Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

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El 17 de noviembre de 2017, el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión proclamaron conjuntamente el pilar europeo de derechos sociales (en lo sucesivo, «pilar») en respuesta a los retos sociales planteados en Europa. Los veinte principios clave del pilar se estructuran en tres categorías: igualdad de oportunidades y de acceso al mercado de trabajo; condiciones de trabajo justas; y protección e inclusión social. Los veinte principios del pilar deben guiar las acciones enmarcadas en el Fondo Social Europeo Plus (FSE+). A fin de contribuir a la aplicación del pilar, el FSE+ debe apoyar las inversiones en las personas y en los sistemas en el marco de las políticas sectoriales de empleo, educación e inclusión social, apoyando de ese modo la cohesión económica, social y territorial con arreglo al artículo 174 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).

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A escala de la Unión, el Semestre Europeo para la coordinación de políticas económicas (en lo sucesivo, «Semestre Europeo») constituye el marco en el que se determinan las prioridades de las reformas nacionales y se hace el seguimiento de su ejecución. Los Estados miembros formulan sus propias estrategias nacionales de inversión plurianual en apoyo de dichas prioridades. Esas estrategias deben presentarse junto con los programas nacionales anuales de reforma para esbozar y coordinar los proyectos de inversión prioritarios que deben financiarse con fondos de la Unión o nacionales.

También deben ayudar a utilizar coherentemente la financiación de la Unión y a maximizar el valor añadido del apoyo financiero que se vaya a recibir, en particular el procedente de los programas apoyados por la Unión en virtud, en su caso, del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y del Fondo de Cohesión, cuyos objetivos específicos y ámbito de apoyo se establecen en el Reglamento (UE) 2021/1058 del Parlamento Europeo y del Consejo (4), el FSE+, el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (FEMPA) establecido por un Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), establecido por el Reglamento (UE) n.o 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (5) y el Programa InvestEU establecido por el Reglamento (UE) 2021/523 del Parlamento Europeo y del Consejo (6).

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Mediante la Decisión (UE) 2020/1512 del Consejo (7) se adoptaron unas orientaciones revisadas para las políticas de empleo de los Estados miembros. El texto de dichas orientaciones se ha acomodado a los principios del pilar, con miras a mejorar la competitividad de Europa y a hacer de ella un mejor lugar para invertir, crear puestos de trabajo y fomentar la cohesión social. A fin de acomodar plenamente los objetivos del FSE+ a los de dichas orientaciones, especialmente por lo que se refiere al empleo, la educación, la formación y la lucha contra la exclusión social, la pobreza y la discriminación, el FSE+ debe apoyar a los Estados miembros teniendo en cuenta las orientaciones integradas aplicables y las recomendaciones específicas por país pertinentes adoptadas conforme al artículo 121, apartado 2, y al artículo 148, apartados 2 y 4, del TFUE, y, cuando proceda, los programas nacionales de reforma respaldados por las estrategias nacionales. El FSE+ también debe contribuir a los aspectos pertinentes de la aplicación de las iniciativas y actividades clave de la Unión, en particular las Comunicaciones de la Comisión de 10 de junio de 2016 titulada «Una Nueva Agenda de Capacidades para Europa», de 30 de septiembre de 2020 titulada «Espacio Europeo de Educación», y de 7 de octubre de 2020 titulada «Una Unión de la Igualdad: Marco estratégico de la UE para la igualdad, la inclusión y la participación de los gitanos», así como las Recomendaciones del Consejo, de 15 de febrero de 2016 sobre la integración de los desempleados de larga duración en el mercado laboral, de 19 de diciembre de 2016 relativa a itinerarios de mejora de las capacidades, de 30 de octubre de 2020 relativa a «Un puente hacia el empleo: refuerzo de la Garantía Juvenil», y de 12 de marzo de 2021 sobre la igualdad, la inclusión y la participación de la población gitana.

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El 20 de junio de 2017, el Consejo adoptó las Conclusiones tituladas «Un futuro europeo sostenible: la respuesta de la UE a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible». El Consejo destacaba en ellas la importancia de conseguir un desarrollo sostenible en las tres dimensiones (económica, social y ambiental) de una manera equilibrada e integrada. Es imprescindible que el desarrollo sostenible se incorpore a todas las políticas sectoriales internas y externas de la Unión, y que esta sea ambiciosa en sus políticas que afrontan los retos globales. El Consejo acogía con satisfacción la Comunicación de la Comisión de 22 de noviembre de 2016 titulada «Próximas etapas para un futuro europeo sostenible», como un primer paso hacia la incorporación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (en lo sucesivo, «ODS») y la aplicación del desarrollo sostenible como principio fundamental en todas las políticas de la Unión, en particular mediante sus instrumentos financieros. El FSE+ debe contribuir a la realización de los ODS, entre otros, a través de la erradicación de las formas extremas de pobreza (ODS 1), de la garantía de una educación de calidad e inclusiva (ODS 4), de la promoción de la igualdad de género (ODS 5), de la promoción del crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos (ODS 8), y de la reducción de las desigualdades (ODS 10).

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Los acontecimientos recientes y actuales han agravado los desafíos estructurales derivados de la mundialización de la economía, las desigualdades sociales, la gestión de los flujos migratorios y la creciente amenaza para la seguridad, la transición hacia una energía limpia, el cambio tecnológico, el declive demográfico, el desempleo, en particular el desempleo juvenil, y el creciente envejecimiento de la mano de obra, así como los que resultan del creciente desajuste entre la demanda y la oferta de capacidades y mano de obra en algunos sectores y regiones, que experimentan sobre todo las pequeñas y medianas empresas (pymes). Es probable que las transiciones ecológica y digital y la transformación de los ecosistemas industriales europeos conlleven numerosas nuevas oportunidades si van acompañadas del conjunto adecuado de capacidades, y de políticas y acciones en materia social y de empleo. Teniendo en cuenta la evolución del mundo laboral, la Unión debe estar preparada para afrontar los retos actuales y futuros invirtiendo en las capacidades pertinentes, la educación, la formación y el aprendizaje permanente, haciendo que el crecimiento sea más inclusivo y mejorando las políticas de empleo y sociales, sin olvidar la sostenibilidad económica e industrial, la movilidad laboral y con el objetivo de establecer un mercado laboral equilibrado en cuanto a la participación de mujeres y hombres.

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El Reglamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo y del Consejo (8) establece el marco de acción del FEDER, del FSE+, del Fondo de Cohesión, del Fondo de Transición Justa (FTJ) establecido por el Reglamento (UE) 2021/1056 del Parlamento Europeo y del Consejo (9), del FEMPA, del Fondo de Asilo, Migración e Integración (FAMI), del Fondo de Seguridad Interior (FSI) y del Instrumento de Apoyo Financiero a la Gestión de Fronteras y la Política de Visados como parte del Fondo para la Gestión Integrada de las Fronteras y fija, en particular, los objetivos de la política («objetivos políticos») y las normas relativas a la programación, el seguimiento y la evaluación, y la gestión y el control de los fondos de la Unión ejecutados en régimen de gestión compartida. Es preciso, por lo tanto, especificar los objetivos generales del FSE+ y establecer las disposiciones específicas relativas al tipo de actividades que pueden optar a financiación del FSE+.

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El Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo (10) (en lo sucesivo, «Reglamento Financiero») establece normas sobre la ejecución del presupuesto general de la Unión (en lo sucesivo, «presupuesto de la Unión»), incluidas las relativas a subvenciones, premios, contratos públicos, gestión indirecta, instrumentos financieros, garantías presupuestarias, ayuda financiera y reembolso a los expertos externos. La cofinanciación de las subvenciones podrá proceder de los recursos propios de los beneficiarios, de los ingresos generados por el proyecto o de contribuciones financieras o en especie de terceros. A fin de garantizar la coherencia en la ejecución de los programas de la Unión, el Reglamento Financiero es de aplicación a las acciones que se vayan a ejecutar en régimen de gestión directa o indirecta en el marco del FSE+.

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Las formas de financiación y los métodos de ejecución previstos en el presente Reglamento deben elegirse en función de su capacidad para alcanzar los objetivos específicos de las acciones y para obtener resultados, teniendo en cuenta, en particular, los costes de los controles, la carga administrativa y el riesgo esperado de incumplimiento. En el caso de las subvenciones, también debe tomarse en consideración la utilización de sumas a tanto alzado, costes unitarios y financiación a tipo fijo, así como de financiación no vinculada a los costes, tal como se recoge en el artículo 125, apartado 1, letra a), del Reglamento Financiero. Para aplicar medidas vinculadas a la integración socioeconómica de nacionales de terceros países, y de conformidad con el artículo 94 del Reglamento (UE) 2021/1060, la Comisión puede reembolsar a los Estados miembros utilizando opciones de costes simplificados, incluidas las sumas a tanto alzado.

