Con fecha 27 de diciembre de 1994 la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha dictado sentencia en el recurso contencioso-administrativo número 56/1992, interpuesto por doña Antonia Bravo Pérez, contra Resolución del Ministerio para las Administraciones Públicas de 5 de agosto de 1991, que desestimaba el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución de la Secretaría de Estado para la Administración Pública de 3 de julio de 1991, sobre efectos de su nombramiento como funcionaria de carrera del Cuerpo General Administrativo de la Administración Civil del Estado.
Por Orden del Ministerio para las Administraciones Públicas de 21 de marzo de 1995, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» de 11 de abril siguiente, se dispone el cumplimiento en sus propios términos de la mencionada sentencia.
En su virtud, esta Secretaría de Estado para la Administración Pública, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración del Estado y Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado y en el artículo 6.3 del Real Decreto 2169/1984, de 28 de noviembre, de atribución de competencias en materia de personal, resuelve:
Primero.-Retrotraer al 11 de marzo de 1985 los efectos administrativos del nombramiento de doña Antonia Bravo Pérez, como funcionaria de carrera del Cuerpo General Administrativo de la Administración Civil del Estado, conferido por Resolución de la Secretaría de Estado para la Administración Pública de 18 de julio de 1988.
Segundo.-Disponer que por los servicios correspondientes del Ministerio de Defensa se practique y abone a la interesada liquidación complementaria por diferencia de haberes, entre los percibidos y los que realmente le hubiera correspondido, a partir de los cinco años anteriores al día 10 de junio de 1991, en que formuló su reclamación inicial, de conformidad con los términos contenidos en el fundamento jurídico noveno de la sentencia de cuya ejecución se trata.
Madrid, 25 de abril de 1995.-El Secretario de Estado, Constantino Méndez Martínez.
Ilmos. Sres. Subsecretario del Ministerio de Defensa y Director general de la Función Pública.
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