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La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha dictado sentencia con fecha 2 de enero de 1996 en el recurso contencioso-administrativo número 3/2310/1992, en el que son partes, de una, como demandante, don Rafael Sánchez de Molina Pinilla, y de otra, como demandada, la Administración General del Estado, representada y defendida por el Abogado del Estado.

El citado recurso se promovió contra la Resolución del Ministerio para las Administraciones Públicas de fecha 17 de septiembre de 1992, que desestimaba el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución de la Secretaría de Estado para la Administración Pública de fecha 14 de mayo de 1992 sobre calificación de un ejercicio de las pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo de Abogados del Estado.

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguiente pronunciamiento:

«Fallamos: Desestimamos íntegramente el presente recurso contencioso-administrativo número 3/2310/1992, interpuesto por don Rafael Sánchez de Molina Pinilla, y en el que han sido partes demandadas la Administración General del Estado y los 30 Abogados del Estado aprobados en dicha convocatoria doña María del Carmen Luengo Morales, don Félix Fernando Manzanedo González, don José Luis Martín Palacín Gutiérrez, don José Ramón del Río Cobián, don Pablo Crevillén Verdet, don José María Molero Hernández, don Miguel Ángel Pérez Álvarez, don Javier Suárez García, doña Marta García de la Calzada, don Tomás Suárez-Inclán González, don José Ignacio Vega Labella, don Rafael Andrés León Cavero, doña Cecilia Gutiérrez Ganzarain, don Adolfo Ruigómez Momeñe, doña María Luisa García Blanco, doña María Lourdes Fraguas Gadea, doña Hilda de las Nieves Pérez Guardiola, doña María de Lourdes Maíz Carro, doña Nuria Díaz Abad, doña María Isabel Cadenas García, doña María Carmen Tejera Jimeno, don Ricardo Ramírez de Arellano Redondo, don Pedro González Tobarra, don Javier Aparicio Salom, don Luis Jesús Suárez de Centi Buján, don Santiago Ortiz Vaamonde, don Francisco García Gómez de Mercado, don Fernando Irurzun Montoro, don José Miguel Fatas Monforte y don José Luis Aranda Estévez, que han actuado unidos bajo una sola representación y defensa contra la Resolución del Subsecretario, por delegación del Secretario de Estado para la Administración Pública, de 17 de septiembre de 1992, que desestima el recurso de reposición contra la Resolución de la Secretaría de Estado para la Administración Pública de 14 de mayo de 1992 por la que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Abogados del Estado a los opositores que habían superado las pruebas selectivas para ingreso en dicho Cuerpo, convocadas en Resolución de 12 de junio de 1991, de la Subsecretaría del Ministerio de Justicia, por ser dichas resoluciones, en los aspectos concretos que han sido aquí objeto de debate, conformes al ordenamiento jurídico, por lo que las ratificamos, absolviendo a la Administración General del Estado demandada de las pretensiones contra ella deducidas en la demanda; sin expresa condena de las costas causadas en este proceso.»

En su virtud, este Ministerio de Administraciones Públicas, de conformidad con lo establecido en los artículos 118 de la Constitución, 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demás preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ha dispuesto la publicación de dicho fallo en el «Boletín Oficial del Estado» para general conocimiento y cumplimiento en sus propios términos de la mencionada sentencia.

Lo que digo a VV. II.

Madrid, 3 de junio de 1996.-P. D. (Orden de 11 de septiembre de 1992, «Boletín Oficial del Estado» del 22), el Subsecretario, Jaime RodríguezArana Muñoz.

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de la Función Pública.