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La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha dictado sentencia, con fecha 15 de noviembre de 1995, en el recurso contencioso-administrativo número 301/1994, en el que son partes, de una, como demandante, el Colegio Provincial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local de Toledo, y de otra, como demandado, el Ayuntamiento de Cabezamesada (Toledo), con representación letrada.

El citado recurso se promovió contra el acuerdo del citado Ayuntamiento, por el que se aprobó el baremo específico para la provisión de la plaza de Secretaría-Intervención del mismo.

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguiente pronuciamiento:

«Fallamos: Estimamos íntegramente el presente recurso anulando por contrarios a derecho los actos impugnados, dejándolos sin efecto con todas las consecuencias inherentes. No se hace expresa imposición de costas.»

En su virtud, este Ministerio para las Administraciones públicas, en lo que afecta a su ámbito de competencias, de conformidad con lo establecido en los artículos 118 de la Constitución; 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demás preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ha dispuesto la publicación de dicho fallo en el «Boletín Oficial del Estado», para general conocimiento y cumplimiento en sus propios términos de la mencionada sentencia.

Lo que digo VV. II.

Madrid, 26 de marzo de 1996.-P. D. (Orden de 11 de septiembre de 1992, «Boletín Oficial del Estado» del 22), el Subsecretario, Manuel Ortells Ramos.

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de la Función Pública.