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La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, ha dictado sentencia, con fecha 20 de junio de 1996, en el recurso contencioso-administrativo número 3/166/94 en el que son partes, de una, como demandantes, don Luis Ladaria Lliteras y don Rafael Coll Solivellas, y de otra, como demandada, la Administración General del Estado, representada y defendida por el Abogado del Estado.

El citado recurso se promovió contra la Resolución del Ministerio para las Administraciones Públicas de fecha 29 de noviembre de 1993, que desestimaba los recursos de reposición interpuestos contra otras de la Inspección General de Servicios de la Administración Pública de fecha 30 de junio de 1993, sobre compatibilidad.

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguiente pronunciamiento:

«Fallamos: Primero.-Que debemos desestimar y desestimamos el presente recurso número 166/94, interpuesto por la representación de don Luis Ladaria Lliteras y don Rafael Coll Solivellas, contra las Resoluciones del Ministerio para las Administraciones Públicas de 29 de noviembre de 1993, que desestimaron los recursos de reposición formulados frente a las de 30 de junio de 1993, actos descritos en el primer fundamento de derecho, que se confirman por ajustarse al ordenamiento jurídico.

Segundo.-No hacemos una expresa condena en costas.»

En su virtud, este Ministerio de Administraciones Públicas, de conformidad con lo establecido en los artículos 118 de la Constitución, 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demás preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ha dispuesto la publicación de dicho fallo en el «Boletín Oficial del Estado» para general conocimiento y cumplimiento en sus propios términos de la mencionada sentencia.

Lo que digo a VV. II.

Madrid, 13 de noviembre de 1996.-P. D. (Orden de 27 de septiembre de 1996, «Boletín Oficial del Estado» de 4 de octubre), el Secretario general Técnico, Tomás González Cueto.

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de la Inspección General de Servicios de la Administración Pública.