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A fin de racionalizar y simplificar el panorama de financiación y de crear más posibilidades de sinergias mediante enfoques de financiación integrados, deben integrarse en el FSE+ las acciones que recibían apoyo del Fondo de Ayuda Europea para las Personas Más Desfavorecidas, establecido por el Reglamento (UE) n.o 223/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo (11), y del Programa de la Unión Europea para el Empleo y la Innovación Social, establecido por el Reglamento (UE) n.o 1296/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (12). El FSE+ debe constar de dos capítulos: el capítulo en régimen de gestión compartida (en lo sucesivo, «capítulo del FSE+ en régimen de gestión compartida»), que se debe ejecutar en régimen de gestión compartida, y el capítulo de Empleo e Innovación Social (en lo sucesivo, «capítulo del EaSI»), que se debe ejecutar en régimen de gestión directa e indirecta. Tal enfoque debe contribuir a que se reduzca la carga administrativa vinculada a la gestión de diferentes fondos, en particular para los Estados miembros y los beneficiarios, al mismo tiempo que se mantienen unas normas más sencillas para las operaciones más sencillas, como la distribución de alimentos o la asistencia material básica.

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Habida cuenta de que el ámbito de aplicación del FSE+ es más amplio, es preciso que los objetivos de mejorar la eficacia de los mercados de trabajo, de promover un acceso igualitario a un empleo de calidad, de mejorar el acceso igualitario a la educación y la formación, y la calidad de estas, para apoyar la reintegración en los sistemas educativos, promover la inclusión social y facilitar el acceso a la asistencia sanitaria de las personas vulnerables y contribuir a la erradicación de la pobreza, se ejecuten no solo en régimen de gestión compartida en el marco del capítulo del FSE+ en régimen de gestión compartida, sino también, para las acciones necesarias a escala de la Unión, en régimen de gestión directa e indirecta en el marco del capítulo del EaSI.

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El presente Reglamento establece una dotación financiera para toda la duración del FSE+ que debe constituir el importe de referencia privilegiado para el Parlamento Europeo y el Consejo durante el procedimiento presupuestario anual con arreglo al apartado 18 del Acuerdo interinstitucional de 16 de diciembre de 2020 entre el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión Europea sobre disciplina presupuestaria, cooperación en materia presupuestaria y buena gestión financiera, así como sobre nuevos recursos propios, en particular una hoja de ruta para la introducción de nuevos recursos propios (13). En él debe especificarse la asignación que corresponde al capítulo del FSE+ en régimen de gestión compartida y la asignación que corresponde a las acciones que se ejecuten en el marco del capítulo del EaSI.

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A fin de facilitar la ejecución de los objetivos específicos y operativos del capítulo del EaSI, el FSE+ debe apoyar las actividades relacionadas con la asistencia técnica y administrativa, como las actividades de preparación, seguimiento, control, auditoría y evaluación, mientras que las actividades de comunicación y difusión deben incluirse entre las acciones subvencionables en el marco del capítulo del EaSI.

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El FSE+ debe tener como objetivo promover el empleo mediante intervenciones activas que permitan la integración y reintegración en el mercado de trabajo, en particular de las personas jóvenes, especialmente a través de la aplicación de la Garantía Juvenil reforzada, de las personas desempleadas de larga duración, de los grupos desfavorecidos en el mercado laboral y de las personas inactivas, así como mediante la promoción del empleo por cuenta propia y la economía social. El FSE+ debe tener como objetivo mejorar el funcionamiento de los mercados de trabajo, mediante el apoyo a la modernización de las instituciones del mercado de trabajo, como los servicios públicos de empleo, con el fin de aumentar su capacidad de prestar servicios reforzados de asesoramiento y orientación selectivos durante la búsqueda de empleo y la transición al empleo y de potenciar la movilidad de los trabajadores. El FSE+ debe promover una participación equilibrada de género en el mercado de trabajo mediante medidas dirigidas a garantizar, entre otras cosas, unas condiciones de trabajo equitativas, la mejora del equilibrio entre la vida profesional y vida privada y del acceso a la atención a la infancia, incluidos la educación infantil y los cuidados de la primera infancia. El FSE+ debe tener como objetivo asimismo ofrecer un entorno de trabajo saludable y bien adaptado, a fin de responder a los riesgos para la salud relacionados con las formas de trabajo cambiantes y las necesidades planteadas por el envejecimiento de la mano de obra.

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El FSE+ debe prestar apoyo para la mejora de la calidad, la inclusividad, la efectividad y la pertinencia para el mercado de trabajo de los sistemas de educación y de formación, también mediante la promoción del aprendizaje digital, la validación del aprendizaje no formal e informal y el desarrollo profesional del profesorado, a fin de facilitar la adquisición de las competencias clave, en particular en cuanto a las capacidades básicas, incluidas la alfabetización en materia de salud y de medios de comunicación, las capacidades empresariales, lingüísticas y digitales y las competencias para el desarrollo sostenible, que todas las personas precisan para su realización y desarrollo personales, así como de cara al empleo, la inclusión social y la ciudadanía activa. El FSE+ debe ayudar al progreso en la educación y la formación y la transición al empleo, debe apoyar el aprendizaje permanente y la empleabilidad con el fin de facilitar la plena participación en la sociedad de todas las personas, y debe contribuir a la competitividad, también mediante el seguimiento de los graduados, y a la innovación social y económica, mediante el apoyo a iniciativas sostenibles susceptibles de ser ampliadas en dichos ámbitos y adaptadas a los diferentes grupos de destinatarios, como las personas con discapacidad. Tal ayuda, apoyo y contribución pueden conseguirse, por ejemplo, mediante el aprendizaje en línea, la formación en el puesto de trabajo, los períodos de prácticas, los sistemas duales de educación y formación y la formación de aprendices definida en la Recomendación del Consejo, de 15 de marzo de 2018, relativa al Marco Europeo para una formación de Aprendices de Calidad y Eficaz, la orientación permanente, la anticipación de las capacidades en estrecha cooperación con la industria, la utilización de materiales y métodos de formación actualizados, la previsión y el seguimiento de los graduados, la formación de los educadores, la validación de los resultados del aprendizaje y el reconocimiento de las cualificaciones y las certificaciones sectoriales.

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El apoyo proporcionado por el FSE+ debe utilizarse para promover la igualdad de acceso para todos, en particular para los grupos desfavorecidos, a una educación y una formación de calidad, no segregada e inclusiva, desde la educación infantil y cuidados de la primera infancia prestando, al mismo tiempo, especial atención a los niños procedentes de entornos socioeconómicamente desfavorecidos, mediante la educación y formación generales y profesionales, en particular, la formación de aprendices, hasta la educación superior, así como mediante el aprendizaje y la educación de personas adultas, también mediante actividades deportivas y culturales. El FSE+ debe prestar apoyo específico a las personas que aprenden necesitadas y reducir las desigualdades educativas, incluida la brecha digital, prevenir y reducir el abandono escolar prematuro, fomentar la permeabilidad entre los sectores de la educación y la formación, reforzar los vínculos con el aprendizaje no formal e informal y facilitar la movilidad para el aprendizaje para todos y la accesibilidad para las personas con discapacidad. En este contexto, deben apoyarse las sinergias con Erasmus+, establecido por el Reglamento (UE) 2021/817 del Parlamento Europeo y del Consejo (14), en particular para facilitar la participación de las personas que aprenden desfavorecidas en la movilidad para el aprendizaje.

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El FSE+ debe promover oportunidades flexibles para que todos puedan mejorar sus capacidades y adquirir capacidades nuevas y diferentes, en particular capacidades empresariales y digitales, capacidades relacionadas con las tecnologías facilitadoras esenciales y capacidades relacionadas con la economía ecológica y los ecosistemas industriales, en consonancia con la Comunicación de la Comisión de 10 de marzo de 2020, titulada «Un nuevo modelo de industria para Europa». En consonancia con la Agenda de Capacidades para Europa y la Recomendación del Consejo relativa a los itinerarios de mejora de las capacidades (15), el FSE+ debe apoyar itinerarios flexibles, entre ellos, la formación modular, específica, de corta duración y accesible que dé lugar a certificados, con el fin de proporcionar a las personas las capacidades que se ajustan a las necesidades del mercado de trabajo y de los ecosistemas industriales, las transiciones ecológica y digital, la innovación y el cambio social y económico, la facilitación del reciclaje, la mejora de las capacidades y la empleabilidad, las transiciones profesionales y la movilidad geográfica y sectorial, y apoyar, en particular, a las personas poco capacitadas, las personas con discapacidad o los adultos poco cualificados. El FSE+ también debe facilitar la prestación de ayuda a las personas en materia de capacidades integradas, incluidos los trabajadores por cuenta ajena, los trabajadores por cuenta propia y los desempleados, a través de instrumentos como las cuentas de aprendizaje individuales.

