Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

La complejidad del procedimiento que se arbitra en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en cuanto a la multiplicidad de lugares en los que pueden presentarse los documentos dirigidos a las Administraciones Públicas (punto 4 del mencionado artículo), ha posibilitado que una vez cerrado el período abierto para la subsanación de errores al que se refiere la base 4.2 de la convocatoria y publicada la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos («Boletín Oficial del Estado» de 12 de diciembre de 1995), llegara a esta universidad la documentación exigida (carné de identidad) a uno de los aspirantes a las plazas de Técnico especialista operador, comprobándose que la misma había sido presentada en tiempo y forma al amparo del artículo 38.4 de la mencionada Ley 30/1992.

Por otra parte, el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, establece que las Administraciones Públicas pueden rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos.

En su virtud, este Rectorado acuerda modificar la Resolución de 7 de diciembre de 1995 en el siguiente sentido:

I. Proceder a la inclusión de doña M. Antonia García Vadillo, con documento nacional de identidad 9.738.903, en la lista de aspirantes admitidos a las plazas de Técnico especialista operador.

II. Proceder a la subsanación de los siguientes errores advertidos:

Grupo V. Vigilante

Los aspirantes don Alejandro Blanco Casado, con documento nacional de identidad 2.226.819, y don Julio César Ruiz López, con documento nacional de identidad 9.293.426T, deben figurar en la lista de aspirantes admitidos.

Grupo V. Auxiliar de Servicios

La aspirante doña Catalina Maroto Mota, debe figurar en la lista de aspirantes admitidos.

El aspirante don Angel Luis Velázquez Pastor, con documento nacional de identidad 9.266.574, que figuraba en el turno de minusvalía, debe digurar en el turno libre.

Los aspirantes:

Nombre y apellidos / DNI

José Antonio Rodríguez Vázquez de Prada / 9.257.075

Jacinto Arranz Melero / 70.237.719

Luis Redondo Badas / 9.275.417

José Manuel Morales Pastor / 12.367.723

José Luis Beade Villahoz / 9.303.426

M. Inés Castro Muñoz / 9.331.212

José Luis Gordo Frutos / 12.731.674

Roberto Tamayo García / 12.357.325

Oscar Luis Blanco Pérez / 9.301.563

Sergio Pedro Castrillo Andrés / 9.256.019

Adela Méndez Pérez / 12.733.114

que figuraban en el turno libre, deben figurar en el turno de minusvalía.

Donde dice: «M. Ascensión Jorge Galicia», debe decir: «M. Ascensión Jorge García».

Donde dice: «M. Beatriz Anés Pereda», debe decir: «M. Beatriz Anés Perea».

Donde dice: «Eva M. Cabrejas Barba, documento nacional de identidad número 3.310.076», debe decir: «Eva M. Cabrejas Barba, documento nacional de identidad número 9.310.076».

Donde dice: «Montserrat Cal López, documento nacional de identidad número 9.300.395», debe decir: «Montserrat Cal Rodríguez, documento nacional de identidad número 9.308.895».

Donde dice: «M. Olga Catañeda Varona», debe decir: «M. Olga Castañeda Varona».

Donde dice: «M. Cristina Criado Hijarrubia», debe decir: «M. Agustina Criado Hijarrubia».

Donde dice; «M. del Carmen Farran Sainz», debe decir: «M. del Carmen Farran Sanz».

Donde dice: «M. Eugenia Gonzalo Velasco», debe decir: «M. Eugenia Gozalo Velasco».

Donde dice: «M. Reyes Martín Hernandso», debe decir: «M. Reyes Martín Hernando».

Donde dice: «M. de la Consolación Martín Valdés», debe decir: «M. de la Consolación Valdés Martín».

Donde dice: «Antonio Alonso Gpnzález», debe decir: «Antonio Alonso González».

Donde dice: «María Jesús Gutiérrez Cabeza», debe decir: «M. Isabel Gutiérrez Cabeza».

Donde dice: «Cristina Maroto Mota, documento nacional de identidad 12.752.892», debe decir: «Cristina Maroto Mota, documento nacional de identidad 12.759.549».

Contra la presente Resolución se podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos meses desde su publicación, previa comunicación al Rectorado de la Universidad de Valladolid, conforme a lo previsto en el artículo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Valladolid, 24 de enero de 1996.-El Rector, Francisco Javier Alvarez Guisasola.