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Visto por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Séptima) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el recurso número 1.483/1991, interpuesto por el Procurador don Antonio Pujol Ruiz, en nombre y representación de doña María de los Desamparados Arto Delgado, solicitando se reconozcan sus competencias como Farmacéutico Hospitalario y se deje sin efecto el nombramiento de otra titular del mismo puesto, la citada Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Séptima) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha dictado sentencia de 25 de febrero de 1995, cuya parte dispositiva dice así:

«Fallamos: Que estimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto en nombre de doña María de los Desamparados Arto Delgado, contra la desestimación presunta por silencio administrativo de la petición hecha por escrito el 10 de septiembre de 1990, con denuncia de mora y contra la desestimación también presunta del recurso de alzada interpuesto contra aquélla ante la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, debemos declarar y declaramos la nulidad de las resoluciones presuntas impugnadas, por ser contrarias a Derecho, y, en consecuencia, debemos declarar y declaramos la obligación de la Administración de fijar a través del superior jerárquico, con precisión, las funciones, atribuciones y responsabilidades del titular del puesto de trabajo denominado "Farmacéutico Hospitalario", número 012 en la relación de puestos de trabajo de los Servicios Periféricos en la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, publicada en el "Boletín Oficial del Estado" de 16 de abril de 1990, reconociendo las citadas funciones legales y removiendo los obstáculos que se opongan a las mismas del titular de dicha plaza de tal clase que consta en la relación de puestos de trabajo citada, sin hacer imposición de costas.»

En su virtud, esta Dirección General, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 103 y siguientes de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ha dispuesto se cumpla en sus propios términos la expresada sentencia.

Lo que digo a V. I. para su conocimiento y efectos.

Madrid, 26 de octubre de 1995.-El Director general, Martín Alberto Barciela Rodríguez.

Sr. Subdirector general de Personal.