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Visto el testimonio de la sentencia dictada en 14 de diciembre de 1993, por la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en el recurso número 180/1990, interpuesto por el Procurador de los Tribunales señor Barneto Arnaiz, en nombre y representación de doña María Concepción Esteve Fornés, contra la denegación tácita por silencio administrativo de la solicitud de indemnización por responsabilidad patrimonial de la Administración, por daños y perjuicios derivados de la anulación de la Orden de 10 de agosto de 1985, sobre márgenes de beneficio profesional de las Oficinas de Farmacia.

Resultando que concurren en este caso las circunstancias previstas en el artículo 105 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer la ejecución en sus propios términos de la referida sentencia cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

«Fallamos: Que, rechazando la causa de inadmisibilidad opuesta por el señor Abogado del Estado, debemos estimar y estimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de doña María Concepción Esteve Fornés, contra la denegación presunta, en virtud de silencio administrativo, de sus solicitudes de indemnización de daños y perjuicios, por el concepto de responsabilidad patrimonial del Estado, derivados de la reducción del margen comercial de beneficio en la venta o dispensación de medicamentos establecida por la después jurisdicionalmente anulada Orden de la Presidencia del Gobierno de 10 de agosto de 1985, denegación que anulamos, dejándola sin valor ni efecto, por no ser conforme al ordenamiento; y, en su lugar, reconociendo el derecho de la demandante a ser indemnizada como consecuencia de la aplicación de la mencionada Orden, debemos condenar y condenamos a la Administración General del Estado, a pagar a doña María Concepción Esteve Fornés la cantidad de 1.083.577 pesetas, más los intereses legales de dicha cantidad, que se fijarán en ejecución de sentencia conforme a lo establecido en el fundamento de derecho sexto de la presente resolución; sin efectuar especial imposición de costas.»

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.

Madrid, 28 de febrero de 1995.-P. D. (Orden de 22 de julio de 1985), el Subsecretario, Juan Antonio Blanco-Magadán y Amutio.

Ilmo. Sr. Subsecretario.