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Ilmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo, seguido ante el Tribunal Supremo, Sala Cuarta, con el número 404.967, interpuesto por «Sociedad General de Electro-Metalurgia, S. A.», contra resolución de 25 de enero de 1972, sobre delimitación y expropiación del polígono «La Mina», de San Adrián de Besós, se ha dictado sentencia con fecha 2 de enero de 1979, cuya parte dispositiva, literalmente, dice:

«Fallamos: Que estimando en parte la pretensión en este proceso deducida por el Procurador don Juan Antonio García de Miguel y Orueta, en nombre y representación de "Sociedad General de Electrometalurgia, S. A.", frente a la resolución del Ministerio de la Vivienda de veinticinco de enero de mil novecientos setenta y dos, debemos declarar y declaramos la nulidad de las actuaciones, y, en su virtud, acordar la retroacción del procedimiento al momento anterior al en que se dictó la resolución aquí recurrida, para que el Ministerio de la Gobernación sea oído, y, si procede, dé su aprobación al proyecto de delimitación que nos ocupa, siguiéndose después los trámites pertinentes, según el resultado que ofrezca la intervención de dicho Departamento ministerial, hasta dictarse la resolución final, sin imposición de costas.»

Este Ministerio, de conformidad con lo establecido en los artículos 103 y siguientes de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, ha dispuesto que se cumpla en sus propios términos la referida sentencia.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y demás efectos.

Madrid, 9 de mayo de 1979.‒P. D., el Subsecretario de Obras Públicas y Urbanismo, Manuel Pérez Olea.

Ilmo. Sr. Director general de Acción Territorial y Urbanismo.