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La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha dictado sentencia, en grado de apelación, con fecha 3 de octubre de 1994, en el recurso de apelación número 1.904/1992, en el que son partes, de una, como apelante, la Administración General del Estado, y de otra, como apelado, don Antonio Torres Vanrell.

El citado recurso se promovió contra la sentencia de 11 de octubre de 1991, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Baleares, recaída en el recurso 724/1990, sobre pensión de jubilación del integrado Montepío de la AISS.

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguiente pronunciamiento:

«Fallamos: Se declara indebidamente admitida la apelación interpuesta por la Abogacía del Estado contra la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Baleares de 11 de octubre de 1991, dictada en el recurso número 724/1990, sobre pensión de jubilación. Con la consiguiente firmeza de esta sentencia. Archívense las actuaciones en lo que sea procedente y archívese el rollo. Sin costas por esta apelación.»

En su virtud, este Ministerio para las Administraciones Públicas, de conformidad con lo establecido en los artículos 118 de la Constitución, 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demás preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ha dispuesto la publicación de dicho fallo en el «Boletín Oficial del Estado» para general conocimiento y cumplimiento en sus propios términos de la mencionada sentencia.

Lo que digo a VV. II.

Madrid 31 de marzo de 1995.-P. D. (Orden de 11 de septiembre de 1992, «Boletín Oficial del Estado» del 22), el Subsecretario, Francisco Hernández Spínola.

Ilmos. Sres. Subsecretario y Directora general de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado.