Contido non dispoñible en galego
La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha dictado sentencia con fecha 2 de diciembre de 1994 en el recurso contencioso-administrativo número 1.304/1992, en el que son partes, de una, como demandante, el Ayuntamiento de Granollers, y de otra, como demandada, la Administración General del Estado, representada y defendida por el Letrado del Estado.
El citado recurso se promovió contra la Resolución del Ministerio para las Administraciones Públicas, de fecha 19 de mayo de 1992, que desestimaba el recurso de reposición interpuesto contra la resolución de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, de fecha 18 de noviembre de 1991, sobre nombramientos definitivos de funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.
La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguiente pronunciamiento:
«Fallamos: Que, desestimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación del Ayuntamiento de Granollers contra la resolución de la Secretaría de Estado para la Administración Pública de 19 de mayo de 1992, desestimatoria del recurso de reposición promovido frente a la resolución de la misma Secretaría de 18 de noviembre de 1991, debemos declarar y declaramos que las resoluciones impugnadas son conformes a Derecho, sin hacer expresa imposición de costas.»
En su virtud, este Ministerio para las Administraciones Públicas, de conformidad con lo establecido en los artículos 118 de la Constitución, 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demás preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ha dispuesto la publicación de dicho fallo en el «Boletín Oficial del Estado» para general conocimiento y cumplimiento en sus propios términos de la mencionada sentencia.
Lo que digo a VV. II.
Madrid, 31 de marzo de 1995.-P. D. (Orden de 11 de septiembre de 1992, «Boletín Oficial del Estado» del 22), el Subsecretario, Francisco Hernández Spínola.
Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de la Función Pública.
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