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Ilmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo número 506.427, seguido por la Sala Quinta del Tribunal Supremo, promovido por don Casimiro Lafuente Abecia, contra la Administración, representada y defendida por el señor Abogado del Estado, sobre revocación de resolución que por silencio administrativo deniega el Ministerio de Hacienda determinados derechos económicos, ha dictado sentencia la mencionada Sala, con fecha 10 de noviembre de 1978, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que estimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Casimiro Lafuente Abecia, contra la resolución del Consejo de Ministros de catorce de diciembre de mil novecientos sesenta y tres, desestimatoria del recurso de reposición formulado contra la Orden de treinta de junio de mil novecientos setenta y dos, y la disposición final tercera del Decreto número ciento sesenta y seis, de dos de junio de mil novecientos setenta y dos, que fija la entrada en vigor de sus efectos económicos en el uno de julio de dicho año, primer día del mes siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», y por no resultar dichos actos administrativos conformes al ordenamiento jurídico, los anulamos, declarando en su lugar el derecho del recurrente a que tales efectos se retrotraigan al uno de enero de mil novecientos sesenta y ocho, sin expresa imposición de costas.

Así por esta nuestra sentencia que se publicará en el «Boletín Oficial del Estado» e insertará en la «Colección Legislativa», definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.‒Juan V. Barquero.‒Alfonso Algara Saiz.‒Víctor Serván Mur.‒Angel Falcón García.‒Miguel de Páramo Cánovas (firmados y rubricados).

Publicación.‒Leída y publicada ha sido la anterior sentencia, por el excelentísimo señor Magistrado ponente don Miguel de Páramo Cánovas, en audiencia pública, celebrada en el mismo día de su fecha. Certifico.‒José López Quijada (firmado y rubricado).»

En su virtud, este Ministerio, de conformidad con lo establecido en la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, ha dispuesto que se cumpla en sus propios términos la expresada sentencia.

Lo que digo a V. I. para su conocimiento y demás efectos.

Dios guarde a V. I. muchos años.

Madrid, 23 de enero de 1979.‒P. D., el Director general de Presupuestos, Angel, Marrón Gómez.

Ilmo. Sr. Director general de Presupuestos.