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La Audiencia Provincial de Oviedo dictó sentencia de 12 de noviembre de 1991, en cuyo fallo se condena a don Eugenio Escobedo Bertrand como autor de un delito continuado de cohecho a la pena de cuatro años de prisión menor con la accesoria legal de suspensión, multa de 8.000.000 de pesetas y ocho años de inhabilitación especial para el ejercicio de la función pública, lo que constituye causa de pérdida de la condición de funcionario de acuerdo con lo establecido en el artículo 37,1,d) de la Ley Articulada de Funcionarios Civiles del Estado de 7 de febrero de 1964.

La citada Audiencia, mediante escrito de fecha 28 de febrero de 1995, recibido en la Delegación Especial de la Agencia Tributaria de Asturias, ha comunicado que por haberlo acordado en la Ejecutoria 47/95, se remitía testimonio de la sentencia dictada, la cual es firme, a fin de que se lleve a efecto lo acordado en el fallo de la misma, en cuanto a la inhabilitación especial para el ejercicio de la función pública del señor Escobedo Bertrand.

De conformidad con lo expuesto, esta Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, en uso de las atribuciones que le están conferidas por el artículo 103 de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, acuerda:

Primero.-Elevar a firme las medidas de suspensión provisional impuestas a don Eugenio Escobedo Bertrand, acordadas por Resoluciones de 27 de abril y 19 de octubre de 1989, con efectos de 27 de abril de 1989, en virtud de lo dispuesto en el artículo 23 del Reglamento de Situaciones Administrativas, aprobado por Real Decreto 730/1986, de 11 de abril.

Segundo.-Declarar la pérdida de la condición de funcionario de don Eugenio Escobedo Bertrand, perteneciente al Cuerpo Superior de Inspectores de Finanzas del Estado, de acuerdo con el artículo 37,1,d) de la Ley Articulada de Funcionarios Civiles del Estado, de 7 de febrero de 1964.

Tercero.-Declarar extinguido el expediente disciplinario incoado a don Eugenio Escobedo Bertrand el 27 de abril de 1987, cuya tramitación se suspendió al haberse iniciado diligencias penales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19.2 del Reglamento de Régimen Disiciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado, aprobado por Real Decreto 33/1986 de 10 de enero.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer, previa comunicación a este órgano, recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses desde el día siguiente a la notificación, ante la Audiencia Nacional.

Madrid, 29 de marzo de 1995.-El Presidente, Enrique Martínez Robles.