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La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha dictado sentencia, con fecha 29 de noviembre de 1994, en el recurso contencioso-administrativo número 1138/1992, en el que son partes, de una, como demandante, doña Dora Martinell Miera y otros, y de otra, como demandada, la Administración General del Estado, representada y defendida por el Letrado del Estado.

El citado recurso se promovió contra la Resolución del Ministerio para las Administraciones Públicas de fecha 12 de marzo de 1992, que desestimaba el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución de la Secretaría de Estado para la Administración Pública de fecha 3 de diciembre de 1991, sobre integración en el Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado.

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguiente pronunciamiento:

«Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Procurador don Juan Ignacio Avila del Hierro, en nombre y representación de doña Dora Martinell Miera, doña María Luisa Torras García, doña María Amor Gómez Sarra y doña Buenaventura Riera Vilarrasa, contra resolución del Ministerio para las Administraciones Públicas de fecha 12 de marzo de 1992, a la que la demanda se contrae, declaramos, que la resolución impugnada es conforme a Derecho, sin hacer expresa condena en costas.»

En su virtud, este Ministerio para las Administraciones Públicas, de conformidad con lo establecido en los artículos 118 de la Constitución; 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demás preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ha dispuesto la publicación de dicho fallo en el «Boletín Oficial del Estado», para general conocimiento y cumplimiento en sus propios términos de la mencionada sentencia.

Lo que digo a VV. II.

Madrid, 16 de febrero de 1995.-P. D. (Orden de 11 de septiembre de 1992, «Boletín Oficial del Estado» del 22), el Subsecretario, Francisco Hernández Spínola.

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de la Función Pública.