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La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, ha dictado sentencia, con fecha 16 de junio de 1994, en el recurso contencioso-administrativo número 164/1993 en el que son partes, de una, como demandante, la Generalidad de Cataluña, y de otra, como demandada, la Administración General del Estado, representada y defendida por el Letrado del Estado.

El citado recurso se promovió contra la Orden del Ministerio para las Administraciones Públicas, de 28 de julio de 1992, por la que se establecen las normas reguladoras de subvenciones dirigidas a financiar inversiones de las entidades locales en servicios de prevención y extinción de incendios.

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguiente pronunciamiento:

«Fallamos: Que desestimando el recurso interpuesto por la representación procesal de la recurrente, Generalidad de Cataluña, debemos declarar y declaramos ser ajustada a Derecho la Orden del Ministerio para las Administraciones Públicas, sobre normas reguladoras de subvenciones dirigidas a financiar inversiones de las entidades locales en servicios de prevención y extinción de incendios, dictada el 28 de julio de 1992, confirmando así su validez. En relación a las costas, y por lo ya expuesto, cada parte satisfará el total de las causadas a su beneficio, y las que lo sean comunes, por mitad.»

En su virtud, este Ministerio para las Administraciones Públicas, de conformidad con lo establecido en los artículos 118 de la Constitución, 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demás preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ha dispuesto la publicación de dicho fallo en el «Boletín Oficial del Estado», para general conocimiento y cumplimiento en sus propios términos de la mencionada sentencia.

Lo que digo a VV. II.

Madrid, 20 de diciembre de 1994.-P. D. (Orden de 11 de septiembre de 1992 «Boletín Oficial del Estado» del 22), el Subsecretario, Francisco Hernández Spínola.

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de Acción Económica Territorial.