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La Sala de la Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ha dictado sentencia, con fecha 28 de abril de 1995, en el recurso contencioso-administrativo número 278/1992, en el que son partes, de una, como demandantes don Pedro Miguel González-Quijano y González de la Peña y doña Feliciana González-Quijano y Díaz y de otra, como demandada la Administración General del Estado, representada y defendida por el Abogado del Estado.

El citado recurso se promovió contra la Resolución del Ministerio para las Administraciones Públicas de fecha 22 de mayo de 1992, que desestimaba el recurso de alzada interpuesto contra las Resoluciones de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado de fecha 29 de agosto de 1991, sobre la liquidación de intereses legales de las cantidades demoradas desde la fecha del devengo de las pensiones anteriores al 30 de junio de 1985 hasta la fecha de su pago.

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguiente pronunciamiento:

«Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Pedro Miguel González-Quijano y González de la Peña y doña Feliciana González-Quijano y Díaz, contra la Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado de fecha 29 de agosto de 1991, que acordó la liquidación de intereses legales de las cantidades demoradas desde la fecha del devengo de las pensiones anteriores al 30 de junio de 1985 hasta la fecha de su pago, así como frente a la Resolución del Ministerio para las Administraciones Públicas, de fecha 22 de enero de 1992, desestimatoria del recurso de alzada deducido contra aquélla, debemos declarar y declarmos las mecionadas resoluciones ajustadas a derecho, sin hacer expresa imposición de costas procesales causadas.»

En su virtud, este Ministerio para las Administraciones Públicas, de conformidad con lo establecido en los artículos 118 de la Constitución, 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demás preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ha dispuesto la publicación de dicho fallo en el «Boletín Oficial del Estado», para general conocimiento y cumplimiento en sus propios términos de la mencionada sentencia.

Lo que digo a VV. II.

Madrid, 11 de diciembre de 1995.-El Ministro para la Administraciones Públicas.-P. D. (Orden de 11 de septiembre de 1992, «Boletín Oficial del Estado» del 22), el Subsecretario, Manuel Ortells Ramos.

Iltmos. Sres.: Subsecretario y Directora general de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado.