate velarán por que se adopten las medidas oportunas, con arreglo al Derecho nacional, en las que podrá participar la Oficina. Las autoridades competentes de los Estados miembros de que se trate informarán a la Oficina, a petición de esta, sobre las medidas adoptadas y sobre los resultados obtenidos merced a la información mencionada en el párrafo primero del presente apartado.».

4)

El artículo 4 se modifica como sigue:

a) los apartados 1 a 4 se sustituyen por el texto siguiente:

«1.   Las investigaciones dentro de las instituciones, órganos y organismos respecto de las materias a que se refiere el artículo 1 se efectuarán de conformidad con lo dispuesto en el presente Reglamento y en las decisiones adoptadas por la institución, órgano u organismo de que se trate (en lo sucesivo, “investigaciones internas”).

 2.   En el curso de las investigaciones internas:

  a) la Oficina tendrá derecho a acceder, de manera inmediata y sin mediar preaviso, a cualquier información y dato pertinentes relacionados con los hechos investigados, con independencia del tipo de soporte en el que estén almacenados, que obre en poder de las instituciones, órganos y organismos, así como a los locales de estos. Cuando se utilicen dispositivos privados con fines profesionales, dichos dispositivos podrán ser inspeccionados por la Oficina. La Oficina inspeccionará dichos dispositivos únicamente en la medida en que se utilicen con fines profesionales, en las condiciones establecidas en las decisiones adoptadas por la institución, órgano u organismo de que se trate, y la Oficina tenga razones fundadas para suponer que su contenido puede ser pertinente para la investigación.

La Oficina podrá controlar la contabilidad de las instituciones, órganos y organismos. La Oficina podrá hacer copias y obtener extractos de cualquier documento y del contenido de cualquier soporte de información que obre en poder de las instituciones, órganos y organismos y, en caso necesario, asumir la custodia de esos documentos o datos, para evitar todo riesgo de desaparición;

  b) la Oficina podrá pedir información oral, también mediante entrevistas, y escrita a los funcionarios, otros agentes, miembros de las instituciones y órganos, directivos de los organismos, o miembros del personal, exhaustivamente documentada de conformidad con las normas aplicables de la Unión en materia de confidencialidad y protección de datos.

 3.   Con arreglo a las mismas normas y condiciones dispuestas en el artículo 3, la Oficina podrá efectuar controles y verificaciones in situ en los locales de los operadores económicos, con el fin de tener acceso a la información pertinente en relación con los hechos investigados en las instituciones, órganos y organismos.

 4.   Se informará a las instituciones, órganos y organismos cuando el personal de la Oficina efectúe una investigación interna en sus locales, consulte documentos o datos, o solicite información que obre en poder de aquellos. Sin perjuicio de los artículos 10 y 11, la Oficina podrá transmitir en cualquier momento a la institución, órgano u organismo de que se trate la información obtenida durante las investigaciones internas.»;

b) en el apartado 8, el párrafo primero se sustituye por el texto siguiente:

 «8.   Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 12  quater, apartado 1, cuando, antes de que se adopte una decisión sobre iniciar o no una investigación interna, la Oficina disponga de información que sugiera la existencia de fraude, corrupción o cualquier otra actividad ilegal que vaya en detrimento de los intereses financieros de la Unión, podrá informar a la institución, órgano u organismo de que se trate. La institución, órgano u organismo de que se trate informará a la Oficina, a petición de esta, sobre las medidas adoptadas y sobre los resultados obtenidos merced a dicha información.».

5)

El artículo 5 se modifica como sigue:

a) los apartados 1, 2 y 3 se sustituyen por el texto siguiente:

«1.   Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 12

quinquies

, el Director General podrá iniciar una investigación cuando existan sospechas suficientes, que pueden basarse en información proporcionada por un tercero o en información anónima, de que se ha cometido fraude, corrupción o cualquier otra actividad ilegal que vaya en detrimento de los intereses financieros de la Unión. La decisión de iniciar la investigación podrá tener en cuenta la necesidad de hacer un uso eficiente de los recursos de la Oficina y la proporcionalidad de los medios empleados. Por lo que respecta a las investigaciones internas, se tendrá especialmente en cuenta qué institución, órgano u organismo se halla en mejores condiciones de efectuarlas, habida cuenta, en particular, de la naturaleza de los hechos, la incidencia financiera real o potencial del asunto, y la probabilidad de cualquier actuación judicial subsiguiente.

2.   La iniciación de una investigación será decidida por el Director General por iniciativa propia o a petición de una institución, órgano u organismo o de un Estado miembro.

3.   Tanto en el período en que el Director General esté considerando la posibilidad de iniciar o no una investigación interna previa petición como prevé el apartado 2, como en el período en que la Oficina esté efectuando una investigación interna, las instituciones, órganos u organismos de que se trate se abstendrán de iniciar una investigación paralela sobre los mismos hechos, a no ser que se acuerde de otro modo con la Oficina.

El presente apartado no será de aplicación a las investigaciones que efectúe la Fiscalía Europea en virtud del Reglamento (UE) 2017/1939.»;

b) los apartados 5 y 6 se sustituyen por el texto siguiente:

«5.   Si el Director General decide no iniciar una investigación, podrá transmitir sin demora toda información pertinente a las autoridades competentes del Estado miembro de que se trate para que tomen medidas adecuadas de acuerdo con el Derecho de la Unión y nacional, o, según corresponda, a la institución, órgano u organismo de que se trate para que tome las medidas adecuadas de conformidad con las normas que le sean aplicables. La Oficina acordará con esa institución, órgano u organismo, en su caso, las medidas idóneas para proteger la confidencialidad de la fuente de dicha información y, si fuera necesario, pedirá que se le informe de las medidas tomadas.

 6.   En caso de que el Director General decida no iniciar una investigación pese a existir sospechas suficientes de que se ha cometido fraude, corrupción o cualquier otra actividad ilegal que vaya en detrimento de los intereses financieros de la Unión, enviará la información mencionada en el apartado 5 sin demora.».

6)

El artículo 7 se modifica como sigue:

a) el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente:

«1.   El Director General dirigirá el desarrollo de las investigaciones sobre la base, en su caso, de instrucciones escritas. Las investigaciones las realizará bajo su dirección el personal de la Oficina que haya designado. El Director General no llevará a cabo por sí mismo labores de investigación concretas.»;

 b) el apartado 3 se sustituye por el texto siguiente:

«3.   Las autoridades competentes de los Estados miembros prestarán la asistencia necesaria para que el personal de la Oficina cumpla su misión de conformidad con el presente Reglamento de manera eficaz y sin demora indebida. Cuando presten dicha asistencia, las autoridades competentes de los Estados miembros actuarán con arreglo a las normas procedimentales nacionales que les sean aplicables.

