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La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, ha dictado sentencia, con fecha 20 de marzo de 1996, en el recurso contencioso-administrativo número 8/439/95, en el que son partes, de una, como demandante don Eduardo Luengo García-Diego, y de otra, como demanda, la Administración General del Estado, representada y defendida por el Abogado del Estado.

El citado recurso se promovió contra Resolución de 28 de enero de 1985, del extinto Ministerio de Administración Territorial, sobre sanción disciplinaria.

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguiente pronunciamiento:

«Fallamos:

Primero.-Desestimar el recurso contencioso-administrativo promovido por el Procurador don Juan Corujo y López Villamil, después sustituido por el Procurador don Luis Suárez Migoyo, a su vez sustituido por la Procuradora doña Isabel Julia Corujo, en nombre y representación de don Eduardo Luengo García-Diego, contra la Resolución del Ministro de Administración Territorial de 28 de enero de 1985, sobre sanción disciplinaria, por ser el acto recurrido ajustado a Derecho.

Segundo.-No procede hacer expresa declaración en materia de costas.» En su virtud, este Ministerio de Administraciones Públicas, de conformidad con lo establecido en los artículos 118 de la Constitución, 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demás preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ha dispuesto la publicación de dicho fallo en el «Boletín Oficial del Estado», para general conocimiento y cumplimiento en sus propios términos de la mencionada sentencia.

Lo que digo a VV. II.

Madrid, 10 de julio de 1996.-P. D. (Orden de 11 de septiembre de 1992, «Boletín Oficial del Estado» del 22), el Subsecretario, Jaime Rodríguez-Arana Muñoz.

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de la Función Pública.