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La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, ha dictado sentencia, con fecha 20 de junio de 1995, en el recurso contencioso-administrativo número 5/1.949/1992, en el que son partes, de una, como demandante don José Luis López Maza, y de otra, como demandada, la Administración General del Estado, representada y defendida por el Abogado del Estado.

El citado recurso se promovió contra la Resolución del Ministerio para las Administraciones Públicas de fecha 22 de julio de 1992, que declaraba inadmisible el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución de la Secretaría de Estado para la Administración Pública de fecha 8 de mayo de 1988, sobre fecha de efectos de la integración en el Cuerpo General Administrativo.

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguiente pronunciamiento:

«Fallamos: Estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de don José Luis López Maza, contra la Resolución de 22 de julio de 1992, a que estas actuaciones se contraen, que se anula por no ser ajustada a derecho, con todos los efectos inherentes a esta declaración, concretamente declarando el derecho del recurrente a que se le reconozca efectividad económica y administrativa a su nombramiento desde el 11 de marzo de 1985.

Sin expresa imposición de costas a ninguna de las partes procesales.»

En su virtud, este Ministerio para las Administraciones Públicas, de conformidad con lo establecido en los artículos 118 de la Constitución; 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demás preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ha dispuesto la publicación de dicho fallo en el «Boletín Oficial del Estado», para general conocimiento y cumplimiento en sus propios términos de la mencionada sentencia.

Lo que digo a VV. II.

Madrid, 13 de octubre de 1995.-P. D. (Orden de 11 de septiembre de 1992, «Boletín Oficial del Estado», del 22), el Subsecretario, Manuel Ortells Ramos.

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de la Función Pública.