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La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha dictado sentencia con fecha 8 de enero de 1996 en el recurso contencioso-administrativo número 3/2101/1992, en el que son partes, de una, como demandante, don César Francisco Trapote González, y de otra, como demandada, la Administración General del Estado, representada y defendida por el Abogado del Estado.

El citado recurso se promovió contra la Resolución del Ministerio para las Administraciones Públicas de fecha 31 de julio de 1992, que desestimaba el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución de la Secretaría de Estado para la Administración Pública de fecha 3 de marzo de 1992 sobre nombramiento de funcionarios de carrera del Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias.

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguiente pronunciamiento:

«Fallo: Desestimamos en su totalidad el recurso contencioso-administrativo número 3/2101/1992, interpuesto por don César Francisco Trapote González contra la resolución del Subsecretario, por delegación del Secretario de Estado para la Administración Pública, de 31 de julio de 1992, por la que se desestima el recurso de reposición contra la Resolución de la citada Secretaría de Estado de 3 de marzo de 1992 por la que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias, Escalas masculina y femenina, y que declara decaído en sus derechos para el ingreso en este Cuerpo al recurrente, al haber sido declarado «no apto» en el período de prácticas, por ser dichos actos, en los aspectos concretos que han sido objeto del presente recurso, conformes al ordenamiento jurídico, por lo que los ratificamos, absolviendo a la Administración General del Estado demandada de las pretensiones contra ella deducidas en la demanda; sin condena en las costas causadas en este proceso.»

En su virtud, este Ministerio de Administraciones Públicas, de conformidad con lo establecido en los artículos 118 de la Constitución, 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demás preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ha dispuesto la publicación de dicho fallo en el «Boletín Oficial del Estado» para general conocimiento y cumplimiento en sus propios términos de la mencionada sentencia.

Lo que digo a VV. II.

Madrid, 3 de junio de 1996.-P. D. (Orden de 11 de septiembre de 1992, «Boletín Oficial del Estado» del 22), el Subsecretario, Jaime RodríguezArana Muñoz.

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de la Función Pública.