3  bis.   A petición de la Oficina, que será explicada por escrito, en relación con asuntos investigados, las autoridades competentes pertinentes de los Estados miembros facilitarán a la Oficina, en las mismas condiciones que se apliquen a las autoridades nacionales competentes:

a) la información disponible en los mecanismos automatizados centralizados a que se refiere el artículo 32 bis, apartado 3, de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo (*);

b) cuando sea estrictamente necesario para los fines de la investigación, el registro de operaciones.

La solicitud de la Oficina incluirá una justificación de la idoneidad y proporcionalidad de la medida en relación con la naturaleza y gravedad del asunto investigado. Dicha solicitud solo se referirá a la información mencionada en el párrafo primero, letras a) y b).

Los Estados miembros notificarán a la Comisión las autoridades competentes pertinentes a efectos del párrafo primero, letras a) y b).

3  ter.   Las instituciones, órganos y organismos velarán por que sus funcionarios, otros agentes, miembros, directivos y miembros del personal presten la asistencia necesaria para que el personal de la Oficina pueda cumplir sus funciones de manera efectiva y sin demora indebida. (*)

  Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, y por la que se modifica el Reglamento (UE) n. o 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, y se derogan la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y la Directiva 2006/70/CE de la Comisión (DO L 141 de 5.6.2015, p. 73).»;"

c) el apartado 6 se modifica como sigue:

  i) en el párrafo primero, la letra b) se sustituye por el texto siguiente:

 «b) cualquier información que pudiera ayudar a la institución, órgano u organismo de que se trate a decidir las medidas cautelares administrativas adecuadas que deban adoptarse con el fin de proteger los intereses financieros de la Unión;»,

  ii) el párrafo segundo se sustituye por el texto siguiente:

«La institución, órgano u organismo de que se trate podrá consultar en todo momento a la Oficina a fin de adoptar, en estrecha cooperación con esta, todas las medidas cautelares adecuadas, incluidas las de aseguramiento de pruebas. La institución, órgano u organismo de que se trate informará a la Oficina sin demora de cualquier medida cautelar adoptada.»;

 d) el apartado 8 se sustituye por el texto siguiente:

 «8.   Si no pudiera concluirse una investigación dentro de los doce meses siguientes a su inicio, el Director General, al finalizar dicho período de doce meses y posteriormente cada seis meses, informará al Comité de Vigilancia indicando las razones y, cuando proceda, las medidas correctoras previstas a fin de acelerar la investigación.».

7)

El artículo 8 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 8

Deber de informar a la Oficina

1.   Respecto de las materias a que se refiere el artículo 1, las instituciones, órganos y organismos comunicarán a la Oficina sin demora cualquier información relativa a posibles casos de fraude, corrupción o cualquier otra actividad ilegal que vaya en detrimento de los intereses financieros de la Unión.

Cuando las instituciones, órganos y organismos informen a la Fiscalía Europea de conformidad con el artículo 24 del Reglamento (UE) 2017/1939, podrán dar cumplimiento a la obligación establecida en el párrafo primero del presente apartado mediante la remisión a la Oficina de una copia del informe enviado a la Fiscalía Europea.

2.   Las instituciones, órganos y organismos, así como, a menos que el Derecho nacional lo impida, las autoridades competentes de los Estados miembros, remitirán sin demora a la Oficina, a petición de esta o por propia iniciativa, cualquier documento o información que obre en poder de ellos, en relación con una investigación en curso de la Oficina.

Antes de iniciar una investigación, remitirán, a petición de la Oficina, que será explicada por escrito, cualquier documento o información que obre en poder de ellos y sea necesario para valorar las denuncias o aplicar los criterios empleados para iniciar una investigación con arreglo al artículo 5, apartado 1.

3.   Las instituciones, órganos y organismos, así como, a menos que el Derecho nacional lo impida, las autoridades competentes de los Estados miembros, remitirán sin demora a la Oficina, a petición de esta o por propia iniciativa, cualquier otra información, documento o dato que obre en poder de ellos y se considere pertinente, en relación con la lucha contra el fraude, la corrupción y cualquier otra actividad ilegal que vaya en detrimento de los intereses financieros de la Unión.

4.   El presente artículo no será de aplicación a la Fiscalía Europea con respecto a los delitos sobre los que pueda ejercer sus competencias de conformidad con el capítulo IV del Reglamento (UE) 2017/1939.

Lo anterior se entenderá sin perjuicio de la posibilidad de que la Fiscalía Europea proporcione a la Oficina información pertinente sobre asuntos, de conformidad con el artículo 34, apartado 8, el artículo 36, apartado 6, el artículo 39, apartado 4, y el artículo 101, apartados 3 y 4, del Reglamento (UE) 2017/1939.

5.   Las disposiciones relativas a la transmisión de información de conformidad con el Reglamento (UE) n.o 904/2010 del Consejo (*) permanecerán inalteradas.

(*)  Reglamento (UE) n.o 904/2010 del Consejo, de 7 de octubre de 2010, relativo a la cooperación administrativa y la lucha contra el fraude en el ámbito del impuesto sobre el valor añadido (DO L 268 de 12.10.2010, p. 1).»."

8)

El artículo 9 se modifica como sigue:

a) en el apartado 2, el párrafo cuarto se sustituye por el texto siguiente:

«Los requisitos mencionados en los párrafos segundo y tercero no se aplicarán a la toma de declaraciones en el momento de realizar los controles y verificaciones in situ. Las garantías procedimentales a que se refiere el artículo 3, apartados 7 y 8, se aplicarán a la persona implicada, en particular el derecho a ser asistida por una persona de su elección.»;

b) en el apartado 4, los párrafos segundo y tercero se sustituyen por el texto siguiente:

«Para ello, la Oficina remitirá a la persona implicada una invitación para que formule observaciones, ya sea por escrito o en una entrevista con el miembro del personal que la Oficina designe. Dicha invitación incluirá un resumen de los hechos que afecten a la persona implicada y la información que exigen los artículos 15 y 16 del Reglamento (UE) 2018/1725 e indicará el plazo de presentación de observaciones, que no será inferior a diez días hábiles a partir de la recepción de la invitación a formular observaciones. Ese plazo podrá ser más corto previo consentimiento expreso de la persona implicada o por razones motivadas de urgencia de la investigación. El informe final sobre la investigación hará referencia a esas observaciones, de haberlas.

En aquellos supuestos debidamente justificados en los que sea necesario preservar la confidencialidad de la investigación o de una investigación penal en curso o futura de la Fiscalía Europea o de una autoridad judicial nacional, el Director General podrá decidir, según proceda y previa consulta a la Fiscalía Europea o a la autoridad judicial nacional de que se trate, que se aplace el cumplimiento del deber de invitar a la persona implicada a formular observaciones.».