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Las sinergias con Horizonte Europa, el Programa Marco de Investigación e Innovación establecido por el Reglamento (UE) 20201/695 del Parlamento Europeo y del Consejo (16), deben garantizar que el FSE+ pueda integrar y ampliar los programas educativos innovadores apoyados por Horizonte Europa con el fin de dotar a las personas de las capacidades y las competencias necesarias para los puestos de trabajo del futuro.

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El FSE+ debe apoyar los esfuerzos de los Estados miembros que contribuyen a erradicar la pobreza, con miras a romper el ciclo de las situaciones de desventaja perpetuadas a lo largo de generaciones y promover la inclusión social garantizando la igualdad de oportunidades para todos, reduciendo los obstáculos, luchando contra la discriminación y corrigiendo las desigualdades sanitarias. Dicho apoyo supone poner en práctica una serie de políticas dirigidas a las personas más desfavorecidas, con independencia de su sexo, orientación sexual, edad, religión o creencias, origen racial o étnico, en particular las comunidades marginadas, como la población romaní, las personas con discapacidad o enfermedades crónicas, las personas sin hogar, los niños y las personas mayores. El FSE+ debe promover la inclusión activa de las personas que se encuentran lejos del mercado de trabajo, con el fin de garantizar su integración socioeconómica. El FSE+ también se debe utilizar para promover un acceso oportuno e igualitario a servicios asequibles, sostenibles y de alta calidad que promuevan el acceso a la vivienda y a una atención centrada en las personas, como la asistencia sanitaria y los cuidados de larga duración, en particular los servicios de asistencia familiar y local. El FSE+ debe contribuir a la modernización de los sistemas de protección social, prestando especial atención a la infancia y a los grupos desfavorecidos y con miras, en particular, a promover la accesibilidad de dichos sistemas, también para las personas con discapacidad.

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El FSE+ debe contribuir a la erradicación de la pobreza, mediante el apoyo a los sistemas nacionales dirigidos a mitigar la privación material y de alimentos y a promover la integración social de las personas en situación de riesgo de pobreza o de exclusión social y de las personas más desfavorecidas. Con el objetivo general de que, a escala de la Unión, al menos el 4 % de los recursos del capítulo del FSE+ en régimen de gestión compartida apoye a las personas más desfavorecidas, los Estados miembros deben asignar como mínimo el 3 % de sus recursos nacionales del capítulo del FSE+ en régimen de gestión compartida a afrontar las formas de pobreza extrema con un mayor impacto de exclusión social, como la falta de hogar, la pobreza infantil y la privación de alimentos. El suministro de alimentos o la asistencia material básica a las personas más desfavorecidas no debe sustituir a las prestaciones sociales existentes que estas reciban con arreglo a los sistemas sociales nacionales o al Derecho nacional. Dada la naturaleza de las operaciones y el tipo de destinatarios finales, es necesario que el apoyo para resolver las privaciones materiales de las personas más desfavorecidas se rija por normas más sencillas.

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Ante la necesidad persistente de intensificar los esfuerzos para abordar la gestión de los flujos migratorios en la Unión en su conjunto, y con el fin de garantizar un enfoque coherente, sólido y sistemático de apoyo a los esfuerzos de solidaridad y reparto de responsabilidades, el FSE+ debe prestar apoyo para promover la integración socioeconómica de los nacionales de terceros países, incluidos los migrantes, lo que puede incluir iniciativas a nivel local, de manera complementaria a las acciones financiadas al amparo del FAMI, del FEDER y de otros fondos de la Unión que puedan tener un efecto positivo en la inclusión de nacionales de terceros países.

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Debido a la importancia del acceso a la asistencia sanitaria, el FSE+ debe garantizar las sinergias y la complementariedad con el programa UEproSalud, establecido por el Reglamento (UE) 2021/522 del Parlamento Europeo y del Consejo (17), y el ámbito de aplicación del FSE+ debe incluir el acceso a la asistencia sanitaria para las personas en situación de vulnerabilidad.

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El FSE+ debe apoyar las reformas de las políticas y del sistema en los ámbitos del empleo, la inclusión social, el acceso a la asistencia sanitaria para las personas en situación de vulnerabilidad, los cuidados de larga duración, la educación y la formación, contribuyendo así a la erradicación de la pobreza. A fin de reforzar el ajuste con el Semestre Europeo, los Estados miembros deben asignar un importe adecuado de sus recursos del capítulo del FSE+ en régimen de gestión compartida a la aplicación de las recomendaciones específicas por país pertinentes a los retos estructurales que es apropiado afrontar mediante inversiones plurianuales comprendidas en el ámbito del FSE+, teniendo en cuenta el pilar, el cuadro de indicadores sociales, en su versión revisada tras la adopción de los nuevos objetivos fijados en el plan de acción del pilar social, y las especificidades regionales.

La Comisión y los Estados miembros deben garantizar la coherencia, la coordinación y la complementariedad entre el capítulo del FSE+ en régimen de gestión compartida y otros fondos, programas e instrumentos de la Unión, como el FTJ, el FEDER, el programa UEproSalud, el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, establecido por el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo (18), el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización para Trabajadores Despedidos, establecido por el Reglamento (UE) 2021/691 del Parlamento Europeo y del Consejo (19), el FEMPA, Erasmus+, el FAMI, Horizonte Europa, el Feader, el programa Europa Digital, establecido por el Reglamento (UE) 2021/694 del Parlamento Europeo y del Consejo (20), el programa InvestEU, el programa Europa Creativa, establecido por el Reglamento (UE) 2021/818 del Parlamento Europeo y del Consejo (21), el Cuerpo Europeo de Solidaridad, establecido por el Reglamento (UE) 2021/888 del Parlamento Europeo y del Consejo (22), y el instrumento de apoyo técnico, establecido por el Reglamento (UE) 2021/240 del Parlamento Europeo y del Consejo (23).

En particular, la Comisión y los Estados miembros deben garantizar, en todas las fases del proceso, una coordinación eficaz para salvaguardar la congruencia, la coherencia, la complementariedad y la sinergia entre las fuentes de financiación, incluida su asistencia técnica.

(23)

Mediante el apoyo a los objetivos específicos establecidos en el presente Reglamento, entre otros, a través de la contribución al objetivo político de «una Europa más social e integradora mediante la aplicación del pilar europeo de derechos sociales» tal como se recoge en el Reglamento (UE) 2021/1060, el FSE+ seguirá contribuyendo a las estrategias de desarrollo territorial y local para aplicar el pilar. Apoyará las herramientas establecidas en el artículo 28 de dicho Reglamento y contribuirá así también a la consecución del objetivo político de «una Europa más próxima a sus ciudadanos, mediante el fomento del desarrollo integrado y sostenible de todo tipo de territorios y de iniciativas locales» tal como se recoge en el Reglamento (UE) 2021/1060, también mediante medidas de reducción de la pobreza y de inclusión social, teniendo en cuenta las especificidades de las regiones urbanas, rurales y costeras con vistas a abordar las desigualdades socioeconómicas en las ciudades y regiones.

(24)

Para garantizar que la dimensión social de Europa recogida en el pilar, se tenga debidamente en cuenta y que un mínimo de recursos vayan dirigidos a los más necesitados, los Estados miembros deben destinar al menos el 25 % de sus recursos nacionales del capítulo del FSE+ en régimen de gestión compartida a impulsar la inclusión social.

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Para abordar el nivel persistentemente elevado de pobreza infantil en la Unión, y en consonancia con el principio 11 del pilar, que indica que los niños tienen derecho a la protección contra la pobreza y que los niños procedentes de entornos desfavorecidos tienen derecho a medidas específicas destinadas a promover la igualdad de oportunidades, los Estados miembros deben programar un importe adecuado de sus recursos del capítulo del FSE+ en régimen de gestión compartida para la ejecución de la Garantía Infantil para actividades destinadas a combatir la pobreza infantil, en consonancia con los objetivos específicos del FSE+ que permiten la asignación de recursos a acciones que apoyen directamente la igualdad de acceso de los menores a la atención a la infancia, la educación, la asistencia sanitaria, una vivienda digna y una nutrición adecuada. Los Estados miembros que tuvieron una tasa media superior a la media de la Unión de niños menores de 18 años en riesgo de pobreza o de exclusión social en el período comprendido entre 2017 y 2019, según los datos de Eurostat, deben asignar al menos el 5 % de sus recursos del capítulo del FSE+ en régimen de gestión compartida a dichas actividades. Las operaciones que contribuyan a este requisito de concentración temática deben contabilizarse a efectos del requisito de concentración temática del 25 % para la inclusión social cuando se programen con arreglo a los objetivos específicos pertinentes.

