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La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha dictado sentencia, con fecha 28 de noviembre de 1994, en el recurso contencioso-administrativo número 1.668/1991, en el que son partes, de una, como demandantes, doña Francisca Miranda Ramírez y otras, y de otra, como demandada, la Administración General del Estado, representada y defendida por el Letrado del Estado.

El citado recurso se promovió contra la Resolución del Ministerio para las Administraciones Públicas, de fecha 5 de julio de 1991, que desestimaba el recurso de reposición interpuesto contra otras de la Dirección General de la Función Pública, de fechas 8, 16 y 20 de noviembre de 1990, sobre efectos de la integración en la Escala Administrativa de organismos autónomos.

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguiente pronunciamiento:

«Fallamos: Desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de doña Francisca Miranda Ramírez, doña Pilar Hortet Rubio, doña Dolores Jiménez Sánchez, doña Encarnación Sánchez Pitel, doña Francisca Mangas Durán, doña María Victoria Núñez Suárez, doña Inés Marcos Pardo, doña Josefa Méndez Canchado y doña Fernanda Pérez Romero contra la Resolución de 5 de julio de 1991 del Subsecretario, por delegación del Secretario de Estado para la Administración Pública, a que estas actuaciones se contraen, que se confirma por ser ajustada a Derecho, con todos los efectos inherentes a esta declaración. Sin expresa imposición de costas.»

En su virtud, este Ministerio para las Administraciones Públicas, de conformidad con lo establecido en los artículos 118 de la Constitución, 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demás preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ha dispuesto la publicación de dicho fallo en el «Boletín Oficial del Estado», para general conocimiento y cumplimiento en sus propios términos de la mencionada sentencia.

Lo que digo VV. II.

Madrid, 27 de enero de 1995.-El Ministro para las Administraciones Públicas, P. D. (Orden de 11 de septiembre de 1992, «Boletín Oficial del Estado» del 22), el Subsecretario, Francisco Hernández Spínola.

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de la Función Pública.