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Por Orden de 24 de noviembre de 1995, por la que se resuelve el concurso para el nombramiento de Abogados Fiscales sustitutos, convocado por Resolución de 6 de noviembre de 1995 («Boletín Oficial del Estado» del 8), fueron designados para la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid, entre otros, doña Marta María Ballesteros Muñoz y don Oscar González Correas, quienes han renunciado al cargo.

En su consecuencia y de conformidad con lo previsto en la regla sexta de la citada Resolución de 6 de noviembre de 1995, a propuesta del Fiscal General del Estado y de conformidad con lo establecido en el artículo 6.º del Real Decreto 1050/1987, de 26 de junio («Boletín Oficial» de 2 de septiembre),

He acordado nombrar Abogados Fiscales sustitutos del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid a:

1. Don José Antonio Macías Pérez.

2. Doña Pilar Rodríguez Contra.

Los presentes nombramientos extenderán sus efectos desde su toma de posesión hasta el 31 de agosto de 1996, salvo que durante dicho período se incremente el número de Fiscales de carrera destinados en la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid como consecuencia de concurso de traslado de la Carrera Fiscal, en cuyo caso se dará de baja un número de Abogados Fiscales sustitutos equivalente al aumento de Fiscales de carrera destinados en ella, procediéndose para ello en sentido inverso al orden de prelación seguido para su nombramiento. También será motivo de cese cualquiera de los supuestos previstos en el artículo 5.2 del Real Decreto 1050/1987, de 26 de junio.

Por el Fiscal Jefe de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid se comunicará a la Subdirección General de Relaciones con la Administración de Justicia si los Abogados Fiscales sustitutos desarrollan sus actuaciones de forma continua o discontinua, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 del Real Decreto 1050/1987, de 26 de junio, antes citado.

Esta Orden pone fin a la vía administrativa; contra la misma podrán los interesados interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses desde el día siguiente a su publicación, previa comunicación a este centro directivo (artículo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común).

Madrid, 12 de diciembre de 1995.-P. D. (Orden delegación de 26 de octubre de 1995), el Secretario general de Justicia, Fernando Escribano Mora.