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A fin de facilitar una recuperación económica inclusiva tras una crisis grave y apoyar el empleo juvenil en un mundo laboral en constante transformación, y a la luz de los niveles persistentemente elevados de desempleo e inactividad juvenil en una serie de Estados miembros y regiones, es necesario que los Estados miembros inviertan un importe adecuado de sus recursos del FSE+ en medidas de apoyo al empleo y las capacidades juveniles, también mediante la aplicación de iniciativas en el marco de la Garantía Juvenil. Basándose en las actuaciones apoyadas por la Iniciativa de Empleo Juvenil en el período de programación de 2014 a 2020 en virtud del Reglamento (UE) n.o 1304/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (24), que se dirigen a personas físicas, y también basándose en las lecciones extraídas, los Estados miembros deben seguir promoviendo los itinerarios para la reintegración basados en la educación y el empleo de calidad e invertir en la prevención temprana y la comunicación eficaz, priorizando, cuando proceda, a las personas jóvenes desempleadas de larga duración, inactivas y desfavorecidas, también a través del trabajo juvenil. Los Estados miembros también deben invertir en medidas destinadas a facilitar la transición de la escuela al trabajo y deben adecuar las capacidades de los servicios de empleo para prestar a las personas jóvenes una ayuda personalizada e integral y presentarles unas ofertas mejor determinadas para ellos. Al integrar plenamente la Iniciativa de Empleo Juvenil en el FSE+, la oferta de acciones específicas para el empleo juvenil será más eficaz y eficiente y el ámbito de aplicación se ampliará a las medidas y reformas estructurales, garantizando así una mayor adecuación entre el apoyo financiero de la Unión y la ejecución de la Garantía Juvenil reforzada.

La mejora de las capacidades y la adquisición de capacidades nuevas y diferentes debe ayudar a las personas jóvenes a aprovechar las oportunidades de los sectores en crecimiento y prepararlas para la naturaleza cambiante del trabajo, aprovechando al mismo tiempo las oportunidades que vayan surgiendo de las transiciones digital y ecológica y la transformación de los ecosistemas industriales de la Unión. Por tanto, los Estados miembros que tuvieron una tasa media que sea superior a la media de la Unión de jóvenes de entre 15 y 29 años que no hayan trabajado, ni estudiado, ni recibido formación entre 2017 y 2019, según los datos de Eurostat, deben asignar a estas acciones al menos el 12,5 % de sus recursos del capítulo del FSE+ en régimen de gestión compartida.

(27)

De conformidad con el artículo 349 del TFUE y con el artículo 2 del Protocolo n.o 6 sobre las disposiciones especiales relativas al objetivo n.o 6 en el marco de los Fondos estructurales en Finlandia, Noruega y Suecia del Acta de Adhesión de 1994 (25), las regiones ultraperiféricas y las regiones septentrionales escasamente pobladas tienen derecho a medidas específicas en el marco de las políticas comunes y los programas de la Unión. Debido a las limitaciones permanentes, como la despoblación, dichas regiones requieren un apoyo específico.

(28)

La eficaz y eficiente ejecución de las medidas financiadas por el FSE+ depende de la buena gobernanza y de la colaboración de todos los agentes de los niveles territoriales pertinentes y los agentes socioeconómicos pertinentes, especialmente de los interlocutores sociales y de las organizaciones de la sociedad civil. Por tanto, resulta esencial que los Estados miembros destinen un importe adecuado de sus recursos del capítulo del FSE+ en régimen de gestión compartida a garantizar la participación significativa de los interlocutores sociales y de las organizaciones de la sociedad civil en la ejecución del capítulo del FSE+ en régimen de gestión compartida. Dicha participación debe incluir los organismos pertinentes que representen a la sociedad civil, como los interlocutores medioambientales, las organizaciones no gubernamentales y los organismos responsables de fomentar la inclusión social, los derechos fundamentales, los derechos de las personas con discapacidad, la igualdad de género y la no discriminación. Los Estados miembros que hayan recibido una recomendación específica por país sobre el desarrollo de capacidades de los interlocutores sociales o de las organizaciones de la sociedad civil deben asignar a tal fin al menos el 0,25 % de sus recursos del capítulo del FSE+ en régimen de gestión compartida, debido a las necesidades específicas que tienen en ese ámbito.

(29)

El apoyo a la innovación social es esencial para mejorar la capacidad de respuesta de las políticas al cambio social y para alentar y apoyar las soluciones innovadoras. Concretamente, para mejorar la eficacia de las políticas, es importante ensayar y evaluar las soluciones innovadoras antes de generalizarlas, lo que justifica el apoyo del FSE+. Las empresas de economía social podrían desempeñar una función clave a la hora de avanzar en la innovación social y contribuir a la resiliencia social y económica. La definición de «empresa de economía social» debe ajustarse a las definiciones establecidas en el Derecho nacional y en las Conclusiones del Consejo de 7 de diciembre de 2015 sobre la promoción de la economía social como motor clave del desarrollo económico y social en Europa. Además, con el fin de mejorar el aprendizaje mutuo y el intercambio de conocimientos y prácticas, debe alentarse a los Estados miembros a que prosigan sus acciones de cooperación transnacional en régimen de gestión compartida en los ámbitos del empleo, la educación y la formación, y la inclusión social, en consonancia con los objetivos específicos del FSE+.

(30)

Los Estados miembros y la Comisión deben asegurarse de que el FSE+ contribuya a promover la igualdad entre mujeres y hombres de conformidad con el artículo 8 del TFUE, con el fin de fomentar la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en todos los ámbitos, también la participación en el mercado de trabajo, las condiciones de empleo y la progresión de la carrera. Asimismo, deben asegurarse de que el FSE+ promueva la igualdad de oportunidades para todos sin discriminación, de conformidad con el artículo 10 del TFUE, y la integración en la sociedad de las personas con discapacidad en pie de igualdad con los demás, y contribuya a la aplicación de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad de las Naciones Unidas, aprobada en Nueva York el 13 de diciembre de 2006. El FSE+ debe contribuir a la promoción de la accesibilidad de las personas con discapacidad con miras a mejorar su integración en el empleo, la educación y la formación mejorando así su inclusión en todos los ámbitos de la vida. La promoción de dicha accesibilidad se debe tener en cuenta en todas las dimensiones y en todas las fases de la preparación, el seguimiento, la ejecución y la evaluación de los programas, de manera oportuna y coherente, al tiempo que se adoptan medidas específicas para promover la igualdad de género y de oportunidades. El FSE+ también debe promover la transición de la asistencia residencial o institucional a la asistencia familiar y local, en particular para aquellos que se enfrentan a discriminaciones múltiples. El FSE+ no debe apoyar ninguna acción que contribuya a la segregación ni a la exclusión social. El Reglamento (UE) 2021/1060 establece que las normas de subvencionabilidad se determinen a nivel nacional, si bien con algunas excepciones respecto de las cuales han de establecerse disposiciones específicas en relación con el capítulo del FSE+ en régimen de gestión compartida.

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Todas las operaciones deben seleccionarse y ejecutarse respetando la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»). La Comisión debe hacer todo lo posible para garantizar que las denuncias se evalúen a su debido tiempo, incluidas las relacionadas con infracciones de la Carta, e informar al denunciante del resultado de su evaluación en consonancia con la Comunicación de la Comisión de 19 de enero de 2017, titulada «Derecho de la UE: mejores resultados gracias a una mejor aplicación».

(32)

Con el fin de reducir la carga administrativa en la recogida de datos, los requisitos de información deben mantenerse lo más sencillos posible. Cuando se disponga de datos en registros o en fuentes equivalentes, los Estados miembros deben poder permitir a las autoridades de gestión extraerlos de dichos registros.

(33)

En lo que respecta al tratamiento de los datos personales en el marco del presente Reglamento, los responsables nacionales del tratamiento de datos deben realizar sus tareas a efectos del presente Reglamento de conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo (26). Debe garantizarse la dignidad y el respeto de la intimidad de los destinatarios finales de las operaciones que se lleven a cabo en virtud del objetivo específico de «corregir la privación material mediante alimentos y/o la prestación de asistencia material básica a las personas más desfavorecidas, en particular a los menores, y establecer medidas de acompañamiento que apoyen su inclusión social». A fin de evitar la estigmatización, no debe exigirse a las personas que reciban alimentos y/o asistencia material básica que se identifiquen cuando reciban la ayuda ni cuando participen en encuestas sobre las personas más desfavorecidas que se hayan beneficiado del FSE+.

