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La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, ha dictado sentencia, con fecha 11 de junio de 1996, en el recurso contencioso-administrativo número 8/714/1995, en el que son partes, de una, como demandante, don Luis Miguel Vela Arévalo, y, de otra, como demandada, la Administración General del Estado, representada y defendida por el Abogado del Estado.

El citado recurso se promovió contra la Resolución del Ministerio para las Administraciones Públicas de fecha 7 de junio de 1993, que desestimaba el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución de la Secretaría de Estado para la Administración Pública de fecha 15 de marzo de 1993, sobre nombramiento de funcionarios de carrera del Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias.

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguiente pronunciamiento:

«Fallamos: En atención a lo expuesto, la Sala ha decidido:

Primero.-Desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Luis Miguel Vela Arévalo, contra las Resoluciones de la Secretaría de Estado para la Administración Pública de 15 de marzo de 1993 y de 7 de junio de 1993, de que se hizo suficiente mérito, por entender que se ajustan a Derecho.

Segundo.-Desestimar las demás pretensiones del actor.

Tercero.-No hacer especial pronunciamiento sobre costas.»

En su virtud, este Ministerio de Administraciones Públicas, de conformidad con lo establecido en los artículos 118 de la Constitución, 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demás preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ha dispuesto la publicación de dicho fallo en el «Boletín Oficial del Estado», para general conocimiento y cumplimiento, en sus propios términos, de la mencionada sentencia.

Lo que digo a VV. II.

Madrid, 4 de diciembre de 1996.-P. D. (Orden de 27 de septiembre de 1996, «Boletín Oficial del Estado» de 4 de octubre), el Secretario general técnico, Tomás González Cueto.

Ilmos Sres.: Subsecretario y Director general de la Función Pública.