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La Sala de lo Contencioso-Administrativo de Granada del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha dictado sentencia, con fecha 30 de marzo de 1992, en el recurso contencioso-administrativo número 2.509/1989, en el que son partes, de una, como demandantes don Francisco Jiménez Prados, doña Isabel Camacho Rebollo y don Joaquín Evaristo Díaz Cabrera, y de otra, como demandadas, la Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía, representada y dirigida por el señor Letrado de la misma; la Dirección General de la Función Pública, representada y dirigida por el señor Abogado del Estado, y el Ayuntamiento de Láchar-Cijuela (Granada), con representación letrada.

El citado recurso se promovió contra la aprobación, por parte del citado Ayuntamiento, del baremo específico para la provisión de una plaza en el mismo por concurso de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional.

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguiente pronunciamiento:

«Fallo: Primero.-Rechaza las causas de inadmisibilidad invocadas por el coadyuvante de la demandada, al amparo de lo dispuesto en el artículo 82.e) y f) de la Ley de la Jurisdicción.

Segundo.-Estima parcialmente el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Procuradora doña Francisca Medina Montalvo, en nombre y representación de doña Isabel Camacho Rebollo, don Francisco Jiménez Prados y don Joaquín Evaristo Díaz Cabrera, contra la resolución desestimatoria presunta del recurso de reposición interpuesto contra el baremo específico aprobado por la Agrupación Láchar-Cijuela, publicado en el anexo de la Orden de 20 de octubre de 1988, de la Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía, y de la resolución de 25 de noviembre del mismo año, de la Dirección General de la Función Pública, por las que se convocó concurso público para la provisión de plazas reservadas a funcionarios con habilitación de carácter nacional, vacantes en las Entidades Locales de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Tercero.-Anula el referido baremo específico impugnado, por no ser el mismo conforme a derecho.

Cuarto.-No hace expreso pronunciamiento en costas.»

En su virtud, este Ministerio para las Administraciones Públicas, en lo que afecta al ámbito de competencias del Departamento, de conformidad con lo establecido en los artículos 118 de la Constitución, 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demás preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ha dispuesto la publicación de dicho fallo en el «Boletín Oficial del Estado», para general conocimiento y cumplimiento en sus propios términos de la mencionada sentencia.

Lo que digo a VV. II.

Madrid, 4 de octubre de 1995.-P. D. (Orden de 11 de septiembre de 1992, «Boletín Oficial del Estado» del 22), el Subsecretario, Manuel Ortells Ramos.

Ilmos. Sres. Subsecretario y Directora general de la Función Pública.