9)

Se insertan los artículos siguientes:

«Artículo 9 bis

Controlador de las garantías procedimentales

1.   La Comisión nombrará un controlador de las garantías procedimentales (en lo sucesivo, “controlador”), de conformidad con el procedimiento descrito en el apartado 2, por un período de cinco años no renovable. Al final de dicho mandato, el controlador permanecerá en el cargo hasta que sea sustituido.

2.   El controlador dependerá administrativamente del Comité de Vigilancia. La secretaría del Comité de Vigilancia facilitará al controlador toda la asistencia administrativa y jurídica necesaria.

3.   La Comisión asignará al Comité de Vigilancia, en el marco de su presupuesto aprobado, el personal y los recursos financieros que el controlador necesite.

4.   Tras una convocatoria de candidaturas publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea, la Comisión elaborará una lista de candidatos debidamente cualificados para los cargos de controlador. Previa consulta con el Parlamento Europeo y el Consejo, la Comisión nombrará al controlador.

5.   El controlador contará con las cualificaciones y experiencia necesarias en el ámbito de las garantías procedimentales.

6.   El controlador ejercerá sus funciones con total independencia, incluso de la Oficina y del Comité de Vigilancia, y no solicitará ni aceptará instrucciones de nadie en el ejercicio de su cometido.

7.   Si el controlador dejara de cumplir las condiciones necesarias para el ejercicio de sus funciones o si se le declarase culpable por conducta indebida grave, el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión, de común acuerdo, podrán relevarle de sus funciones.

8.   Con arreglo al mecanismo establecido en el artículo 9 ter, el controlador supervisará el cumplimiento, por parte de la Oficina, de las garantías procedimentales recogidas en el artículo 9, así como la normativa aplicable a las investigaciones de la Oficina. El controlador se encargará de tramitar las reclamaciones a que se refiere el artículo 9 ter.

9.   El controlador deberá rendir cuentas del ejercicio de esta función anualmente al Parlamento Europeo, al Consejo, a la Comisión, al Comité de Vigilancia y a la Oficina. No podrá referirse a asuntos concretos que se estén investigando y garantizará la confidencialidad de las investigaciones, incluso después de su conclusión. El controlador informará al Comité de Vigilancia sobre cualquier cuestión sistémica que se derive de sus recomendaciones.

Artículo 9 ter

Mecanismo de reclamación

1.   Toda persona implicada tendrá derecho a presentar una reclamación ante el controlador en relación con el cumplimiento, por parte de la Oficina, de las garantías procedimentales a que se refiere el artículo 9, así como por motivos de infracción de las normas aplicables a las investigaciones de la Oficina, en particular las infracciones de los requisitos procedimentales y de los derechos fundamentales. La presentación de una reclamación no tendrá efectos suspensivos sobre el desarrollo de la investigación que sea objeto de la reclamación.

2.   Las reclamaciones se presentarán en el plazo de un mes a contar desde el momento en que el reclamante haya tenido conocimiento de los hechos que constituyan la presunta infracción de las garantías procedimentales o normas a que se refiere el apartado 1 del presente artículo. En cualquier caso, el plazo máximo para presentarlas será de un mes desde que se haya concluido la investigación.

Las reclamaciones relacionadas con el plazo previsto en el artículo 9, apartados 2 y 4, se presentarán, no obstante, antes de que expire el plazo de diez días previsto en dichas disposiciones.

3.   El controlador informará inmediatamente al Director General una vez recibida la reclamación.

En el plazo de diez días hábiles a partir de la fecha de recepción, el controlador determinará si se cumple lo dispuesto en los apartados 1 y 2.

En caso de que se cumpla lo dispuesto en los apartados 1 y 2, el controlador invitará a la Oficina a tomar medidas para resolver la reclamación e informar al controlador en consecuencia en un plazo de quince días hábiles.

En caso de que no se cumpla lo dispuesto en los apartados 1 o 2, el controlador cerrará el expediente de reclamación e informará de ello sin demora al reclamante.

4.   Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 10, la Oficina transmitirá al controlador toda la información necesaria para que este pueda evaluar si la reclamación está justificada, así como información con el fin de resolver la reclamación y permitirle formular una recomendación.

5.   El controlador formulará una recomendación sobre la manera de resolver la reclamación sin demora, y, en cualquier caso, dentro de un plazo de dos meses a partir de que la Oficina haya informado al controlador de las medidas que haya tomado para resolver la reclamación. En caso de no haberse recibido información en el plazo de quince días al que se refiere el apartado 3, párrafo tercero, el controlador formulará una recomendación en el plazo de dos meses desde la expiración de dicho plazo de quince días.

En casos excepcionales, el controlador podrá decidir prorrogar quince días naturales adicionales el plazo para formular una recomendación. El controlador informará al Director General, por escrito, de los motivos de dicha prórroga.

El controlador podrá recomendar a la Oficina que modifique o anule sus recomendaciones o informes por motivos de infracción de las garantías procedimentales a que se refiere el artículo 9 o de las normas aplicables a las investigaciones de la Oficina, en particular las infracciones de los requisitos procedimentales y de los derechos fundamentales.

Antes de formular una recomendación, el controlador solicitará el dictamen del Comité de Vigilancia.

El controlador presentará la recomendación a la Oficina y notificará al reclamante en consecuencia.

En caso de no haberse recibido una recomendación del controlador en los plazos fijados en el presente apartado, se considerará que el controlador ha desestimado la reclamación sin formular una recomendación.

6.   El controlador examinará la reclamación en procedimiento contradictorio sin interferir en el desarrollo de la investigación en curso.

El controlador también podrá pedir a testigos que proporcionen por escrito o verbalmente las explicaciones que el controlador considere pertinentes para el esclarecimiento de los hechos. Los testigos podrán negarse a facilitar dichas explicaciones.

7.   El Director General adoptará las medidas adecuadas que la recomendación requiera. Si el Director General decide no seguir la recomendación del controlador, el Director General comunicará al reclamante y al controlador las razones principales de tal decisión, a menos que dicha comunicación vaya a afectar a la investigación en curso. El Director General expondrá los motivos por los que no siga la recomendación del controlador en una nota que se adjuntará al informe final de la investigación.

8.   El mecanismo de reclamación que dispone el presente artículo se entenderá sin perjuicio de las vías de recurso disponibles en virtud de los Tratados, incluidas las acciones de indemnización por daños y perjuicios.