(34)

La experimentación social es un proyecto a pequeña escala que permite recoger elementos fácticos sobre la viabilidad de las innovaciones sociales. Ha de ser posible y fomentarse que las ideas se pongan a prueba a escala local y que las ideas viables se apliquen a mayor escala, si procede, o se transfieran a otros contextos en diferentes regiones o Estados miembros con el apoyo financiero del FSE+ o en combinación con otros recursos.

(35)

El Reglamento del FSE+ establece disposiciones destinadas a lograr la libre circulación de los trabajadores de forma no discriminatoria, garantizando una estrecha cooperación de los servicios públicos de empleo de los Estados miembros, la Comisión y los interlocutores sociales. La red europea de servicios de empleo debe promover un mejor funcionamiento de los mercados de trabajo, facilitando la movilidad transfronteriza de los trabajadores, en particular mediante asociaciones transfronterizas, y una mayor transparencia de la información sobre dichos mercados de trabajo. El ámbito de aplicación del FSE+ debe incluir también la elaboración y el apoyo de los planes de movilidad específicos destinados a cubrir los puestos vacantes en los mercados de trabajo donde se hayan detectado carencias.

(36)

La falta de acceso de las microempresas, de las empresas sociales y de la economía social a la financiación es uno de los principales obstáculos a la creación de empresas, especialmente entre las personas más excluidas del mercado de trabajo. En el marco del capítulo del EaSI, el presente Reglamento debe establecer las disposiciones de creación de un ecosistema de mercado para aumentar la oferta de financiación y mejorar el acceso a esta para las empresas sociales, así como para satisfacer la demanda de quienes más lo necesitan, y, en particular, de los desempleados, las mujeres y las personas vulnerables que desean poner en marcha o desarrollar una microempresa. Dicho objetivo ha de abordarse también a través de instrumentos financieros y garantías presupuestarias en el marco del eje de actuación «inversión social y capacidades» del Fondo InvestEU. Las empresas de economía social, cuando se definan con arreglo al Derecho nacional, deben considerarse empresas sociales en el contexto del capítulo del EaSI, independientemente de su naturaleza jurídica, en la medida en que cumplan con la definición de «empresa social» que establece el presente Reglamento.

(37)

Los operadores del mercado de inversión social, incluidos los agentes filantrópicos, podrían desempeñar un papel clave a la hora de alcanzar varios objetivos del FSE+, pues ofrecen financiación y enfoques innovadores y complementarios para combatir la exclusión social y la pobreza, reducir el desempleo y contribuir a los ODS. Por tanto, según corresponda y siempre que no tengan unos objetivos políticos o sociales contrarios a los ideales de la Unión, se debe implicar en las acciones del FSE+ a los agentes filantrópicos, como las fundaciones y los donantes, en particular en aquellas acciones que están dirigidas al desarrollo del ecosistema del mercado de inversión social.

(38)

Se necesitan orientaciones en el capítulo del EaSI en relación con el desarrollo de infraestructuras sociales y servicios conexos, en particular para la vivienda social, la atención a la infancia y la educación, la asistencia sanitaria y los cuidados de larga duración, incluidas las instalaciones para facilitar la transición de los servicios de asistencia institucional a la familiar y local y teniendo en cuenta los requisitos de accesibilidad para las personas con discapacidad.

(39)

Teniendo en cuenta la importancia de combatir el cambio climático en consonancia con los compromisos de la Unión de aplicar el Acuerdo de París, adoptado con arreglo a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (27), y los ODS, el presente Reglamento contribuirá a integrar las acciones relativas al clima y a que se alcance el objetivo general de destinar el 30 % de los gastos del presupuesto de la Unión a apoyar objetivos climáticos. Las acciones pertinentes se determinarán durante la preparación y la ejecución, y se volverán a evaluarán en el contexto de la evaluación intermedia.

(40)

De conformidad con la Decisión 2013/755/UE del Consejo (28), las personas y entidades establecidas en países y territorios de ultramar pueden optar a la financiación conforme a las normas y los objetivos del capítulo del EaSI y a las medidas que resulten de aplicación al Estado miembro al que está vinculado el país o territorio de ultramar en cuestión.

(41)

Los terceros países miembros del Espacio Económico Europeo pueden participar en programas de la Unión en el marco de la cooperación establecida en virtud del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (29), que prevé la ejecución de los programas sobre la base de una decisión adoptada en virtud de dicho Acuerdo. Los terceros países también pueden participar sobre la base de otros instrumentos jurídicos. Debe introducirse en el presente Reglamento una disposición específica que obligue a los terceros países a conceder los derechos y el acceso necesarios para que el ordenador competente, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y el Tribunal de Cuentas ejerzan plenamente sus competencias respectivas.

(42)

Conviene establecer indicadores a efectos de información en el marco del capítulo del EaSI. Estos indicadores deben basarse en los resultados, ser objetivos, fáciles de recopilar y proporcionales a la parte del capítulo del EaSI dentro de todo el FSE+. Deben cubrir los objetivos operativos y las actividades de financiación que se realicen en el marco del capítulo del EaSI, sin exigir la fijación de metas correspondientes.

(43)

De conformidad con el Reglamento Financiero, el Reglamento (UE, Euratom) n.o 883/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (30) y los Reglamentos (CE, Euratom) n.o 2988/95 (31), (Euratom, CE) n.o 2185/96 (32) y (UE) 2017/1939 (33) del Consejo, los intereses financieros de la Unión deben protegerse con medidas proporcionadas, incluidas medidas para la prevención, detección, corrección e investigación de irregularidades, entre ellas el fraude, para la recuperación de los fondos perdidos, indebidamente pagados o mal utilizados. En particular, de conformidad con los Reglamentos (Euratom, CE) n.o 2185/96 y (UE, Euratom) n.o 883/2013, la OLAF está facultada para llevar a cabo investigaciones administrativas, en particular controles y verificaciones in situ, con el fin de determinar si ha habido fraude, corrupción o cualquier otra actividad ilegal que afecte a los intereses financieros de la Unión.

De conformidad con el Reglamento (UE) 2017/1939, la Fiscalía Europea está facultada para investigar delitos que afecten a los intereses financieros de la Unión y ejercer la acción penal al respecto, según lo establecido en la Directiva (UE) 2017/1371 del Parlamento Europeo y del Consejo (34). De conformidad con el Reglamento Financiero, toda persona o entidad que reciba fondos de la Unión debe cooperar plenamente en la protección de los intereses financieros de esta, conceder los derechos y el acceso necesarios a la Comisión, a la OLAF, al Tribunal de Cuentas y, respecto de los Estados miembros participantes en la cooperación reforzada en virtud del Reglamento (UE) 2017/1939, a la Fiscalía Europea, y garantizar que los terceros implicados en la ejecución de los fondos de la Unión concedan derechos equivalentes.

(44)

Son de aplicación al presente Reglamento las normas financieras horizontales adoptadas por el Parlamento Europeo y el Consejo sobre la base del artículo 322 del TFUE. Dichas normas se establecen en el Reglamento Financiero y determinan, en particular, el procedimiento de elaboración del presupuesto y su ejecución mediante subvenciones, premios, contratos públicos y gestión indirecta, y prevén controles de la responsabilidad de los agentes financieros. Las normas adoptadas sobre la base del artículo 322 del TFUE también incluyen un régimen general de condicionalidad para la protección del presupuesto de la Unión.

(45)

Dado que los objetivos del presente Reglamento, a saber, aumentar la eficacia de los mercados de trabajo, promover la igualdad de acceso a un empleo de calidad, mejorar la igualdad de acceso a la educación y a la formación, y la calidad de estas, promover la inclusión social y contribuir a la erradicación de la pobreza, así como los objetivos perseguidos en el marco del capítulo del EaSI, no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, sino que, debido a las dimensiones o los efectos de la acción, pueden lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar dichos objetivos.

(46)

A fin de modificar determinados elementos no esenciales del presente Reglamento, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar actos con arreglo al artículo 290 del TFUE, por lo que respecta a la modificación y la ampliación de los anexos sobre los indicadores. Reviste especial importancia que la Comisión lleve a cabo las consultas oportunas durante la fase preparatoria, en particular con expertos, y que esas consultas se realicen de conformidad con los principios establecidos en el Acuerdo interinstitucional de 13 de abril de 2016 sobre la mejora de la legislación (35). En particular, a fin de garantizar una participación equitativa en la preparación de los actos delegados, el Parlamento Europeo y el Consejo reciben toda la documentación al mismo tiempo que los expertos de los Estados miembros, y sus expertos tienen acceso sistemáticamente a las reuniones de los grupos de expertos de la Comisión que se ocupen de la preparación de actos delegados.

