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Vista la segunda sentencia número 1359/1994, de fecha 2 de julio de 1994, dictada por la Sala Segunda del Tribunal Supremo, en cuyo fallo se establece que «manteniendo los restantes pronunciamientos de esta Resolución, debemos condenar y condenamos al acusado Juan Marti Suñer, como autor directo y responsable, con la concurrencia de la agravante de prevalimiento de cargo público y atenuante analógica de arrepentimiento espontáneo, en relación de concurso medial, de:

Primero: Un delito de falsedad en documento público, ya definido a las penas de un año de prisión menor y multa de 100.000 pesetas.

Segundo: Un delito de estafa agravado de manera simple por la cuantía de la defraudación, a la pena de cuatro meses y un día de arresto mayor. Las penas privativas de libertad impuestas llevarán aparejada la pena de suspensión de cargo público y derecho de sufragio durante sus respectivos tiempos y la de multa, en caso de impago, un arresto sustitutorio de un día por cada 5.000 pesetas impagadas».

Teniendo en cuenta lo que para tales casos previene el artículo 26.1 e) y f) del Reglamento Orgánico de los Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agentes de la Administración de Justicia aprobado por Real Decreto 2003/1986 de 19 de septiembre, al establecer que la condición de funcionario se pierde por imposición con carácter firme por los Tribunales de la pena de inhabilitación por condena sobrevenida como consecuencia de delito doloso relacionado con el servicio o que cause daño a la Administración de Justicia o a sus destinatarios.

Este Ministerio ha dispuesto declarar la pérdida de la condición de funcionario del Cuerpo de Auxiliares de la Administración de Justicia, y la consiguiente baja en el servicio de don Juan Marti Suñer, en consonancia con lo dispuesto en el artículo 26.1 e) y f) del citado Reglamento.

Queda anulada nuestra Orden de 2 de septiembre de 1994, al haber sido casada por la Sala Segunda del Tribunal Supremo la sentencia del día 29 de noviembre de 1993 dictada por la Audiencia Provincial de Girona.

Lo que comunico a V.I. para su conocimiento y demás efectos.

Madrid, 31 de octubre de 1994.-P.D. (Orden de 20 de julio de 1994, «Boletín Oficial del Estado» del 28), la Secretaria de Estado de Justicia, María Teresa Fernández de la Vega Sanz.

Ilmo. Sr. Secretario general de Justicia.