9.   El Director General podrá solicitar el dictamen del controlador sobre cualquier cuestión relacionada con las garantías procedimentales o los derechos fundamentales que esté incluida en el mandato del controlador, incluso sobre la decisión de aplazar el deber de informar a la persona implicada con arreglo al artículo 9, apartado 3. El Director General indicará en toda solicitud de estas características el plazo en que el controlador debe responder.

10.   Sin perjuicio de los plazos previstos en el artículo 90 del Estatuto de los funcionarios, en caso de que un funcionario u otro agente de la Unión haya presentado una reclamación ante el Director General de conformidad con el artículo 90 bis del Estatuto de los funcionarios, y el funcionario o agente haya presentado una reclamación ante el controlador en relación con el mismo asunto, el Director General esperará a la recomendación del controlador antes de responder a la reclamación.

11.   El controlador, previa consulta al Comité de Vigilancia, adoptará disposiciones de desarrollo para la tramitación de las reclamaciones.

Dichas disposiciones de desarrollo comprenderán, en particular, normas detalladas en relación con lo siguiente:

a) la presentación de reclamaciones;

b) el intercambio de información entre el Comité de Vigilancia, el controlador y el Director General;

c) la tramitación, por parte de la Oficina, de las cuestiones planteadas en las reclamaciones;

d) el examen de las reclamaciones en el marco de un procedimiento contradictorio de conformidad con el apartado 6, párrafo primero;

e) la formulación y comunicación de la recomendación del controlador;

f) los casos debidamente justificados en los que el Director General pueda apartarse de la recomendación del controlador y qué procedimiento debe seguirse en dichos casos.».

10)

El artículo 10 se modifica como sigue:

a) se insertan los apartados siguientes:

«3  bis .   La Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo (*)será de aplicación a las denuncias de fraude, corrupción y cualquier otra actividad ilegal que vaya en detrimento de los intereses financieros de la Unión y a la protección de las personas que denuncien tales infracciones.

3 ter.   Cuando la Oficina recomiende una actuación judicial subsiguiente, sin perjuicio de los derechos de confidencialidad de los denunciantes de irregularidades e informadores, y de conformidad con las normas aplicables en materia de confidencialidad y protección de datos, la persona implicada podrá solicitar a la Oficina que le proporcione el informe elaborado con arreglo al artículo 11, en la medida en que se refiera a su persona. La Oficina comunicará sin demora dicha solicitud a todos los destinatarios de dicho informe y concederá acceso únicamente con el consentimiento expreso de los destinatarios. Los destinatarios responderán en un plazo de doce meses desde la recepción de la solicitud. En ausencia de oposición dentro de dicho plazo, la Oficina concederá el acceso.

La autoridad competente también podrá autorizar a la Oficina a conceder acceso antes de que expire dicho plazo.

(*)  Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión (*).»;"

b) en el apartado 4, el párrafo primero se sustituye por el texto siguiente:

«4.   La Oficina designará un delegado de protección de datos de conformidad con el artículo 43 del Reglamento (UE) 2018/1725.».

11)

El artículo 11 se modifica como sigue:

a) en el apartado 1, el párrafo segundo se sustituye por el texto siguiente:

«El informe podrá, en su caso, ir acompañado de recomendaciones del Director General sobre las medidas que deban adoptarse. Dichas recomendaciones indicarán, en su caso, toda medida disciplinaria, administrativa, financiera o judicial que deban adoptar las instituciones, órganos y organismos, así como las autoridades competentes de los Estados miembros de que se trate, y especificarán en concreto las cantidades estimadas que se deben recuperar, así como la calificación jurídica preliminar de los hechos probados.»;

b) los apartados 2 y 3 se sustituyen por el texto siguiente:

«2.   En la redacción de los informes y recomendaciones mencionados en el apartado 1, se tendrán en cuenta las disposiciones pertinentes del Derecho de la Unión y, siempre que sea aplicable, del Derecho nacional del Estado miembro de que se trate.

Los informes redactados conforme al párrafo primero, incluidas todas las pruebas que los sustenten y se adjunten a ellos, constituirán elementos de prueba admisibles:

  a) en los procedimientos judiciales sin carácter penal ante órganos jurisdiccionales nacionales, así como en los procedimientos administrativos en los Estados miembros;

  b) en los procesos penales del Estado miembro en que resulte necesaria su utilización, en los mismos términos y condiciones que los informes administrativos redactados por los inspectores de las administraciones nacionales y estarán sujetos a los mismos criterios de valoración que se apliquen a los informes administrativos de los inspectores de las administraciones nacionales y tendrán el mismo valor probatorio que estos;

  c) en los procedimientos judiciales ante el TJUE y en los procedimientos administrativos en las instituciones, órganos y organismos.

Los Estados miembros notificarán a la Oficina cualquier norma de Derecho nacional que sea pertinente a los efectos del párrafo segundo, letra b).

Por lo que respecta a lo dispuesto en el párrafo segundo, letra b), los Estados miembros remitirán a la Oficina, a petición de esta, la sentencia firme del órgano jurisdiccional nacional, una vez que el procedimiento judicial pertinente haya concluido definitivamente y la sentencia firme se haya hecho pública.

El presente Reglamento no afectará la facultad del TJUE y de los órganos jurisdiccionales nacionales, así como de las autoridades competentes, respecto a procedimientos administrativos y penales, de libre apreciación del valor probatorio de los informes elaborados por la Oficina.

2 bis.   La Oficina tomará medidas oportunas para garantizar la calidad permanente de los informes y recomendaciones mencionados en el apartado 1.

3.   Los informes y recomendaciones que se redacten al término de una investigación externa y cualquier documento pertinente conexo se presentarán a las autoridades competentes de los Estados miembros de que se trate con arreglo a la normativa sobre investigaciones externas y, si fuera necesario, a la institución, órgano u organismo de que se trate. Las autoridades competentes del Estado miembro de que se trate y, en su caso, la institución, órgano u organismo adoptarán las medidas que procedan en función de los resultados de la investigación externa e informarán de dichas medidas a la Oficina en un plazo fijado en las recomendaciones que acompañen al informe y, además, a petición de la Oficina. Los Estados miembros podrán notificar a la Oficina las autoridades nacionales competentes para tratar dichos informes, recomendaciones y documentos.»;

c) el apartado 5 se sustituye por el texto siguiente:

«5.   Cuando el informe elaborado al término de una investigación interna revele la existencia de hechos que pudieran dar lugar a actuaciones penales, dicha información se presentará inmediatamente, además de las recomendaciones, a las autoridades judiciales del Estado miembro de que se trate, sin perjuicio de los artículos 12 quater y 12 quinquies .

