Butlletí Oficial de l'Estat

Ilmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo, seguido ante el Tribunal Supremo con el número 404.935, interpuesto por don Julio Gómez de Frutos, contra la resolución de 30 de abril de 1973, se ha dictado sentencia con fecha 24 de enero de 1979, cuya parte dispositiva, literalmente, dice

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Julio Gómez de Frutos, contra las Resoluciones dictadas por la Dirección General del Instituto Nacional de la Vivienda de veintisiete de enero de mil novecientos setenta y dos, y por la que denegó el recurso de alzada del Ministerio de esa misma denominación por silencio administrativo, y más tarde por Resolución expresa de treinta de abril de mil novecientos setenta y tres, y por las cuales se acuerda imponer al recurrente la sanción pecuniaria de cinco mil pesetas y condenarle a reintegrar a don Fidel Ordóñez Díaz la cantidad de ciento cuarenta y un mil seiscientas cuarenta pesetas con sesenta y cuatro céntimos, que indebidamente percibió, y por haber incurrido en las expresadas infracciones, comprendidas en la vigente legislación de viviendas de protección oficial, y en su virtud declaramos son válidas y eficaces, como ajustadas a derecho, las resoluciones administrativas que se impugnan, y por tanto acordamos se mantenga íntegramente la sanción pecuniaria impuesta y el reintegro de cantidad que también se impuso al aquí recurrente; todo ello sin hacer expresa condena de costas.»

Este Ministerio, de conformidad con lo establecido en los artículos 103 y siguientes de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, ha dispuesto que se cumpla en sus propios términos la referida sentencia.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y demás efectos.

Madrid, 20 de septiembre de 1979.‒P. D., el Subsecretario de Obras Públicas y Urbanismo, Manuel Pérez Olea.

Ilmo. Sr. Director general de Arquitectura y Vivienda.