(47)

A fin de garantizar condiciones uniformes de ejecución del presente Reglamento, deben conferirse a la Comisión competencias de ejecución. Las competencias de ejecución en relación con el modelo de encuesta estructurada de los destinatarios finales deben ejercerse de conformidad con el procedimiento consultivo previsto en el artículo 4 del Reglamento (UE) n.o 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (36), dada la naturaleza de este modelo.

(48)

A fin de posibilitar una respuesta rápida a las circunstancias excepcionales o inusuales contempladas en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento que puedan surgir durante el período de programación, deben conferirse a la Comisión competencias de ejecución para que adopte medidas temporales que faciliten el uso de la ayuda del FSE+ en respuesta a tales circunstancias, con un límite máximo de dieciocho meses. La Comisión debe adoptar las medidas más apropiadas a la luz de las circunstancias excepcionales o inusuales a las que se enfrente un Estado Miembro, preservando los objetivos del FSE+, pero sin incluir modificaciones de los requisitos de concentración temática. Por otro lado, en relación con las medidas temporales de utilización de la ayuda del FSE+ en respuesta a circunstancias excepcionales o inusuales, deben conferirse a la Comisión competencias de ejecución sin procedimientos de comité, dado que el ámbito de aplicación de dichas medidas está determinado por el Pacto de Estabilidad y Crecimiento y se limita a las medidas establecidas en el presente Reglamento. La Comisión también debe supervisar la aplicación y evaluar la idoneidad de las medidas temporales. Cuando la Comisión considere que es necesario modificar el presente Reglamento debido a circunstancias excepcionales o inusuales, el alcance de la modificación no debe incluir los requisitos de concentración temática relacionados con el empleo juvenil ni los relacionados con el apoyo a las personas más desfavorecidas, pues las personas jóvenes y las personas más desfavorecidas suelen verse afectadas de manera más adversa por tales situaciones de crisis. En consecuencia, es necesario garantizar que dichos grupos específicos sigan recibiendo apoyo suficiente.

(49)

Para la administración del FSE+, la Comisión debe estar asistida por un comité previsto en el artículo 163 del TFUE (en lo sucesivo, «Comité del FSE+»). A fin de que el Comité del FSE+ pueda disponer de toda la información necesaria y obtener una amplia gama de opiniones de las partes interesadas pertinentes, el Comité del FSE+ debe poder invitar a representantes sin derecho a voto, siempre que el orden del día de la reunión requiera su participación, incluidos representantes del Banco Europeo de Inversiones y del Fondo Europeo de Inversiones, así como de las organizaciones de la sociedad civil pertinentes.

(50)

Para garantizar que se sigan abordando las especificidades de cada capítulo del FSE+, el Comité del FSE+ debe establecer grupos de trabajo para cada uno de los capítulos del FSE+. La composición y funciones de dichos grupos de trabajo serán establecidas por el Comité del FSE+. Los grupos de trabajo deben tener la posibilidad de invitar a sus reuniones a representantes de la sociedad civil y a otras partes interesadas. Las tareas de los grupos de trabajo pueden incluir garantizar la coordinación y la cooperación entre las autoridades del Estado miembro y la Comisión para la ejecución del FSE+, incluidos la consulta sobre el programa de trabajo del capítulo del EaSI, el seguimiento de la ejecución de cada capítulo del FSE+, el intercambio de experiencias y buenas prácticas dentro de los capítulos del FSE+ y entre ellos y el fomento de posibles sinergias con otros programas de la Unión.

(51)

Con el fin de garantizar una mayor transparencia en la ejecución del presente Reglamento, la Comisión debe establecer los vínculos necesarios con los correspondientes comités activos en el ámbito social y del empleo, como el Comité de Empleo, el Comité de Protección Social o el Comité Consultivo para la Seguridad y la Salud en el Trabajo.

(52)

Con arreglo al artículo 193, apartado 2, del Reglamento Financiero, las acciones ya iniciadas solo pueden ser subvencionadas si el solicitante puede demostrar la necesidad de comenzar la acción antes de la firma del convenio de subvención. No obstante, los gastos en que se haya incurrido antes de la fecha de presentación de la solicitud de subvención no se consideran subvencionables, salvo en casos excepcionales debidamente justificados. A fin de evitar perturbaciones en el apoyo prestado por la Unión que pueda perjudicar a los intereses de la Unión, debe ser posible disponer en la decisión de financiación, por un tiempo limitado al inicio del marco financiero plurianual 2021-2027, y únicamente en casos debidamente justificados, que las actividades y los gastos sean subvencionables desde el comienzo del ejercicio 2021, aun cuando se hubieran ejecutado y causado antes de la presentación de la solicitud de subvención.

(53)

Por consiguiente, procede derogar el Reglamento (UE) n.o 1296/2013.

(54)

A fin de garantizar una continuidad en la prestación de ayuda en el ámbito de actuación pertinente y permitir la ejecución desde el inicio del marco financiero plurianual 2021-2027, el presente Reglamento debe entrar en vigor con carácter de urgencia el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea y debe ser aplicable, con efecto retroactivo en lo que respecta al capítulo del EaSI, desde el 1 de enero de 2021.

Parte I

Artículo 1

Artículo 2

Artículo 3

Artículo 4

Artículo 5

Artículo 6

Parte II

Capítulo I

Artículo 7

Artículo 8

Artículo 9

Artículo 10

Artículo 11

Artículo 12

Capítulo II

Artículo 13

Artículo 14

Artículo 15

Artículo 16

Artículo 17

Capítulo III

Artículo 18

Artículo 19

Artículo 20

Artículo 21

Artículo 22

Artículo 23

Artículo 24

Parte III

Capítulo I

Artículo 25

Capítulo II

Artículo 26

Artículo 27

Artículo 28

Artículo 29

Capítulo III

Artículo 30

Artículo 31

Artículo 32

Artículo 33

Artículo 34

Artículo 35

Artículo 36

Parte IV

Artículo 37

Artículo 38

Artículo 39

Artículo 40

Artículo 41

Artículo 42

ANEXO I

ANEXO II

ANEXO III

ANEXO IV

1)

«aprendizaje permanente»: toda modalidad de aprendizaje, a saber aprendizaje formal, no formal e informal, que tiene lugar en cualquier etapa de la vida y que permite mejorar o actualizar conocimientos, capacidades, competencias y actitudes o la participación en la sociedad con una perspectiva personal, cívica, cultural, social o laboral, incluida la prestación de servicios de asesoramiento y orientación, incluidas la educación infantil y cuidados de la primera infancia, la educación general, la educación y formación profesionales, la educación superior, educación de personas adultas, el trabajo en el ámbito de la juventud y otros contextos de aprendizaje fuera del marco de la educación y la formación formales y, por lo general, promueve la cooperación intersectorial y los itinerarios de aprendizaje flexibles;

2)

«nacional de un tercer país»: persona que no sea ciudadana de la Unión, incluidos los apátridas y las personas con una nacionalidad indeterminada;

3)

«asistencia material básica»: los bienes destinados a satisfacer las necesidades básicas de una persona para que viva con dignidad, como ropa, artículos para la higiene, incluidos los productos de higiene femenina, o material escolar;

4)

«grupo desfavorecido»: grupo de personas en situaciones socioeconómicas de vulnerabilidad, incluidas aquellas que se encuentren en situación o riesgo de pobreza, exclusión social o discriminación en sus múltiples facetas;

5)

«competencias clave»: los conocimientos, las capacidades y las competencias que necesita toda persona, en cualquier etapa de su vida, para su realización y desarrollo personales, el empleo, la inclusión social y la ciudadanía activa, a saber, la alfabetización, el plurilingüismo, las matemáticas, la ciencia, la tecnología, las artes y la ingeniería, las competencias digitales, las competencias mediáticas, las competencias personales y sociales y la capacidad de aprender a aprender, las competencias de ciudadanía activa, el emprendimiento, la conciencia y la expresión interculturales y el pensamiento crítico;

6)

«personas más desfavorecidas»: las personas físicas, ya sean personas, familias, hogares o grupos de personas, incluidos los menores en situaciones de vulnerabilidad y las personas sin hogar, cuya necesidad de asistencia se haya establecido con arreglo a los criterios objetivos que son fijados por las autoridades nacionales competentes en consulta con las partes interesadas pertinentes, evitando los conflictos de intereses, y aprobados por dichas autoridades, y que podrán comprender elementos que permitan dirigirse a las personas más desfavorecidas de determinadas zonas geográficas;

7)

«destinatarios finales»: personas más desfavorecidas que reciban apoyo de conformidad con el artículo 4, apartado 1, letra m);

8)

«innovación social»: la actividad que es social tanto por sus fines como por sus medios, y en particular la actividad que se refiere al desarrollo y la puesta en práctica de nuevas ideas relacionadas con productos, prácticas, servicios y modelos que, simultáneamente, satisface necesidades sociales y genera nuevas colaboraciones o relaciones sociales entre organismos públicos, organizaciones de la sociedad civil o privadas, beneficiando de esta forma a la sociedad y reforzando su capacidad de actuación;