A petición de la Oficina, las autoridades competentes de los Estados miembros de que se trate remitirán a la Oficina, en un plazo establecido en las recomendaciones, información sobre las medidas adoptadas, si las hubiera, y en su caso los motivos de la no aplicación de las recomendaciones, una vez que la Oficina haya transmitido información de acuerdo con el párrafo primero del presente apartado.»;

d) se suprime el apartado 6;

e) el apartado 8 se sustituye por el texto siguiente:

«8.   Cuando un informador hubiera proporcionado a la Oficina información que hubiera dado lugar a la investigación, la Oficina le comunicará que la investigación ha concluido, a menos que considere que dicha notificación puede ser perjudicial para los intereses legítimos de la persona implicada y la eficacia de la investigación y de ulteriores actuaciones, o para los requisitos de confidencialidad.».

12)

El artículo 12 se modifica como sigue:

a) el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente:

«1.   Sin perjuicio de los artículos 10 y 11 del presente Reglamento y de las disposiciones del Reglamento (Euratom, CE) n.o 2185/96, la Oficina podrá transmitir a las autoridades competentes de los Estados miembros de que trate la información obtenida durante las investigaciones externas, para que puedan tomar medidas adecuadas de acuerdo con su Derecho nacional. También podrá transmitir dicha información a la institución, órgano u organismo de que se trate.»;

b) el apartado 3 se sustituye por el texto siguiente:

«3.   Las autoridades competentes del Estado miembro de que se trate, a menos que su Derecho nacional lo impida, informarán a la Oficina sin demora, y, en cualquier caso, dentro de un plazo de doce meses desde la recepción de la información que se les haya transmitido de conformidad con el presente artículo, de las medidas tomadas sobre la base de dicha información.»;

c) se añade el apartado siguiente:

«5.   La Oficina podrá proporcionar información pertinente a la red Eurofisc creada en virtud del Reglamento (UE) n.o 904/2010. Los coordinadores de los ámbitos de trabajo de Eurofisc podrán transmitir información pertinente de la red Eurofisc a la Oficina en las condiciones establecidas en el Reglamento (UE) n.o 904/2010.».

13)

Se insertan los artículos siguientes:

«Artículo 12 bis

Servicios de coordinación antifraude

1.   Los Estados miembros designarán cada uno, a efectos del presente Reglamento, un servicio (en lo sucesivo, “servicio de coordinación antifraude”) que facilite una cooperación efectiva y el intercambio de información con la Oficina, incluyendo información de naturaleza operativa. Cuando corresponda, de conformidad con el Derecho nacional, el servicio de coordinación antifraude podrá considerarse la autoridad competente a efectos del presente Reglamento.

2.   A petición de la Oficina, antes de que se adopte una decisión sobre iniciar o no una investigación, así como durante una investigación o después de ella, los servicios de coordinación antifraude proporcionarán o coordinarán la asistencia necesaria para que la Oficina pueda desempeñar sus funciones de manera eficaz. Dicha asistencia incluirá, en particular, la prestada por las autoridades competentes de los Estados miembros con arreglo al artículo 3, apartados 5 y 6, al artículo 7, apartado 3, y al artículo 8, apartados 2 y 3.

3.   Los servicios de coordinación antifraude podrán prestar asistencia a la Oficina, a petición de esta, para que pueda llevar a cabo actividades de coordinación de conformidad con el artículo 12 ter, incluso, cuando proceda, actividades de cooperación horizontal y de intercambio de información entre servicios de coordinación antifraude.

Artículo 12 ter

Actividades de coordinación

1.   En virtud del artículo 1, apartado 2, la Oficina podrá organizar y facilitar la cooperación entre las autoridades competentes de los Estados miembros, las instituciones, órganos y organismos así como, de conformidad con los acuerdos de cooperación y de asistencia mutua vigentes y cualquier otro instrumento jurídico en vigor, autoridades de terceros países y organizaciones internacionales. Con el fin de proteger los intereses financieros de la Unión, las autoridades participantes y la Oficina podrán recopilar, analizar e intercambiar información, incluso de naturaleza operativa. El personal de la Oficina podrá acompañar a las autoridades competentes en la realización de actividades de investigación si así se lo solicitan estas. Serán de aplicación el artículo 6, el artículo 7, apartados 6 y 7, el artículo 8, apartado 3 y el artículo 10.

2.   La Oficina redactará, cuando proceda, un informe sobre las actividades de coordinación efectuadas y lo remitirá a las autoridades competentes de los Estados miembros y a las instituciones, órganos y organismos de que se trate.

3.   El presente artículo se aplicará sin menoscabo del ejercicio, por parte de la Oficina, de las facultades que se han conferido a la Comisión en virtud de disposiciones específicas que regulan la asistencia mutua entre las autoridades administrativas de los Estados miembros y la cooperación entre dichas autoridades y la Comisión.

4.   La Oficina podrá participar en equipos conjuntos de investigación creados con arreglo al Derecho de la Unión aplicable y, en ese marco, intercambiar información operativa obtenida al amparo del presente Reglamento.

Artículo 12 quater

Comunicación a la Fiscalía Europea de cualquier conducta constitutiva de delito

1.   La Oficina presentará un informe a la Fiscalía Europea sin demora indebida sobre cualquier conducta constitutiva de delito sobre la que la Fiscalía Europea pueda ejercer sus competencias de conformidad con el capítulo IV del Reglamento (UE) 2017/1939. Dicho informe se enviará sin demora indebida antes de una investigación de la Oficina o en el transcurso de esta.

2.   El informe a que se refiere el apartado 1 contendrá, como mínimo, una descripción de los hechos, incluidas una evaluación del perjuicio causado o que podría causarse, la posible calificación jurídica y toda información disponible sobre víctimas potenciales, sospechosos o cualquier otra persona involucrada.

3.   La Oficina no estará obligada a informar a la Fiscalía Europea sobre las denuncias manifiestamente infundadas.

4.   Cuando la información recibida por la Oficina no incluya los elementos descritos en el apartado 2 del presente artículo y no exista ninguna investigación en curso de la Oficina, esta podrá llevar a cabo un examen preliminar de las denuncias. Dicho examen se efectuará sin demora, y, en cualquier caso, en un plazo de dos meses desde la recepción de la información. Durante dicho examen se aplicarán el artículo 6 y el artículo 8, apartado 2. Después de este examen preliminar, la Oficina informará a la Fiscalía Europea sobre cualquier conducta constitutiva de delito tal como la prevé el apartado 1 del presente artículo.

5.   En el caso de que durante una investigación de la Oficina salga a la luz una conducta constitutiva de delito tal como la prevé el apartado 1 del presente artículo y la Fiscalía Europea inicie una investigación tras recibir el informe mencionado en dicho apartado, la Oficina no proseguirá con su investigación de los mismos hechos salvo con arreglo a lo previsto en los artículos 12 sexies o 12 septies.

