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Por sentencia dictada con fecha 9 de mayo de 1995 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, cuyo cumplimiento se ha dispuesto por Orden de este departamento de 31 de julio de 1995, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» de 18 de agosto, se estima el recurso contencioso administrativo interpuesto por don Mariano Acero García, reconociéndole determinados efectos retroactivos a su nombramiento como funcionario de carrera del Cuerpo General Administrativo de la Administración Civil del Estado.
En su virtud, esta Secretaría de Estado para la Administración Pública, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, y en el artículo 6.3 del Real Decreto 2169/1984, de 28 de noviembre, de atribución de competencias en materia de personal, resuelve:
Primero.-Retrotraer al 11 de marzo de 1985 los efectos administrativos del nombramiento de don Mariano Acero García, como funcionario de carrera del Cuerpo General Administrativo de la Administración Civil del Estado, que le fue conferido por Resolución de esta Secretaría de Estado de 18 de julio de 1988.
Segundo.-Disponer que por los servicios correspondientes del Ministerio de Defensa se practique y abone al interesado liquidación complementaria por las diferencias de haberes entre los percibidos y los que realmente le hubieran correspondido desde el día 23 de junio de 1987 hasta la fecha en que tomó posesión como funcionario del Cuerpo General Administrativo, conforme a los términos contenidos en el fundamento jurídico octavo de la sentencia de cuya ejecución se trata.
Madrid, 13 de septiembre de 1995.-El Secretario de Estado para la Administración Pública, Eugenio Burriel de Orueta.
Ilmos. Sres. Subsecretario del Ministerio de Defensa y Director general de la Función Pública.
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