9)

«medida de acompañamiento»: actividad desarrollada con carácter adicional a la distribución de alimentos y/o de asistencia material básica con el objetivo de paliar la exclusión social y contribuir a la erradicación de la pobreza, como, por ejemplo, la derivación a los servicios sociales y sanitarios o la prestación de estos, incluido el apoyo psicológico, o la facilitación de información pertinente sobre servicios públicos o el asesoramiento sobre la gestión de un presupuesto doméstico;

10)

«experimentación social»: la intervención estratégica que busca aportar respuestas innovadoras a las necesidades sociales, aplicadas a pequeña escala y en condiciones que permiten medir su impacto, antes de su aplicación en otros contextos, incluyendo los geográficos o sectoriales, o aplicadas a mayor escala si los resultados resultan positivos;

11)

«asociación transfronteriza»: estructura permanente de cooperación entre los servicios públicos de empleo, los interlocutores sociales o la sociedad civil situados en al menos dos Estados miembros;

12)

«microempresa»: toda empresa con menos de diez empleados y cuyo volumen de negocios anual o balance general anual no supere los 2 000 000 EUR;

13)

«empresa social»: toda empresa, independientemente de su forma jurídica, incluidas las empresas de economía social, o toda persona física que:

14)

«valor de referencia»: el valor usado para establecer objetivos relativos a los indicadores de resultados comunes y específicos del programa y basado en intervenciones similares existentes o previas;

15)

«gasto en compra de alimentos y/o en asistencia material básica»: los gastos reales que están vinculados a la adquisición de alimentos y/o asistencia material básica por el beneficiario y no están limitados al precio de los alimentos y/o la asistencia material básica;

16)

«microfinanciación»: las garantías, los microcréditos, el capital y el cuasicapital, asociados a servicios que acompañen el desarrollo empresarial como los prestados en forma de, asesoramiento, formación y tutorización individuales, ampliados a personas y microempresas que tengan dificultades para acceder a créditos con fines de actividades profesionales y generadoras de ingresos;

17)

«operación de financiación mixta»: acción apoyada por el presupuesto de la Unión, incluidas aquellas en el marco de un mecanismo o plataforma de financiación mixta definido en el artículo 2, punto 6, del Reglamento Financiero, que combinan formas de ayuda no reembolsables o instrumentos financieros con cargo al presupuesto de la Unión con formas de ayuda reembolsables de desarrollo u otras entidades financieras públicas, así como de entidades financieras comerciales e inversores;

18)

«entidad jurídica»: persona física o jurídica constituida y reconocida como tal en virtud del Derecho de la Unión, nacional o internacional, dotada de personalidad jurídica y capacidad de actuar en nombre propio, ejercer derechos y estar sujeta a obligaciones, o toda entidad que carezca de personalidad jurídica conforme a lo dispuesto en el artículo 197, apartado 2, letra c), del Reglamento Financiero;

19)

«indicador común de resultado inmediato»: indicador común de resultado que capta los efectos en el plazo de cuatro semanas a partir del día en el que el participante haya dejado la operación;

20)

«indicador común de resultado a largo plazo»: indicador común de resultado que capta los efectos seis meses después de que el participante haya dejado la operación.

a)

en régimen de gestión compartida, en lo que respecta a la parte de la ayuda que corresponda a los objetivos específicos establecidos en el artículo 4, apartado 1 (el capítulo del FSE+ en régimen de gestión compartida); y

b)

en régimen de gestión directa e indirecta, en lo que respecta a la parte de la ayuda que corresponda a los objetivos indicados en el artículo 4, apartado 1, y el artículo 25 (el capítulo del EaSI).

a)

mejorar el acceso al empleo y a medidas de activación de todos los demandantes de empleo, y en particular de las personas jóvenes, especialmente a través de la aplicación de la Garantía Juvenil, de los desempleados de larga duración y los grupos desfavorecidos en el mercado laboral, y de las personas inactivas, así como mediante la promoción del empleo por cuenta propia y la economía social;

b)

modernizar las instituciones y los servicios del mercado de trabajo para evaluar y prever las necesidades de capacidades y garantizar una asistencia oportuna y personalizada y el apoyo a la adecuación entre la oferta y la demanda en el mercado de trabajo, las transiciones y la movilidad;

c)

promover una participación equilibrada de género en el mercado de trabajo, unas condiciones de trabajo equitativas y una mejora del equilibrio entre la vida laboral y la familiar, en particular mediante el acceso a unos servicios asequibles de atención a la infancia y de atención a personas dependientes;

d)

promover la adaptación de los trabajadores, las empresas y los emprendedores al cambio, el envejecimiento activo y saludable y un entorno de trabajo saludable y bien adaptado que aborde los riesgos para la salud;

e)

mejorar la calidad, inclusividad, eficacia y pertinencia para el mercado laboral de los sistemas de educación y formación, también mediante la validación del aprendizaje no formal e informal, para apoyar la adquisición de competencias clave, incluidas las capacidades empresariales y digitales, y promoviendo la introducción de sistemas de formación dual y de formación de aprendices;

f)

promover la igualdad de acceso a una educación y una formación de calidad e inclusivas y su culminación, en particular para los grupos desfavorecidos, desde la educación infantil y cuidados de la primera infancia, pasando por la educación y la formación generales y profesionales, hasta la educación superior, así como la educación y el aprendizaje de las personas adultas, facilitando también la movilidad para el aprendizaje para todos y la accesibilidad de las personas con discapacidad;

g)

promover el aprendizaje permanente, en particular mediante oportunidades para todos de mejora y reciclaje flexibles de las capacidades teniendo en cuenta las capacidades empresariales y digitales, una mejor previsión de los cambios y nuevos requisitos de capacidades, habida cuenta de las necesidades del mercado de trabajo, facilitando las transiciones profesionales y promoviendo la movilidad profesional;

h)

fomentar la inclusión activa al objeto de promover la igualdad de oportunidades, la no discriminación y la participación activa, y mejorar la empleabilidad, en particular para los grupos desfavorecidos;

i)

promover la integración socioeconómica de los nacionales de terceros países, incluidos los migrantes;

j)

promover la integración socioeconómica de las comunidades marginadas, como la población romaní;

k)

mejorar la igualdad y la oportunidad del acceso a unos servicios de calidad, sostenibles y asequibles, incluidos los servicios que promueven el acceso a la vivienda y a una atención centrada en las personas, incluida la asistencia sanitaria; modernizar los sistemas de protección social, también fomentando el acceso a la protección social, con especial atención a los menores y los grupos desfavorecidos; mejorar la accesibilidad, también para personas con discapacidad, la efectividad y la resiliencia de los sistemas de asistencia sanitaria y de los servicios de cuidados de larga duración;

l)

promover la integración social de las personas en riesgo de pobreza o exclusión social, incluidas las personas más desfavorecidas y la población infantil;

m)

hacer frente a la privación material mediante alimentos y/o prestación de asistencia material básica a las personas más desfavorecidas, en particular a los menores, y establecer medidas de acompañamiento que apoyen su inclusión social.

a)

una Europa más inteligente, mediante el desarrollo de capacidades relativas a la especialización inteligente, capacidades relativas a las tecnologías facilitadoras esenciales, la transición industrial, la cooperación sectorial sobre capacidades y el emprendimiento, la formación de investigadores, las actividades en red y asociaciones entre instituciones de educación superior, los centros de educación y formación profesionales, los centros de investigación y tecnológicos y las empresas y agrupaciones de empresas, y el apoyo a las microempresas y a las pymes y a la economía social;

b)

una Europa más verde e hipocarbónica, mediante la mejora de los sistemas de educación y de formación necesarios para adaptar las capacidades y las cualificaciones, mejorar las capacidades de todos, incluida la población activa, y crear nuevos empleos en sectores relacionados con el medio ambiente, el clima, la energía, la economía circular y la bioeconomía.

a)

la financiación de los regímenes de reducción del tiempo de trabajo sin necesidad de que vayan acompañados de medidas activas;

b)

el acceso a la asistencia sanitaria, incluso para personas que no se encuentran en situación de vulnerabilidad socioeconómica inminente.

a)

la adquisición de terrenos y bienes inmuebles, así como de infraestructura; y

b)

la adquisición de mobiliario, equipos y vehículos, excepto cuando tal adquisición sea necesaria para la consecución del objetivo de la operación o dichos artículos se amorticen completamente durante la operación o su adquisición sea la opción más económica.

a)

el tipo de apoyo;

b)

los principales grupos destinatarios; y

c)

una descripción de los planes nacionales o regionales de apoyo.