A efectos de la aplicación del párrafo primero del presente apartado, la Oficina comprobará con arreglo al artículo 12 octies, apartado 2, a través del sistema de gestión de casos de la Fiscalía Europea, si esta ha emprendido una investigación. La Oficina podrá solicitar información adicional a la Fiscalía Europea, La Fiscalía Europea responderá a dicha solicitud en un plazo que se establecerá de conformidad con el artículo 12 octies.

6.   Las instituciones, órganos y organismos podrán solicitar a la Oficina que lleve a cabo un examen preliminar de las denuncias que les hayan sido presentadas. Se aplicarán a estas solicitudes los apartados 1 a 4, mutatis mutandis. La Oficina informará a la institución, órgano u organismo de que se trate de los resultados del examen preliminar, a menos que dicha información pueda comprometer una investigación realizada por la Oficina o por la Fiscalía Europea.

7.   Cuando, tras informar a la Fiscalía Europea de conformidad con el presente artículo, la Oficina concluya su investigación, no serán aplicables el artículo 9, apartado 4, ni el artículo 11.

Artículo 12 quinquies

No duplicación de las investigaciones

1.   Sin perjuicio de los artículos 12 sexies y 12 septies, el Director General interrumpirá una investigación en curso y no iniciará una nueva investigación de conformidad con el artículo 5, si la Fiscalía Europea está llevando a cabo una investigación sobre los mismos hechos. El Director General informará a la Fiscalía Europea sobre cada decisión de interrumpir una investigación que haya adoptado por esos motivos.

A efectos de la aplicación del párrafo primero del presente apartado, la Oficina comprobará con arreglo al artículo 12 octies, apartado 2, a través del sistema de gestión de casos de la Fiscalía Europea, si esta ha emprendido una investigación. La Oficina podrá solicitar información adicional a la Fiscalía Europea, La Fiscalía Europea responderá a dicha solicitud en un plazo que se establecerá de conformidad con el artículo 12 octies.

Cuando la Oficina interrumpa su investigación de conformidad con el párrafo primero del presente apartado, no serán de aplicación el artículo 9, apartado 4, ni el artículo 11.

2.   La Fiscalía Europea podrá facilitar a la Oficina, con miras a posibilitar que la Oficina considere la actuación administrativa adecuada de conformidad con su mandato, información pertinente sobre asuntos en los que la Fiscalía Europea haya decidido no llevar a cabo una investigación o cuando haya archivado un asunto. Si la Oficina conoce hechos nuevos que eran desconocidos para la Fiscalía Europea en el momento de tomar la decisión de archivo como se recoge en el artículo 39, apartado 1, del Reglamento (UE) 2017/1939, el Director General podrá solicitar a la Fiscalía Europea que reabra una investigación, de conformidad con el artículo 39, apartado 2, de dicho Reglamento.

Artículo 12 sexies

Apoyo de la Oficina a la Fiscalía Europea

1.   En el curso de una investigación de la Fiscalía Europea, y a petición de esta con arreglo al artículo 101, apartado 3, del Reglamento (UE) 2017/1939, la Oficina, de conformidad con su mandato, apoyará o complementará la actividad de la Fiscalía Europea, en particular:

 a) proporcionando información, análisis (incluidos análisis criminológicos), conocimiento experto y apoyo operativo;

 b) facilitando la coordinación de acciones específicas de las autoridades administrativas nacionales competentes y los órganos de la Unión;

 c) realizando investigaciones administrativas.

Al prestar apoyo a la Fiscalía Europea, la Oficina se abstendrá de realizar actos o de adoptar medidas que puedan comprometer la investigación o la incoación de un proceso penal.

2.   Toda solicitud como la referida en el apartado 1 será remitida por escrito y especificará como mínimo:

 a) la información relativa a la investigación de la Fiscalía Europea en la medida en que resulte pertinente para los fines de la solicitud;

 b) las medidas que la Fiscalía Europea solicite que la Oficina ejecute;

 c) cuando proceda, el plazo previsto para la ejecución de la solicitud.

Cuando sea necesario, la Oficina podrá solicitar información adicional.

3.   Con el fin de proteger la admisibilidad de las pruebas, así como los derechos fundamentales y las garantías procedimentales, cuando la Oficina ejecute, en el marco de su mandato, medidas de apoyo solicitadas por la Fiscalía Europea con arreglo al presente artículo, la Fiscalía Europea y la Oficina, actuando en estrecha cooperación, deberán garantizar el respeto de las garantías procesales aplicables del capítulo VI del Reglamento (UE) 2017/1939.

Artículo 12 septies

Investigaciones complementarias

1.   Cuando la Fiscalía Europea esté llevando a cabo una investigación y el Director General considere, en casos debidamente justificados, que la Oficina debería iniciar también una investigación, de acuerdo con el mandato de esta, para facilitar la adopción de medidas cautelares o de naturaleza financiera, disciplinaria o administrativa, la Oficina informará de ello por escrito a la Fiscalía Europea especificando la naturaleza y la finalidad de la investigación.

Después de recibirse dicha información y en un plazo que se establecerá de conformidad con el artículo 12 octies, la Fiscalía Europea podrá oponerse al inicio de una investigación o a la ejecución de determinados actos pertenecientes a esta. Cuando la Fiscalía Europea se oponga al inicio de una investigación o a la ejecución de determinados actos pertenecientes a esta, informará a la Oficina sin demora indebida cuando desaparezcan los motivos que justificaban su oposición.

En el caso de que la Fiscalía Europea no se oponga dentro del plazo que se establezca de conformidad con el artículo 12 octies, la Oficina podrá iniciar una investigación, que llevará a cabo en constante consulta con la Fiscalía Europea. Si la Fiscalía se opone posteriormente, la Oficina suspenderá o interrumpirá su investigación, o se abstendrá de ejecutar determinados actos pertenecientes a esta.

2.   Si, en respuesta a una solicitud de información presentada con arreglo al artículo 12 quinquies, la Fiscalía Europea informa a la Oficina de que no está llevando a cabo una investigación y posteriormente inicia una investigación sobre los mismos hechos, informará de ello sin demora a la Oficina. En el caso de que, tras recibir dicha información, el Director General considere que la investigación iniciada por la Oficina debe continuar con miras a facilitar la adopción de medidas cautelares o de naturaleza financiera, disciplinaria o administrativa, será de aplicación el apartado 1 del presente artículo.

Artículo 12 octies

Acuerdos de colaboración e intercambio de información con la Fiscalía Europea

1.   La Oficina celebrará con la Fiscalía Europea acuerdos de colaboración. En estos acuerdos de colaboración se acordarán, entre otros elementos, las disposiciones prácticas para el intercambio de información, incluidos datos personales, información operativa, estratégica o técnica, e información clasificada, y para las investigaciones complementarias.

