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De acuerdo con lo prevenido en el artículo 105.1.a) de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, viene a acordarse la ejecución en sus propios términos de la sentencia de la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 27 de octubre de 1990, que es firme, recaída en el recurso número 70/1988, interpuesto por don Rogelio Lorite Ibáñez y otros, contra la resolución comunicada por el Rectorado de la Universidad Politécnica de Madrid de 31 de julio de 1987, participando que la Dirección General de Enseñanza Superior determina que la vigencia de los contratos de los Profesores de Educación Física tienen vigencia como máximo al 30 de septiembre de 1987, sin posible renovación; y contra la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto el 6 de octubre de 1987, ante dicho Rectorado, frente a la decisión contenida en la comunicación mencionada; siendo su parte dispositiva del siguiente tenor literal:
«Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto por doña María Gracia Garrido Entrena, en nombre y representación de don Rogelio Lorite Ibáñez y otros, relacionados en el encabezamiento de esta sentencia, contra la resolución comunicada por el Rectorado de la Universidad Politécnica de Madrid de 31 de julio de 1987, y contra la desestimación presunta del recurso de reposición deducido frente a ella, sobre la expiración de los contratos administrativos suscritos por los interesados; debemos declarar y declaramos ajustadas a derecho las resoluciones impugnadas, y en su virtud, absolvemos a la Universidad demandada de las pretensiones formuladas en su contra; sin hacer expresa imposición de las costas causadas.»
En virtud de lo expuesto, este Rectorado, de acuerdo con la competencia que le confiere el artículo 76.e) de los Estatutos de la Universidad Politécnica de Madrid, aprobados por Real Decreto 2536/1985, de 27 de diciembre («Boletín Oficial del Estado» de 22 de enero de 1986), acuerda la ejecución del fallo que se acaba de transcribir en sus propios términos, adoptando las medidas necesarias al efecto.
Madrid, 15 de marzo de 1995.-El Rector, Rafael Portaencasa Baeza.
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