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En el recurso contencioso-administrativo número 365/1993, interpuesto por el Ayuntamiento de Porriño, Pontevedra, contra el Acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 14 de mayo de 1993, se ha dictado por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (Sección Tercera), con fecha 26 de enero de 1996, sentencia cuya parte dispositiva es del siguiente tenor:

«Fallamos: Que estimando en parte el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal del Ayuntamiento de Porriño (Pontevedra), contra Acuerdo del Consejo de Ministros de 14 de mayo de 1993 que desestimó el recurso de reposición interpuesto contra otro de 21 de febrero de 1992, declaramos la nulidad de tales acuerdos en cuanto los mismos imponen una sanción de 10.000.001 pesetas, habiendo prescrito la acción para sancionar, sanción que dejamos sin efecto y desestimando el recurso en cuanto al resto de sus peticiones, declaramos que procede confirmar dichas resoluciones en cuanto fijan la cantidad de 6.205.000 pesetas, en concepto de indemnización de daños y perjuicios por vertidos no autorizados al dominio público hidráulico y todo ello sin hacer expresa condena en costas.»

El Consejo de Ministros, a propuesta de la excelentísima señora Ministra de este Departamento, en su reunión de 13 de septiembre de 1996, y de conformidad con lo establecido en los artículos 103 y siguientes de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 17 de diciembre de 1956, ha dispuesto que se cumpla en sus propios términos la referida sentencia.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y cumplimiento.

Madrid, 31 de octubre de 1996.-El Subsecretario, Claro José Carnicero González.

Ilmo. Sr. Director general de Obras Hidráulicas y Calidad de las Aguas.