Los acuerdos de colaboración incluirán acuerdos detallados sobre el intercambio constante de información durante la recepción y la verificación de las denuncias por ambas oficinas a fin de determinar la competencia en relación con las investigaciones. Asimismo, se incluirán acuerdos sobre la transmisión de información entre la Oficina y la Fiscalía Europea, cuando la Oficina actúe en apoyo o de forma complementaria a la Fiscalía Europea. Se establecerán plazos de respuesta a las solicitudes de cada una.

La Oficina y la Fiscalía Europea acordarán entre ellas los plazos y las disposiciones detalladas por lo que respecta al artículo 12 quater, apartado 5, al artículo 12 quinquies, apartado 1, y al artículo 12 septies, apartado 1. Hasta la adopción de dicho acuerdo, la Fiscalía Europea responderá a las solicitudes de la Oficina sin demora, y, en cualquier caso, en el plazo de diez días hábiles a partir de la solicitud a que se refiere el artículo 12 quater, apartado 5, y el artículo 12 quinquies, apartado 1, y veinte días hábiles desde la solicitud de información a que se refiere el artículo 12 septies, apartado 1, párrafo primero.

Antes de la adopción de los acuerdos de colaboración con la Fiscalía Europea, el Director General enviará el proyecto al Comité de Vigilancia, y al Parlamento Europeo y al Consejo a efectos informativos. El Comité de Vigilancia emitirá su dictamen sin demora.

2.   La Oficina dispondrá de acceso indirecto a la información del sistema de gestión de casos de la Fiscalía Europea mediante un sistema de respuesta positiva o negativa.

Cuando se encuentre una coincidencia entre los datos introducidos en el sistema de gestión de casos por la Oficina y los datos de que disponga la Fiscalía Europea, se comunicará el hecho de que existe tal coincidencia tanto a la Oficina como a la Fiscalía Europea. La Oficina adoptará las medidas adecuadas para que la Fiscalía Europea pueda acceder a la información recogida en su sistema de gestión de casos mediante un sistema de respuesta positiva o negativa.

En los acuerdos de colaboración se establecerán los aspectos técnicos y de seguridad del acceso recíproco a los sistemas de gestión de casos, incluidos los procedimientos internos para garantizar que todo acceso esté debidamente justificado para el desempeño de sus funciones y esté documentado.

3.   El Director General y el fiscal general europeo se reunirán al menos una vez al año para debatir asuntos de interés común.».

14)

En el artículo 13, apartado 1, el párrafo primero se sustituye por el texto siguiente:

«1.   En el ámbito de su mandato de proteger los intereses financieros de la Unión, la Oficina cooperará, según proceda, con la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Judicial Penal (Eurojust) y con la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol). Si fuera necesario para facilitar esa cooperación, la Oficina celebrará acuerdos administrativos con Eurojust y Europol. Estos acuerdos de colaboración podrán consistir en el intercambio de información operativa, estratégica o técnica, incluidos datos de carácter personal e información clasificada y, previa petición, informes de actividad.».

15)

El artículo 15 se modifica como sigue:

a) el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente:

«1.   El Comité de Vigilancia realizará un seguimiento periódico del ejercicio por la Oficina de la función de investigación, a fin de fortalecer la independencia de la Oficina en el ejercicio adecuado de las competencias que le confiere el presente Reglamento.

El Comité de Vigilancia realizará, en particular, un seguimiento de la evolución de la aplicación de las garantías procedimentales y la duración de las investigaciones.

El Comité de Vigilancia remitirá al Director General dictámenes, y también si procede recomendaciones, sobre, entre otras cosas, los recursos necesarios para llevar a cabo la función de investigación de la Oficina, sus prioridades de investigación y la duración de las investigaciones. Dichos dictámenes podrán ser emitidos por iniciativa propia, a instancias del Director General o a petición de una institución, órgano u organismo, sin que, no obstante, ello perjudique el desarrollo de las investigaciones en curso.

La Oficina publicará en su sitio web sus respuestas a los dictámenes emitidos por el Comité de Vigilancia.

Se entregará una copia de los dictámenes emitidos en virtud del párrafo tercero a las instituciones, órganos u organismos.

El Comité de Vigilancia tendrá acceso a toda la información y a todos los documentos que considere necesarios para llevar a cabo sus tareas, incluidos informes y recomendaciones sobre investigaciones concluidas y asuntos archivados, sin que, no obstante, ello perjudique el desarrollo de las investigaciones en curso, y teniendo debidamente en cuenta los requisitos de confidencialidad y protección de datos.»;

b) en el apartado 8, el párrafo primero se sustituye por el texto siguiente:

«8.   El Comité de Vigilancia designará a su presidente. Adoptará su reglamento interno, que se remitirá, antes de su adopción, al Parlamento Europeo, al Consejo, a la Comisión y al Supervisor Europeo de Protección de Datos, a efectos informativos. Las reuniones del Comité de Vigilancia se convocarán a iniciativa de su presidente o del Director General. Celebrará, como mínimo, diez reuniones al año. El Comité de Vigilancia adoptará sus decisiones por mayoría de los miembros que lo componen. Su secretaría correrá a cargo de la Comisión y en cooperación estrecha con el Comité de Vigilancia. Se consultará al Comité de Vigilancia antes del nombramiento del personal de la secretaría y se tendrá en cuenta su opinión. La secretaría actuará siguiendo las instrucciones del Comité de Vigilancia y con independencia de la Comisión. Sin perjuicio de su control sobre el presupuesto del Comité de Vigilancia y su secretaría, la Comisión no interferirá en las funciones de seguimiento del Comité de Vigilancia.».

16)

En el artículo 16, los apartados 1 y 2 se sustituyen por el texto siguiente:

«1.   El Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión se reunirán una vez al año con el Director General para proceder a un intercambio de opiniones a nivel político y tratar la política de la Oficina relativa a los métodos para prevenir y combatir el fraude, la corrupción y cualquier otra actividad ilegal que vaya en detrimento de los intereses financieros de la Unión. El Comité de Vigilancia participará en este intercambio de opiniones. Se invitará al fiscal general europeo a estar presente en el intercambio de opiniones. Podrá invitarse a participar a representantes del Tribunal de Cuentas, la Fiscalía Europea, Eurojust y Europol, sobre una base ad hoc, a petición del Parlamento Europeo, del Consejo, de la Comisión, del Director General o del Comité de Vigilancia.

