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La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha dictado sentencia, con fecha 17 de mayo de 1996, en el recurso contencioso-administrativo número 1/7.166/1992, en el que son partes, de una, como demandantes, don José Carlos Pedro Gonzalvo Vallespí y otros, y de otra, como demandada, la Administración General del Estado, representada y defendida por el Abogado del Estado.

El citado recurso se promovió contra la resolución del Ministerio para las Administraciones Públicas de fecha 10 de julio de 1992, que desestimaba el recurso de reposición interpuesto contra el Real Decreto 265/1992 del citado Ministerio, de fecha 20 de marzo, sobre oferta de empleo público para 1992.

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguiente pronunciamiento:

«Fallamos: Que rechazando como rechazamos las causas de inadmisibilidad alegadas por el Abogado del Estado, debemos desestimar y desestimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra el Real Decreto 265/1992, de 20 de marzo, sobre oferta de empleo público para 1992, por la representación procesal de don José Carlos Pedro Gonzalvo Vallespí y demás recurrentes que se relacionan en el encabezamiento de la presente sentencia.

Sin hacer pronunciamiento especial en materia de costas.»

En su virtud, este Ministerio de Administraciones Públicas, de conformidad con lo establecido en los artículos 118 de la Constitución; 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demás preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ha dispuesto la publicación de dicho fallo en el «Boletín Oficial del Estado», para general conocimiento y cumplimiento en sus propios términos de la mencionada sentencia.

Lo que digo a VV. II.

Madrid, 17 de julio de 1996.-P. D. (Orden de 11 de septiembre de 1992, «Boletín Oficial del Estado» del 22), el Subsecretario, Jaime Rodríguez-Arana Muñoz.

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de la Función Pública.