a)

el gasto en compra de alimentos y/o en asistencia material básica, incluido el correspondiente al transporte de los alimentos y/o la asistencia material básica hasta los beneficiarios que provean los alimentos y/o la asistencia material báscia a los destinatarios finales;

b)

cuando el transporte de los alimentos y/o la asistencia material básica a los beneficiarios que los entregan a los destinatarios finales no quede cubierto por la letra a), los gastos soportados por el organismo comprador correspondientes al transporte de los alimentos y/o la asistencia material básica a los depósitos de almacenamiento o a los beneficiarios, y los gastos de almacenamiento en forma de suma a tanto alzado equivalente al 1 % de los gastos a los que se refiere la letra a), o, en casos debidamente justificados, los gastos realmente incurridos y pagados;

c)

los gastos administrativos, de transporte, almacenamiento y preparación soportados por los beneficiarios que participan en la entrega de alimentos y/o asistencia material básica a las personas más desfavorecidas en forma de suma a tanto alzado equivalente al 7 % de los gastos a los que se refiere la letra a) o al 7 % del valor de los alimentos sacados al mercado de conformidad con el artículo 16 del Reglamento (UE) n.o 1308/2013;

d)

los gastos de recogida, transporte, almacenamiento y distribución de las donaciones de alimentos y de las actividades de sensibilización directamente relacionadas con ellas; y

e)

los gastos de las medidas de acompañamiento emprendidas por los beneficiarios o en su nombre y declaradas por los beneficiarios que proporcionen los alimentos y/o la asistencia material básica a las personas más desfavorecidas en forma de suma a tanto alzado equivalente al 7 % de los gastos a los que se refiere la letra a).

a)

los intereses de deudas;

b)

la adquisición de infraestructuras; y

c)

el coste de los bienes de segunda mano.

a)

obtener conocimientos analíticos comparativos de alta calidad a fin de garantizar que las políticas dirigidas a alcanzar los objetivos específicos establecidos en el artículo 4, apartado 1, se basen en elementos fácticos solventes y sean pertinentes para las necesidades, los retos y las condiciones locales;

b)

facilitar una puesta en común efectiva e inclusiva de la información, el aprendizaje mutuo, las revisiones por pares y el diálogo sobre las políticas en los ámbitos de actuación establecidos en el artículo 4, apartado 1, con el fin de ayudar en la elaboración de medidas políticas apropiadas;

c)

apoyar la experimentación social en los ámbitos de actuación establecidos en el artículo 4, apartado 1, y desarrollar la capacidad de las partes interesadas a escala nacional y local para elaborar, concebir y ejecutar, transferir o aplicar a mayor escala las innovaciones probadas en materia de política social, en especial con respecto a la aplicación a mayor escala de proyectos desarrollados por las partes interesadas locales en el ámbito de la integración socioeconómica de los nacionales de terceros países;

d)

facilitar la movilidad geográfica voluntaria de los trabajadores y aumentar las oportunidades de empleo mediante el desarrollo y la oferta de servicios de apoyo específicos a los empresarios y a los demandantes de empleo, con vistas al desarrollo de mercados de trabajo europeos integrados, desde la preparación de la contratación hasta la asistencia posterior a la colocación, para ocupar vacantes en determinados sectores, profesiones, países o regiones fronterizas, o para grupos concretos, por ejemplo, personas en situaciones de vulnerabilidad;

e)

apoyar el desarrollo de un ecosistema de mercado en torno a la aportación de microfinanciación a microempresas en las fases inicial y de desarrollo, y en particular a las creadas por personas en situaciones de vulnerabilidad o que les den empleo;

f)

apoyar la creación de redes a escala de la Unión y el diálogo con las partes interesadas y entre estas en los ámbitos de actuación establecidos en el artículo 4, apartado 1, y contribuir al refuerzo de la capacidad institucional de las partes interesadas implicadas, incluidos los servicios públicos de empleo, las instituciones públicas de seguridad social y de seguro de enfermedad, la sociedad civil, las entidades de microfinanciación y las que prestan financiación a las empresas sociales y la economía social;

g)

apoyar el desarrollo de empresas sociales y el surgimiento de un mercado de inversión social, que facilite las interacciones entre los sectores público y privado y la participación de fundaciones y agentes filantrópicos en dicho mercado;

h)

ofrecer orientación para el desarrollo de la infraestructura social necesaria para aplicar el pilar europeo de derechos sociales;

i)

apoyar la cooperación transnacional para acelerar la transferencia de soluciones innovadoras y facilitar su aplicación a mayor escala, en particular en los ámbitos de actuación establecidos en el artículo 4, apartado 1; y

j)

apoyar la aplicación de las normas sociales y laborales internacionales que sean pertinentes en el contexto del encauzamiento de la globalización y la dimensión exterior de las políticas de la Unión en los ámbitos de actuación establecidos en el artículo 4, apartado 1.

a)

las actividades analíticas, en particular las relativas a terceros países, y más concretamente:

b)

la ejecución de políticas, en particular:

c)

el desarrollo de las capacidades, en particular de:

d)

actividades de comunicación y difusión, y en particular:

a)

entidades jurídicas establecidas en uno de los siguientes países o territorios:

b)

cualquier entidad jurídica establecida en virtud del Derecho de la Unión o cualquier organización internacional.

a)

los países miembros de la Asociación Europea de Libre Comercio que son miembros del Espacio Económico Europeo, conforme a las condiciones establecidas en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo;

b)

los países adherentes, los países candidatos y los candidatos potenciales, conforme a los principios y condiciones generales de participación de dichos países en los programas de la Unión establecidos en los correspondientes acuerdos marco y decisiones de los Consejos de Asociación o en acuerdos similares y conforme a las condiciones específicas establecidas en los acuerdos entre la Unión y dichos países;

c)

otros terceros países, de conformidad con las condiciones establecidas en un acuerdo específico que contemple su participación en el capítulo del EaSI, siempre que dicho acuerdo:

a)

cuestiones relacionadas con la contribución del FSE+ a la ejecución del pilar europeo de derechos sociales, incluidas las recomendaciones específicas por país y las prioridades relacionadas con el Semestre Europeo, por ejemplo, los programas nacionales de reforma;

b)

cuestiones relativas al Reglamento (UE) 2021/1060 que sean pertinentes para el FSE+;

c)

cuestiones relativas al FSE+ que le someta la Comisión, distintas de las mencionadas en el apartado 5.

1.

Indicadores comunes de realización relativos a las operaciones dirigidas a personas

2.

Indicadores comunes de realización relativos a las entidades

Los indicadores comunes de realización relativos a las entidades son:

Cuando los datos se extraigan de registros o de fuentes equivalentes, los Estados miembros podrán utilizar definiciones nacionales.

3.

Indicadores comunes de resultados inmediatos relativos a las personas participantes

Los indicadores comunes de resultados inmediatos relativos a las personas participantes son:

Los indicadores enumerados en este punto no se aplican al apoyo del FSE+ que contribuya al objetivo específico establecido en el artículo 4, apartado 1, letra l).

Cuando los datos se extraigan de registros o de fuentes equivalentes, los Estados miembros podrán utilizar definiciones nacionales.

4.

Indicadores comunes de resultados a largo plazo relativos a las personas participantes

Los indicadores comunes de resultados a largo plazo relativos a las personas participantes son:

Los indicadores enumerados en este punto no se aplican al apoyo del FSE+ que contribuya al objetivo específico establecido en el artículo 4, apartado 1, letra l).

Cuando los datos se extraigan de registros o de fuentes equivalentes, los Estados miembros podrán utilizar definiciones nacionales.

Los indicadores comunes de resultados a largo plazo se comunicarán a más tardar el 31 de enero de 2026, de conformidad con el artículo 42, apartado 1, del Reglamento (UE) 2021/1060 y el informe final de rendimiento a que se refiere el artículo 43 de dicho Reglamento.

Como requisito mínimo, los indicadores comunes de resultados a largo plazo se basarán en una muestra representativa de los participantes en los objetivos específicos establecidos en el artículo 4, apartado 1, letras a) a k). La validez interna de la muestra deberá garantizarse de manera que los datos puedan generalizarse a nivel del objetivo específico.

1.

Indicadores comunes de realización relativos a las operaciones dirigidas a personas

1.

Indicadores de realización

2.

Indicadores comunes de resultados

Los valores de los indicadores enumerados en el punto 2 se determinarán sobre la base de estimaciones fundamentadas por parte del beneficiario.

—

número de actividades de análisis,

—

número de actividades de intercambio de información y aprendizaje mutuo,

—

número de experimentaciones sociales,

—

número de actividades de desarrollo de capacidades y actividades en red,

—

número de inserciones laborales en el marco de planes de movilidad específicos.