2.   Dentro del marco del objetivo del apartado 1, el intercambio de opiniones podrá referirse a cualquier asunto acordado por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión. En particular, el intercambio de opiniones podrá versar sobre:

a) las prioridades estratégicas de las políticas de la Oficina en materia de investigación;

b) los dictámenes e informes de actividades del Comité de Vigilancia mencionados en el artículo 15;

c) los informes del Director General, de conformidad con el artículo 17, apartado 4, y, según proceda, cualquier otro informe de las instituciones relacionado con el mandato de la Oficina;

d) el marco de las relaciones entre la Oficina y las instituciones, órganos y organismos, en particular la Fiscalía Europea, incluidas todas las cuestiones horizontales y sistémicas encontradas en el seguimiento de los informes finales de investigación de la Oficina;

e) el marco de las relaciones entre la Oficina y las autoridades competentes de los Estados miembros, incluidas todas las cuestiones horizontales y sistémicas encontradas en el seguimiento de los informes finales de investigación de la Oficina;

f) las relaciones entre la Oficina y las autoridades competentes de terceros países, así como con las organizaciones internacionales, en el marco de los acuerdos a que se refiere el presente Reglamento;

g) la eficacia del trabajo de la Oficina en lo que respecta al ejercicio de su mandato.».

17)

El artículo 17 se modifica como sigue:

a) los apartados 2 a 5 se sustituyen por el texto siguiente:

«2.   Con el fin de designar a un nuevo Director General, la Comisión publicará una convocatoria de candidaturas en el Diario Oficial de la Unión Europea. Esta publicación se realizará a más tardar seis meses antes de que finalice el mandato del Director General en activo. La Comisión elaborará una lista de candidatos debidamente cualificados. Previo dictamen favorable del Comité de Vigilancia sobre el procedimiento de selección aplicado por la Comisión, el Parlamento Europeo y el Consejo consensuarán a su debido tiempo una lista restringida con tres candidatos preseleccionados de la lista de aptitud elaborada por la Comisión. A partir de dicha lista restringida, la Comisión nombrará al Director General.

3.   El Director General no solicitará ni aceptará instrucciones de ningún Gobierno ni de ninguna institución, órgano u organismo en el cumplimiento de sus deberes relativos al inicio y a la realización de investigaciones externas e internas o actividades de coordinación, y a la elaboración de los informes correspondientes a dichas investigaciones o actividades de coordinación. Si el Director General considera que una medida adoptada por la Comisión cuestiona su independencia, informará inmediatamente al respecto al Comité de Vigilancia y decidirá si ejercita una acción contra la Comisión ante el TJUE.

4.   El Director General informará periódicamente, y como mínimo una vez al año, al Parlamento Europeo, al Consejo, a la Comisión y al Tribunal de Cuentas de los resultados de las investigaciones efectuadas por la Oficina, de las medidas adoptadas y de los problemas encontrados, respetando la confidencialidad de las investigaciones, los derechos legítimos de las personas implicadas y de los informadores y, en su caso, la legislación nacional aplicable a los procedimientos judiciales. Dichos informes incluirán asimismo una evaluación de las medidas adoptadas por las autoridades competentes de los Estados miembros y las instituciones, órganos y organismos, a raíz de los informes y las recomendaciones elaborados por la Oficina.

4 bis.   A petición del Parlamento Europeo o del Consejo en el contexto de sus derechos de control presupuestario, el Director General podrá facilitar información sobre las actividades de la Oficina respetando la confidencialidad de las investigaciones y los procedimientos de seguimiento. El Parlamento Europeo y el Consejo garantizarán la confidencialidad de la información facilitada de conformidad con el presente apartado.

5.   El Director General mantendrá informado periódicamente al Comité de Vigilancia de las actividades de la Oficina, la ejecución de su función de investigación y las actuaciones ulteriores a que hayan dado lugar las investigaciones.

El Director General informará periódicamente al Comité de Vigilancia:

 a) de los asuntos en los que no se hayan seguido las recomendaciones formuladas por el Director General;

 b) de los asuntos en los que la información se haya transmitido a las autoridades judiciales de los Estados miembros o a la Fiscalía Europea;

 c) de los asuntos en que no se haya iniciado una investigación y de los asuntos archivados;

 d) de la duración de las investigaciones de conformidad con el artículo 7, apartado 8.»;

b) el apartado 7 se sustituye por el texto siguiente:

«7.   El Director General establecerá un procedimiento interno de asesoramiento y control, que incluirá un control de legalidad, relacionado, entre otras cosas, con el respeto de las garantías procedimentales y los derechos fundamentales de las personas implicadas y del Derecho nacional de los Estados miembros de que se trate, con referencia particular al artículo 11, apartado 2. El control de legalidad será efectuado por miembros del personal de la Oficina que sean expertos en Derecho y en procedimientos de investigación. Su dictamen se adjuntará al informe final de la investigación.»;

c) en el apartado 8, el párrafo primero se sustituye por el texto siguiente:

 «8.   El Director General adoptará directrices sobre los procedimientos de investigación destinadas al personal de la Oficina. Dichas directrices se ajustarán al presente Reglamento y se referirán entre otras cosas a:

  a) las prácticas que deben respetarse en la ejecución del mandato de la Oficina;

  b) las normas detalladas aplicables a los procedimientos de investigación;

  c) las garantías procedimentales;

  d) los detalles sobre los procedimientos internos de asesoramiento y control, incluido el control de legalidad;

  e) la protección de datos y las políticas de comunicación y acceso a los documentos, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 10, apartado 3 ter;

  f) las relaciones con la Fiscalía Europea.»;

d) en el apartado 9, el párrafo primero se sustituye por el texto siguiente:

«9.   Antes de imponer una sanción disciplinaria al Director General o de suspender su inmunidad, la Comisión consultará al Comité de Vigilancia.».

18)

El artículo 19 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 19

Informe de evaluación y posibilidad de revisión

1.   A más tardar cinco años después de la fecha que se determine de conformidad con el artículo 120, apartado 2, párrafo segundo, del Reglamento (UE) 2017/1939, la Comisión presentará al Parlamento Europeo y al Consejo un informe de evaluación sobre la aplicación y el impacto del presente Reglamento, en particular por lo que respecta a la eficacia y la eficiencia de la cooperación entre la Oficina y la Fiscalía Europea. Este informe irá acompañado de un dictamen del Comité de Vigilancia.

2.   A más tardar dos años tras la presentación del informe de evaluación con arreglo al párrafo primero, la Comisión presentará, en su caso, una propuesta legislativa al Parlamento Europeo y al Consejo a fin de modernizar el marco de la Oficina, incluidas normas adicionales o más detalladas sobre la creación de la Oficina, sus funciones o los procedimientos aplicables a sus actividades, con especial atención a su cooperación con la Fiscalía Europea, las investigaciones transfronterizas y las investigaciones en los Estados miembros sin participación en la Fiscalía Europea.».