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La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha dictado sentencia, con fecha 13 de junio de 1994, en el recurso contencioso-administrativo número 939/1991, en el que son parte, de una, como demandante, don Alfredo Floro del Moral, y de otra, como demandada, la Administración General del Estado, representada y defendida por el Letrado del Estado.

El citado recurso se promovió contra la Resolución del Ministerio para las Administraciones Públicas, de fecha 9 de abril de 1991, que desestimaba el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución de la Dirección General de la Función Pública, de fecha 26 de enero de 1990, sobre integración en el grupo D.

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguiente pronunciamiento:

«Fallamos: Primero. Que debemos desestimar y desestimamos el presente recurso número 939/1991, interpuesto por la representación de don Alfredo Floro del Moral, contra las Resoluciones del Ministerio para las Administraciones Públicas de 26 de enero de 1990 y 9 de abril de 1991, descritas en el primer fundamento de derecho, que se confirman en cuanto deniegan la pretensión de clasificación o integración formulada por el recurrente por ser ajustadas a derecho en tal aspecto.

Segundo.-No hacemos una expresa condena en costas.»

En su virtud, este Ministerio para las Administraciones Públicas, de conformidad con lo establecido en los artículos 118 de la Constitución, 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demás preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ha dispuesto la publicación de dicho fallo en el «Boletín Oficial del Estado», para general conocimiento y cumplimiento en sus propios términos de la mencionada sentencia.

Lo que digo a VV. II.

Madrid, 21 de diciembre de 1994.-El Ministro para las Administraciones Públicas, P. D. (Orden de 11 de septiembre de 1992, «Boletín Oficial del Estado» del 22), el Subsecretario, Francisco Hernández Spínola.

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de la Función Pública.