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La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha dictado sentencia, con fecha 12 de julio de 1995, en el recurso contencioso-administrativo número 1.091/1995, en el que son partes, de una, como demandante, doña Ana María Carbonaro Herraiz, y de otra, como demandada, la Administración General del Estado, representada y defendida por el Abogado del Estado.

El citado recurso se promovió contra Resolución presunta del Ministerio para las Administraciones Públicas que desestimaba el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución de la Dirección General de la Función Pública de fecha 15 de febrero de 1989, sobre integración en el grupo A.

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguiente pronunciamiento:

«Fallamos: Que estimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto por doña Ana María Carbonaro Herraiz, hoy sus herederos, contra la Resolución de la Dirección General de la Función Pública de 15 de febrero de 1989, que desestimó su petición de que se le aplicaran los efectos de las sentencias dictadas en los recursos interpuestos por don Jaime Mariscal de Gante y Mirón y don Vicente Blanco Mestre, y contra la desestimación tácita del recurso de reposición, debemos declarar y declaramos la nulidad de las Resoluciones citadas por ser contrarias a Derecho, y, en su consecuencia, debemos declarar y declaramos el derecho de la recurrente a que se le apliquen los efectos de las citadas sentencias, condenando a la Administración demandada a estar y pasar por tales pronunciamientos. Sin hacer expresa imposición de las costas del presente recurso.»

En su virtud, este Ministerio para las Administraciones Públicas, de conformidad con lo establecido en los artículos 118 de la Constitución, 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demás preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ha dispuesto la publicación de dicho fallo en el «Boletín Oficial del Estado», para general conocimiento y cumplimiento en sus propios términos de la mencionada sentencia.

Lo que digo a VV. II.

Madrid, 15 de febrero de 1996.-P. D. (Orden de 11 de septiembre de 1992, «Boletín Oficial del Estado» del 22), el Subsecretario, Manuel Ortells Ramos.

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de la Función Pública.